sábado, 30 de agosto de 2008

COLOMBIA: Gobierno trata de “lavarse las manos” en genocidio contra la Unión Patriótica


Por:Hernán Durango

Bogotá- Mario Upegui, presidente del movimiento político Unión Patriótica UP, denunció que las autoridades colombianas tratan de “lavarse las manos” y evadir su responsabilidad en los crímenes cometidos por sus esbirros contra los dirigentes de esta colectividad de izquierda surgida en la década de los años ochenta tras los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y las FARC.

El dirigente Upecista y ex concejal de Bogotá denunció además y condenó que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez con el mayor cinismo desvía la atención y lanza versiones con el interés de descargar parte de la responsabilidad por el genocidio en la dirigencia de la UP o supuestas retaliaciones de las FARC para esconder la responsabilidad del estado.

Por eso tuvimos que romper los diálogos que adelantábamos en la mesa creada hace varios años a instancias de la Comisión Interamericana de derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA, donde cursa trámite la demanda impetrada por la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas a nombre de las direcciones de la UP y Partido Comunista Colombiano PCC, señaló Upegui al intervenir el viernes 29 de agosto en el acto conmemorativo de los 22 años del vil asesinato de los senadores de la UP Leonardo Posada Pedraza (Departamento de Santander) y Pedro Nel Jiménez (Departamento del Meta), realizado frente a la tumba en el Cementerio Central de la capital colombiana.

La muerte de los senadores Posada y Jiménez, ocurrida el 29 de agosto y 1 de septiembre del año 1986, respectivamente, abre el capitulo de sangre y muerte por obra del terror oficial contra parlamentarios, diputados, concejales, alcaldes y los miembros de las direcciones regionales de la recién creada agrupación política. En medio de la ola de asesinatos y atentados cayeron los candidatos presidenciales de UP Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. Se habla de mas de tres mil integrantes de la UP asesinados durante los últimos años. Muchos dirigentes e integrantes de la UP en varias regiones del país tuvieron que desplazarse a otros lugares dentro del territorio nacional o exiliarse para salvaguardar su integridad física. El terror contra los sectores de izquierda en Colombia no cesa, en Arauca fue asesinado el dirigente del PCC y UP, Luis Mayuza y hace exactamente un mes fue encontrado el cuerpo del sindicalista Guillermo Rivera Fúquene, quien fue torturado salvajemente hasta cegar su vida, por este crimen se acusa a elementos de la Policía Nacional. Según la Central Unitaria de Trabajadores la cifra de lideres sindicales en lo que va del año 2008 supera los 40.


Decenas de militantes y amigos del PCC y UP acompañaron a Reina de Posada e Iván Posada, madre y hermano, respectivamente, de Leonardo Posada. Como cada año se hace, llevándole flores a la tumba del dirigente juvenil universitario de U. Nacional que se trasladó a la ciudad petrolera de Barrancabermeja donde es apoyado por la comunidad y lo elige para importantes cargos públicos llegando a ocupar una curul en la Cámara de Representantes. En el Puerto petrolero es baleado por sicarios al servicio del gobierno.


No descansaremos en nuestra exigencia de real justicia, que exista la verdad y reparación integral para las víctimas de este genocidio político cometido por el terrorismo del estado colombiano, aseguró Mario Upegui.


Durante el acto también participó el Representante a la Cámara por el Polo Democrático, Wilson Borja Diaz, quien hizo un recuento acerca del surgimiento del paramilitarismo en Antioquia con el respaldo de las autoridades, partidos de la derecha, algunos ganaderos y terratenientes, grupos narcotraficantes y mandos militares y policiales. Situación ésta que se expandió siendo Gobernador de ese departamento el hoy presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.






viernes, 29 de agosto de 2008

"EL VICEPRESIDENTE SANTOS BUSCA LA FIEBRE EN LAS SÁBANAS"

"EL VICEPRESIDENTE SANTOS BUSCA LA FIEBRE EN LAS SÁBANAS"

Dice secretario general del Partido Comunista

Bogotá.- En respuesta a las declaraciones del vicepresidente Francisco Santos el día de ayer durante la firma del pacto por la transparencia en la Gobernación de Cundinamarca, donde acusó al Partido Comunista de haber promovido el uso de la violencia para defender ideas políticas y de haber creado las Farc, el secretario general de esa colectividad y concejal de Bogotá, Jaime Caycedo, declaró que el vicepresidente está tratando de "buscar la fiebre en las sábanas" y compartió la tesis de Rafael Pardo en el sentido de que el gobierno está tendiendo una cortina de humo para ocultar el estruendoso escándalo de los vínculos de algunos de sus miembros con el narcotráfico y las fuerzas paramilitares, autoras de uno de los genocidios más grandes de la historia contemporánea.


Afirmó que "resulta paradójico, por decir lo menos, que el señor vicepresidente tome la bandera de la paz y de la conciliación para invitar a su propio jefe, al poder judicial y a los partidos de oposición para deponer la animosidad y cesar los ataques y a renglón seguido lance una acusación temeraria y macartista para inculpar a nuestro partido, que además forma parte integrante del Polo Democrático Alternativo, de ser el instigador de las Farc. Lo que sí es cierto es que los comunistas han sido víctimas de las más increíbles persecuciones y sistemáticas aniquilaciones por parte de la oligarquía y de sectores de los partidos tradicionales", señaló Caycedo Turriago.


"El terrorismo de Estado contra los comunistas y la izquierda empezó mucho antes de la existencia de las Farc", señaló Caycedo Turriago.


Agregó que "tal parece que el arrinconamiento en que se encuentra el gobierno del presidente Uribe, producto de sus propias jugadas y de sus evidentes equivocaciones, ha producido además amnesia histórica en algunos de sus más connotados voceros. Ni el más despistado analista podría afirmar que el inicio de la violencia en Colombia puede atribuirse a las Farc y mucho menos al Partido Comunista Colombiano. Ni siquiera el origen de esa agrupación guerrillera tuvo influencia comunista, pues se trató de una genuina manifestación de defensa campesina frente a los ataques y la expropiación de tierras producida por los terratenientes de la época. Antes del surgimiento de la guerrilla, Colombia entera dio testimonio de las bárbaras cacerías contra los movimientos populares, contra prácticamente toda forma de protesta social, esas sí antecedidas de las más crueles expresiones de violencia ejercidas desde el Estado y desde los sectores del gran capital, como en el caso de la masacre de las bananeras de 1928 o las masacres del 9 de abril en Bogotá", dijo Caycedo.

"La cortina de humo de los últimos días es un intento desesperado del régimen por ocultar la autoría intelectual y el vínculo orgánico de poderosos sectores del empresariado y el gobierno con los aparatos narcoparamilitares".


"Santos se siente señalado por las dos puntas: como integrante de este gobierno e instigador de la formación del Bloque Capital y como copropietario del más grande consorcio mediático. El que un fiscal archive su caso, no lo exonera de responsabilidad en sus recurrentes justificaciones del genocidio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista".

"Desconocer y tergiversar la historia nacional se volvió el deporte favorito de estos aristócratas del dinero", señaló Caycedo Turriago.






miércoles, 27 de agosto de 2008

Amenazado de Muerte estudiante y representante estudiantil de la UCAUCA

Por Red DH "Francisco Isaias Cifuentes"

URGENTE

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

LA RED DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías Cifuentes”

ACCION URGENTE

En riesgo inminente la vida, seguridad personal e integridad física y psicológica de Estudiante Universitario, Representante Estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, integrante de la Coordinadora Estudiantil “Tuto González” y de la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, ante hostigamientos y amenaza de muerte.

En desarrollo de la autodenominada “Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social” y los componentes de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. El Estado Colombiano, despliega una guerra ideológica, judicial y militar, en contra de estudiantes universitarios y sus organizaciones, a través del accionar sistemático de sus instrumentos de represión y el accionar de sus fuerzas irregulares (narco paramilitares de las autodenominados Rastrojos).

DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:

Al suroccidente de Colombia, Departamento del Cauca, municipio de Popayán, en una zona con amplia presencia regular del Estado Colombiano con integrantes del Batallón de Infantería No. 8 “General José Hilario López”, perteneciente a la XXIX Brigada y adscritos a la III División del Ejército de Colombia e integrantes del Comando de Policía Cauca e irregular de Narco Paramilitares de los autodenominados “Rastrojos”. En desarrollo de la estrategia sistemática de terror y represión del Estado Colombiano, dirigida a la legitimación del ejercicio de la fuerza, la criminalización y el aniquilamiento de estudiantes indefensos; Un destacado dirigente estudiantil es hostigado y amenazado de muerte.

La Universidad del Cauca, centro educativo que ha afrontado el asesinato, la persecución política, el señalamiento y estigmatización de integrantes de la comunidad universitaria y sus organizaciones; En la actualidad, afronta graves hostigamientos y amenazas de muerte en contra de el estudiante universitario JHON EDUARDO JURADO.

Las organizaciones populares y sus líderes naturales, en el Departamento del Cauca, están en riesgo humanitario, al habitar y hacer presencia en una zona en donde el capital mundial tiene unos intereses bien definidos, los narco paramilitares autodenominados “rastrojos” han expresado tener el objetivo de limpiar la zona y el Estado Colombiano en cabeza del Presidente de la República desarrolla una campaña integral de represión, señalamiento, estigmatización y aniquilamiento sobre las expresiones populares que han mantenido una posición política crítica al régimen vigente y a las políticas, planes y proyectos de hambre y fortalecimiento del sistema del capital.

Por lo tanto, responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, al la Gobernación del Departamento del Cauca en Cabeza de GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ y a las fuerzas regulares (militares y de policía) e irregulares (Narco Paramilitares autodenominados rastrojos) del Estado Colombiano por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en contra de las organizaciones populares y sus líderes naturales, en el Departamento del Cauca.

HECHOS.

Al sur occidente de Colombia, Departamento del Cauca

Lunes 25 de Agosto de 2008

Municipio de Popayán, Barrio Santa Fe, Hogar del ciudadano colombiano JHON EDUARDO JURADO, cerca de las 8:05 de la noche. En momentos en que el señor JURADO, se aprestaba a descansar en su hogar, recibe una llamada telefónica (teléfono celular) en donde un individuo con acento valluno, al contestar le dice “Hijueputa de qué color quiere el ataúd… de qué color quiere las flores para enviarle el sentido pésame a su madre” e inmediatamente cuelga.

Es de resaltar que el ciudadano colombiano JHON EDUARDO JURADO, en varias ocasiones ha sido amenazado, ha sido objeto de seguimientos y hostigamientos. Y que el numero del cual lo llamaron no tiene registro (usuario desconocido)

ANTE EL TEMOR EXPRESAMENTE FUNDADO LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y SUS LIDERES NATURALES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, POR LA ARREMETIDA DE LAS FUERZAS REGULARES E IRREGULARES - NARCO PARAMILITARES - DEL ESTADO COLOMBIANO Y ANTE EL TEMOR DEL NÚCLEO FAMILIAR DEL CIUDADANO COLOMBIANO JHON EDUARDO JURADO

SEÑALANDO QUE

JHON EDUARDO JURADO, en la actualidad es estudiante de V semestre del programa Ingeniería Agropecuaria de la Universidad del Cauca y Representante Estudiantil ante el Consejo de Facultad de Ciencias Agropecuarias y hace parte de la Organización Gremial Estudiantil Coordinadora Estudiantil “Tuto González” y de la Coordinación Departamental Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano.

RESPONSABILIZAMOS

AL ESTADO COLOMBIANO, Y EN PARTICULAR AL MAYOR GENERAL JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ (III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA), AL COMANDANTE DE BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 8 “GENERAL JOSÉ HILARIO LÓPEZ”, Y AL CORONEL LUIS JOAQUÍN CAMACHO COMANDANTE DEL COMANDO DE POLICÍA CAUCA, POR LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DEL CIUDADANO COLOMBIANO JHON EDUARDO JURADO Y DE LOS INTEGRANTES DE SU NÚCLEO FAMILIAR, ASENTADOS EN LAS ZONAS DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES Y POLICIALES QUE DIRIGEN.

EXIGIMOS

Responsabilidad estatal frente a la vida y la seguridad personal del núcleo familiar y en particular por la vida, la seguridad personal y el derecho a la organización del ciudadano colombiano JHON EDUARDO JURADO

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• El cumplimiento de su mandato como veedores de que el Estado Colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos.

AL ESTADO COLOMBIANO
• El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

• Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las organizaciones populares y sus líderes naturales, en el Departamento del Cauca por parte de las Fuerzas regulares e irregulares del Estado Colombiano.

• Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y la libre organización de los Ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento del Cauca y en especial del ciudadano colombiano JHON EDUARDO JURADO y su núcleo familiar.

• Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, la libre movilidad y a la libre organización del ciudadano colombiano JHON EDUARDO JURADO y su núcleo familiar.

A LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA
• Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las organizaciones populares y sus líderes naturales, en el Departamento del Cauca por parte de las Fuerzas regulares e irregulares del Estado Colombiano.

• Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y a la organización de los Ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento del Cauca y en especial del ciudadano colombiano JHON EDUARDO JURADO y su núcleo familiar.

• Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, la libre movilidad y a la libre organización del ciudadano colombiano JHON EDUARDO JURADO y su núcleo familiar.


A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
• Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad y a la organización de los Ciudadanos integrantes de las organizaciones populares y sus líderes naturales en el Departamento del Cauca y en especial del ciudadano colombiano JHON EDUARDO JURADO y su núcleo familiar

• Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, la libre movilidad y a la libre organización del ciudadano colombiano JHON EDUARDO JURADO y su núcleo familiar.

SOLICITAMOS

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
• En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”
25 DE AGOSTO DE 2008

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co

FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co

JUAN MANUEL SANTOS
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co

CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co

MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÒN
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co

CARLOS FRANCO
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co

NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es

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martes, 26 de agosto de 2008

Dispositivos de desmonte de la universidad pública

A propósito de los informes de “riesgo” de la Defensoría y del Ministerio del Interior y Justicia sobre las universidades públicas de Bogotá


Frank Molano Camargo, Rigoberto Rueda Santos

Por su importancia para la comprensión de la actual crisis de la universidad pública en Colombia, reproducimos este artículo de los profesores Molano y Rueda.

1.Informes y lecturas en pugna sobre la universidad pública y sus conflictos

El 15 de diciembre de 2006, la Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como consecuencia del conflicto armado (Sistema de Alertas Tempranas - SAT), dio a conocer un análisis que caracteriza el riesgo por el conflicto armado en las cinco universidades públicas de Bogotá. Al comenzar el 2007 se conoció que sobre el Informe de la Defensoría, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), en el que están el Ministerio del Interior y Justicia y el Ministerio de Defensa, emitió un conjunto de recomendaciones destinadas a las directivas universitarias y que van en contravía de las propuestas y sugerencias de la Defensoría.

La Defensoría plantea que, a pesar de la presencia de expresiones del conflicto armado en las universidades, no es posible desdibujar su carácter público:

“La sociedad colombiana le ha dado a la universidad pública para facilitar el cumplimiento de sus tareas, el derecho a darse y modificar sus estatutos y reglamentos, a gobernarse con autonomía designando desde su propia entraña a sus autoridades académicas y administrativas; es de su propia naturaleza el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra, la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, la creación artística y la controversia ideológica y política, de crear, ordenar y desarrollar sus programas académicos y de extensión, definir y organizar sus políticas y labores formativas, seleccionar a sus profesores y empleados, admitir a sus alumnos y adoptar los correspondientes reglamentos, otorgar títulos, establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus misión social y su función institucional. La autonomía se extiende a la definición de los actos de gobierno de los órganos de la universidad” [1].

En consonancia con esta definición, la Defensoría reconoce que en los últimos tiempos se han intensificado elementos de orden discursivo y regulativo orientados a estigmatizar la divergencia, el pensamiento crítico, la organización y la protesta social en la Universidad.

“…en declaraciones públicas, agentes del estado y sectores de los medios de comunicación han identificado como ilegales las actividades de protesta desarrolladas por sectores de la comunidad universitaria, con el afán de estigmatizarlos públicamente, por el solo hecho de defender el carácter de la universidad, y lo socialmente conseguido para ella. Estas manifestaciones, expresadas en contextos de violencia política, fuerte polarización o alta conflictividad social, emiten un mensaje equivocado a los actores armados ilegales, quienes, hipotéticamente hablando, encontrarían en estas declaraciones razones y justificaciones para determinar equivocadamente que los claustros universitarios son un escenario en disputa o un territorio en guerra, y en consecuencia se sentirían habilitados para atentar contra la población en riesgo…” [2].

Por esto, la Defensoría plantea mecanismos que posibilitan abordar la problemática del conflicto en las universidades, sin menoscabo de su carácter público y autónomo. Esto es evidente en varias de las recomendaciones propuestas por la Defensoría.

“2.- A las autoridades universitarias y de Bienestar Universitario coordinar con las entidades del estado, encargadas de la protección de los derechos fundamentales, adoptar los planes o medidas, previamente concertadas con la comunidad universitaria, para la seguridad de los líderes estudiantiles, trabajadores y docentes.

4.- A las autoridades universitarias para el fortalecimiento institucional: promover escenarios y mecanismos de coordinación interinstitucional, en especial gobierno universitario y ministerio público; adoptar medidas para fortalecer los niveles de autonomía universitaria y la participación democrática de la comunidad universitaria en los asuntos que los afectan; promover programas para la difusión, el respeto y realización de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario.

5.- A la autoridad universitaria, para el fortalecimiento social de la comunidad: Desarrollar procesos participativos con la comunidad universitaria para la elaboración de planes de prevención; implementar acciones de reconocimiento y apoyo a procesos organizativos de la comunidad universitaria; brindar garantías para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la comunidad universitaria; promover mecanismos para la resolución pacifica de conflictos, en especial estimular el fortalecimiento y la creación de espacios que permitan la regulación de conflictos intrauniversitarios [3].

Como respuesta a este informe, el CIAT propuso otro informe y otras conclusiones, orientadas al recorte de la autonomía universitaria y que centran en la aplicación de medidas represivas contrarias a la garantía del derecho a la educación: militarización de las universidades públicas, infiltración de agentes de los organismos de inteligencia, ampliación de la red de informantes entre docentes, trabajadores y estudiantes, sembrando desconfianza y temor y amordazando el pensamiento disidente en el seno de una comunidad deliberativa y crítica por excelencia.

El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, cuestionó estas medidas represivas que desconocen el espíritu del informe de la Defensoría. “Nos preocupó mucho que se pudiera acudir a un mecanismo de esas características, propios de la inteligencia y de algunos organismos del estado, para los centros universitarios” [4].

Pero lo que hace el CIAT es institucionalizar el discurso de estigmatización y las propuestas de represión que desde el presidente y el vicepresidente de la República [5], pasando por las fuerzas de seguridad del estado [6], hasta directivas universitarias comparten.

El Informe del CIAT es sintomático de un plan de largo alcance cuya intencionalidad es el desmonte del proyecto histórico de universidad pública: carácter público, laico, garante de la libertad de cátedra, con autonomía y responsabilidad financiera estatal, defensora del cogobierno y la extraterritorialidad.
2.Dispositivos de desmonte de la universidad pública

El modelo que busca reemplazar la universidad pública es impulsado por dos fuerzas complementarias: el mercado y la “seguridad democrática”. Los dispositivos de desmonte operan como instrumentos y lógicas de ordenamiento y producción de una manera distinta de ser y hacer en la universidad. Tales dispositivos son:

- Criminalización: tratamiento del universitario disidente como enemigo interno, como “otro” peligroso

Este dispositivo descansa en las doctrinas de contrainsurgencia, que consideran que las diversas formas de oposición y crítica al orden imperante son “virus” ajenos a la universidad. La disidencia se entiende como infiltración externa “que provoca en el organismo social un tumor, un cáncer, que debe ser extirpado, es decir, eliminado, suprimido, aniquilado” [7]. Se asume como campo enemigo el espacio universitario y como enemigos internos a los universitarios.

En este sentido, el espacio de la universidad pública, y en general el de los jóvenes, es tratado por las fuerzas de seguridad del estado, por las fuerzas paramilitares y por numerosos directivos universitarios como territorio enemigo, en el que los cuerpos, los gestos, las palabras y el pensamiento disidente deben ser examinados, vigilados y luego expiados (represivamente) de toda culpa. Esto justifica las sanciones disciplinarias para quienes incumplan la normatividad que pasa de la regulación a la represión.

En nombre del orden, la paz y la democracia, se emprende la depuración ideológica a partir del nombramiento de autoridades encargadas de excluir a docentes, trabajadores y representantes estudiantiles; así como las condiciones consideradas propicias al desorden y la subversión (lecturas, actividades culturales, grupos de trabajo e investigación) incrementando, oficialmente, la delación y judicialización de maestros y estudiantes “sospechosos”, y extraoficialmente las amenazas, asesinatos y terror por parte de paramilitares u otras fuerzas de esta índole.

Diversos agentes sociales sugieren que el “territorio enemigo” sea militarizado, y que las dinámicas académicas se desarrollen bajo el ejercicio severo de la vigilancia y la obediencia [8].

- Despolitización: espacios y tiempos universitarios gestionados “eficiente” y tecnocráticamente

Simultáneamente a la criminalización, se produce el desmonte de los elementos críticos construidos en la universidad pública. Esto se logra con la transferencia de las lógicas de la universidad privada a la dinámica de lo público. La despolitización desintegra el proyecto nacional y democrático de universidad pública, impulsando una división entre universidades de excelencia (o de investigación), universidades profesionalizantes y universidades técnicas y tecnológicas, con el argumento de que la tarea básica y única del sistema universitario es aportar a la formación de recursos profesionales que incidan en el desarrollo económico nacional.

Paro esto se copta, como operadores políticos de este tipo de universidad, a docentes y autoridades académicas, que con anterioridad habían manifestado posturas críticas o pertenecían a sectores progresistas. El modelo les ofrece incentivos y seguridades del tamaño de sus ambiciones, que el pensamiento crítico no puede ni aspira a saciar.

La despolitización del espacio universitario y su reemplazo por la eficiencia, reduce la relación social del estudiar al esencialismo instrumental de recibir clase. Por eso se perciben como contrarias a la universidad las posturas críticas, los murales, las asambleas, las marchas.

- Mercantilización: el sistema universitario se convierte en un servicio comercializable

El Plan Nacional de Desarrollo y la “revolución educativa” de Uribe profundizaron el ajuste neoliberal de la universidad pública, defendiendo e implementando las políticas neocoloniales impulsadas por la Organización Mundial del Comercio para la comercialización internacional de los servicios educativos, empezando un giro para convertir las universidades en empresas rentables (o en su defecto inviabilizarlas, cerrarlas y venderlas), autofinanciadas, generadoras de excedentes, cumplidoras de las metas de calidad y cobertura y sometidas a la vigilancia estatal-global del control de estándares de calidad. Esto desnacionaliza la agenda educativa, y con esto se busca que sean las fuerzas del mercado las que orienten, sin ningún cuestionamiento, los procesos académicos, investigativos y administrativos de las universidades.

Un primer elemento de la mercantilización es la reorientación de la financiación del sistema público universitario, la “Visión 2019” de Uribe Vélez afirma que la universidad pública es “financiada atendiendo a criterios históricos, que son insensibles al desempeño de las instituciones, a su grado de eficiencia, a la pertinencia de sus programas, a los resultados de la acreditación o a cualquier otro factor que pudiera inducir a las universidades a mejorar su desempeño. Este financiamiento inercial (con un aumento automático del gasto de año a año, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 30 de 1992) hace que el estado entregue recursos pero no tenga control sobre ellos” [9]. Esto es justificado con el argumento que el sistema de financiación favorece la inequidad: los estratos altos van a las instituciones oficiales y los bajos a las instituciones privadas.

De ahí que la propuesta sea que los nuevos mecanismos de financiación sean:

- la asignación presupuestal según evaluación de la calidad: resultados;
- ampliación del crédito estatal a las instituciones (públicas o privadas), pues esto moviliza recursos hacia el sector privado que está atendiendo a la población pobres;
- retribución de egresados según sus ingresos, y mayor participación de entidades territoriales.

Un segundo elemento de la mercantilización es la creación de un mercado educativo que atienda a las necesidades del empresariado (los grupos monopólicos criollos y multinacionales). La educación superior debe ofrecer programas “como respuesta directa a las necesidades del sector productivo”, estructurando los currículos por competencias en los programas técnicos y tecnológicos. Las áreas claves que le reclama el modelo económico son: biodiversidad y los recursos genéticos, biotecnología e innovación agroalimentaria y agroindustrial, enfermedades infecciosas prevalentes en áreas tropicales, los materiales avanzados y la nanotecnología. También áreas donde se están produciendo grandes transformaciones tecnológicas, como telecomunicaciones, metalmecánica y electrónica.

Aquí se plantea una estructura dual y jerarquizada: por una parte, la universidad de excelencia, encargada de la formación de doctores y la preparación de personas que puedan dedicarse a dichas actividades; por otra parte, la preparación de profesionales, técnicos, tecnólogos y personal calificado que demandará el sector productivo en un contexto de libre comercio internacional.

El tercer elemento de la mercantilización es la gestión eficiente: cumplimiento de estándares, competencias, evaluación, cobertura, autofinanciación.

La tarea es desactivar los dispositivos de desmonte para producir una propuesta de reforma universitaria democrática

La tarea es de trabajo colectivo y el reto es la defensa de la existencia de la universidad como espacio social construido como público, democrático, laico, pluralista, abierto al pensamiento universal y a los otros saberes. Eso es lo que está en juego. Para garantizar su continuidad, se requiere la acumulación de fuerza social universitaria que pueda producir la desactivación de los dispositivos que atentan contra la universidad pública y la construcción de un proyecto alternativo a partir de una reforma universitaria democrática, que propugne por nuevos modelos en la gestión, la academia, la investigación, la relación con la sociedad y el mundo, como postura capaz de confrontar la mercantilización y con la exigencia al estado y a las directivas universitarias del respeto a la vida, a la libertad de pensamiento y a la libertad de organización y movilización.

Bogotá, D.C.
Marzo de 2007

[1] Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Informe de riesgo No. 048-06. Bogotá. D. C. 15 de diciembre de 2006. p. 5.

[2] Ibid. p. 3.

[3] Ibid. p. 10

[4] Gobierno estudia propuesta para infiltrar detectives en universidades públicas

[5]“…yo estudié en la universidad pública oyendo a mis profesores marxistas crear esta polarización, infundir estos odios, ¿y entonces que lograron? Cuatro generaciones de colombianos perdidas”. Álvaro Uribe Vélez. Conferencia a estudiantes de la Universidad Javeriana. Mayo 2006.

[6] “En universidades como la Nacional, la Pedagógica y la Distrital se meten unos bandidos que son terroristas y hay que capturarlos”. Jorge Daniel Castro. Director Nacional de la Policía. Declaraciones a la prensa. Mayo. 2006

[7]Ruy Mauro Marini. El Estado de Contrainsurgencia. Cuadernos Políticos, México, Ediciones ERA 1978

[8] En este sentido es alarmante que en la Universidad Pedagógica Nacional, se considere que la garantía de los derechos humanos se puede resolver entregando la seguridad al ejército. “Bajo este entendido y a propósito del informe de riesgo precitado, se debe resaltar que las recomendaciones allí consignadas en materia de seguridad se han concretado en acciones emprendidas por las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, que a través de la comandancia del Batallón de Policía Militar No. 15 Bacatá, ha asumido el conocimiento del asunto tomando medidas específicas respecto al personal que ha requerido la protección de sus derechos…”. Carta de Sergio Pinillos Cabrales, jefe de Oficina Jurídica. Bogotá, 7 de febrero de 2007.

[9] Ministerio de Educación Nacional. (2006). Visión 2019. Educación Propuesta para discusión. p. 53.


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Mensaje de Solidaridad a la Caravana Internacional de Juristas en Colombia

Desde los Estados Unidos les enviamos saludos a las y los organizadores y participantes


Centro de Acción Internacional

Fundado por Ramsey Clark

5C - Solidarity Center - 55 West 17th Street - New York, N.Y. 10011

212-633-6646 - fax 212-633-2889

IACenter@action-mail.org; En Español: IAC-CAI@action-mail.org www.IACenter.org



lunes, 25 de agosto de 2008

Mensaje a la Caravana Internacional de Juristas:

Desde los Estados Unidos les enviamos saludos a las y los organizadores y participantes de la
Caravana Internacional de Juristas que se realizará en Colombia del 25 al 29 de agosto.

Desafortunadamente no podremos estar presentes en este momento tan importante para exponer la situación que enfrentan los/as abogados/as colombianos/as.

Particularmente aquellos/as comprometidos/as con la defensa de los derechos humanos y laborales en su país.


Sin embargo, una vez que la información reunida por la Caravana esté disponible, nos aseguraremos que esta sea diseminada ampliamente como nos sea posible en los Estados Unidos.


Hemos observado con horror, por medio de reportes escritos y audiovisuales, cómo los derechos
humanos están siendo violados bajo la política de la llamada “Seguridad Democrática” que preservalos derechos de los violadores sobre los de sus víctimas. Cómo leyes han sido creadas como aquella que eufemísticamente se llama de “Justicia y Paz” pero que no ha traído ni Justicia ni Paz para lamayoría de los colombianos y colombianas, pero sí más impunidad para los sanguinariosparamilitares responsables de incontables masacres.


Cómo de acuerdo al testimonio del abogado Jorge Enrique Gómez, pasado Defensor del Pueblo en
el Magdalena Medio, el lecho de muchos ríos en Colombia están cubiertos con los cuerpos deaquellos quienes hasta este día son parte de los miles de desaparecidos y desaparecidas, víctimas delterror estatal y paramilitar.

Desapariciones, desplazamientos, falsos positivos, asesinatos selectivos, arrestos ilegales, y tantas
injusticias y violaciones que no han sido investigadas, ni los violadores han sido castigados. Esto esrealmente una falta de justicia.

También acusamos no solo a la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en abierta violación a los Principios Básicos Sobre la Función de los Abogados en muchas ocasiones ha acusado públicamente a los defensores de los derechos humanos de servir a la causa del terrorismo,sino también al gobierno de los Estados Unidos, que bajo el Plan Colombia ha financiado una guerra en contra del pueblo colombiano, con el pretexto de lanzar una guerra contra las drogas.

Queremos nuevamente saludar a las y los organizadores de esta Caravana, quienes con el riesgo que esto implica para sus vidas y la de sus familiares, han tomado esta tarea para el beneficio del pueblo de Colombia.

Solidariamente,

Ramsey Clark

Claudia H. Morcom, Jueza Retirada de la Corte de Circuito del Condado de Wayne,

miembra de la AIAD (Asociación Internacional de Abogados Democráticos), Detroit, MI

Vanessa Ramos, Presidenta Asociación Americana de Juristas

Heidi Boghosian, Directora Ejecutiva del National Lawyers Guild (Asociación Nacional de Abogados)

Jitendra Charma, Presidente, Asociación Internacional de Abogados Democráticos

Jeanne Mirer, Secretaria General, Asociación Internacional de Abogados Democráticos

Julie Fry
Vice Presidenta Alterna de la Asociación de Abogados de Legal Aid (Ayuda Legal)
Local 2325 UAW (Sindicato de Trabajadores del Automóvil)

Jerome D. Goldberg, Abogado, Detroit, MI

Joaquina Rodriguez, Abogada, Texas

Asociación Americana de Juristas

International Association of Democratic Lawyers (Asociación Internacional de AbogadosDemocráticos)

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lunes, 25 de agosto de 2008

Un Fiscal sin carácter

Si los medios no hubieran revelado las cintas, muy probablemente el hermano del ministro de justicia andaría en Tunja, despachando como si nada
Por María Jimena Duzán. Semana

El mentalista Armando Martí llegó a decir del fiscal Mario Iguarán que su temple era de tal dimensión que, según su bola de cristal, él estaba predestinado a ser el hombre indicado para conseguir la paz entre el Tíbet y China.

Lamentablemente, debo decir que luego de tres años al frente del potro de la Fiscalía, las evidencias de que el síquico se pifió con esta predicción son abrumadoras. Comenzando, desde luego, por el tamaño tibetano de su temple.

Si hay algo que le ha faltado a este fiscal es carácter, aunque hay que reconocer que en sus momentos de inspiración ha tomado medidas valientes como la de reabrir la investigación por los desaparecidos del Palacio de Justicia o la de vincular a los militares que actuaron en la masacre de San José de Apartadó.

Si Iguarán fuera en realidad un fiscal con carácter, habría destituido a Guillermo León Valencia Cossio antes, y no después, de que Cambio revelara unas grabaciones que lo dejan muy mal parado ante el país -diálogos que, bueno es decirlo, sonrojarían hasta a los libretistas de El Cartel de los Sapos.

-Al haberlo hecho expost facto, dejó la impresión de que su fiscalía sólo actúa cuando los medios entran en el baile y que si no hubieran revelado las cintas, el fiscal Iguarán no habría tenido los pantalones para destituirlo: muy probablemente el hermano del Ministro del Interior y de Justicia andaría hoy en Tunja, despachando como si nada, preparando su defensa desde un poderoso puesto público, a costa del dinero de los sufridos contribuyentes.

Si es cierto, como dice Iguarán, que él no conocía esas grabaciones -sobra decir que su existencia era vox populi en la Fiscalía-, queda como un fiscal inepto. Y si sabía de ellas, su reacción tardía da para pensar que se asustó con el poder avasallador de los Valencia Cossio.

Lo dramático es que esta no es la primera vez que el Fiscal deja la impresión de ser un hombre sin carácter. Ya desde el episodio olvidado del brujo, el país se había dado cuenta de que Mario Iguarán tenía serios problemas en ese sentido.

El país lo perdonó, pero él no aprendió su lección y en la medida en que los nexos con los paramilitares tocaban a funcionarios o políticos allegados al gobierno del cual él había sido viceministro de justicia, su condición de Fiscal de bolsillo se fue afinando.

Fue entonces cuando vino el caso Noguera, el ex director del DAS acusado de tener vínculos con los paras. Iguarán, argumentando fallas procedimentales, lo dejó en libertad.

Con esos antecedentes, era de esperar que muchos de los para-políticos vinculados por la Corte Suprema hubieran renunciado al fuero y se dirigieran a la Fiscalía con la esperanza de que por esa vía pudieran salir tan bien librados como Noguera Y no se equivocaron.

Ahí está el caso del representante de Sucre Jairo Merlano, el primer para-político en renunciar a su fuero. Fue acusado por la Fiscalía y en el juicio el juez lo exoneró por falta de pruebas.

Aunque la Fiscalía apeló, quedó en el ambiente que o bien la acusación no estuvo bien sustentada o no se peleó con el perrenque debido, ya que por ese mismo caso, la representante de Sucre Muriel Benito Rebollo se acogió a sentencia anticipada y confesó sus crímenes ante la Corte Suprema de Justicia.

En el caso de Mario Uribe, primo hermano del Presidente, la actuación de la Fiscalía también presenta varias dudas. Primero, un fiscal delegado ante la Corte lo mete preso, y luego, meses después, el vicefiscal Mendoza, en segunda instancia, lo libera con el argumento de que esas pruebas no eran suficientes para encarcelarlo.

Se desestima la versión de Mancuso por confusa y la de 'Pitirri' por tratarse de un bandido de muy mala reputación, como si en estos procesos los testimonios los dieran las hermanitas de la caridad. Tal como vamos, lo más probable es que en pocas semanas se ordene la preclusión del proceso contra Mario Uribe y quede blindado para siempre, como sucedió con la investigación del general Rito Alejo, por paramilitarismo, precluida en la administración de Osorio.

A propósito: ¿por qué el fiscal -a pesar de que hay pruebas distintas sobre hechos diferentes a esa preclusión- no le ha abierto a ese general una investigación? ¿Por qué no se la abrió a Mario Uribe ni a Santiago Uribe por el episodio del montaje de 'Tasmania' hecho contra un magistrado de la Corte?

Puede que la actuación del Fiscal no encienda alarmas ni produzca mayor debate en el país. Pero algo me dice que Iguarán se va a ver a gatas para contestar las preguntas del fiscal de la Corte Penal Internacional cuando le indague esta semana por esas zonas grises de su gestión.
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jueves, 21 de agosto de 2008

CONCEJAL JAIME CAYCEDO PIDE A PROCURADOR GENERAL INVESTIGAR SEGUIMIENTO IRREGULAR HECHO POR DIJIN

BOLETÍN DE PRENSA


CONCEJAL JAIME CAYCEDO PIDE A PROCURADOR GENERAL INVESTIGAR SEGUIMIENTO IRREGULAR HECHO POR DIJIN


*En las horas de la tarde del martes 19 de agosto, fue seguido irregularmente por miembros de la Dijin, quienes argumentaron que se trataba de la persecución a un narcotraficante.
*Varios de los vehículos involucrados en el supuesto operativo huyeron al ser confrontados por el concejal.

Bogotá.- En queja dirigida al Procurador General de la Nación, el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caycedo Turriago solicitó la apertura de una investigación rigurosa sobre los hechos ocurridos en horas de la tarde del pasado martes 19 de agosto, cuando el esquema de seguridad asignado a él por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detectó el seguimiento sospechoso de varios vehículos y una motocicleta, el cual finalmente se pudo confirmar con la intervención de agentes del DAS.

En efecto, al salir del recinto del Concejo Distrital y en camino a la sede de su partido varios vehículos, entre ellos dos taxis, un sprint de color gris y una moto, lo siguieron de cerca y de forma alternada. Más tarde, los mismos vehículos continuaron el acecho mientras se dirigía a su residencia, momento en el cual el concejal Caycedo decidió enfrentar a los ocupantes de los vehículos, resultando que se trataba de miembros de la Dijin (organismo adscrito a la Dirección Nacional de la Policía) quienes increpados por miembros del DAS se identificaron y afirmaron que se trataba de un supuesto seguimiento a un narcotraficante.

"Lo extraño del asunto es que los seis ocupantes de los dos taxis se dieron a la fuga, siendo que formaban parte del mismo supuesto operativo. Asombra que entre los aparatos de seguridad del Estado ni se coordinen ni se informen entre sí. Asombra que la propia Policía carezca de coordinación entre la dirección nacional, la policía metropolitana y el numeroso destacamento de seguridad que atiende el Concejo de Bogotá. Pero, sobre todo, asombra que un concejal de la ciudad sea objeto de un operativo semejante y se me diga que simplemente se trató de un error, con excusas absolutamente fantásticas", dijo Caycedo Turriago, quien a su vez es secretario general del Partido Comunista Colombiano.

Señaló que el argumento dado por el oficial de la Dijin no tiene asidero puesto que Caycedo se desplazaba en un vehículo adscrito al Concejo de la ciudad, acompañado por un policía uniformado en moto, saliendo además de las instalaciones del Concejo.

Afirmó enfáticamente que "esta clase de excusas relacionadas con operativos contra delincuentes han sido las mismas esgrimidas en otros casos vinculados a amenazas y presiones contra Iván Cepeda, del Movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado y el abogado Miguel González, defensor de presos políticos, quien tuvo que abandonar el país por amenazas contra su vida. Sabemos también que un operativo semejante estuvo en la preparación logística de la desaparición del sindicalista Guillermo Rivera Fúquene, posteriormente ejecutado extrajudicialmente. Todo esto, sin dejar de mencionar los allanamientos ilegales, disfrazados de asaltos a residencias y oficinas de líderes estudiantiles y de la oposición, justificados por las autoridades de policía con origen en supuestas bandas criminales que curiosamente no roban objetos de valor, sino discos duros y computadores portátiles, es decir, información presuntamente usada para alimentar los procesos políticos contra parlamentarios y dirigentes de la izquierda", dijo Caycedo.

En la queja dirigida al Procurador General de la Nación, el concejal del Polo Democrático Alternativo reclamó el esclarecimiento pronto y efectivo acerca del papel que están cumpliendo estructuras del Estado en operaciones encubiertas o semi-encubiertas, cuya directriz operativa está dando al traste con los derechos constitucionales, las libertades políticas y públicas y los derechos humanos.

miércoles, 20 de agosto de 2008

El “rosquero mayor”

Por: Patricia Lara Salive
ESTE ES PARTE DEL ‘ROSCOGRAMA’ que, según El Espectador del 29 de junio, existía entre el Gobierno y los congresistas cuando se aprobó la reelección, el cual era tolerado y, probablemente, organizado por quien puede ser galardonado como el “rosquero mayor”, el mismo que basó su primera campaña presidencial en acabar con “la corrupción y la politiquería” y que ahora denuncia que hay un ‘roscograma’ en la justicia:

Mauricio Pimiento: su hermana trabajaba en el consulado en Chicago y su hermano en el Seguro Social. Hernán Andrade Serrano: su esposa ocupaba un cargo Invima. Manuel Díaz Jimeno: su padre era cónsul en Aruba y su hermano en Guatemala. Álvaro Alfonso García Romero: un pariente trabajaba en el servicio exterior. Enrique Gómez Hurtado: su hijo era embajador en París. Salomón de Jesús Saade Abdala: su hijo era vicecónsul.

Piedad Zuccardi de García: un familiar trabajaba en el servicio exterior. Alfonso Angarita Baracaldo: su hijo había sido nombrado cónsul en Caracas. Juan Gómez Martínez: un sobrino era cónsul en Boston y su hijo había sido cónsul en Chicago. María Isabel Mejía: su hermana era embajadora en Alemania. Mario Varón Olarte: su hija trabajaba en la diplomacia. Jairo Clopatofsky Ghisays: su hermano había sido nombrado cónsul en Polonia. Jairo Merlano Fernández: un familiar en segundo grado de afinidad era liquidador del Fondo Nacional de Regalías. Flor Gnecco Arregocés: una prima y sus cuñadas trabajaban en el Seguro Social. León Puello Chamié: su esposa estaba vinculada al Seguro Social y era asesora de la Gerencia Regional Bolívar.

José Darío Salazar Cruz: su hermano trabajaba en la Electrificadora del Cauca y su hermana en el Fondo Nacional de Regalías. Ciro Ramírez Pinzón: su hermano laboraba en el Instituto Nacional Penitenciario. Eduardo Benítez Maldonado: su sobrina tenía un contrato de prestación de servicios como odontóloga en la ESE Francisco de Paula Santander. Guillermo Gaviria Zapata: su hija trabajaba en Ferrovías. Jaime Bravo Motta: una integrante de su lista fue nombrada en la Red de Solidaridad en el Huila. Juan Carlos Restrepo Escobar: su cónyuge era funcionaria de Ferrovías. Mario Salomón Náder Muskus: su hermana era Notaria en Barranquilla. Luis Emilio Sierra Grajales: su esposa era odontóloga del Seguro Social. Álvaro Araújo Castro: su hermana era Ministra de Cultura. Nancy Patricia Gutiérrez: su hermana trabajaba en el servicio consular en Estados Unidos.

Adalberto Jaimes Ochoa: dos hermanas eran funcionarias de Telecom y del Seguro Social. Zamir Silva Amín: su cuñada era cónsul. Óscar Arboleda: un familiar trabajaba en Findeter. Roberto Camacho: su cuñado era vicepresidente de crédito del Banco Agrario. Jaime Amín: su prima era contratista del ISS de Barranquilla. Joaquín Vives: su primo en cuarto grado de consanguinidad era el viceministro del Interior, Juan Carlos Vives Menotti. Carlos Alberto Zuluaga Díaz: su segundo renglón era vicecónsul en Panamá. Luis Fernando Almario: un hermano trabajaba en el servicio exterior. Héctor Arango: su hija tenía un contrato de prestación de servicios con el Gobierno. Faltan muchos más, pero se me coparon los 3.500 caracteres.
* * *
Dos tristes despedidas: Orlando Fals Borda, no sólo el padre de la sociología en Colombia, sino el mejor ser humano, cálido, amable, generoso, tierno, con sentido del humor. ¡Cómo va a hacer de falta el maestro! Y Fanny Mikey, una locomotora de la cultura y una enamorada de la vida.








Contratación en Nueva EPS quebraría a hospitales públicos


Una maroma en la contratación de la Nueva EPS, que reemplazó al Instituto de Seguros Sociales, dejará a los hospitales del Valle del Cauca camino a la quiebra. A un cierre antes de seis meses, denunció el Gobernador del Departamento, Juan Carlos Abadía.

En el nuevo esquema, la Nueva EPS entrega la atención ambulatoria a contratistas partículares que están abriendo en casitas y bodegas sus oficinas de atención al público y le dejan a los hospitales públicos las urgencias y las asistencias médicas entre las siete de la noche y las siete de la mañana.

"Mejor dicho, nos dejan el hueso, porque los hospitales deben atender las urgencias y pagarle a sus empleados recargos nocturnos, dominicales , festivos y todas las prestaciones de ley, mientras los contratistas partículares, se llevarán la carne del negocio, atendiendo de lunes a viernes en horas de oficina", añadió el mandatario regional.

A su turno, Héctor Fabio Useche, Secretario de Salud del Valle, reveló que los primeros que entrarían en crisis serían los hospitales de Zarzal y Guacarí. Al primer centro asistencial público le recortaron la contratación equivalente a mil 440 millones de pesos al año, mientras que al segundo se le redujo en cerca de 500 millones de pesos.

"Medidas de esta naturaleza garantizan que los hospitales públicos no podrán operar, porque con esos dineros se paga la nómina de sus empleados", manifestó el funcionario.

El gobernador Juan Carlos Abadía dijo que si bien es cierto se contrata con los hospitales, se les despoja de los pocos recursos que garantizan la subsistencia y se le entrega el servicio a partículares, sin experiencia asistencial ,y en lugares inadecuados.

El mandatario regional reclamó la intervención del presidente Alvaro Uribe, asegurando que es mejor adoptar acciones inmediatas, antes de que comencemos a comprobar que la Nueva Eps, ademàs de reemplazar al Seguro Social, también podrá cerrar los hospitales públicos.
Fuente

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Estudiantes del Sena se tomaron la Plaza de Bolívar


Alumnos del Sena protestaron por un proyecto de ley que busca recortar los recursos de la institución educativa. La idea es ingresar al Congreso y exponer sus peticiones.

Según los estudiantes, el recorte del presupuesto al Sena estaría por encima de los 280 mil millones de pesos, según el proyecto de ley 1128 de 2007, que actualmente cursa en el Congreso de la República.

Desde las cindo de la mañana, más de un centenar de alumnos iniciaron la manifestación en la carrera 13 con Avenida y poco a poco fueron congregando más personas.

Aproximadamente 300 llegaron hacia las nueve de la mañana a la Plaza de Bolívar, donde se reunieron alumnos de todas las sedes de la capital.

Durante el recorrido a la plaza, los estudiantes lograron bloquear durante varios minutos uno de los carriles deTransmilenio, por lo que tuvieron que actuar los antimotines para recuperar la vía.

Hacia el medio día se disolvió la concentración y los voceros de los estudiantes esperan que los congresistas los reciban para exponer sus sugerencias ante todos los parlamentarios.




martes, 19 de agosto de 2008

Familia de soldado que murió en el operativo que abatió a “Raúl Reyes” pide investigar su muerte


La familia del único militar muerto en la operación que abatió a Raúl Reyes en Ecuador, dijo que pedirá que el cadáver del soldado Carlos Edilson Hernández sea exhumado para que una autopsia independiente determine las causas de su muerte...

los familiares están llenos de dudas porque se informó inicialmente que el soldado profesional había muerto en combate, después que lo había matado un árbol y el cuerpo presenta un orificio que para los seres queridos de Carlos Edilson Hernández no tiene ninguna explicación.

La familia del soldado Carlos Edilson Hernández, el único militar muerto durante la operación en la que fue abatido el guerrillero Raúl Reyes, solicitó exhumar el cadáver del uniformado porque han pasado más de cinco meses y todavía no sabe de qué murió.

“El caso se le entrega a un abogado y vamos a solicitar la exhumación del cadáver”
Esta fotografía, tomada por el hermano del soldado, hace pensar a la familia que no habría sido un árbol el que causó la muerte de Hernández.

“Yo fui reservista, y para mí hay algo que no me ha quedado claro ni a mi familia, él tenía un orificio bajo la papada, este orificio me dijeron que eso era una traqueotomía que le habían hecho… se hace acá al lado de la tráquea”.

Además quieren que las autoridades determinen si esta marca corresponde a un tatuaje como los que deja un disparo.

“Aparece como un quemón al lado… Haber ingresado una bala en el cuerpo de él, tendría que haber salido perforando la nariz. En la nariz yo vi como una especie de una rasgada pero como a él lo prepararon y lo maquillaron”.
Los superiores del soldado siempre dijeron a sus padres que Carlos fue uno de los mejores, por eso ellos no entienden por qué un simple árbol le pudo haber causado la muerte. Ahora prefieren el dolor retirando de su tumba el cuerpo del militar, a tener que soportar la incertidumbre por el resto de sus vidas.

Mientras tanto, recuerdan con los archivos personales del comando, sus últimos entrenamientos y despliegues en operaciones que durante más de 10 años, lo convirtieron en uno de los mejores.

lunes, 18 de agosto de 2008

Cuba olímpica


Por Nuria Barbosa León, periodista de Radio Progreso y Radio Habana Cuba

Ser cubano es un privilegio, y en época de olimpiadas, este sentido de identidad se exacerba aún más porque vibran los corazones y el fluir de la sangre se siente a un ritmo acelerado cuando las camisetas sudadas defienden una medalla para la Isla.

La señal de televisión y radio están a disposición del espectáculo deportivo las 24 horas persiguiendo la participación de la delegación cubana. No es raro ver las calles vacías y las guaguas sin pasajeros cuando un partido importante se disputa.

Las discusiones son frecuentes en centros laborales y en todo lugar con aglomeración de público, hay quien demuestra sus dotes teóricos en la dirección de equipo ó como jueces. A todas luces se ve una gran cultura deportiva en el argot popular de la Mayor de las Antillas.

Grandes disgustos y polémicas subidas de tono se observan cuando una decisión arbitral es injusta, más cuando se trata de jugadas limpias y se pone en evidencia la honestidad de los jueces, que presumimos cumplen mandatos políticos.

El plato fuerte son los partidos de béisbol y de voleibol femenino, cada carrera o tanto se disfruta con gran algarabía callejera y los gritos en horas de la madrugada, --cuando hay transmisión en vivo--, rompen el silencio de la noche y parece una complicidad concertada cuando sólo es espontánea.

Lo impresionante es ver el coraje de los atletas del Caimán Caribeño que con dignidad compiten con rivales muy superiores a ellos porque sus países derrochan recursos en sus entrenamientos.

Es cierto que el estado cubano se preocupa y atiende al atleta de alto rendimiento e invierte grandes sumas en la formación de los deportistas, pero debemos decir que pululan las instalaciones deportivas en mal estado, sobre todo las piscinas, también la escasez de implementos deportivos (muy costosos para países subdesarrollados), y los vestuarios y coloridos para los eventos nacionales.

Las escuelas de iniciación deportiva necesitan de reparación capital en sus áreas y muchas áreas y estadios en el interior del país son construidos por esfuerzo propio de los pobladores del lugar.

Algo que golpea grandemente es la poca participación de Cuba en topes internacionales para el fogueo necesario y la acumulación de puntos en los ranking por especialidades para clasificar en mejores posiciones.

Pero es válido destacar, el programa de captación de atletas desde la niñez; la sistematicidad en los entrenamientos con técnicas ideadas por los propios hombres supliendo carencias materiales; el desarrollo de equipos con la formación de directivos capaces de escalar altos puestos en el podium; la elevación del nivel cultural y académico de los deportistas que estudian hasta graduarse de licenciatura; la divulgación del deporte por todos los medios de comunicación masiva del país; y sobre todo, por el empuje, el tesón y la dignidad de los cubanos ante cada rival.

Ya el dopaje dejó de ser un problema para la delegación cubana porque antes de partir a cualquier evento ya se le hicieron varias pruebas en el laboratorio antidoping radicado en la capital cubana. Cada uno de los atletas son estrictamente seguidos por comisiones médica, que no sólo vigilan el uso de sustancias nocivas sino que se esmeran por cuidar de la salud, en primer orden, de forma integral.

Nos duelen las deserciones con el robo de cerebro por parte de las grandes potencias, tema ignorado y callado por quienes dominan el mundo. Esos deportistas representan medallas y triunfos fraudulentos, perjudicial para aquellos que decidieron no defender más su bandera porque se convierten es esclavos comprados por decisión propia.

Cuba participa en las olimpiadas defendiendo no sólo la insignia nacional, está allí abanderando a los países subdesarrollados, buscando la gloria de los excluidos del olimpismo por se pobre; compitiendo por los desheredados de recursos en la formación de atletas; enalteciendo las multitudes y evocando: ¡Aquí está la América del sur del Río Bravo!

Gritemos pues; por los colores, rojo, blanco y azul y por la gloria deportiva de aquellos sin voz. No dejamos morir la confrontación humana pacífica. Una vez más digamos: ¡Patria es humanidad!


jueves, 14 de agosto de 2008

A SAMUEL MORENO LE QUIEREN APLICAR LA MISMA ENCERRONA QUE LE ESTÁN HACIENDO A LA JUSTICIA

BOLETÍN DE PRENSA


A SAMUEL MORENO LE QUIEREN APLICAR LA MISMA ENCERRONA QUE LE ESTÁN HACIENDO A LA JUSTICIA


No se puede inculpar exclusivamente a la actual administración por la inseguridad en Bogotá, la cual viene de tiempo atrás y tiene buena parte de sus raíces en la crítica situación social y económica por la que atraviesa todo el pueblo colombiano. Se trata de un concierto provocador para tratar de dar razones a quienes desean militarizar la vida civil de Bogotá.

Bogotá.- El concejal del Polo Democrático Alternativo, Jaime Caycedo Turriago, dijo enfáticamente que está en marcha una ola de provocaciones en la ciudad, orquestada desde los sectores más retardatarios de la sociedad, bajo el supuesto argumento de que las milicias de la guerrilla están a punto de tomarse a la ciudad.

Caycedo dijo que "sectores que hacen parte de la propia coalición de gobierno distrital, presionados desde el Palacio de Nariño, pretenden un juicio político al Alcalde Mayor. Insisten en hacer Consejos de Seguridad en la ciudad bajo la batuta del gobierno nacional, descartando al alcalde elegido popularmente. Se le quiere aplicar al Alcalde la misma encerrona que se le está haciendo a la justicia. Quieren ocultar el impacto de la crisis económica, el crecimiento del desempleo, los bajos salarios y el descontento social tras una cortina de humo".

Caycedo Turriago señaló que tanto él como voceros de la administración distrital han venido denunciando una estrategia fundada en atentados de dudosa procedencia, cuya autoría las autoridades de policía y de investigación criminal no esclarecen a pesar de que han pasado varias semanas desde que esta oleada inició. "El mismo Alcalde Mayor ha señalado que hay serios indicios en el sentido de que detrás de estos crímenes parece existir una nueva versión de falsos positivos que busca crear un clima de temor y amenaza entre la ciudadanía, para justificar medidas de represión y limitación de las libertades. Es una forma de manipular la información y culpar sin fundamento a determinados segmentos sociales. Y también de enlodar y desprestigiar, injustamente, el gobierno del Polo Democrático en Bogotá", afirmó.

"A la fecha, por ejemplo, nada han hecho los organismos de investigación respecto de las serias y fundamentadas denuncias sobre la extendida y renovada presencia paramilitar en diez de las localidades de Bogotá, que además se agrava con el ejercicio que estas organizaciones hacen del terrorismo, el tráfico de narcóticos y el lavado de los dineros producto de este sucio comercio. La sociedad y todas las fuerzas democráticas estamos en la obligación y el derecho de exigir a las autoridades policiales y de investigación resultados inmediatos en relación con estos graves hechos", expresó.


"Resulta muy delicado que altos oficiales de la 13 Brigada y de la Policía se empeñen en afirmar que no existen grupos paramilitares, contra las evidencias que denuncian los habitantes de las localidades", añadió.

De otra parte, Caycedo Turriago afirmó que con sospechosa insistencia, algunos sectores tratan de hacer creer que supuestas milicias de las Farc no sólo están detrás de diversos atentados, sino que éstos forman parte de una estrategia de la guerrilla que llevaría a concluir que está a punto de tomarse a la ciudad. "Pregunto, entonces y con sobrada razón, cuáles son los resultados reales de la famosa política de seguridad democrática. Asumiendo que el gobierno de Uribe va ganando la guerra y que ha causado tan serios golpes a la estructura guerrillera, ¿cómo es posible que las Farc tengan la fuerza suficiente como para romper el cerco tendido por el ejército y poner en jaque a una ciudad como Bogotá, donde se concentran miles de efectivos de las fuerzas de seguridad y donde la propia administración distrital ha invertido miles de millones en su dotación y en la ampliación del pie de fuerza? ¿Qué están haciendo las fuerzas armadas y de policía con los dineros que la ciudad ha girado y que supuestamente están dirigidos a reforzar los mecanismos de inteligencia y su efectividad en la protección de la seguridad de los bogotanos?".

"Sabemos de graves violaciones de los derechos y libertades: desde desapariciones forzadas, amenazas a dirigentes sociales, hasta allanamientos ilegales para sustraer discos duros de computadores de activistas del Polo Democrático Alternativo, ignoramos con qué fines. Los funcionarios policiales se limitan a señalar, en abstracto, a supuestas bandas criminales. Pero sorprende que estos "criminales" no roban dinero ni objetos de valor, solo "atracan" apartamentos y residencias de activistas de izquierda para robar la información de los computadores", señaló.

Agregó que si bien la administración distrital dirige la política de seguridad, quienes tienen en sus manos no sólo los mecanismos, sino la responsabilidad de rendir resultados de sus investigaciones a la sociedad y al propio gobierno son las autoridades competentes. "No podrán quejarse de que les ha faltado apoyo y recursos por parte de la administración distrital. Nada más en la aprobación del proyecto de vigencias futuras se incluyeron más de $45 mil millones para reforzar la infraestructura de transporte de la policía y del ejército en la ciudad, sin contar con los demás millonarios aportes que se han otorgado a través del Fondo de Vigilancia y Seguridad, con cargo al presupuesto de Bogotá".

miércoles, 13 de agosto de 2008

PARO CAMIONERO PONE EN EVIDENCIA LOS MONOPOLIOS EN LA POLÍTICA DE TRANSPORTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.
CONCEJAL JAIME CAICEDO TURRIAGO

BOLETÍN DE PRENSA



PARO CAMIONERO PONE EN EVIDENCIA LOS MONOPOLIOS EN LA POLÍTICA DE TRANSPORTE

• El paro refleja un conflicto sin solución entre pequeños propietarios y monopolios del transporte, respaldados por el alto gobierno,

• Solicitó resultados en investigaciones por denuncias sobre infiltración de narcoparamilitares en el transporte de carga.
Bogotá.- El concejal de Bogotá, dirigente del Partido Comunista Colombiano y del POLO, Jaime Caycedo Turriago, fustigó hoy la equivocada política del gobierno nacional frente al transporte de carga en el país que ha dado como único resultado un complicado y oneroso paro nacional de pequeños y medianos propietarios de camiones, al tiempo que reclamó resultados de los organismos de investigación criminal y policial frente a las reiteradas denuncias respecto de infiltración de narcoparamilitares en la actividad transportadora.

“Es evidente la contradicción implícita en las propias decisiones que el gobierno nacional ha tomado: por una parte, permite y auspicia un elevado incremento en los costos del transporte representados en los elevados precios de los combustibles y las llantas, los inmanejables montos de los peajes, el gasto excesivo en el mantenimiento de los vehículos provocado por el pésimo estado de la malla vial y otros factores que inciden directamente en esta carrera alcista; por otra, protege como a niños mimados a los generadores de la carga, es decir a los grandes industriales y comerciantes a quienes no les cabe una moneda más en sus bolsillos, en desmedro de los pequeños transportadores; y finalmente, en una medida típicamente populista y en contravía de lo que sus propios ministros están haciendo, el presidente Uribe promete a los pequeños y medianos camioneros que va a imponer mediante decreto las tarifas de los fletes, cuando en la práctica los gremios de la producción negocian otra cosa con el señor Andrés Uriel Gallego, ministro del Transporte”.

“El gobierno no logró romper el paro con la militarización de las carreteras”, señaló enfáticamente el concejal Caycedo Turriago.

Agregó que la lucha de los camioneros en paro implica, a su vez, una dura batalla contra el monopolio en el transporte, el cual según afirmó tiene varias caras. “Una expresión de ese monopolio es el férreo control del mercado que ejercen las grandes empresas transportadoras, las cuales imponen las condiciones amparadas en su gran fortaleza financiera y en su enorme capacidad de negociación con los pequeños transportadores y que además se quedan con el 12.5% de las tarifas, porcentaje que no responde a ningún criterio de valor agregado por parte de las empresas. La segunda cara de ese monopolio deben enfrentarla los pequeños y medianos camioneros al momento de negociar el precio de los fletes con los grandes generadores de carga, quienes igualmente se aprovechan de la sobre oferta de vehículos para burlarse de las tarifas fijadas por el propio gobierno”.

Indicó que la salida a la encrucijada actual pasa por varias decisiones. “El gobierno nacional tiene la obligación constitucional y legal de fijar reglas claras de juego para todos; ese es su papel. En ese sentido, tiene que establecer una política integral que permita controlar la carrera alocada en los costos de producción del servicio de transporte, que afecta mucho más al pequeño y mediano transportador. En segunda instancia, tiene que meterle el diente seriamente al deterioro de la malla vial. En tercer lugar, está el problema de la chatarrización de viejos vehículos y la incorporación de camiones con mejor tecnología y capacidad. Por último, sobre la base de estudios cuidadosos y fieles a la realidad del mercado, tiene que fijar una tabla de fletes que considere los aspectos relacionados con los costos de operar estos vehículos, donde los márgenes de utilidad sean equitativos tanto para los camioneros, como para las empresas de transporte y los generadores de carga, rompiéndole el cuello al desequilibrio vergonzoso en contra de los pequeños y medianos transportadores”, afirmó Caycedo Turriago.

Finalmente, Caycedo Turriago dijo que comparte los criterios emitidos por distintos sectores en el sentido de que la gestión del ministro de transporte ha sido fatal. “Hay voces como la del director ejecutivo de la Cámara Colombo-norteamericana, entre otros, que afirman que a lo largo de la administración Gallego el sector transportador se atrasó en más de 30 años, siendo hoy uno de los más débiles de la economía. Es hora de tomar medidas drásticas y decisivas que pongan freno a los desequilibrios existentes, enfrenten el proceso de monopolización del sector y den salida a la actual crisis del paro camionero”, dijo.



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lunes, 11 de agosto de 2008

Para garantizar los derechos de las víctimas

Comisión Colombiana de Juristas insiste ante la Corte Constitucional para que revise tutela que buscaba impedir la extrdición de “Macaco”De esta manera, asegura la organización nogubernamental, se establecería una interpretación constitucional sobre los alcances y límites de los derechos de las víctimas y se resolvería jurídicamente el debate sobre las extradiciones de los paramilitares.

Por Brújula Comunicaciones

Bogotá D.C., agosto 8 de 2008. En marzo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado interpuso una acción de tutela para impedir la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, pues dicha extradición afectaría los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en Colombia.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca concedió la tutela, pero posteriormente el Consejo Superior de la Judicatura revocó la sentencia y autorizó la extradición del líder paramilitar.

Este último fallo del Consejo Superior sirvió también como fundamento para la extradición a Estados Unidos de ocho jefes paramilitares, 6 días después del pronunciamiento judicial.

Como organismo defensor de víctimas de los paramilitares, en el marco de la ley 975, la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- solicitó a la Corte Constitucional la revisión de la tutela para que dirima las tensiones surgidas entre la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que establece que deben garantizarse primero los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, antes de realizar la extradición.
La CCJ también insiste en la revisión de la tutela pues, sin importar que alias “Macaco” ya fue extraditado, la decisión del Consejo Superior de la Judicatura está generando efectos prácticos sobre otras extradiciones de paramilitares, pues la decisión ha sido usada, y puede continuar siéndolo, como justificación para extradiciones futuras.

Es el caso del paramilitar Ever Veloza, “alias H.H”, ya anunciada por el gobierno, y las de Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, y Edgar Cobo Téllez alias “Diego Vecino”, que se encuentran en trámite.

“Este caso es fundamental para estudiar las obligaciones del Estado en relación con la investigación, juzgamiento y sanción a personas acusadas de graves y sistemáticos crímenes de lesa humanidad.

Este caso constituye una oportunidad única para que la Corte Constitucional fije y aplique estándares de derechos humanos en la lucha contra la impunidad y los derechos de los las víctimas, en contextos de procesos de extradición por delitos menos graves por los cuales se investiga a los extraditados en Colombia.

El futuro de la administración de justicia por estos casos se encuentra en grave riesgo a causa de la actuación de una autoridad del Estado que autorizó la extradición de los jefes paramilitares, con el efecto cierto de la violación y amenaza de los derechos fundamentales de las víctimas, incluso del derecho de la sociedad colombiana a conocer la verdad como un eventual inicio de garantías de no repetición.”, aseguró la Comisión Colombiana de Juristas.




La extradición de HH, afecta los derechos de las víctimas de la Unión Patriótica


Corporación REINICIAR
El exterminio de los militantes y simpatizantes de la izquierda comunista
, comenzó antes de que la Unión Patriótica (UP) tuviera su partida de nacimiento en los Acuerdos del 28 de mayo de 1985 entre el Gobierno de Colombia y las FARC.

Desde antes de las conversaciones de paz, se desarrollaban operaciones contra los dirigentes y activistas del partido comunista y de otras fuerzas de oposición del ámbito nacional y regional que se enfrentaban al poder y los privilegios de los terratenientes y las élites locales. En el comienzo de los años 80, varios concejales vinculados a los comunistas en Cimitarra (Santander) fueron objeto de ataques, asesinatos y atentados.

El surgimiento de la UP exacerbó a los enemigos de la democracia y defensores de la exclusión social, política y económica prevaleciente en ese momento que les proporcionaba privilegios de los que no se querían desprender. La cuestión alcanzó ribetes dramáticos después de la primera comparecencia electoral de la UP en 1986, de la cual hacían parte las FARC, pues obtuvieron resultados importantes en cuanto a concejales y diputados, al igual que para el congreso y la votación por el candidato presidencial fue la más alta que hasta ese momento había alcanzado la izquierda en Colombia. Prácticamente la UP multiplicó por cuatro la votación anterior del Partido Comunista.

El exterminio sistemático no se hizo esperar y los planes como el baile rojo, la operación retorno y otros se pusieron en marcha para no solo acabar con los integrantes de la UP y sus simpatizantes, sino para erradicar el comunismo de la faz de Colombia, como se hace con la mala hierba que afecta a los otros cultivos.

Ha sido muy largo y tortuoso que desde el comienzo han debido recorrer las víctimas del genocidio o exterminio de la UP. En 1992 un informe del Defensor del Pueblo, encargado por la Corte Constitucional, recién creada por la Constitución de 1991, al revisar una tutela interpuesta por un militante de la UP, estableció documentadamente 717 casos de homicidios contra miembros de la UP, de los cuales “sólo diez habían sido resueltos en juzgados penales y que en seis de ellos se habían, pronunciado sentencias absolutorias”.


Ante tamaña impunidad las víctimas, lideradas por la Corporación REINICIAR, fundada por defensoras y defensores de derechos humanos desplazados de Barrancabermeja, quienes habían creado la ONG CREDHOS para defender los derechos humanos en esa zona y actuado políticamente con la UP, acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y formularon una denuncia por Genocidio. La CIDH admitió el caso, en 1997, después de una larga batalla con el Estado colombiano que no escatimó esfuerzos para impedir que el caso fuera tramitado ante la CIDH, la Comisión no aceptó el cargo de genocidio, porque dijo: que no había una tipificación de esta conducta que estableciera los motivos políticos, pero, admitió que lo alegado por los peticionarios era una violación múltiple de los derechos reconocidos en la Convención Americana de derechos humanos lo más parecido a ese crimen internacional.


En 1996, comienza el trámite para la búsqueda de una solución amistosa, etapa que es obligatoria en los proceso ante la CIDH y que no pretende transar los derechos sino establecer la restitución integral de los derechos conculcados y la reparación por los daños ocasionados. Fue un largo y difícil camino que se prolongó desde el gobierno de Samper, hasta el primer gobierno de Uribe. Durante la campaña de éste para ser reelegido, una de las cuñas promocionales ponía una voz de un supuesto ex miembro de la UP que decía: que los de la UP, se torcieron y se dedicaron a matar, motivo por el cual él apoyaba a Uribe. Esa gota rebosó la copa de las hostilidades del Gobierno contra los sobrevivientes y sus familias, expresada en todo tipo de ataques, contra la vida y la integridad, de la falta de voluntad y de la descarada enemistad con el movimiento al que le retiró la personería jurídica, pese a que el propio Estado, había aceptado que su exterminio había ocurrido por la acción violenta de sus agentes o de particulares que contaron con su apoyo o fueron tolerados por ellos.

El Gobierno colombiano, lanza su propuesta de paz con los grupos paramilitares y el comisionado de paz negocia con los jefes de estos grupos, a los cuales se unen reconocidos narcotraficantes. Uno de los resultados es la ley de justicia y paz (ley 975), que ofrece penas alternativas a cambio inicialmente de la verdad que cada uno quisiera contar, pero que gracias a la Corte constitucional se transforma en la verdad total de todos los hechos en los que participaron o que conocieron durante su vida criminal.

La mayoría de estos jefes usó al comienzo las versiones libres para justificar sus fechorías y horrendos crímenes, pero cuando empiezan a contar sus nexos con los militares, policías y políticos regionales y la justicia, o más exactamente la Sala Penal de la Corte Suprema acepta sus dichos como pruebas para investigar y enjuiciar a los dirigentes políticos del uribismo, el Gobierno, decide extraditarlos a Estados Unidos al finalizar el primer semestre de este año. Desde ese momento, no ha sido posible que ninguno de los 14 extraditados comparezca ante la justicia colombiana para seguir contando la verdad de sus relaciones con los políticos y funcionarios colombianos. Las promesa que hicieron tanto las autoridades de Colombia como de los Estado Unidos de que el traslado a este país no afectaría los procesos de justicia y paz hasta ahora, ha resultada falaz. Y ahora, cuando el paramilitar desmovilizado Ever Veloza García, alias HH, quien actuó como jefe paramilitar en la zona de Urabá, organización paramilitar que posteriormente a la desmovilización decidieron denominar el “Bloque Bananero”, comienza a contar los múltiples crímenes contra los miembros de la UP en esa región, deciden tramitar su extradición a los Estados Unidos.


HH, confesó su participación en el crimen de Luís Eduardo Cubides, asesinado el 17 de enero de 1996 en el corregimiento del dos del municipio de Turbo, quien se desempeñó como concejal de la UP en este municipio en los años 1994 a 1995 y también la de otros miembros de la UP:

Alejandro Baloyes, Winston Garcés, Vidal Debia Ramírez, Edilberto Cuadrado Llorente, Walter de Jesús Borja Dávila, Arturo Moreno, Julio César Serna, Humberto Carrillo Pacheco, Alfredo Flórez, y Marcelino Blanquicet.

Igualmente ha comenzado a brindar información sobre el caso del asesinado senador Manuel Cepeda, y de los atentados contra Wilson Borja, hoy representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo y antes militante de la UP y de Aída Avella cuando era presidenta de la UP y tuvo que exiliarse después de ser objeto de un ataque con bazuca en plenas calles de Bogotá.

Si HH, es extraditado, no se podrán esclarecer estos hechos y la impunidad seguirá tan campante prevaleciendo en el caso de la UP. Falta mucho por contar y HH, lo ha dicho a diferentes medios de prensa, incluso todo lo que ocurrió cuando él realizaba su carrera criminal en el Urabá antioqueño y Álvaro Uribe, era Gobernador de Antioquia. ¿Será ese uno de los motivos para acallarlo acudiendo a la extradición?

Bogotá, Agosto 8 de 2008









Salud en coma


Por: Cristina de la Torre

A MEDIDA QUE EL NATURAL DE ESTE gobierno “de opinión” se va revelando como el arte de mentir, se disipa el encantamiento de la propaganda y afloran las protuberancias de sus grandes desaciertos. El día mismo que se desveló la mentira que rodeó a la sensacional Operación Jaque y que podría llevar a Colombia ante la Corte Penal Internacional por abusar del símbolo de la Cruz Roja, se anunció la privatización del Seguro Social.


Destino cruzado de dos procesos que hacen agua. El primero, por desgaste del golpe de opinión como fundamento de un gobierno obsesionado con el aplauso de la galería. El segundo, desenlace de un proyecto que se gestó con la Ley 100 para sustraerle al Estado la función de velar por la salud de los colombianos y convertirla, en cambio, en negocio privado. Una mentira tras otra, cocinadas desde la cumbre del poder, pueden ablandar la fe del pueblo e invitar a contemplar los problemas del diario vivir. Como éste del desbarajuste de la salud pública, que alcanza dimensiones dramáticas.


La crisis del Seguro Social es, en buena medida, inducida. Principió hace 15 años, cuando se obligó al Instituto a competir con empresas privadas, en condiciones de inferioridad. Arrancó con pasivos pensionales y laborales y un atraso tecnológico que no pesaban sobre los operadores privados. La Ley 100 benefició de entrada a estos operadores al exonerarlos de tratar enfermedades preexistentes, mientras le dejaba al ISS los pacientes de alto costo.


Diez años después, en 2003, se decidió que las clínicas del Seguro debían ser autosuficientes financieramente. Muchas no podían serlo, pues los gobiernos mismos habían agravado sus dificultades financieras. Y se precipitó la cascada de cierre de hospitales públicos, estigmatizados por no ser rentables, ni competitivos, ni “viables”, mientras se multiplicaban los pacientes que morían a sus puertas. Se fortalecían a la par las EPS privadas, que hoy sólo esperan acaparar los últimos 1,25 billones que los afiliados le cotizan al Seguro cada año. El ministro Palacio pasará a la historia por la sádica eficiencia con que desempeñó esta tarea, así se libre de la moción de censura y de la cárcel por el delito de cohecho que se le imputa.


Contra el principio de que la salud es un derecho de todos y un deber del Estado, se impuso el criterio de que ella es un bien que ha de comprarse en el mercado. Manes de las políticas de ajuste que se entronizaron en los 90, para desmantelar el Estado, privatizar la seguridad social en provecho de fondos privados y desproteger a las mayorías. Nos dirán que el Sisbén beneficia a tantos compatriotas como el programa de Familias en Acción.


Pero entre el Sisbén y el servicio de salud privado media lo que va de tratar con aspirina una enfermedad mortal y los refinamientos que se les dispensan a las capas pudientes. Sacrificada la universalidad del servicio de salud y seguridad social, en la redistribución de las cargas reciben los pobres asistencialismo barato, un paliativo apenas tasado por su valor electoral.


Precariedad de la salud de la población, desigualdad entre regiones, desastre de la red hospitalaria, abandono de la salud pública, renacimiento de enfermedades endémicas que se habían erradicado... y Pila. Son estos los elementos de la crisis de la salud en Colombia.


Carlos Gaviria propone resolverla mediante enmienda constitucional que reconozca la salud como derecho fundamental, bien público, deber del Estado y responsabilidad social. Hay que buscar un modelo de seguridad social integral y universal, sin que cuente la capacidad de pago. Como en el Estado de bienestar, coco del ministro Zuluaga. Ojalá no nos monten ahora algún falso positivo para ocultar el desastre de un sistema de salud que ha entrado en coma.