viernes 4 de diciembre de 2009

Mirada a los movimientos juveniles de izquierda

Foto: Óscar Pérez - El Espectador
Las nuevas generaciones denuncian ser víctimas de amenazas, según ellos, como consecuencia de la militarización.

Los Rash durante una reunión en la sede del Polo Democrático. Prefieren no revelar su identidad por temor a represalias de la ultraderecha.

“El pasado miércoles 15 de abril a las 11:25 de la mañana, el compañero Jefferson Orlando Corredor Uyaban, militante y miembro del Comité Central de la Juventud Comunista Colombiana (Juco), recibió en la sede Regional Santander un sobre de manila que decía: ‘Señores, Juco Bucaramanga’. Al abrirlo, había un estuche religioso en paño, que contenía imágenes de la Virgen María y una postal del Señor de Monserrate. En el centro del cofre estaba anexa una carta fúnebre con una amenaza de muerte al compañero Javier Castro, otro militante de la región”.

Se trata de una de las tantas denuncias que la oficina de Derechos Humanos de la Juco ha recopilado este año. Para Martha Carvajalino, secretaria política del movimiento en Bogotá, la militarización del país, como parte de la Seguridad Democrática, ha aumentado significativamente la estigmatización y la criminalización de los dirigentes de esta tendencia. “En este período hemos tenido varios compañeros desaparecidos, asesinados, judicializados y exiliados”, agrega.

Así, mientras en la derecha juvenil han aumentado los adeptos, en algunos sectores de la izquierda, a pesar de que su ideas sigan despertando simpatías, muchos jóvenes se han alejado de las filas por miedo y por prevención. “Los niveles de amenazas son muy amplios y eso a la gente le da temor”, dice Carvajalino. No obstante, pese a la falta de garantías las juventudes comunistas cuentan en Bogotá con 350 militantes activos.

Quienes son parte de esta tendencia profesan un compromiso permanente de estudio y reflexión de la política y de las experiencias latinoamericanas. Los “camaradas” deben ser solidarios y con valores. Claro que los valores para ellos no son los mismos que para la derecha. Se resumen en camaradería, fraternidad y sinceridad. En principio, quienes son parte de esta ideología ven la religión como una forma de dominación y por eso no profesan ninguna.

A la familia los jóvenes de la Juco la conciben como parte de la sociedad burguesa. No es que no crean en el amor, según ellos este es un sentimiento libre, por el cual las personas se unen voluntariamente entre sí y no porque ese sea el orden de la vida.

Y el precio de sus ideas y de declararse abiertamente comunistas es llevar a cuesta el señalamiento de guerrilleros. La Juco insiste en que las Farc son una organización armada, mientras que ellos tomaron el camino de la lucha civil, abierta y pública. “Cuando nos relacionan con la guerrilla nos están poniendo como objetivos militares”, asegura la joven Carvajalino, una abogada de la Universidad Nacional de 26 años.

Tan riesgosa es la situación en sus filas que, según la líder política, la mayoría de los dirigentes del partido tienen un esquema de protección del Ministerio del Interior. Pero Carvajalino manifiesta una preocupación adicional: “En el caso juvenil, además de las amenazas del paramilitarismo tenemos el problema de la limpieza social. Hay gente que va por las calles observando a los militantes”.

Representación obrera

Los Rash, esos jóvenes que visten de negro, botas militares y pantalones remangados, según cuentan, en honor a la clase obrera, dicen que por las calles de sus barrios, muy a menudo frente al grupo se estacionan camionetas blindadas que después de vigilarlos por varios minutos se esfuman. Los hostigamientos por internet también son constantes.

Y aunque los atuendos de los rojos, anarquistas y cabezas rapadas parezcan intimidantes, ellos explican el ocultamiento de sus rostros como una medida de protección. De hecho, los Rash tienen una faceta que no todo el mundo conoce: cuentan que además de su trabajo político también hacen labores sociales en los barrios populares de Bogotá.

Sebastián Torres, militante rash de 18 años, dice que el trabajo más impactante es el que realiza con niños en las localidades de Usme y Cazucá (Bogotá). “Hacemos toques (conciertos) y cobramos cinco mil pesos por entrada más material educativo”, cuenta el joven.

Redacción Política - EL ESPECTADOR

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Denuncian asesinatos de jovenes en Usme

La Plataforma Social Usme y el Edil Mauricio Rey denuncian a la Comunidad Local, Distrital, Nacional e internacional los graves hechos ocurridos en el sector de Yomasa el día de ayer 1 de diciembre de 2009, que evidencian la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los jóvenes de la Localidad de Usme, y del sur y suroriente de Bogotá DC, en general.

HECHOS:

Faltando algunos minutos para las diez de la noche un grupo de cuatro hombres se acercaron a un Parque del Barrio Yomasa, de la Localidad Quinta de Usme en Bogotá, y luego de cruzar algunas palabras con los jóvenes que se encontraban en el lugar empezaron a disparar asesinando a cuatro de los muchachos de nombres José Vicente Azuero de 23 Años, Yesid Álvarez Correa también de 23, Oscar Villamizar de 24 Años y Walter Nieto de tan solo 21 Años.

Estos hechos se reúnen con el asesinato de tres jóvenes el pasado 10 de julio de este año en las calles del barrio Bulevar a manos de la mal llamada "limpieza social", el asesinato de otros dos jóvenes el 22 de marzo en el sector de Monteblanco, la muerte ya hace un año del compañero Vladimir Ortiz, miembro fundador de la Plataforma quien en la misma UPZ Gran Yomasa, fue asesinado cuando salía de su casa a la tienda de la esquina y otros cientos de casos del mismo estilo que se repiten todas las noches y que quedan impunes en la localidad; de la misma manera la distribución de panfletos amenazantes a la juventud a la salida de los colegios y en los barrios, panfletos en los cuales, en nombre de las AUC y de las águilas negras, amenazan con asesinar a quienes no cumplan sus medidas restrictivas, muchos de ellos con apodos y nombres de los habitantes de estos sectores.

La Plataforma Social Usme, hace un llamado enérgico a las autoridades locales, distritales y nacionales a la urgente intervención social en la Localidad con miras a evitar una crisis humanitaria de la juventud, situación que ya se avizora con los altos grados de criminalidad, de delincuencia, y de drogadicción sumada a la indiferencia y a la ausencia de programas que permitan abordar de manera integral dicha problemática en este sector social que representa y constituye más de la mitad de la población usmeña.

La plataforma entiende que la solución a los problemas de la juventud en la Localidad no se resuelven solo con medidas represivas y restrictivas, sino que requieren de la atención de la comunidad nacional e internacional, con programas y presupuesto para la generación de oportunidades en educación, en empleo, en formación en liderazgos y derechos humanos y en general de atención integral hacia una comunidad que no tiene la oportunidad de educación superior ni siquiera para el 20% de sus miembros y donde el promedio de escolaridad entre jóvenes y adultos no pasa de 6,5 años, cuatro puntos por debajo del promedio distrital, localidad en la cual los altos índices de desempleo superan las enunciadas por el DANE, puesto que hasta las cifras en términos de población se encuentran desactualizadas; y en donde los programas de formación y ocupación del tiempo libre son extremadamente limitados para demanda existente y en otros de los casos brillan por su ausencia, medidas mínimas para evitar la explosión de esa gran bomba Social en la que se está convirtiendo la grave situación de la Localidad y del sur de Bogotá.

De la misma manera rechazamos las medidas violentas y represivas como el toque de queda y el reclutamiento forzoso de grupos legales e ilegales, que frente a esta crisis solo ofrecen retenes y camiones de reclutamiento todos los días en las avenidas principales y las estaciones de Transmilenio de la localidad, el papel del estado debe ser la generación de las oportunidades negadas por décadas y la defensa de los derechos fundamentales de quienes habitamos las enlutadas calles de Usme y del Sur Oriente de la Capital.

PLATAFORMA SOCIAL USME

plataformausme@yahoo.es ; plataformausme@gmail.com
DENUNCIA ASESINATO JOVENES EN USME
NELSON MAURICIO REY PEÑA

Edil Joven PDA Usme, ediljovenusme@yahoo.es
Usme-Bogotá, 2 de diciembre de 2009

jueves 3 de diciembre de 2009

Respaldo al aumento de subsidios de acueducto y alcantarillado al estrato tres ofrece ponente Jaime caicedo


* Ponencia positiva a proyectos de acuerdo que incrementan subsidio al estrato tres.
* Caída de ingresos del estrato tres por desempleo y precarización de las condiciones del empleo formal.

Incrementar a 15% el subsidio que concede el Distrito Capital a las tarifas de acueducto y alcantarillado que pagan los hogares adscritos al estrato tres es la opinión del concejal del Polo Democrático Jaime Caicedo Turriago, quien rindió ponencia positiva a dos proyectos de acuerdo sobre el mismo tema presentados ante el Concejo de Bogotá.

Uno de los proyectos en cuestión, presentado por la Alcaldía Mayor, habla de mantener el subsidio de acueducto en 14% y de alcantarillado en 12% para el estrato tres. No obstante, otro proyecto presentado por el concejal Fernando Rojas y suscrito también por el concejal Jaime Caicedo y otros 24 cabildantes, plantea el aumento al 15% tanto en acueducto como en alcantarillado, bajo el argumento de que el estrato tres ha sido uno de los más golpeados con la crisis económica y con la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia del desempleo y la informalización laboral que ha llevado a miles de hogares a lanzarse al rebusque para poder sobrevivir.

La propuesta de la Alcaldía Mayor, que representa asignar más de $60 mil millones del presupuesto de la ciudad para aumentar el subsidio a este estrato, se encuentra plenamente financiada en el presupuesto del año 2010 con cargo al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos.

Acrecentar el porcentaje del subsidio a 15 puntos, como lo proponen Rojas y Caicedo, significaría cerca de $5.800 millones adicionales que no se encuentran financiados. Al respecto, Caicedo Turriago señaló que esta suma bien podría salir de parte de las utilidades operacionales y financieras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, las cuales superan con creces dicho monto.

Caicedo señaló en su ponencia que “existe una serie de estudios, adelantados por la Universidad del Bosque, la Alcaldía de Teusaquillo y la Universidad Nacional que dan cuenta de la muy difícil situación económica y social del estrato tres. El propio gobierno distrital reconoce que el consumo de la población ha venido en franca caída desde 2008, afectando rubros tan esenciales como la compra de alimentos y el pago de servicios como el de educación”.

Indicó que otras investigaciones acusan de inequitativa a la estructura tarifaria de los servicios públicos, puesto que los sectores más pobres deben asignar un porcentaje mucho mayor de sus ingresos para cubrir sus facturas. “El profesor de la Universidad Nacional Jorge Iván González señala en su trabajo que el estrato tres dedica en promedio 8.07% de su gasto al pago de servicios públicos mientras que los sectores de mayores ingresos sólo destinan el 4.6%. Además hay que mirar cómo se ha comportado el aumento de tarifas en los últimos diez años, pues los incrementos para el estrato tres han superado el 65.6%, golpeando duramente las economías familiares”.

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Liberar a Colombia del Pentágono

Por: Alvaro Vásquez del Real

Las relaciones de nuestro país con el hermano pueblo de Venezuela han venido escalando en una crisis que hace cada día más agrias las posiciones de sus mandatarios. El Gobierno colombiano ha acusado ante la OEA, las Naciones Unidas y la OMC a su vecino por supuestas amenazas de guerra que inquietan la paz de la región.

Al escribir esta nota van a reunirse varios foros internacionales, incluyendo UNASUR, adonde van a llevar estos conflictos y de donde resultarán pronunciamientos colectivos. Por su parte, se vienen expresando tanto por funcionarios colombianos como por comentaristas y empresarios las más acerbas críticas a los países de Suramérica y aún al gobierno de Obama porque no han condenado con energía la actitud venezolana. A las cuales sólo ha respondido el Departamento de Estado con un comunicado que respalda la posición colombiana y critica al presidente Chávez.

Lo primero que debe aclararse es el origen de estos choques. Que reside esencialmente en la firma del tratado que permite el establecimiento de siete bases militares del Pentágono en nuestro país. Lo cual es de extrema gravedad, porque el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico no va a convencer a nadie. Los gobernantes de los países del continente han manifestado, en una u otra forma, su rechazo a ésta nueva aventura del Gobierno actual.

En tales condiciones, es absurdo pretender que estos gobiernos respalden al de Uribe Vélez, al cual ven como un foco de agresión y de guerra en el continente. Sobre todo, cuando hay antecedentes como la invasión territorial al Ecuador con el mismo pretexto de la lucha contra la insurgencia. Y cuando el tratado de las bases militares norteamericanas cocinado entre Uribe Vélez y las fuerzas guerreristas extranjeras se ha celebrado en forma reservada, sin que aún se conozcan sus cláusulas, sin aceptarse el concepto del Consejo de Estado y negándose a ser debatido por el Congreso.

Esta posición general la ha resumido el presidente Correa en breves palabras: “El problema de fondo en el caso colombo-venezolano es que tenemos siete bases norteamericanas en Colombia, y eso sí es una preocupación para toda la región”. Problema que es más gravoso para los vecinos de Colombia y aún más para el gobierno de Chávez contra el cual vienen complotando los gringos desde que éste asumió una posición autónoma ante el imperio.

Sólo hay una salida para la crisis y no es otra que desmontar la puesta en práctica del tratado de las bases militares extranjeras y liberar al país de las cadenas del Pentágono. Y punto.

VOZ Edición 2520

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Bases militares norteamericanas en Colombia contribuyen a una guerra no declarada en América Latina


Moscú. RIA Novosti. Las bases militares norteamericanas en Colombia contribuyen a una guerra no declarada en América Latina y no a la lucha efectiva contra el narcotráfico, declaró la abogada y escritora Eva Golinger en entrevista exclusiva a RIA Novosti sobre el tema "Guerra irregular contra Venezuela".

"Donde están las bases militares norteamericanas están los grandes productores de drogas", apuntaló la abogada. Añadió que durante diez años de realización del Plan Colombia aumentaron la producción y tráfico de drogas... y que al parecer la política de los EEUU es fomentar el narcotráfico y no neutralizarlo.

Según Golinger, el introducir drogas en una comunidad [sociedad o país] es una forma de paralizarlo, de por lo menos neutralizar sus capacidades para desarrollarse; y uno de los componentes de su teoría "Guerra irregular contra Venezuela": la subversión y contrainsurgencia.

A diferencia de la tradicional, la "guerra irregular", que según la escritora, autora del libro "Código Chávez", se ejecuta tanto contra Venezuela como contra América Latina, tiene como objetivo principal dominar e influir en la población del país adversario. Es silenciosa pero tan peligrosa como la tradicional. Sus componentes o tácticas principales además de la mencionada son la diplomacia y las operaciones psicológicas y militares.

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miércoles 2 de diciembre de 2009

Alertan sobre planes colombianos para bombardear a Venezuela

Caracas. (PL) El alto mando colombiano planifica bombardeos contra Venezuela bajo el pretexto de la supuesta presencia de grupos guerrilleros, aseguró el ex vicepresidente José Vicente Rangel en una entrevista publicada hoy por el Correo del Orinoco.

De acuerdo con el también periodista, las acciones bélicas contarían con el visto bueno del jefe de Estado de Colombia, Álvaro Uribe.

Operaciones como esa no pueden ejecutarse sin el conocimiento del presidente Uribe, expuso Rangel, quien señaló territorios llaneros (Apure y Barinas, entre otros) como posibles blancos de los ataques.

Para el otrora dirigente, los bombardeos serían similares a los realizados por Bogotá en marzo de 2008 en Ecuador, donde asesinaron a más de 20 integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Los planes existen. Que los intenten o no es otra cosa, apuntó durante su intercambio con la periodista Vanessa Davies.

Según Rangel, la iniciativa guarda relación con el convenio firmado entre Colombia y Estados Unidos para facilitar el acceso de efectivos y contratistas norteamericanos a siete bases militares neogranadinas.

El pacto en cuestión tensa las relaciones regionales, a partir de la denuncia de Venezuela de la amenaza representada para Suramérica por esos enclaves.

Rangel advirtió además sobre la presunta presencia en suelo venezolano de siete mil paramilitares colombianos, quienes cumplirían misiones desestabilizadoras.

arc/wmr

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lunes 30 de noviembre de 2009

Informes oficiales dicen que crecimiento del paramilitarismo no es una fantansía




* El concejal Jaime Caycedo desmiente al ministro de la Defensa y al Director de la Policia con cifras y denuncias de los propios entes de investigación y fiscalización del Estado.

* La administración de Bogotá debe mantener el control territorial y proteger a la población civil.

Con el argumento de que el avance paramilitar en las grandes ciudades y especialmente en Bogotá no es una fantasía de organizaciones no gubernamentales o de la oposición política al presidente Uribe, y basándose en la información entregada durante el último año por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación y las Personerías de Bogotá, Medellín y Cali, el concejal Jaime Caycedo reclamó al ministro de Defensa y al director general de la policía Nacional por sus acomodaticios partes de tranquilidad a la ciudadanía en torno a esta grave situación.

“Nosotros hemos venido denunciando desde marzo del año pasado el copamiento progresivo de los bordes de Bogotá por parte de diversas fuerzas paramilitares. Esta aseveración no es simplemente un asunto de percepción personal, sino que se fundamenta en las respuestas oficiales que distintos organismos de control han dado a los cuestionarios que personalmente les envié para tratar de establecer cuál es la verdadera situación de la ciudad en esta materia”, dijo el concejal Jaime Caycedo.

Recordó que su primera voz de alarma se produjo el año pasado, cuando la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación presentaron un crudo informe que hablaba acerca de cuáles grupos paramilitares actuaban en Bogotá en esos momentos, dónde se localizaban, qué fuentes de financiación tenían, a qué grupos poblacionales atacaban principalmente y en qué estructuras económicas y comerciales se mimetizaban. “En ese momento como ahora, las autoridades militares y de policía se empecinaron en negar la realidad registrada por las comunidades y estas entidades del Estado. Ahora se suma al coro victorioso el ministro de la Defensa, tratando de decirle a los bogotanos y al país que la seguridad democrática ha sido exitosa en la aniquilación de los grupos paramilitares, cuando las evidencias indican todo lo contrario”, señaló Caycedo Turriago.

“Hacia marzo del año pasado los informes hablaban de presencia de estructuras paramilitares en seis localidades. Poco después, nuevos informes también oficiales certificaban el crecimiento de su presencia a diez localidades de la ciudad y por lo que sabemos, actualmente no sólo han consolidado posiciones sino que avanzan en la conquista territorial y en el amedrentamiento de nuevas áreas poblacionales, tanto en Bogotá como en las vecindades”, explicó.

Las falacias ministeriales

Caycedo aprovechó para referirse a lo que considera otra de las grandes mentiras en que incurrió el ministro de Defensa durante entrevista concedida a una cadena radial nacional. “Ya está perfectamente probado, incluso por las propias cifras del gobierno nacional, que el llamado fenómeno del desplazamiento forzado bordea los cuatro millones de compatriotas, quienes han tenido que abandonar sus tierras y sus propiedades por la falta de garantías del Estado y las constantes amenazas del narco-paramilitarismo, como fuerza principal expulsora de pobladores. La Misión de Observación Electoral y los distintos medios masivos de información hablan todos los días de la estrategia de la narcoparapolítica para consolidar su presencia en el congreso, los concejos y asambleas e incluso en alcaldías de diversas ciudades”, señaló el concejal del Polo Democrático.

Continuó diciendo que “fuera de eso, recién hemos conocido las aberrantes estadísticas de avance de la pobreza y la indigencia, muy especialmente entre la población campesina. La distribución de la riqueza es la más desigual en el continente. ¿Cómo puede el ministro de la Defensa hablar de que la seguridad democrática ha beneficiado a todos los colombianos? Quizás los terratenientes y quienes han hecho la contrarreforma agraria a punta de sangre y fuego en los campos colombianos sí puedan decir que una política tan regresiva haya servido a sus propósitos”, dijo Caycedo.

Hizo un llamamiento a la administración distrital para que cumpla a cabalidad los mandatos constitucionales y legales en pro de la protección de la población civil inerme y de la integridad del territorio del Distrito Capital. “Este es un compromiso principalísimo de la administración, pues el más mínimo debilitamiento de su autoridad será cobrado con creces por quienes vienen trazando un mapa de ruta siniestro para Bogotá, especialmente para sus comunidades más pobres”, finalizó.

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