lunes, 29 de noviembre de 2010

Por soberanía alimentaria, comisión del plan aprueba proyecto de reservas campesinas en el DC



Boletín de prensa

• Este proyecto favorecerá las acciones de los campesinos y de las instituciones en procura de la soberanía alimentaria de Bogotá.

Un importante proyecto de Acuerdo que tiene en su mira el fortalecimiento institucional y de las organizaciones campesinas del Distrito Capital en procura de favorecer la producción agropecuaria y agroambiental en el territorio rural del Distrito Capital, fue aprobado por unanimidad en la comisión del Plan del Concejo Distrital.

El proyecto, presentado por el concejal Jaime Caicedo Turriago y con el respaldo de la bancada del Polo Democrático Alternativo, tiene por objeto combatir el desabastecimiento de alimentos, abaratar sus costos al consumidor y garantizar mayores ingresos y mejores condiciones de vida para los productores campesinos, a través del fomento la participación de las organizaciones campesinas del territorio rural del Distrito Capital en el impulso de formas de gestión social y ambiental, en especial de las zonas de reserva campesina.

Las Reservas Campesinas, contempladas en la legislación colombiana vigente, son una modalidad auto gestionaria y auto controlada de producción agropecuaria y cuidado ambiental que se fundamenta en el uso adecuado del territorio, en la organización de los campesinos para la producción y el mejoramiento de su calidad de vida y en el manejo cuidadoso de entorno ambiental, con el objeto de producir alimentos y conservar las fuentes naturales. Además, en estas zonas pueden darse mecanismos de mercadeo de alimentos que permiten su comercialización directa a los centros de abastecimiento y distribución, eliminando la costosa intermediación que encarece sensiblemente los productos.

Jaime Caicedo declaró que “este proyecto tiene una importancia capital en la búsqueda y consolidación de una política de soberanía y seguridad alimentaria para la ciudad. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para articular el extenso territorio rural de la ciudad, equivalente a poco más de 121 mil hectáreas, de forma que se produzca la conservación de áreas protegidas y por otro lado, se estimule la producción de alimentos y el mejoramiento sustancial de las condiciones
de vida de la población campesina, al tiempo que se mejora el abastecimiento de alimentos y se reducen los precios al consumidor, en momentos de grave crisis económica y sensible reducción de los ingresos familiares”, señaló.

El proyecto, que pasará ahora a aprobación de la plenaria del cabildo distrital, incluye la realización de estudios para determinar posibles áreas geográficas en el territorio rural del Distrito Capital donde se podrían crear zonas de reserva campesinas, así como asesoría y capacitación a las organizaciones campesinas, respetando su autonomía, para la determinación de áreas donde se puedan establecer dichas zonas.

Igualmente, pretende fortalecer la participación activa y efectiva de las organizaciones campesinas en la red de asentamientos rurales y en los espacios de decisión y desarrollo de la política pública de ruralidad.

Volver a la Página Principal 

viernes, 26 de noviembre de 2010

Un estado de guerra permanente sostiene Jaime Caycedo



Niko Schvarz
Eso es lo que reina en Colombia: un estado de guerra permanente, contra la insurgencia y también contra la población civil, que vive las dramáticas consecuencias impuestas durante los dos gobiernos de Uribe  y continuadas en sus líneas esenciales por el gobierno de Juan Manuel Santos.
 
Mencionamos ayer la ponencia presentada por el concejal bogotano Jaime Caycedo en la reciente Conferencia Nacional sobre Genocidio y Democracia, en el que traza un balance ceñido y a la vez sobrecogedor por los datos que aporta con una precisa documentación. “Este manejo antidemocrático –señala- tiene su más perverso reflejo en el genocidio y en la desaparición forzada que ya sobrepasa las 50.000 personas (cifras de la Fiscalía General de la Nación), tendencia que se incrementó dramáticamente entre el 1º de enero 2007 y el 21 de octubre 2008, período en que se registraron  7.763 casos”, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. “Este estado de guerra –prosigue- no tiene visos de retroceder, ni siquiera de moderarse, a la luz de lo conocido en los últimos días: 4,9 millones de refugiados internos, eufemísticamente calificados como ‘desplazados’; ocho masacres en la última semana, de acuerdo con el Defensor del Pueblo, situación que incluso el periódico El Tiempo calificó de ‘inaceptable’; el asesinato de 100 líderes de la población en situación de refugio interno en los últimos 6 meses, según el informe presentado a la Conferencia Regional Humanitaria que se desarrolló en Quito; el aniquilamiento de más de 48 líderes campesinos que se acogieron a la restitución de tierras en este gobierno de Juan Manuel Santos; la existencia de poco más de 7.500 presos políticos, prisioneros de guerra o de conciencia, víctimas de los más crudos montajes judiciales; y el mantenimiento del tenebroso promedio de 300.000 personas expulsadas de sus tierras, de sus barrios y de su entorno social, configurando a Colombia como ‘primer país de expulsión de refugiados y desplazados en el mundo’ en palabras del Alto Comisionado para los Refugiados, realidad que se muestra como una crisis humanitaria prolongada, crónica y sostenida”.

A dicha estadística macabra se suma el asesinato de 12 dirigentes del Polo Democrático Alternativo (PDA) en los últimos 6 meses, en lo que se ha dado en llamar la estrategia quirúrgica de exterminio como extensión y consolidación de las doctrinas de seguridad nacional, expresadas en la política de “seguridad democrática” de Uribe, continuada e incluso intensificada por Santos  con su variante de los “cuadrantes de seguridad”. A la vez el gobierno no quiere siquiera hablar de un intercambio humanitario y mucho menos de una negociación política que lleve a la democratización del Estado y a la paz con justicia social.

Colombia vive un proceso de sostenida militarización y paramilitarización de la sociedad. “El creciente proceso de paramilitarización de las ciudades para controlar los barrios populares a través de panfletos de amenaza, de acciones sicariales y operaciones de ‘limpieza social’ ejerce el papel de una policía paralela criminalizada, complementaria y en nexo con los aparatos estatales, que se ensaña principalmente con los jóvenes”, escribe Caycedo. En ese cuadro el ministro de Defensa anuncia que las fuerzas militares y policiales brindarán protección especial a las zonas de producción llamadas ‘locomotoras de  la prosperidad democrática’, mediante la creación de las que él denomina ‘zonas especiales con estándares de seguridad internacional’. Es el preámbulo de una represión antipopular acrecentada en esas regiones y de confinamientos forzados de la población estilo Vietnam.

Sobrevolando esta situación se sitúa la presencia militar de Estados Unidos. “El Comando Sur luce de manera clara y cada vez más desembozada como componente del conflicto”, sostiene Caycedo. Destaca el significado de las bases militares yankis en territorio colombiano y la intervención directa del imperio en la guerra, “no sólo suministrando asesoría y apoyo estratégico sino soportando tecnológicamente las incursiones del ejército colombiano e incluso aportando material de guerra ‘inteligente’ que ha servido a las acciones de bombardeo no sólo contra las fuerzas insurgentes, sino   contra áreas pobladas de civiles en diversas zonas del país”. A su juicio, la presencia de EEUU en la guerra interna es hoy el factor fundamental de escalamiento de la guerra y de su cruel impacto en la población, “pero también el principal obstáculo para una solución política negociada, para una salida clara y definitiva”.

Sin olvidar que un año y medio atrás EEUU anunció el despliegue de su IV Flota naval, que estaba arrumbada desde hace medio siglo, para dedicarla al patrullaje, a la vigilancia y al control del continente latinoamericano.

Publicado en  La República, 25 de noviembre 2010, pág. 12

jueves, 25 de noviembre de 2010

El genocidio colombiano



Niko Schvarz
Más allá de la mejora de las relaciones con Venezuela y con Ecuador, que constituye un factor positivo, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (iniciado el 7 de agosto) prosigue la política represiva que caracterizó al gobierno de Álvaro Uribe, expresada en asesinato y persecución de los miembros del Polo Democrático Alternativo (PDA) y de los defensores de DDHH, de las organizaciones sindicales y campesinas, que son víctimas de desplazamientos forzados que afectan a millones de personas, sin hablar de la infamia que supone la expulsión del Senado de Piedad Córdoba, esforzada luchadora por la paz y el acuerdo humanitario. Al mismo tiempo, agentes caracterizados de la represión del gobierno de Uribe, particularmente de los servicios de espionaje gubernamental del DAS, huyen del país por estar requeridos por la justicia y hallan un injustificado asilo político del gobierno panameño de Ricardo Martinelli.
El propio Uribe  fue ayer condecorado por el Parlamento del régimen de facto de Honduras, por haber sido uno de los primeros presidentes en reconocer al gobierno de Porfirio Lobo, que asumió el 27 de enero pasado en continuidad con el golpe de Estado del  28 de junio 2009 que derrocó al gobierno constitucional de Manuel Zelaya. El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras (FNRP) expresó en las calles su repudio a la presencia de Uribe, mientras una espuria Comisión de la Verdad justificaba el accionar del usurpador Roberto Micheletti. Ahí estaban todos juntos.

Hace unos días, el 16 de noviembre, fue asesinado Miler Avendaño Peñaranda, coordinador del PDA en el municipio de El Tarra, en Santander Norte fronterizo con Venezuela, líder social y comunitario de 28 años. Con este crimen se eleva nada menos que a 12 el número de asesinatos de miembros dirigentes del Polo Democrático en los últimos 6 meses, que abarcan el final del gobierno de Uribe y el comienzo del gobierno de Santos. En estos crímenes participaban grupos irregulares y bandas de paramilitares, que están muy lejos de haber sido desmanteladas.

El 30 de octubre, defensores de DDHH de Bogotá y de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en el suroeste, entre ellas organizaciones indígenas y de afrodescendientes, así como sindicatos, recibieron mensajes de texto idénticos con amenazas de muerte por parte del grupo paramilitar Águilas Negras, que les decían que se fueran a Venezuela, subrayando que “se van o mueren”. Entre los destinatarios, unas 25 personas y organizaciones, se encontraban el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Otros hechos recientes. Protestas campesinas en Cúcuta fueron salvajemente reprimidas por Escuadrones Antidisturbios de la policía, con saldo de 20 heridos y otros tantos detenidos. En el Bajo Ariari, departamento del Meta, denuncian fumigaciones arbitrarias e indiscriminadas. El 18 de noviembre es detenido por unidades del ejército Wilson José Escamilla, líder campesino y presidente de la Comisión de DDHH de la vereda La Catalina, municipio de La Macarena (donde fueron descubiertas las fosas con más de 200 cadáveres).

Por otro lado, la ex directora del DAS  (desde el 23 de agosto 2007 al 23 de octubre 2008) María del Pilar Hurtado, requerida por la justicia por sus actividades en ese órgano de espionaje dependiente de la presidencia, huyó del país hacia Panamá y el gobierno de Martinelli le otorgó el asilo político sin más trámite. Otros 6 altos funcionarios del DAS están buscando asilo para evadir la acción de la justicia. Incluso Uribe fue citado a comparecer ante la justicia estadounidense por el asesinato de sindicalistas bajo su gobierno, pero faltó a la cita.

El  secretario general del PC colombiano y concejal por Bogotá, Jaime Caycedo, realizó una síntesis de la situación de su país en una ponencia presentada en una reciente Conferencia Nacional sobre Genocidio y Democracia. En su párrafo inicial expresa que el tema crucial es “cómo ponerle fin al estado de guerra contra la insurgencia y contra la población civil, que se expresa en el desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, en los continuos bombardeos a las zonas pobladas, en la criminalización de los opositores, en las desapariciones y asesinatos de dirigentes agrarios y sindicales, en las amenazas, en el refugio interno masivo y en la pretendida limpieza social, en el acallamiento de líderes políticos populares a través de la Procuraduría, en fin en la acción del poder económico-mediático para fragmentar la oposición democrática al sistema”. Caycedo traza un gran plan de acción de las fuerzas democráticas y populares, y lo precede de un análisis ceñido del estado de guerra permanente que atraviesa el país. Ya lo veremos.

Publicado en  La República, 24 de noviembre 2010, pág. 11
 

lunes, 22 de noviembre de 2010

Ponencia del secretario General del PCC en la Conferencia Nacional sobre Genocidio y Democracia


Con la presencia del secretario General del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caicedo,  explicacó en su ponencia sobre la derrota de la política de guerra a través de la lucha democrática y popular

La derrota de la política de guerra a través de la lucha democrática y popular

Quisiera proponer una lectura particular del fenómeno del genocidio en Colombia, enmarcando de entrada esta apabullante realidad en una afirmación esencial: mientras exista una política de guerra contra el pueblo, en sus diversas manifestaciones económicas, militares y políticas, no podremos hablar del fin de la negra noche, ni siquiera de una leve modificación del escenario de persecución y aniquilamiento que en las actuales condiciones políticas aparece algo más disfrazado, revestido de una fementida prosperidad democrática. El sistemático asesinato colectivo o individual y la desaparición forzada seguirán siendo una de las armas preferidas del proyecto hegemónico oligárquico. La realidad demuestra que existe un conflicto político-militar interno, que tiene características de una guerra civil, concretamente cuando el Estado colombiano no tiene una política de paz sino de guerra y cuando la potencia militar más poderosa del planeta interviene con presencia directa y dirección operativa en el manejo de esa guerra y en su prolongación indefinida.

Por ello, un crucial tema a considerar es cómo ponerle fin al estado de guerra  contra la insurgencia y contra la población civil, que se expresa en el desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, en los continuos bombardeos en zonas pobladas, en la criminalización de los opositores, en las desapariciones y asesinatos de dirigentes agrarios y sindicales, en las amenazas, en el refugio interno masivo y en la pretendida limpieza social, en el acallamiento de líderes políticos populares a través de la Procuraduría, en fin, en la acción del poder económico-mediático para fragmentar la oposición democrática al sistema. Ponerle fin al conflicto armado en Colombia implica sobre todo una gran decisión nacional, con intervención democrática y popular, en la búsqueda de  una salida de otra naturaleza.

El elemento central es cómo golpear la política de guerra y el estado de guerra permanente como el corazón de todo este manejo antidemocrático que tiene su más perverso reflejo en el genocidio y en la desaparición forzada que ya sobrepasa los 50.000 colombianos y colombianas, según las cifras dadas a conocer por la Fiscalía General de la Nación, tendencia que incrementó dramáticamente entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008, periodo en el que se registraron 7.763 casos, de los cuales 3.090 ocurrieron durante el año 2008, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conformada por el programa de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, la Fiscalía, la Defensoría, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Fondelibertad y la Comisión Colombiana de Juristas.

Este estado de guerra y sus consecuencias nefastas no tiene visos de retroceder, ni siquiera de moderarse, a la luz de lo que hemos conocido incluso en los últimos días: 4.9 millones de refugiados internos, eufemísticamente calificados como “desplazados”; ocho masacres en la última semana, de acuerdo con las declaraciones del señor Defensor del Pueblo, situación que incluso el editorial del periódico El Tiempo del pasado miércoles no duda en calificar de “inaceptable”; el asesinato de 100 líderes de la población en situación de refugio interno en los últimos seis meses, según denuncia  el informe presentado a la Conferencia Regional Humanitaria que se desarrolló en Quito; el aniquilamiento de más de 48 líderes campesinos que se acogieron a la restitución de tierras en este gobierno de Juan Manuel Santos; la existencia de poco más de 7.500 presos políticos, prisioneros de guerra o de conciencia, víctimas de los más crudos montajes judiciales; y el mantenimiento del tenebroso promedio de 300.000 personas expulsadas de sus tierras, de sus barrios y de su entorno social, configurando a Colombia como "primer país de expulsión de refugiados y desplazados en el mundo",  en palabras del Alto Comisionado para los Refugiados, realidad que se muestra como una crisis humanitaria prolongada, crónica y sostenida, tal como la determina Codhes en su último informe. Hoy sabemos también que “el total de homicidios por razones sociopolíticas registrados por fuera de combate entre enero de 2002 y diciembre de 2008 fue considerablemente alto: 16.855 personas perdieron la vida o fueron desaparecidas forzadamente en tales circunstancias, lo cual no es sinónimo propiamente de seguridad”, según argumenta Gustavo Gallón en su más reciente columna.

A esta estadística macabra sumamos los 12 dirigentes del Polo Democrático Alternativo eliminados en los últimos seis meses, en lo que he dado en llamar la estrategia quirúrgica de exterminio como extensión y consolidación de las doctrinas de seguridad nacional y de los conflictos de baja intensidad, tan calculadamente expresados en lo que hoy conocemos tristemente como la política de seguridad democrática, continuada sin ambages por el actual gobierno e incluso intensificada en el matiz que Santos quiere desarrollar a fondo con su política de “cuadrantes de seguridad”, que no son otra cosa que la determinación sistemática de los pobladores en su entorno más próximo y por esta vía, la identificación pormenorizada de las “amenazas”, sean éstas colectivas o individuales, al sistema político y de acumulación de capital que hoy prevalece en Colombia.

Desde mi punto de vista, la guerra civil no es simplemente aquella rememoración de los macheteros del siglo XIX, de la existencia de ejércitos tratando de remontar el rio Magdalena. La paradoja actual es que no existe una política de paz, pero sí hay una política de guerra interna. Es una política pública, una política permanente e indefinida en el tiempo, que se sostiene  con nuestros impuestos. La población civil está cada vez más orgánicamente articulada a la política de seguridad democrática, que se mantiene como un hecho perdurable y que pretende prorrogarse indefinidamente con el apuntalamiento y el acorazamiento de la presencia directa de tropas y las armas de Estados Unidos en territorio colombiano. Sabemos que el gobierno actual ni siquiera admite favorecer las condiciones de un intercambio humanitario y mucho menos una negociación política que lleve a la democratización del Estado y a la paz con justicia social.

Hay otro elemento principal en toda esta dinámica. El genocidio ocurrido en Colombia es un proceso estructural que está articulado al modo de acumulación que se ha venido imponiendo con los cambios en el capitalismo, con la gran agricultura de agro exportación, vinculada a los agro combustibles por ejemplo, forzosamente relacionada a este proceso mediante la dedicación casi exclusiva de grandes territorios, como ocurre en zonas como el Valle del Cauca, los Llanos Orientales y otras regiones del país, con evidente sobre explotación de la mano de obra que configura un escenario semi-esclavista en pleno siglo XXI. 

El fenómeno de la violencia en Colombia, de ésta que vivimos ahora, está profundamente vinculado a la forma de explotación del trabajo en gran escala y a la forma en que la gran oligarquía y el imperialismo han venido articulando nuestra economía con la globalización. La militarización y la paramilitarización de la sociedad son plenamente funcionales a este modo de acumulación. El creciente proceso de la paramilitarización de las ciudades colombianas para controlar los barrios populares a través de panfletos de amenaza, de acciones sicariales y operaciones de “limpieza social”, ejerce el papel de una policía paralela criminalizada, complementaria y en nexo con los aparatos estatales, que se ensaña principalmente con los jóvenes.

La enorme avanzada transnacional del capital extranjero agro minero, crece desmesuradamente gracias al trabajo sucio adelantado por el pararamilitarismo que va despejando sistemáticamente las zonas de expoliación y saqueo. Esta  política se ve complementada con los anuncios del ministro de Defensa, en el sentido de que las fuerzas militares y de policía brindarán “protección especial a las zonas de producción de las denominadas "locomotoras de la prosperidad democrática”, mediante la creación de las que él denomina “zonas especiales con estándares de seguridad internacional”. No se pretenda dar soluciones de sobre explotación de los trabajadores, defensa unilateral de los intereses del capital con base en la territorialización de la guerra, represión antipopular en los territorios, aldeamientos forzados tipo Vietnam como válvulas de escape de la crisis capitalista en desarrollo.

En este marco, quiero llamar la atención sobre un hecho que a mi juicio es crecientemente grave: el Comando sur de los Estados Unidos luce de manera clara y cada vez más desembozada como componente del conflicto. Baste mencionar que en los últimos meses, coincidiendo con su creciente dominio de bases militares en Colombia, independientemente de la existencia o no de tratados que regulen tal relación entre los estados, el imperio ha intervenido de manera directa en la guerra no sólo suministrando asesoría y apoyo estratégico, sino soportando tecnológicamente las incursiones del ejército colombiano e incluso aportando material de guerra “inteligente” que ha servido a las acciones de bombardeo no sólo contra fuerzas insurgentes, sino contra áreas pobladas por civiles en diversas zonas del país. En mi opinión, la presencia de Estados Unidos en la guerra interna, es hoy, a estas alturas, el factor fundamental del escalamiento de la guerra y crudelización de su impacto en la población, pero también el principal obstáculo para una solución política negociada, para una salida clara y definitiva. Y esto, como es obvio, determina posibilidades y condiciones.

Quiero decir que Washington no está aquí solamente por razones económicas. El imperio está usando también la guerra colombiana como instrumento de su creciente despliegue político y militar. No olvidemos que hace apenas año y medio ese país anunció el despliegue de la IV Flota naval dedicada al patrullaje, a la vigilancia y al control del continente latinoamericano.

Así las cosas, me parece que el tránsito hacia una Colombia sin guerra entre conciudadanos, sin genocidio, sin desapariciones forzadas, sin secuestros, sin ejércitos de colombianos y colombianas convertidos en trashumantes sumidos en la miseria y en la desesperación, tiene que hacerse sobre la base de un cambio democrático en el país, un cambio político. Siendo el intercambio humanitario un hecho fundamental que tenemos que seguir planteando,  lo esencial es la derrota de la política de guerra que evolucionó hasta ocupar el rango de política del Estado, con el apoyo del imperio. La experiencia de la Unión Patriótica, su experiencia positiva y no igualada hasta hoy significó la formación de  un movimiento sociopolítico que se planteó la paz democrática con justicia social, con igualdad, con inclusión, como un objetivo central de soberanía popular y como un proyecto de Estado y de país solo acallado por la guerra sucia preventiva. Pregunto si esta experiencia simplemente deba ser reducida, olvidada y archivada, sin estudio, análisis ni valoración justa, ante el hecho aplastante de la eliminación. Al contrario. Afirmo que sin un gran movimiento de fuerzas y de opiniones que refleje la voluntad de derrotar la solución militar como vía para poner término a la guerra la situación del país seguirá degradándose y se acentuarán los fenómenos de descomposición política de las instituciones y del conflicto mismo.

Los gobiernos hermanos y los movimientos antiimperialistas de Latinoamérica y el mundo comprenden la urgencia de neutralizar la utilización del conflicto colombiano como un pretexto para la desestabilización de los procesos democráticos y el favorecimiento de formas de intervencionismo militar en América latina.

Derrotar la solución militar implica avanzar a una solución política, a una acuerdo fundamental y estratégico que contemple reformas concretas en la vida nacional: una reforma agraria como solución del problema de la tierra y una política de justicia, verdad y reparación integral; una reforma urbana que implique la posibilidad del acceso a la vivienda y a las garantías sociales para los nuevos pobladores; y un avance también hacia conquistas en la democratización de la salud, la educación,  el saneamiento ambiental y de la calidad de vida para la inmensa mayoría de la población colombiana. No es precisamente el camino que hoy nos ofrece Juan Manuel Santos con la demagogia de restitución de tierras y su propuesta de “sostenibilidad fiscal”, que es la negación del compromiso social del Estado.

Por lo tanto nuestro planteamiento insiste en la necesaria aproximación de las fuerzas populares, incluyendo al Polo Democrático Alternativo y a la izquierda emergente en desarrollo, como parte de una estrategia de ampliación de la fuerza política popular y de la perspectiva de un gran frente avanzado, democrático, patriótico, de fuerzas, de movimientos, organizaciones, núcleos y personas dispuestas a trabajar en todos los campos de la lucha democrática por una gran transformación en el país y por la derrota definitiva de la política de guerra. En lo inmediato este acercamiento y esta búsqueda de nuevas formas de unidad de acción implican dar paso al impulso de nuevas movilizaciones sociales con base en la mayor coordinación de las acciones diversas y el rescate de la práctica de la solidaridad entre todas las luchas de los trabajadores y de los sectores democráticos.

Reiteramos el llamado a que ningún sector democrático, popular o ninguna fuerza de izquierda se sienta solo en la acción que adelanta; que se sepa que el respaldo y que la batalla por la libertad política, por las libertades públicas, por los derechos fundamentales del pueblo, de los distintos sectores de la sociedad y de los pueblos que integran Colombia, nos concierne a todos. Que se sepa que estamos trabajando en la misma dirección, que se buscan objetivos semejantes, que por lo tanto la solidaridad y el acompañamiento son parte necesaria de la integridad de las luchas del presente y del futuro hacia un gran cambio del régimen político y social en Colombia.

La salida militar que el Estado colombiano mantiene contra viento y marea tiene que ser acallada y aplastada por la lucha democrática y popular. Sólo así este tenebroso escenario de la persecución y del genocidio político, del aniquilamiento de la oposición al sistema de acumulación oligárquico y de la tragedia que golpea sin miramientos a la gran mayoría de la población colombiana, llegará a su fin.

JC/rv

Volver a la página principal

viernes, 19 de noviembre de 2010

Jugoso recaudo del sistema de transporte debe hacerlo el Distrito a través de ETB

Concejal Jaime Caicedo felicita a Sintrateléfonos


Boletín de prensa
• Concejal Jaime Caicedo felicita a Sintrateléfonos por ganar acción de cumplimiento en contra de búsqueda de socio estratégico en ETB

El multimillonario negocio de recaudo de los ingresos del Sistema Integrado de Transporte debe ejercerlo directamente el Distrito Capital a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y no cederlo a los voraces intereses del sistema financiero, exigió hoy el concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, Jaime Caicedo, en derecho de petición dirigido al alcalde mayor Samuel Moreno.

“Estamos hablando de cerca de $250 mil millones anuales, suma que va a ganar el ente que realice el recaudo del Sistema Integrado de Transporte, SITP. Imaginemos cuántos proyectos sociales puede financiar el distrito con esos voluminosos recursos. Por ejemplo, podría costearse prácticamente en su totalidad la tarifa diferencial para personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes y mujeres gestantes, que concedería un descuento del 50% en el valor del tiquete de ingreso al sistema de transporte”, argumentó Caicedo Turriago.

En su criterio, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, está en plena capacidad de hacerse cargo del sistema de recaudo, ya que cuenta con la tecnología, la experiencia operativa y la infraestructura necesaria para tal fin. “Ya está en proceso el convenio firmado por la ETB y la Secretaría de Movilidad para adquirir, instalar, operar y mantener el Sistema Inteligente de Transporte – SIT para Bogotá, constituido por los módulos de semaforización, información electrónica variable, detección electrónica de infractores y monitoreo del tráfico afectado por la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial. Debe extenderse este convenio o firmarse uno nuevo para que la ETB realice el recaudo y las ganancias le queden al pueblo bogotano, no a los pulpos financieros”, indicó el cabildante.

Caicedo llamó a los bogotanos y bogotanas a exigir al alcalde mayor que esta decisión se tome prontamente, aprovechando que la licitación del sistema de recaudo fue cancelada.

ETB es de la ciudad, ahora más con acción de cumplimiento

Jaime Caicedo expresó su satisfacción por el fallo del juzgado 38 Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual dio la razón a Sintrateléfonos en la acción de cumplimiento (de la cual Caicedo Turriago fue coadyuvante), que establece que con la venta de acciones a un posible socio estratégico, la ETB quería configurar un fraude al principio de democratización de la propiedad accionaria del Estado.

En efecto, el juzgado en su fallo señala que “la ETB y el Distrito Capital de Bogotá vulneraron los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público por fraude al principio de democratización de la propiedad accionaria del Estado contenida en el artículo 60 de la Constitución Política y elusión de la Ley 226 de 1995, en el proceso de búsqueda de un inversionista o socio estratégico mediante el proceso de capitalización aprobado en la Asamblea General de Accionistas”.

Más adelante, el juzgado decide “ordenar que la ETB y el Distrito Capital se abstengan de proponer aprobar, adelantar o votar favorablemente procesos o reglamentos de capitalización que contemplen reformas estatutarias tendientes a restringir o suprimir el manejo operativo del DC y su derecho de voto a favor de terceros, mediante conversión de acciones o figuras societarias similares, sin cumplir con el requisito de democratización establecido en el artículo 60 de la CP y el procedimiento señalado en la Ley 226 de 2995 y demás normas que regulen la materia”.

Finalmente, compulsó “copias de esta decisión a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría Distrital de Bogotá para que investiguen si en este fraude al derecho se incurrió en alguna conducta reprochada por el ordenamiento penal, disciplinario o fiscal vigente”.

Caicedo Turriago señaló que su propuesta de que la ETB se haga cargo del recaudo del SITP es ahora mucho más congruente gracias al fallo de la acción de cumplimiento que ratifica la propiedad accionaria del Distrito Capital sobre la empresa y la imposibilidad de vender acciones sin respetar las normas constitucionales y legales. “No podemos permitir que esta abultada cifra, producto de recaudo del sistema de transporte, se vaya de las manos de los bogotanos y bogotanas. Esos dineros deben ser usados en beneficio directo de la ciudad”.
 

martes, 16 de noviembre de 2010

Preocupación por repercusiones laborales de la reestructuración del IDU


Boletín de prensa
• “No quiero pensar que se cocina una estrategia para sacar funcionarios y contratar empresas advenedizas”, advirtió Jaime Caicedo.
• Salió al paso de declaraciones del Contralor Distrital que propone desaparecer el IDU.
El concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, Jaime Caicedo Turriago, hizo eco de la gran preocupación que existe entre un numeroso grupo de empleados profesionales, técnicos y asistentes administrativos del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, ante su probable salida debido al traslado de actuales funciones de ese instituto hacia otras entidades del Distrito Capital propuesta en el proyecto de Acuerdo 269 que presentó la administración, el cual cursa en el cabildo de la ciudad y que ya fue aprobado en primer debate en la Comisión de Hacienda.

Caicedo también criticó duramente las declaraciones del contralor distrital, Miguel Ángel Morales Russi al proponer la desaparición del instituto. “La idea del señor contralor es desfasada, irresponsable, injusta e inoportuna y pretende desviar la atención sobre las verdaderas causas de los presuntos hechos de corrupción o de errores en la contratación. Convierte en víctimas a los trabajadores de base de la entidad que nada tienen que ver con las decisiones de los altos ex funcionarios del IDU, investigadas hoy de manera plausible por los entes de control del Estado”, afirmó.

En criterio de Caicedo Turriago, la administración debe tener mucho cuidado con las medidas que tome para reestructurar el IDU. “Si, como parece ser la tendencia en el Concejo de Bogotá de aprobar la reasignación de funciones hacia las Secretarías de Hacienda y de Planeación, así como al Catastro Distrital, la ciudad no puede cometer el error de prescindir de 450 funcionarios expertos en las materias catastrales”, señaló.

“Rechazo estas propuestas y llamo a la plenaria del Concejo de Bogotá a devolver el proyecto de acuerdo No. 269 de 2010 a la Comisión de Hacienda para modificar el artículo 4 que atenta contra los derechos de los trabajadores. Invito al contralor distrital a concentrar sus esfuerzos en el ejercicio de sus funciones de control fiscal, en lugar de salir a hacer propuestas sin mayores fundamentos que afectan el clima laboral y social de la ciudad”.

Propuso que en el hipotético caso de que finalmente sea aprobado el proyecto de Acuerdo 269, los actuales funcionarios del IDU que queden cesantes sean trasladados a las nuevas dependencias que tendrán a su cargo las mismas funciones. “No quisiera pensar que se está cocinando una estrategia para sacar a estos funcionarios y luego contratar mediante otros mecanismos a empresas advenedizas que no tienen el conocimiento y la experiencia de estos colaboradores altamente calificados del Distrito que han hecho carrera por largos años y que dominan los aspectos técnicos referentes al catastro y otras funciones”, advirtió.
 

viernes, 12 de noviembre de 2010

Murió Jorge Regueros Peralta, baluarte de los periódicos de izquierda

Era el "alma y el espíritu de los periódicos del Partido Comunista", como él mismo se definió.
Regueros Peralta, intelectual, periodista y miembro fundador del Partido Comunista en Colombia, falleció en Bogotá, a la edad de 100 años.

Nació en Bucaramanga el 5 de mayo de 1910. Se graduó como abogado en el Externado y fue elegido senador (1942-1946), corporación de la cual ocupó la presidencia.

Sus primeros trabajos periodísticos los realizó en EL TIEMPO, a donde llegó cuando apenas tenía 20 años. En 1934 participó en el periódico El Bolchevique; en 1942, junto con Gilberto Vieira, dirigió el Diario Popular. Luego estuvo en el semanario Voz de la Democracia, que en 1963 se llamó Voz Proletaria (hoy es Voz).

El concejal bogotano Jaime Caicedo recordó a Regueros como un dirigente de izquierda muy destacado, especialmente en los años 40. Dijo que en los 80 hizo parte del movimiento Firmes, conformado por intelectuales de tendencia de izquierda. Luego fue cercano al Frente Democrático y a la Unión Patriótica (UP). Jorge Regueros fue autor De lo sacrílego, libro que plasmó la historia de los cafés literarios en Colombia. Por eso, se lo consideró como un referente del devenir político y literario durante buena parte del siglo XX.

El senador Jorge Guevara, miembro de Polo, calificó a Regueros como un "baluarte de la lucha democrática" y señaló que, gracias a su aporte ideológico, se convirtió en una figura "entrañable para la democracia".

"Al lado de Diego Montaña Cuéllar, fundó el Partido Socialista Revolucionario, y luego, con el maestro Gerardo Molina, construyó el movimiento Firmes, en busca de un acuerdo de unidad de la izquierda en este país", dice.

"Mi relación con él fue de admiración. Era un colombiano excepcional, con una clara inteligencia y espíritu revolucionario (...) Fuimos asesores en la Asamblea Constituyente del 91, escenario en el que propusimos que la organización de Colombia pasara a ser la de un Estado regional unitario", dijo Alberto Mendoza Morales, director de Sociedad Geográfica de Colombia.

Volver a la página principal

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Comunistas exigen Audiencia Pública con Contratistas de Bogotá para que rindan cuentas


Boletín de prensa

• En su conferencia distrital, reclamaron al alcalde Samuel Moreno la renuncia de todos los altos funcionarios que pertenezcan a la “Unidad Nacional”.

Dos fuertes exigencias hizo al alcalde mayor de Bogotá la conferencia de delegados comunistas de las distintas localidades de la ciudad, reunida este fin de semana: que los contratistas de Bogotá respondan públicamente por sus ejecutorias en una asamblea popular, y que la administración distrital esté conformada por profesionales y dirigentes de izquierda para garantizar la reorientación de las políticas de la ciudad en favor de las mayorías desposeídas.

El concejal Jaime Caicedo, vocero de este sector dentro del Polo Democrático Alternativo, dijo que en las reuniones a las que últimamente ha citado el alcalde para enfrentar la crisis, le ha planteado cambiar el rumbo de su gobierno, apoyándose verdaderamente en los sectores democráticos y populares y en sus iniciativas.

Caicedo afirmó que el Polo Democrático está cargando con la responsabilidad del gobierno, pero sin tener en él verdadera representación de su programa ni de sus cuadros dirigentes y profesionales. “Es falso que la izquierda no tenga cuadros preparados; no se justifica que secretarias estratégicas en un gobierno elegido a nombre de la izquierda, continúen en manos de tecnócratas de derecha que sin el menor rubor pasan o vienen del gobierno nacional, como es el caso de los secretarios de hacienda, por sólo poner un ejemplo”.

Caicedo señaló que es necesario, en este último tramo de la administración, poner toda la atención en una serie de iniciativas populares que deben realizarse. “Es el caso de la tarifa diferencial de transporte, la defensa del territorio, la defensa del patrimonio público, la corrección del rumbo del Plan Centro y de Ciudad Salud, con participación real de los pobladores; la suspensión definitiva de la explotación de la cuenca del Tunjuelo y la indemnización que las cementeras le deben a la ciudad por el daño ambiental causado”.

“Está, así mismo, la concertación con los vecinos de Engativá y Fontibón para reorientar el Plan zonal del aeropuerto Eldorado; la conformación de zonas de reserva campesina en las localidades de Usme y Sumapaz, con el ánimo de generar alimentos baratos y abundantes para la ciudad; la defensa de la educación pública estatal en contra de las concesiones y convenios educativos, la terminación o construcción y reforzamiento estructural de los colegios públicos, el nombramiento de maestros en propiedad y el pago de deudas a los educadores. En fin, hay toda una batería de políticas públicas por ejecutar que no se realizarán mientras la gran mayoría del gobierno esté en manos de la derecha”, argumentó el concejal Jaime Caicedo.

Sobre las denuncias de corrupción

“No guardamos silencio frente a los errores de la administración. Los casos de corrupción, de ser comprobados, deben llevar a una sanción legal y política para los responsables los cuales, en su inmensa mayoría, estamos seguros no comprometen a dirigentes o funcionarios de la izquierda, porque entre otras, estos no han sido llamados cogobernar”.

Agregó que “no nos sumamos a los oportunistas que hoy quieren favorecer sus intereses personales y de grupo, presentándose como únicos poseedores de la ética y la moral pública, contribuyendo a desprestigiar y destruir al PDA a la vez que sugieren conciliar con la política nacional de la derecha”.

Finalizó afirmando que “nuestra opinión es que el gobierno de la ciudad, aun con sus errores, fue una conquista de los pobres, de los trabajadores, de los sectores democráticos frente al proyecto de cemento de los Peñalosas, los Santos, los Ospinas, los Lleras y los demás voceros de la oligarquía que quieren recuperarla a cualquier costo”.

Prensa PCC