Resolución del XVIII Congreso del Partido Comunista de España en solidaridad con las luchas del pueblo colombiano.El Conflicto Colombiano es uno de los más antiguos y dramáticos de Latinoamérica y el Mundo. Por más de medio siglo, la República de Colombia ha estado inmersa en un conflicto armado de carácter no internacional, originado y alimentado por unas profundas desigualdades económicas, políticas y sociales, que reporta en la actualidad una de las crisis humanitarias más graves del mundo.
La situación en este país, de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario documentada en los informes emitidos por distintos organismos internacionales, entre los que destacan los Informes Anuales de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconocen la existencia del conflicto armado interno denunciando su recrudecimiento y poniendo especial atención en los colectivos de la sociedad civil más vulnerables: comunidades indígenas y campesinas, defensores de derechos humanos, niños, jóvenes, mujeres, estudiantes, sindicalistas, líderes comunitarios y dirigentes de los partidos de oposición, como los más duramente castigados. La violencia ejercida supone la mayor vulneración del derecho a la vida e integridad física y moral, tortura, tratos degradantes e inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, ametrallamientos y bombardeos, desplazamiento y desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ausencia de garantías en los debidos procesos, así como las continuas violaciones de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales protegidos por los pactos internacionales.
La política de “seguridad democrática” implantada por el actual gobierno de la República de Colombia y apoyada por la Unión Europea, implica responsabilidad por acción y omisión en la perpetración de la mayoría de estos crímenes de lesa humanidad y de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, ya que son cometidos por los cuerpos de seguridad del estado o por su complicidad con los grupos paramilitares, y se encuentran en la completa impunidad. El gobierno colombiano incumple sus obligaciones de mantener un estado social de derecho, y hace caso omiso a las recomendaciones realizadas por la ONU y demás organizaciones en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
En el marco del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares con la aplicación por parte del Gobierno Colombiano de la Ley 975/2005 conocida como “Ley de Justicia y Paz” –ley apoyada por el conjunto de la Unión Europea-, no existen garantías jurídicas reales que consagren los principios universales de verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia de estos grupos de extrema derecha. De los más de 30.0000 paramilitares “desmovilizados” con esta ley, casi el 90% han sido amnistiados, quedando sus crímenes de lesa humanidad en la completa impunidad. El poder político y económico consolidado por estos grupos criminales en los últimos años sigue intacto en varias regiones del país. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación están cursando una investigación penal que involucra a más de 30% del parlamento y de altos cargos públicos -en su gran mayoría cercanos al gobierno del actual presidente Álvaro Uribe Vélez-, por vínculos entre éstos, los grupos paramilitares y el narcotráfico.
El recrudecimiento de la violencia del conflicto y la ausencia de un “Estado Social de Derecho”, ha generado un aumento del desplazamiento forzado interno y externo de la población colombiana. En la actualidad, el desplazamiento forzado interno arroja una cifra estimada entre los tres y cinco millones de personas, siendo el primer país del mundo que sufre esta crisis humanitaria. Casi cuatro millones de colombianos viven en el exterior, de los cuales, decenas de miles han salido en condición de asilo político o refugio.
La implementación en Colombia de por lo menos siete bases militares estadounidenses junto con la puesta en marcha de la IV Flota Naval en el Caribe, contribuye a la profundización de la confrontación interna, constituyendo uno de los mayores peligros para la paz regional y el proceso de integración de la Gran América.
En virtud de lo expuesto,
RESOLVEMOS:
PRIMERO: Exigir a las partes en conflicto, sean respetados íntegramente los principios contenidos en el Derecho Internacional, y en su virtud, se proceda al establecimiento de un marco jurídico eficaz, que a la luz de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, sirvan de guía para la construcción de un verdadero proceso de paz en Colombia que sólo es posible mediante una Salida Política Negociada del histórico conflicto social, político y armado interno.
SEGUNDO: Solicitar al gobierno colombiano, se establezcan mecanismos jurídicos en los que observadores internacionales puedan mantener las gestiones y el acompañamiento internacional para la celebración de acuerdos humanitarios con la insurgencia que permitan proteger a la población civil de los efectos del conflicto armado interno y se respeten sus derechos fundamentales.
TERCERO: Solicitar al gobierno de España y a la Unión Europea, que a la luz de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario, se declaren nulos los acuerdos internacionales celebrados para la venta de material bélico a la República de Colombia, ya que esto contribuye a la intensificación del conflicto social, político y armado interno.
CUARTO: Solicitar al gobierno de España y a la Unión Europea, que se suspendan todo tipo de celebración y ejecución de contratos comerciales, así como Tratados de Libre Comercio mientras continúen las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de la población colombiana, ejercidos en gran parte por las fuerzas de seguridad del estado y los paramilitares de extrema derecha.
QUINTO: Exigir al gobierno colombiano el establecimiento de un marco jurídico eficaz que de cumplimiento a las victimas del conflicto de los principios universales de verdad, justicia y reparación, y garantías de no repetición.
SEXTO: El XVIII Congreso del Partido Comunista de España rechaza la presencia militar de Estados Unidos en Colombia, ya que viola la soberanía de dicho país, contribuirá a la profundización de la crisis estructural, fortalecerá la estrategia de confrontación como solución del conflicto social, político y armado interno y se convierte en una amenaza para la paz y los procesos de integración de la región.
SÉPTIMO: Apoyar política y financieramente desde los diferentes radios de acción del Partido Comunista de España (Gobiernos a todos los niveles, agremiaciones, etc.) iniciativas del hermano Partido Comunista Colombiano y la Juventud Comunista Colombiana en su lucha por la defensa de los derechos humanos, el establecimiento de una verdadera democracia y la búsqueda de la paz y la justicia social.
OCTAVO: Impulsar la creación de una red de autoridades institucionales para la observación permanente y denuncia de las sistemáticas y reiteradas violaciones a los derechos fundamentales de la población colombiana.
NOVENO: Impulsar desde la red de autoridades institucionales, brigadas a Colombia para la observación in situ de la grave situación económica, política, social y humanitaria por la que atraviesa la mayoría del pueblo colombiano, así como la presentación de mociones en los diferentes niveles institucionales, instrumentos que permitirán un acompañamiento directo para la denuncia en España y Europa, así como para la creación de mecanismos de solidaridad y cooperación.
La situación en este país, de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario documentada en los informes emitidos por distintos organismos internacionales, entre los que destacan los Informes Anuales de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconocen la existencia del conflicto armado interno denunciando su recrudecimiento y poniendo especial atención en los colectivos de la sociedad civil más vulnerables: comunidades indígenas y campesinas, defensores de derechos humanos, niños, jóvenes, mujeres, estudiantes, sindicalistas, líderes comunitarios y dirigentes de los partidos de oposición, como los más duramente castigados. La violencia ejercida supone la mayor vulneración del derecho a la vida e integridad física y moral, tortura, tratos degradantes e inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, ametrallamientos y bombardeos, desplazamiento y desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ausencia de garantías en los debidos procesos, así como las continuas violaciones de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales protegidos por los pactos internacionales.
La política de “seguridad democrática” implantada por el actual gobierno de la República de Colombia y apoyada por la Unión Europea, implica responsabilidad por acción y omisión en la perpetración de la mayoría de estos crímenes de lesa humanidad y de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, ya que son cometidos por los cuerpos de seguridad del estado o por su complicidad con los grupos paramilitares, y se encuentran en la completa impunidad. El gobierno colombiano incumple sus obligaciones de mantener un estado social de derecho, y hace caso omiso a las recomendaciones realizadas por la ONU y demás organizaciones en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
En el marco del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares con la aplicación por parte del Gobierno Colombiano de la Ley 975/2005 conocida como “Ley de Justicia y Paz” –ley apoyada por el conjunto de la Unión Europea-, no existen garantías jurídicas reales que consagren los principios universales de verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia de estos grupos de extrema derecha. De los más de 30.0000 paramilitares “desmovilizados” con esta ley, casi el 90% han sido amnistiados, quedando sus crímenes de lesa humanidad en la completa impunidad. El poder político y económico consolidado por estos grupos criminales en los últimos años sigue intacto en varias regiones del país. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación están cursando una investigación penal que involucra a más de 30% del parlamento y de altos cargos públicos -en su gran mayoría cercanos al gobierno del actual presidente Álvaro Uribe Vélez-, por vínculos entre éstos, los grupos paramilitares y el narcotráfico.
El recrudecimiento de la violencia del conflicto y la ausencia de un “Estado Social de Derecho”, ha generado un aumento del desplazamiento forzado interno y externo de la población colombiana. En la actualidad, el desplazamiento forzado interno arroja una cifra estimada entre los tres y cinco millones de personas, siendo el primer país del mundo que sufre esta crisis humanitaria. Casi cuatro millones de colombianos viven en el exterior, de los cuales, decenas de miles han salido en condición de asilo político o refugio.
La implementación en Colombia de por lo menos siete bases militares estadounidenses junto con la puesta en marcha de la IV Flota Naval en el Caribe, contribuye a la profundización de la confrontación interna, constituyendo uno de los mayores peligros para la paz regional y el proceso de integración de la Gran América.
En virtud de lo expuesto,
RESOLVEMOS:
PRIMERO: Exigir a las partes en conflicto, sean respetados íntegramente los principios contenidos en el Derecho Internacional, y en su virtud, se proceda al establecimiento de un marco jurídico eficaz, que a la luz de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, sirvan de guía para la construcción de un verdadero proceso de paz en Colombia que sólo es posible mediante una Salida Política Negociada del histórico conflicto social, político y armado interno.
SEGUNDO: Solicitar al gobierno colombiano, se establezcan mecanismos jurídicos en los que observadores internacionales puedan mantener las gestiones y el acompañamiento internacional para la celebración de acuerdos humanitarios con la insurgencia que permitan proteger a la población civil de los efectos del conflicto armado interno y se respeten sus derechos fundamentales.
TERCERO: Solicitar al gobierno de España y a la Unión Europea, que a la luz de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario, se declaren nulos los acuerdos internacionales celebrados para la venta de material bélico a la República de Colombia, ya que esto contribuye a la intensificación del conflicto social, político y armado interno.
CUARTO: Solicitar al gobierno de España y a la Unión Europea, que se suspendan todo tipo de celebración y ejecución de contratos comerciales, así como Tratados de Libre Comercio mientras continúen las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de la población colombiana, ejercidos en gran parte por las fuerzas de seguridad del estado y los paramilitares de extrema derecha.
QUINTO: Exigir al gobierno colombiano el establecimiento de un marco jurídico eficaz que de cumplimiento a las victimas del conflicto de los principios universales de verdad, justicia y reparación, y garantías de no repetición.
SEXTO: El XVIII Congreso del Partido Comunista de España rechaza la presencia militar de Estados Unidos en Colombia, ya que viola la soberanía de dicho país, contribuirá a la profundización de la crisis estructural, fortalecerá la estrategia de confrontación como solución del conflicto social, político y armado interno y se convierte en una amenaza para la paz y los procesos de integración de la región.
SÉPTIMO: Apoyar política y financieramente desde los diferentes radios de acción del Partido Comunista de España (Gobiernos a todos los niveles, agremiaciones, etc.) iniciativas del hermano Partido Comunista Colombiano y la Juventud Comunista Colombiana en su lucha por la defensa de los derechos humanos, el establecimiento de una verdadera democracia y la búsqueda de la paz y la justicia social.
OCTAVO: Impulsar la creación de una red de autoridades institucionales para la observación permanente y denuncia de las sistemáticas y reiteradas violaciones a los derechos fundamentales de la población colombiana.
NOVENO: Impulsar desde la red de autoridades institucionales, brigadas a Colombia para la observación in situ de la grave situación económica, política, social y humanitaria por la que atraviesa la mayoría del pueblo colombiano, así como la presentación de mociones en los diferentes niveles institucionales, instrumentos que permitirán un acompañamiento directo para la denuncia en España y Europa, así como para la creación de mecanismos de solidaridad y cooperación.
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