Por: Álvaro Vásquez
Hay corrientes de oposición que fundamentan su actitud en contra del afán de Uribe de eternizarse en el poder, en su violación de los principios institucionales y de las normas de la Constitución o en el carácter autoritario del sistema. Todas las cuales son razones valederas para enfrentar el curso antidemocrático de éste.
Pero lo esencial del rechazo al Gobierno actual debe abocarse desde un enfoque clasista. Combatimos a la actual camarilla gobernante, sobre todo, porque representa un poder contra los intereses populares. Que es la expresión más agresiva de la dominación de clase de los explotadores, los cuales además de engordar sus privilegios a costa de los trabajadores, utilizan la sumisión a los monopolios extranjeros y al terror de Estado, para prolongar su expoliación.
A lo largo de su gobierno, Uribe ha insistido en que son tres sus metas centrales: La confianza inversionista, la seguridad democrática y la política social. Las cuales, supuestamente justifican sus éxitos y su reelección. Pero, una mirada a sus prácticas demuestra que son estos los instrumentos de la dominación de clase, de la prolongación de la política guerrerista y la forma como se ejerce el poder, mediante el engaño y la demagogia.
Tras la máscara de la confianza inversionista lo que está es el aprovechamiento del presupuesto oficial para engordar los bolsillos de los grupos más poderosos. Mientras se saquea el ingreso de los asalariados y las capas medias por la vía de los impuestos al consumo de la población, hay toda una constelación de exenciones, subsidios y donaciones a los grandes empresarios y terratenientes, como lo confirma el escándalo de Agro Ingreso Seguro, que muestra el peso del sistema latifundista en el poder. Pero están también los subsidios a las zonas francas; los contratos de seguridad jurídica con los inversionistas extranjeros; las exenciones a los empresarios que adquieren capital constante; y se prepara la supresión de los llamados “parafiscales”.
En cuanto a una llamada seguridad democrática -que algunos opositores consideran positiva- no es más que la patente de corso para justificar la violencia contra el movimiento sindical y popular, silenciar la denuncia de los “falsos positivos”, mimetizar el militarismo que devora el presupuesto oficial y acabar con el Comisionado de Paz del Gobierno, reafirmando su rasgo guerrerista.
Y sobre la supuesta política social, la realidad es todo lo contrario. Lo que se ejecuta es un burdo asistencialismo, que no es más que una versión de la caridad pública que ofende la dignidad humana. Y que trata de disfrazar la violencia y la persecución al movimiento obrero, al desplazamiento forzado, a la creciente desocupación, a la supresión de las prestaciones sociales, a la baja del fondo nacional de salarios, y a la crisis terminal de la seguridad social.
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