El vicepresidente Santos ha visitado a Europa recientemente para tratar de convencer a la UE que los problemas de derechos humanos en su país están en vía de solución y que no puede ser un obstáculo para la aprobación de un tratado de libre comercio entre Colombia y la UE. Aprovechó la ocasión para señalar a las organizaciones de la sociedad civil que piden que la agenda de derechos humanos esté en el corazón de las negociaciones, diciendo que tienen una agenda ideológica y que son “alérgicas” al libre comercio.Pero las denuncias de las organizaciones de derechos humanos son serias. Y a ellas se ha sumado un reciente informe de la Fiscalía General de la Nación que da cuenta de un número inaudito de 2.077 civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública. El informe describe a la mayoría de víctimas como jóvenes pobres a quienes los reclutadores ofrecían trabajos y luego entregaban a las Fuerzas Armadas para que los asesinaran y los presentaran como muertos en combate. Por su parte la Corte Suprema de Justicia (1), luego de analizar el asesinato de un grupo de campesinos ocurrido en 1995, ha avanzado en la inculpación de los militares superiores jerárquicos de los autores materiales. Lo extendido en el tiempo y en el territorio de este fenómeno, involucra necesariamente a mandos superiores que no pueden hoy afirmar que estos crímenes sistemáticos ocurrieron sin que ellos se dieran cuenta.
Otro tema connexo donde la justicia está dando pasos importantes son las investigaciones contra 80 parlamentarios en el escándalo de la "parapolítica". Los grupos paramilitares, que hoy existen bajo otros nombres y con diferentes estructuras, se extendieron a nivel nacional durante más de 20 años gracias a sus vínculos con Fuerzas Armadas y Policía, y con sectores económicos y políticos. Hoy esos responsables empiezan a tener nombres propios dentro de expedientes penales. De hecho, la Corte Suprema de Justicia ha decidido que los parlamentarios no pueden renunciar a sus fueros para eludir la competencia de la Corte Suprema sobre esas investigaciones (2) y que además podrían llegar a ser considerados como responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos por los paramilitares. Esta última decisión toma en cuenta la posibilidad de que los congresistas sean parte de las cúpulas paramilitares y tengan responsabilidades como superiores jerárquicos (3). No hay que olvidar que muchos de esos congresistas participaron en la adopción de la Ley de Justicia y Paz que ha favorecido penalmente a los paramilitares.
Así la justicia colombiana muestra avances importantes para establecer que la cúpula paramilitar va más allá de los jefes extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y sin haber sido juzgados en Colombia por sus crímenes. La Fiscalía General de la Nación acaba de reabrir una investigación penal contra el Vicepresidente Francisco Santos por su supuesta participación en la constitución del grupo paramilitar “Bloque Capital” en Bogotá (4). Varios de sus acusadores fueron extraditados por el Gobierno hacia los Estados Unidos, sin que pudieran aclarar sus acusaciones ante los tribunales nacionales. Creemos que es necesario que la justicia colombiana aclare las acusaciones contra el Vicepresidente de la República, no sólo porque ellas han pesado sobre sus hombros durante los últimos años, sino porque del Vicepresidente depende la oficina encargada de las políticas en materia de derechos humanos del gobierno nacional.
La independencia del poder judicial sigue estando entonces en la agenda de la democracia colombiana. Por eso nuestro llamado a que la comunidad internacional monitoree el respeto a la independencia de los tribunales nacionales. En este sentido, el proceso de elección del nuevo Fiscal General de la Nación constituye una prueba para esas garantías: la terna de candidatos propuestos por el Gobierno no cumplían con los requisitos legales y por eso la Corte Suprema de Justicia la ha devuelto dos veces al Gobierno. Hoy, más que nunca Colombia necesita un Fiscal General independiente del poder ejecutivo.
Damos la bienvenida a la visita que la Relatora Especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados, Sra. Gabriela C. Knaul de Albuquerque e Silva, hará a Colombia el próximo 7 de diciembre. Sus conclusiones serán esperadas con mucho interés por todos, y en particular por el Fiscal de la Corte Penal Internacional que está analizando la pertinencia de abrir una investigación formal sobre Colombia.
Oidhaco
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