El acuerdo que firmaron los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia, para permitir el uso de 7 bases militares colombianas a las fuerzas armadas y de inteligencia estadounidenses, tendrá consecuencias negativas en el hemisferio de las cuales no se librará Estados Unidos. Y es que este acuerdo expande una estrategia militarista que ha sido fuente de inestabilidad regional y que ha fracasado en sus objetivos declarados, de acuerdo a las propias instituciones estadounidenses.
Operaciones militares extraterritoriales, refugiados, combatientes armados, herbicidas, aumento de la producción y tráfico de drogas están afectando a países vecinos, como consecuencia de esta estrategia equivocada, generando una onda expansiva de problemas que sólo se agravarán con el convenio recientemente firmado.
Contrario a lo que han tratado de presentar los portavoces del Gobierno neogranadino, este acuerdo sigue generando gran preocupación en Sur América. Así lo expresaron 11 de 12 países en la cumbre presidencial extraordinaria que convocó la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) el pasado 28 de agosto (el único disidente fue Colombia). Igualmente, en la reunión de los Ministros de Defensa y Ministros de Relaciones Exteriores de Unasur, realizada el 16 de septiembre de 2009.
En ninguna de estas reuniones el Gobierno de Colombia aceptó ofrecer garantías a los países de la región, en relación a que las operaciones derivadas de este acuerdo no trascenderán, bajo ninguna forma, de las fronteras de Colombia. La vaguedad del articulado del acuerdo, finalmente hecho público días después de su firma, explica por qué ni el Gobierno de Colombia, ni el de Estados Unidos, pueden ofrecer estas garantías. El acuerdo hace una vaga mención a no interferir en asuntos internos de otros países, pero no excluye explícitamente la posibilidad de realizar operaciones de inteligencia de espectro regional o de actuar bajo la doctrina preventiva de Bush, si se considerara pertinente para la “seguridad nacional de Colombia”. Caso sobre el cual ya existe un antecedente: la violación de la soberanía de Ecuador ocurrida el primero de marzo de 2008.
Peor aún, nuevos elementos que salen a la luz pública aumentan las preocupaciones sobre los verdaderos objetivos del acuerdo. Como por ejemplo, el documento que la Fuerza Aérea estadounidense presentó al Congreso en mayo de 2009, en el cual ofrece una alarmante justificación para que se financie la expansión de la base colombiana de Palenquero. “Palanquero ofrece una oportunidad para llevar acabo operaciones de espectro completo, alrededor de América del Sur”, lo cual se considera “esencial para el apoyo a la misión de Estados Unidos en Colombia y en toda el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos”. Sin embargo, la mayor revelación del documento es la clara alusión a los objetivos políticos que serviría la base de Palenquero: “el desarrollo de este CSL (Localidad de Cooperación en Seguridad) nos da una oportunidad única para las operaciones del espectro completo de una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante por las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos antiestadounidenses …”
La vaguedad del acuerdo no establece limitaciones a la posibilidad de implementar esta visión. Quedan a discreción las justificaciones que podrían usarse para violar la soberanía de otros Estados.
El ex ministro de Defensa colombiano, Rafael Pardo, comentó en términos muy simples la naturaleza de este acuerdo, es “como prestarle el balcón del apartamento a un señor de afuera de la cuadra para que vigile a los vecinos.”
Si los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos de verdad quisieran atender el complejo problema de la producción y tráfico de drogas deberían apoyar estrategias integrales y multilaterales, que consideren los problemas de la pobreza y desigualdad en la región, las características del mercado de la droga, las responsabilidades de los países consumidores, entre otros. Insistir en combinar supuestas estrategias antidrogas con operaciones militares antisubversivas sólo seguirá agudizando el conflicto colombiano, extendiéndolo más y más fuera de sus fronteras. La experiencia de otros conflictos internos superados en la región demuestra que la solución para la única guerra civil que queda en el continente es la salida política y no militar. Lo que la región necesita es paz, no más guerras.
Es una pena que la administración de Obama no haya considerado con más cuidado la reacción de la región frente a este acuerdo y tampoco las advertencias expresadas por los senadores estadounidenses Christopher Dodd y Patrick Leía en julio de este año. En una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, los senadores alertaron sobre “las graves implicaciones que este acuerdo tendrá para Estados Unidos, así como para la población civil de Colombia.”
El acuerdo, heredado del gobierno de Bush, hará difícil para el gobierno de Obama impulsar una nueva relación con la región. Sin embargo, no es demasiado tarde. El presidente Barack Obama todavía podría romper con las políticas militaristas de su predecesor; políticas que utilizaron como pretexto la “guerra contra el terror” y la “guerra contra las drogas” para imponer en la región visiones que le son ajenas.
Este acuerdo quizás permita cumplir con algunos objetivos del Comando Sur de Estados Unidos en la región y puede que fortalezca en Colombia a los aliados del Pentágono -al menos en el corto plazo- pero no contribuirá a la estabilidad, ni a la paz de Colombia, mucho menos del hemisferio.
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