lunes, 29 de noviembre de 2010

Por soberanía alimentaria, comisión del plan aprueba proyecto de reservas campesinas en el DC



Boletín de prensa

• Este proyecto favorecerá las acciones de los campesinos y de las instituciones en procura de la soberanía alimentaria de Bogotá.

Un importante proyecto de Acuerdo que tiene en su mira el fortalecimiento institucional y de las organizaciones campesinas del Distrito Capital en procura de favorecer la producción agropecuaria y agroambiental en el territorio rural del Distrito Capital, fue aprobado por unanimidad en la comisión del Plan del Concejo Distrital.

El proyecto, presentado por el concejal Jaime Caicedo Turriago y con el respaldo de la bancada del Polo Democrático Alternativo, tiene por objeto combatir el desabastecimiento de alimentos, abaratar sus costos al consumidor y garantizar mayores ingresos y mejores condiciones de vida para los productores campesinos, a través del fomento la participación de las organizaciones campesinas del territorio rural del Distrito Capital en el impulso de formas de gestión social y ambiental, en especial de las zonas de reserva campesina.

Las Reservas Campesinas, contempladas en la legislación colombiana vigente, son una modalidad auto gestionaria y auto controlada de producción agropecuaria y cuidado ambiental que se fundamenta en el uso adecuado del territorio, en la organización de los campesinos para la producción y el mejoramiento de su calidad de vida y en el manejo cuidadoso de entorno ambiental, con el objeto de producir alimentos y conservar las fuentes naturales. Además, en estas zonas pueden darse mecanismos de mercadeo de alimentos que permiten su comercialización directa a los centros de abastecimiento y distribución, eliminando la costosa intermediación que encarece sensiblemente los productos.

Jaime Caicedo declaró que “este proyecto tiene una importancia capital en la búsqueda y consolidación de una política de soberanía y seguridad alimentaria para la ciudad. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para articular el extenso territorio rural de la ciudad, equivalente a poco más de 121 mil hectáreas, de forma que se produzca la conservación de áreas protegidas y por otro lado, se estimule la producción de alimentos y el mejoramiento sustancial de las condiciones
de vida de la población campesina, al tiempo que se mejora el abastecimiento de alimentos y se reducen los precios al consumidor, en momentos de grave crisis económica y sensible reducción de los ingresos familiares”, señaló.

El proyecto, que pasará ahora a aprobación de la plenaria del cabildo distrital, incluye la realización de estudios para determinar posibles áreas geográficas en el territorio rural del Distrito Capital donde se podrían crear zonas de reserva campesinas, así como asesoría y capacitación a las organizaciones campesinas, respetando su autonomía, para la determinación de áreas donde se puedan establecer dichas zonas.

Igualmente, pretende fortalecer la participación activa y efectiva de las organizaciones campesinas en la red de asentamientos rurales y en los espacios de decisión y desarrollo de la política pública de ruralidad.

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viernes, 26 de noviembre de 2010

Un estado de guerra permanente sostiene Jaime Caycedo



Niko Schvarz
Eso es lo que reina en Colombia: un estado de guerra permanente, contra la insurgencia y también contra la población civil, que vive las dramáticas consecuencias impuestas durante los dos gobiernos de Uribe  y continuadas en sus líneas esenciales por el gobierno de Juan Manuel Santos.
 
Mencionamos ayer la ponencia presentada por el concejal bogotano Jaime Caycedo en la reciente Conferencia Nacional sobre Genocidio y Democracia, en el que traza un balance ceñido y a la vez sobrecogedor por los datos que aporta con una precisa documentación. “Este manejo antidemocrático –señala- tiene su más perverso reflejo en el genocidio y en la desaparición forzada que ya sobrepasa las 50.000 personas (cifras de la Fiscalía General de la Nación), tendencia que se incrementó dramáticamente entre el 1º de enero 2007 y el 21 de octubre 2008, período en que se registraron  7.763 casos”, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. “Este estado de guerra –prosigue- no tiene visos de retroceder, ni siquiera de moderarse, a la luz de lo conocido en los últimos días: 4,9 millones de refugiados internos, eufemísticamente calificados como ‘desplazados’; ocho masacres en la última semana, de acuerdo con el Defensor del Pueblo, situación que incluso el periódico El Tiempo calificó de ‘inaceptable’; el asesinato de 100 líderes de la población en situación de refugio interno en los últimos 6 meses, según el informe presentado a la Conferencia Regional Humanitaria que se desarrolló en Quito; el aniquilamiento de más de 48 líderes campesinos que se acogieron a la restitución de tierras en este gobierno de Juan Manuel Santos; la existencia de poco más de 7.500 presos políticos, prisioneros de guerra o de conciencia, víctimas de los más crudos montajes judiciales; y el mantenimiento del tenebroso promedio de 300.000 personas expulsadas de sus tierras, de sus barrios y de su entorno social, configurando a Colombia como ‘primer país de expulsión de refugiados y desplazados en el mundo’ en palabras del Alto Comisionado para los Refugiados, realidad que se muestra como una crisis humanitaria prolongada, crónica y sostenida”.

A dicha estadística macabra se suma el asesinato de 12 dirigentes del Polo Democrático Alternativo (PDA) en los últimos 6 meses, en lo que se ha dado en llamar la estrategia quirúrgica de exterminio como extensión y consolidación de las doctrinas de seguridad nacional, expresadas en la política de “seguridad democrática” de Uribe, continuada e incluso intensificada por Santos  con su variante de los “cuadrantes de seguridad”. A la vez el gobierno no quiere siquiera hablar de un intercambio humanitario y mucho menos de una negociación política que lleve a la democratización del Estado y a la paz con justicia social.

Colombia vive un proceso de sostenida militarización y paramilitarización de la sociedad. “El creciente proceso de paramilitarización de las ciudades para controlar los barrios populares a través de panfletos de amenaza, de acciones sicariales y operaciones de ‘limpieza social’ ejerce el papel de una policía paralela criminalizada, complementaria y en nexo con los aparatos estatales, que se ensaña principalmente con los jóvenes”, escribe Caycedo. En ese cuadro el ministro de Defensa anuncia que las fuerzas militares y policiales brindarán protección especial a las zonas de producción llamadas ‘locomotoras de  la prosperidad democrática’, mediante la creación de las que él denomina ‘zonas especiales con estándares de seguridad internacional’. Es el preámbulo de una represión antipopular acrecentada en esas regiones y de confinamientos forzados de la población estilo Vietnam.

Sobrevolando esta situación se sitúa la presencia militar de Estados Unidos. “El Comando Sur luce de manera clara y cada vez más desembozada como componente del conflicto”, sostiene Caycedo. Destaca el significado de las bases militares yankis en territorio colombiano y la intervención directa del imperio en la guerra, “no sólo suministrando asesoría y apoyo estratégico sino soportando tecnológicamente las incursiones del ejército colombiano e incluso aportando material de guerra ‘inteligente’ que ha servido a las acciones de bombardeo no sólo contra las fuerzas insurgentes, sino   contra áreas pobladas de civiles en diversas zonas del país”. A su juicio, la presencia de EEUU en la guerra interna es hoy el factor fundamental de escalamiento de la guerra y de su cruel impacto en la población, “pero también el principal obstáculo para una solución política negociada, para una salida clara y definitiva”.

Sin olvidar que un año y medio atrás EEUU anunció el despliegue de su IV Flota naval, que estaba arrumbada desde hace medio siglo, para dedicarla al patrullaje, a la vigilancia y al control del continente latinoamericano.

Publicado en  La República, 25 de noviembre 2010, pág. 12

jueves, 25 de noviembre de 2010

El genocidio colombiano



Niko Schvarz
Más allá de la mejora de las relaciones con Venezuela y con Ecuador, que constituye un factor positivo, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (iniciado el 7 de agosto) prosigue la política represiva que caracterizó al gobierno de Álvaro Uribe, expresada en asesinato y persecución de los miembros del Polo Democrático Alternativo (PDA) y de los defensores de DDHH, de las organizaciones sindicales y campesinas, que son víctimas de desplazamientos forzados que afectan a millones de personas, sin hablar de la infamia que supone la expulsión del Senado de Piedad Córdoba, esforzada luchadora por la paz y el acuerdo humanitario. Al mismo tiempo, agentes caracterizados de la represión del gobierno de Uribe, particularmente de los servicios de espionaje gubernamental del DAS, huyen del país por estar requeridos por la justicia y hallan un injustificado asilo político del gobierno panameño de Ricardo Martinelli.
El propio Uribe  fue ayer condecorado por el Parlamento del régimen de facto de Honduras, por haber sido uno de los primeros presidentes en reconocer al gobierno de Porfirio Lobo, que asumió el 27 de enero pasado en continuidad con el golpe de Estado del  28 de junio 2009 que derrocó al gobierno constitucional de Manuel Zelaya. El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras (FNRP) expresó en las calles su repudio a la presencia de Uribe, mientras una espuria Comisión de la Verdad justificaba el accionar del usurpador Roberto Micheletti. Ahí estaban todos juntos.

Hace unos días, el 16 de noviembre, fue asesinado Miler Avendaño Peñaranda, coordinador del PDA en el municipio de El Tarra, en Santander Norte fronterizo con Venezuela, líder social y comunitario de 28 años. Con este crimen se eleva nada menos que a 12 el número de asesinatos de miembros dirigentes del Polo Democrático en los últimos 6 meses, que abarcan el final del gobierno de Uribe y el comienzo del gobierno de Santos. En estos crímenes participaban grupos irregulares y bandas de paramilitares, que están muy lejos de haber sido desmanteladas.

El 30 de octubre, defensores de DDHH de Bogotá y de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en el suroeste, entre ellas organizaciones indígenas y de afrodescendientes, así como sindicatos, recibieron mensajes de texto idénticos con amenazas de muerte por parte del grupo paramilitar Águilas Negras, que les decían que se fueran a Venezuela, subrayando que “se van o mueren”. Entre los destinatarios, unas 25 personas y organizaciones, se encontraban el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Otros hechos recientes. Protestas campesinas en Cúcuta fueron salvajemente reprimidas por Escuadrones Antidisturbios de la policía, con saldo de 20 heridos y otros tantos detenidos. En el Bajo Ariari, departamento del Meta, denuncian fumigaciones arbitrarias e indiscriminadas. El 18 de noviembre es detenido por unidades del ejército Wilson José Escamilla, líder campesino y presidente de la Comisión de DDHH de la vereda La Catalina, municipio de La Macarena (donde fueron descubiertas las fosas con más de 200 cadáveres).

Por otro lado, la ex directora del DAS  (desde el 23 de agosto 2007 al 23 de octubre 2008) María del Pilar Hurtado, requerida por la justicia por sus actividades en ese órgano de espionaje dependiente de la presidencia, huyó del país hacia Panamá y el gobierno de Martinelli le otorgó el asilo político sin más trámite. Otros 6 altos funcionarios del DAS están buscando asilo para evadir la acción de la justicia. Incluso Uribe fue citado a comparecer ante la justicia estadounidense por el asesinato de sindicalistas bajo su gobierno, pero faltó a la cita.

El  secretario general del PC colombiano y concejal por Bogotá, Jaime Caycedo, realizó una síntesis de la situación de su país en una ponencia presentada en una reciente Conferencia Nacional sobre Genocidio y Democracia. En su párrafo inicial expresa que el tema crucial es “cómo ponerle fin al estado de guerra contra la insurgencia y contra la población civil, que se expresa en el desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, en los continuos bombardeos a las zonas pobladas, en la criminalización de los opositores, en las desapariciones y asesinatos de dirigentes agrarios y sindicales, en las amenazas, en el refugio interno masivo y en la pretendida limpieza social, en el acallamiento de líderes políticos populares a través de la Procuraduría, en fin en la acción del poder económico-mediático para fragmentar la oposición democrática al sistema”. Caycedo traza un gran plan de acción de las fuerzas democráticas y populares, y lo precede de un análisis ceñido del estado de guerra permanente que atraviesa el país. Ya lo veremos.

Publicado en  La República, 24 de noviembre 2010, pág. 11
 

lunes, 22 de noviembre de 2010

Ponencia del secretario General del PCC en la Conferencia Nacional sobre Genocidio y Democracia


Con la presencia del secretario General del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caicedo,  explicacó en su ponencia sobre la derrota de la política de guerra a través de la lucha democrática y popular

La derrota de la política de guerra a través de la lucha democrática y popular

Quisiera proponer una lectura particular del fenómeno del genocidio en Colombia, enmarcando de entrada esta apabullante realidad en una afirmación esencial: mientras exista una política de guerra contra el pueblo, en sus diversas manifestaciones económicas, militares y políticas, no podremos hablar del fin de la negra noche, ni siquiera de una leve modificación del escenario de persecución y aniquilamiento que en las actuales condiciones políticas aparece algo más disfrazado, revestido de una fementida prosperidad democrática. El sistemático asesinato colectivo o individual y la desaparición forzada seguirán siendo una de las armas preferidas del proyecto hegemónico oligárquico. La realidad demuestra que existe un conflicto político-militar interno, que tiene características de una guerra civil, concretamente cuando el Estado colombiano no tiene una política de paz sino de guerra y cuando la potencia militar más poderosa del planeta interviene con presencia directa y dirección operativa en el manejo de esa guerra y en su prolongación indefinida.

Por ello, un crucial tema a considerar es cómo ponerle fin al estado de guerra  contra la insurgencia y contra la población civil, que se expresa en el desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, en los continuos bombardeos en zonas pobladas, en la criminalización de los opositores, en las desapariciones y asesinatos de dirigentes agrarios y sindicales, en las amenazas, en el refugio interno masivo y en la pretendida limpieza social, en el acallamiento de líderes políticos populares a través de la Procuraduría, en fin, en la acción del poder económico-mediático para fragmentar la oposición democrática al sistema. Ponerle fin al conflicto armado en Colombia implica sobre todo una gran decisión nacional, con intervención democrática y popular, en la búsqueda de  una salida de otra naturaleza.

El elemento central es cómo golpear la política de guerra y el estado de guerra permanente como el corazón de todo este manejo antidemocrático que tiene su más perverso reflejo en el genocidio y en la desaparición forzada que ya sobrepasa los 50.000 colombianos y colombianas, según las cifras dadas a conocer por la Fiscalía General de la Nación, tendencia que incrementó dramáticamente entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008, periodo en el que se registraron 7.763 casos, de los cuales 3.090 ocurrieron durante el año 2008, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conformada por el programa de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, la Fiscalía, la Defensoría, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Fondelibertad y la Comisión Colombiana de Juristas.

Este estado de guerra y sus consecuencias nefastas no tiene visos de retroceder, ni siquiera de moderarse, a la luz de lo que hemos conocido incluso en los últimos días: 4.9 millones de refugiados internos, eufemísticamente calificados como “desplazados”; ocho masacres en la última semana, de acuerdo con las declaraciones del señor Defensor del Pueblo, situación que incluso el editorial del periódico El Tiempo del pasado miércoles no duda en calificar de “inaceptable”; el asesinato de 100 líderes de la población en situación de refugio interno en los últimos seis meses, según denuncia  el informe presentado a la Conferencia Regional Humanitaria que se desarrolló en Quito; el aniquilamiento de más de 48 líderes campesinos que se acogieron a la restitución de tierras en este gobierno de Juan Manuel Santos; la existencia de poco más de 7.500 presos políticos, prisioneros de guerra o de conciencia, víctimas de los más crudos montajes judiciales; y el mantenimiento del tenebroso promedio de 300.000 personas expulsadas de sus tierras, de sus barrios y de su entorno social, configurando a Colombia como "primer país de expulsión de refugiados y desplazados en el mundo",  en palabras del Alto Comisionado para los Refugiados, realidad que se muestra como una crisis humanitaria prolongada, crónica y sostenida, tal como la determina Codhes en su último informe. Hoy sabemos también que “el total de homicidios por razones sociopolíticas registrados por fuera de combate entre enero de 2002 y diciembre de 2008 fue considerablemente alto: 16.855 personas perdieron la vida o fueron desaparecidas forzadamente en tales circunstancias, lo cual no es sinónimo propiamente de seguridad”, según argumenta Gustavo Gallón en su más reciente columna.

A esta estadística macabra sumamos los 12 dirigentes del Polo Democrático Alternativo eliminados en los últimos seis meses, en lo que he dado en llamar la estrategia quirúrgica de exterminio como extensión y consolidación de las doctrinas de seguridad nacional y de los conflictos de baja intensidad, tan calculadamente expresados en lo que hoy conocemos tristemente como la política de seguridad democrática, continuada sin ambages por el actual gobierno e incluso intensificada en el matiz que Santos quiere desarrollar a fondo con su política de “cuadrantes de seguridad”, que no son otra cosa que la determinación sistemática de los pobladores en su entorno más próximo y por esta vía, la identificación pormenorizada de las “amenazas”, sean éstas colectivas o individuales, al sistema político y de acumulación de capital que hoy prevalece en Colombia.

Desde mi punto de vista, la guerra civil no es simplemente aquella rememoración de los macheteros del siglo XIX, de la existencia de ejércitos tratando de remontar el rio Magdalena. La paradoja actual es que no existe una política de paz, pero sí hay una política de guerra interna. Es una política pública, una política permanente e indefinida en el tiempo, que se sostiene  con nuestros impuestos. La población civil está cada vez más orgánicamente articulada a la política de seguridad democrática, que se mantiene como un hecho perdurable y que pretende prorrogarse indefinidamente con el apuntalamiento y el acorazamiento de la presencia directa de tropas y las armas de Estados Unidos en territorio colombiano. Sabemos que el gobierno actual ni siquiera admite favorecer las condiciones de un intercambio humanitario y mucho menos una negociación política que lleve a la democratización del Estado y a la paz con justicia social.

Hay otro elemento principal en toda esta dinámica. El genocidio ocurrido en Colombia es un proceso estructural que está articulado al modo de acumulación que se ha venido imponiendo con los cambios en el capitalismo, con la gran agricultura de agro exportación, vinculada a los agro combustibles por ejemplo, forzosamente relacionada a este proceso mediante la dedicación casi exclusiva de grandes territorios, como ocurre en zonas como el Valle del Cauca, los Llanos Orientales y otras regiones del país, con evidente sobre explotación de la mano de obra que configura un escenario semi-esclavista en pleno siglo XXI. 

El fenómeno de la violencia en Colombia, de ésta que vivimos ahora, está profundamente vinculado a la forma de explotación del trabajo en gran escala y a la forma en que la gran oligarquía y el imperialismo han venido articulando nuestra economía con la globalización. La militarización y la paramilitarización de la sociedad son plenamente funcionales a este modo de acumulación. El creciente proceso de la paramilitarización de las ciudades colombianas para controlar los barrios populares a través de panfletos de amenaza, de acciones sicariales y operaciones de “limpieza social”, ejerce el papel de una policía paralela criminalizada, complementaria y en nexo con los aparatos estatales, que se ensaña principalmente con los jóvenes.

La enorme avanzada transnacional del capital extranjero agro minero, crece desmesuradamente gracias al trabajo sucio adelantado por el pararamilitarismo que va despejando sistemáticamente las zonas de expoliación y saqueo. Esta  política se ve complementada con los anuncios del ministro de Defensa, en el sentido de que las fuerzas militares y de policía brindarán “protección especial a las zonas de producción de las denominadas "locomotoras de la prosperidad democrática”, mediante la creación de las que él denomina “zonas especiales con estándares de seguridad internacional”. No se pretenda dar soluciones de sobre explotación de los trabajadores, defensa unilateral de los intereses del capital con base en la territorialización de la guerra, represión antipopular en los territorios, aldeamientos forzados tipo Vietnam como válvulas de escape de la crisis capitalista en desarrollo.

En este marco, quiero llamar la atención sobre un hecho que a mi juicio es crecientemente grave: el Comando sur de los Estados Unidos luce de manera clara y cada vez más desembozada como componente del conflicto. Baste mencionar que en los últimos meses, coincidiendo con su creciente dominio de bases militares en Colombia, independientemente de la existencia o no de tratados que regulen tal relación entre los estados, el imperio ha intervenido de manera directa en la guerra no sólo suministrando asesoría y apoyo estratégico, sino soportando tecnológicamente las incursiones del ejército colombiano e incluso aportando material de guerra “inteligente” que ha servido a las acciones de bombardeo no sólo contra fuerzas insurgentes, sino contra áreas pobladas por civiles en diversas zonas del país. En mi opinión, la presencia de Estados Unidos en la guerra interna, es hoy, a estas alturas, el factor fundamental del escalamiento de la guerra y crudelización de su impacto en la población, pero también el principal obstáculo para una solución política negociada, para una salida clara y definitiva. Y esto, como es obvio, determina posibilidades y condiciones.

Quiero decir que Washington no está aquí solamente por razones económicas. El imperio está usando también la guerra colombiana como instrumento de su creciente despliegue político y militar. No olvidemos que hace apenas año y medio ese país anunció el despliegue de la IV Flota naval dedicada al patrullaje, a la vigilancia y al control del continente latinoamericano.

Así las cosas, me parece que el tránsito hacia una Colombia sin guerra entre conciudadanos, sin genocidio, sin desapariciones forzadas, sin secuestros, sin ejércitos de colombianos y colombianas convertidos en trashumantes sumidos en la miseria y en la desesperación, tiene que hacerse sobre la base de un cambio democrático en el país, un cambio político. Siendo el intercambio humanitario un hecho fundamental que tenemos que seguir planteando,  lo esencial es la derrota de la política de guerra que evolucionó hasta ocupar el rango de política del Estado, con el apoyo del imperio. La experiencia de la Unión Patriótica, su experiencia positiva y no igualada hasta hoy significó la formación de  un movimiento sociopolítico que se planteó la paz democrática con justicia social, con igualdad, con inclusión, como un objetivo central de soberanía popular y como un proyecto de Estado y de país solo acallado por la guerra sucia preventiva. Pregunto si esta experiencia simplemente deba ser reducida, olvidada y archivada, sin estudio, análisis ni valoración justa, ante el hecho aplastante de la eliminación. Al contrario. Afirmo que sin un gran movimiento de fuerzas y de opiniones que refleje la voluntad de derrotar la solución militar como vía para poner término a la guerra la situación del país seguirá degradándose y se acentuarán los fenómenos de descomposición política de las instituciones y del conflicto mismo.

Los gobiernos hermanos y los movimientos antiimperialistas de Latinoamérica y el mundo comprenden la urgencia de neutralizar la utilización del conflicto colombiano como un pretexto para la desestabilización de los procesos democráticos y el favorecimiento de formas de intervencionismo militar en América latina.

Derrotar la solución militar implica avanzar a una solución política, a una acuerdo fundamental y estratégico que contemple reformas concretas en la vida nacional: una reforma agraria como solución del problema de la tierra y una política de justicia, verdad y reparación integral; una reforma urbana que implique la posibilidad del acceso a la vivienda y a las garantías sociales para los nuevos pobladores; y un avance también hacia conquistas en la democratización de la salud, la educación,  el saneamiento ambiental y de la calidad de vida para la inmensa mayoría de la población colombiana. No es precisamente el camino que hoy nos ofrece Juan Manuel Santos con la demagogia de restitución de tierras y su propuesta de “sostenibilidad fiscal”, que es la negación del compromiso social del Estado.

Por lo tanto nuestro planteamiento insiste en la necesaria aproximación de las fuerzas populares, incluyendo al Polo Democrático Alternativo y a la izquierda emergente en desarrollo, como parte de una estrategia de ampliación de la fuerza política popular y de la perspectiva de un gran frente avanzado, democrático, patriótico, de fuerzas, de movimientos, organizaciones, núcleos y personas dispuestas a trabajar en todos los campos de la lucha democrática por una gran transformación en el país y por la derrota definitiva de la política de guerra. En lo inmediato este acercamiento y esta búsqueda de nuevas formas de unidad de acción implican dar paso al impulso de nuevas movilizaciones sociales con base en la mayor coordinación de las acciones diversas y el rescate de la práctica de la solidaridad entre todas las luchas de los trabajadores y de los sectores democráticos.

Reiteramos el llamado a que ningún sector democrático, popular o ninguna fuerza de izquierda se sienta solo en la acción que adelanta; que se sepa que el respaldo y que la batalla por la libertad política, por las libertades públicas, por los derechos fundamentales del pueblo, de los distintos sectores de la sociedad y de los pueblos que integran Colombia, nos concierne a todos. Que se sepa que estamos trabajando en la misma dirección, que se buscan objetivos semejantes, que por lo tanto la solidaridad y el acompañamiento son parte necesaria de la integridad de las luchas del presente y del futuro hacia un gran cambio del régimen político y social en Colombia.

La salida militar que el Estado colombiano mantiene contra viento y marea tiene que ser acallada y aplastada por la lucha democrática y popular. Sólo así este tenebroso escenario de la persecución y del genocidio político, del aniquilamiento de la oposición al sistema de acumulación oligárquico y de la tragedia que golpea sin miramientos a la gran mayoría de la población colombiana, llegará a su fin.

JC/rv

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viernes, 19 de noviembre de 2010

Jugoso recaudo del sistema de transporte debe hacerlo el Distrito a través de ETB

Concejal Jaime Caicedo felicita a Sintrateléfonos


Boletín de prensa
• Concejal Jaime Caicedo felicita a Sintrateléfonos por ganar acción de cumplimiento en contra de búsqueda de socio estratégico en ETB

El multimillonario negocio de recaudo de los ingresos del Sistema Integrado de Transporte debe ejercerlo directamente el Distrito Capital a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y no cederlo a los voraces intereses del sistema financiero, exigió hoy el concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, Jaime Caicedo, en derecho de petición dirigido al alcalde mayor Samuel Moreno.

“Estamos hablando de cerca de $250 mil millones anuales, suma que va a ganar el ente que realice el recaudo del Sistema Integrado de Transporte, SITP. Imaginemos cuántos proyectos sociales puede financiar el distrito con esos voluminosos recursos. Por ejemplo, podría costearse prácticamente en su totalidad la tarifa diferencial para personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes y mujeres gestantes, que concedería un descuento del 50% en el valor del tiquete de ingreso al sistema de transporte”, argumentó Caicedo Turriago.

En su criterio, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, está en plena capacidad de hacerse cargo del sistema de recaudo, ya que cuenta con la tecnología, la experiencia operativa y la infraestructura necesaria para tal fin. “Ya está en proceso el convenio firmado por la ETB y la Secretaría de Movilidad para adquirir, instalar, operar y mantener el Sistema Inteligente de Transporte – SIT para Bogotá, constituido por los módulos de semaforización, información electrónica variable, detección electrónica de infractores y monitoreo del tráfico afectado por la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial. Debe extenderse este convenio o firmarse uno nuevo para que la ETB realice el recaudo y las ganancias le queden al pueblo bogotano, no a los pulpos financieros”, indicó el cabildante.

Caicedo llamó a los bogotanos y bogotanas a exigir al alcalde mayor que esta decisión se tome prontamente, aprovechando que la licitación del sistema de recaudo fue cancelada.

ETB es de la ciudad, ahora más con acción de cumplimiento

Jaime Caicedo expresó su satisfacción por el fallo del juzgado 38 Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual dio la razón a Sintrateléfonos en la acción de cumplimiento (de la cual Caicedo Turriago fue coadyuvante), que establece que con la venta de acciones a un posible socio estratégico, la ETB quería configurar un fraude al principio de democratización de la propiedad accionaria del Estado.

En efecto, el juzgado en su fallo señala que “la ETB y el Distrito Capital de Bogotá vulneraron los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público por fraude al principio de democratización de la propiedad accionaria del Estado contenida en el artículo 60 de la Constitución Política y elusión de la Ley 226 de 1995, en el proceso de búsqueda de un inversionista o socio estratégico mediante el proceso de capitalización aprobado en la Asamblea General de Accionistas”.

Más adelante, el juzgado decide “ordenar que la ETB y el Distrito Capital se abstengan de proponer aprobar, adelantar o votar favorablemente procesos o reglamentos de capitalización que contemplen reformas estatutarias tendientes a restringir o suprimir el manejo operativo del DC y su derecho de voto a favor de terceros, mediante conversión de acciones o figuras societarias similares, sin cumplir con el requisito de democratización establecido en el artículo 60 de la CP y el procedimiento señalado en la Ley 226 de 2995 y demás normas que regulen la materia”.

Finalmente, compulsó “copias de esta decisión a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría Distrital de Bogotá para que investiguen si en este fraude al derecho se incurrió en alguna conducta reprochada por el ordenamiento penal, disciplinario o fiscal vigente”.

Caicedo Turriago señaló que su propuesta de que la ETB se haga cargo del recaudo del SITP es ahora mucho más congruente gracias al fallo de la acción de cumplimiento que ratifica la propiedad accionaria del Distrito Capital sobre la empresa y la imposibilidad de vender acciones sin respetar las normas constitucionales y legales. “No podemos permitir que esta abultada cifra, producto de recaudo del sistema de transporte, se vaya de las manos de los bogotanos y bogotanas. Esos dineros deben ser usados en beneficio directo de la ciudad”.
 

martes, 16 de noviembre de 2010

Preocupación por repercusiones laborales de la reestructuración del IDU


Boletín de prensa
• “No quiero pensar que se cocina una estrategia para sacar funcionarios y contratar empresas advenedizas”, advirtió Jaime Caicedo.
• Salió al paso de declaraciones del Contralor Distrital que propone desaparecer el IDU.
El concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, Jaime Caicedo Turriago, hizo eco de la gran preocupación que existe entre un numeroso grupo de empleados profesionales, técnicos y asistentes administrativos del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, ante su probable salida debido al traslado de actuales funciones de ese instituto hacia otras entidades del Distrito Capital propuesta en el proyecto de Acuerdo 269 que presentó la administración, el cual cursa en el cabildo de la ciudad y que ya fue aprobado en primer debate en la Comisión de Hacienda.

Caicedo también criticó duramente las declaraciones del contralor distrital, Miguel Ángel Morales Russi al proponer la desaparición del instituto. “La idea del señor contralor es desfasada, irresponsable, injusta e inoportuna y pretende desviar la atención sobre las verdaderas causas de los presuntos hechos de corrupción o de errores en la contratación. Convierte en víctimas a los trabajadores de base de la entidad que nada tienen que ver con las decisiones de los altos ex funcionarios del IDU, investigadas hoy de manera plausible por los entes de control del Estado”, afirmó.

En criterio de Caicedo Turriago, la administración debe tener mucho cuidado con las medidas que tome para reestructurar el IDU. “Si, como parece ser la tendencia en el Concejo de Bogotá de aprobar la reasignación de funciones hacia las Secretarías de Hacienda y de Planeación, así como al Catastro Distrital, la ciudad no puede cometer el error de prescindir de 450 funcionarios expertos en las materias catastrales”, señaló.

“Rechazo estas propuestas y llamo a la plenaria del Concejo de Bogotá a devolver el proyecto de acuerdo No. 269 de 2010 a la Comisión de Hacienda para modificar el artículo 4 que atenta contra los derechos de los trabajadores. Invito al contralor distrital a concentrar sus esfuerzos en el ejercicio de sus funciones de control fiscal, en lugar de salir a hacer propuestas sin mayores fundamentos que afectan el clima laboral y social de la ciudad”.

Propuso que en el hipotético caso de que finalmente sea aprobado el proyecto de Acuerdo 269, los actuales funcionarios del IDU que queden cesantes sean trasladados a las nuevas dependencias que tendrán a su cargo las mismas funciones. “No quisiera pensar que se está cocinando una estrategia para sacar a estos funcionarios y luego contratar mediante otros mecanismos a empresas advenedizas que no tienen el conocimiento y la experiencia de estos colaboradores altamente calificados del Distrito que han hecho carrera por largos años y que dominan los aspectos técnicos referentes al catastro y otras funciones”, advirtió.
 

viernes, 12 de noviembre de 2010

Murió Jorge Regueros Peralta, baluarte de los periódicos de izquierda

Era el "alma y el espíritu de los periódicos del Partido Comunista", como él mismo se definió.
Regueros Peralta, intelectual, periodista y miembro fundador del Partido Comunista en Colombia, falleció en Bogotá, a la edad de 100 años.

Nació en Bucaramanga el 5 de mayo de 1910. Se graduó como abogado en el Externado y fue elegido senador (1942-1946), corporación de la cual ocupó la presidencia.

Sus primeros trabajos periodísticos los realizó en EL TIEMPO, a donde llegó cuando apenas tenía 20 años. En 1934 participó en el periódico El Bolchevique; en 1942, junto con Gilberto Vieira, dirigió el Diario Popular. Luego estuvo en el semanario Voz de la Democracia, que en 1963 se llamó Voz Proletaria (hoy es Voz).

El concejal bogotano Jaime Caicedo recordó a Regueros como un dirigente de izquierda muy destacado, especialmente en los años 40. Dijo que en los 80 hizo parte del movimiento Firmes, conformado por intelectuales de tendencia de izquierda. Luego fue cercano al Frente Democrático y a la Unión Patriótica (UP). Jorge Regueros fue autor De lo sacrílego, libro que plasmó la historia de los cafés literarios en Colombia. Por eso, se lo consideró como un referente del devenir político y literario durante buena parte del siglo XX.

El senador Jorge Guevara, miembro de Polo, calificó a Regueros como un "baluarte de la lucha democrática" y señaló que, gracias a su aporte ideológico, se convirtió en una figura "entrañable para la democracia".

"Al lado de Diego Montaña Cuéllar, fundó el Partido Socialista Revolucionario, y luego, con el maestro Gerardo Molina, construyó el movimiento Firmes, en busca de un acuerdo de unidad de la izquierda en este país", dice.

"Mi relación con él fue de admiración. Era un colombiano excepcional, con una clara inteligencia y espíritu revolucionario (...) Fuimos asesores en la Asamblea Constituyente del 91, escenario en el que propusimos que la organización de Colombia pasara a ser la de un Estado regional unitario", dijo Alberto Mendoza Morales, director de Sociedad Geográfica de Colombia.

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miércoles, 10 de noviembre de 2010

Comunistas exigen Audiencia Pública con Contratistas de Bogotá para que rindan cuentas


Boletín de prensa

• En su conferencia distrital, reclamaron al alcalde Samuel Moreno la renuncia de todos los altos funcionarios que pertenezcan a la “Unidad Nacional”.

Dos fuertes exigencias hizo al alcalde mayor de Bogotá la conferencia de delegados comunistas de las distintas localidades de la ciudad, reunida este fin de semana: que los contratistas de Bogotá respondan públicamente por sus ejecutorias en una asamblea popular, y que la administración distrital esté conformada por profesionales y dirigentes de izquierda para garantizar la reorientación de las políticas de la ciudad en favor de las mayorías desposeídas.

El concejal Jaime Caicedo, vocero de este sector dentro del Polo Democrático Alternativo, dijo que en las reuniones a las que últimamente ha citado el alcalde para enfrentar la crisis, le ha planteado cambiar el rumbo de su gobierno, apoyándose verdaderamente en los sectores democráticos y populares y en sus iniciativas.

Caicedo afirmó que el Polo Democrático está cargando con la responsabilidad del gobierno, pero sin tener en él verdadera representación de su programa ni de sus cuadros dirigentes y profesionales. “Es falso que la izquierda no tenga cuadros preparados; no se justifica que secretarias estratégicas en un gobierno elegido a nombre de la izquierda, continúen en manos de tecnócratas de derecha que sin el menor rubor pasan o vienen del gobierno nacional, como es el caso de los secretarios de hacienda, por sólo poner un ejemplo”.

Caicedo señaló que es necesario, en este último tramo de la administración, poner toda la atención en una serie de iniciativas populares que deben realizarse. “Es el caso de la tarifa diferencial de transporte, la defensa del territorio, la defensa del patrimonio público, la corrección del rumbo del Plan Centro y de Ciudad Salud, con participación real de los pobladores; la suspensión definitiva de la explotación de la cuenca del Tunjuelo y la indemnización que las cementeras le deben a la ciudad por el daño ambiental causado”.

“Está, así mismo, la concertación con los vecinos de Engativá y Fontibón para reorientar el Plan zonal del aeropuerto Eldorado; la conformación de zonas de reserva campesina en las localidades de Usme y Sumapaz, con el ánimo de generar alimentos baratos y abundantes para la ciudad; la defensa de la educación pública estatal en contra de las concesiones y convenios educativos, la terminación o construcción y reforzamiento estructural de los colegios públicos, el nombramiento de maestros en propiedad y el pago de deudas a los educadores. En fin, hay toda una batería de políticas públicas por ejecutar que no se realizarán mientras la gran mayoría del gobierno esté en manos de la derecha”, argumentó el concejal Jaime Caicedo.

Sobre las denuncias de corrupción

“No guardamos silencio frente a los errores de la administración. Los casos de corrupción, de ser comprobados, deben llevar a una sanción legal y política para los responsables los cuales, en su inmensa mayoría, estamos seguros no comprometen a dirigentes o funcionarios de la izquierda, porque entre otras, estos no han sido llamados cogobernar”.

Agregó que “no nos sumamos a los oportunistas que hoy quieren favorecer sus intereses personales y de grupo, presentándose como únicos poseedores de la ética y la moral pública, contribuyendo a desprestigiar y destruir al PDA a la vez que sugieren conciliar con la política nacional de la derecha”.

Finalizó afirmando que “nuestra opinión es que el gobierno de la ciudad, aun con sus errores, fue una conquista de los pobres, de los trabajadores, de los sectores democráticos frente al proyecto de cemento de los Peñalosas, los Santos, los Ospinas, los Lleras y los demás voceros de la oligarquía que quieren recuperarla a cualquier costo”.

Prensa PCC
 

martes, 26 de octubre de 2010

Defender el Polo como instrumento político del pueblo.-Deliberaciones del Comité central del PCC


En el transcurso de las deliberaciones del Comité central del PCC grandes movilizaciones de masas, de trabajadores y estudiantes, confrontan en Francia las soluciones capitalistas a la crisis. La clase obrera europea, también en Grecia y en España despliega su resistencia y sus propuestas. En América Latina el pueblo venezolano reafirma en las elecciones la voluntad de cambio y en Ecuador confronta la tentativa de golpe de Estado. Vaya a todos estos procesos nuestro saludo y voz solidaria.

En el plano interno observamos que el gobierno Santos no solo es continuador de las políticas de Uribe sino que se propone adelantar un proceso de consolidación de las contrarreformas y retrocesos sociales. Su  política económica está concebida para dar continuidad a la estrategia de acumulación capitalista que se adelanta en el país desde hace varias décadas. En sentido estricto, puede preverse una profundización del proceso de neoliberalización, a juzgar por el paquete de reformas presentado al Congreso.

La expresión más grave del continuismo es la seguridad democrática que combina las operaciones de guerra contrainsurgente con las medidas que involucran a la población civil en el conflicto, la criminalización de quienes luchan por la paz y los acuerdos humanitarios y, en general, de los opositores políticos. Aunque la presión latinoamericana obligó a Santos a normalizar relaciones con Venezuela, Ecuador y Unasur, y la Corte declaró inexistente el tratado de las bases, el intervencionismo militar de Washington deviene cada día más en una amenaza a la estabilidad en la región. Santos apunta hacia un desenlace militar del conflicto interno en lugar de una solución pacífica, vía del diálogo y la negociación. La lucha por la paz exige derrotar la orientación guerrerista, definir una política de Estado dirigida a poner fin a la matanza entre colombianos y establecer procedimientos mutuamente convenidos para lograr acuerdos verificables con el apoyo de la Comunidad internacional. Una ley de verdad, justicia y reparación auténtica, una Comisión de la verdad, una política de restitución de tierras y de reforma agraria democrática son indispensables en lugar de los remedos propuestos por Santos. Se requiere la depuración de las fuerzas armadas y de seguridad del narcoparamilitarismo y el desmantelamiento de los aparatos criminales de la ultraderecha. Es imperativo impulsar iniciativas unitarias para la liberación de los rehenes y de los presos políticos, el intercambio humanitario y el cese de la persecución política a quienes trabajan por la paz, los derechos humanos y las organizaciones populares.

La consolidación del modelo económico neoliberal Uribe – Santos consiste en adaptar el Estado a los requerimientos del aparato explotador transnacionalizado mediante su traducción en cambios de la constitución y las leyes que privilegian la inversión extranjera y los pretendidos derechos exclusivos para los capitalistas. El Estado cede sus prerrogativas de legislar en provecho del interés nacional para favorecer el saqueo de las riquezas naturales, la depredación y contaminación del medio ambiente y la explotación inmisericorde de los trabajadores por el capital transnacional. El PCC se opone a la proyectada ley de regalías y llama a luchar por una política minero-energética que priorice el desarrollo nacional y el papel del Estado en su explotación racional. Propone informar y agitar el proyecto de Estatuto del trabajo presentado por la senadora Gloria Inés Ramírez.

En la coyuntura de un gobierno con las características vistas, el PCC considera correcta la orientación de profundizar y desarrollar la política unitaria. Frente a la actual ofensiva de la derecha y de un sector liquidacionista para destruir el Polo no cabe otra actitud que la de defender el proyecto unitario, consolidar su orientación de izquierda, desarrollar la plataforma de lucha por los derechos del pueblo, fortalecer sus organizaciones y comités de base con el criterio de que no bastan los acuerdos por lo alto. Es necesario rescatar el carácter alternativo y transformador del Polo, sus rasgos de instrumento político de amplios sectores populares que quieren expresar sus angustias y sus propuestas. Hay que trabajar por la afiliación de miles de personas a la organización, la formación de sus direcciones locales y la planificación adecuada de la campaña de elecciones de octubre de 2011.

La actual crisis del Polo no es obra exclusiva de la derecha con el apoyo de los liquidadores. Hace crisis la indefinición de una política de alianzas, la incapacidad de vincularse a la lucha y movilización social así como la inconsecuencia en el ejercicio de las experiencias de gobierno, particularmente en Bogotá, D.C. Se debe actuar enérgicamente para corregir y rectificar estas fallas graves que amenazan los espacios conquistados y que llevan el Polo a la división. La ruta correcta es la de preservar la integridad del Polo frente los vicios de la politiquería y la corruptela, inherentes al sistema dominante y, a la vez, construir su política en un deslinde neto de las pretensiones antidemocráticas y cómplices en el propósito de destruir el Polo del ex candidato presidencial Petro. La izquierda tiene el elevado reto de actuar unida en la tarea de rescatar, rectificar y fortalecer el Polo como instrumento político del pueblo.

Las demostraciones de resistencia popular de masas en huelgas, marcha patriótica, cabildos, minga nacional indígena, congreso de los pueblos, encuentros y movilizaciones indican que la unidad tienen perspectivas hacia la izquierda y en la lucha social, clasista, etnosocial, regional y democrática. Proponemos la coordinación conjunta de todos los procesos unitarios y la Gran Coalición, la búsqueda de unos objetivos de plataforma comunes, la construcción de condiciones para el paro cívico y para la creación de un escenario común de decisiones estratégicas. Partimos de la realidad de que no toda la izquierda está agrupada en el Polo. El Polo debe ensayar formas de unidad de acción con estas nuevas fuerzas, acompañar solidariamente sus acciones, construir convincentes iniciativas de confianza y convocarlas a la participación conjunta en la batalla electoral local de 2011.

El PCC y la JUCO han cumplido importantes tareas en la celebración del 80 Aniversario del partido y los actos con motivo del Bicentenario. Las direcciones deben planificar el trabajo electoral en perspectiva, las consultas internas, los contactos para las alianzas. Nos proponemos sostener lo ganado hasta ahora y avanzar en nuevas posiciones con ayuda de los aliados. Está en desarrollo la campaña de crecimiento dentro de la consigna de fortalecer el PCC hacia la segunda y definitiva emancipación del pueblo colombiano. Significa abrir las puertas de la organización a los trabajadores, las  mujeres, los jóvenes, los artistas y trabajadores de la cultura, sin descuidar la vigilancia revolucionaria, con un sincero espíritu de amplitud. La campaña de crecimiento se efectúa en el marco de la política unitaria, no se contrapone sino que se complementa con el esfuerzo por fortalecer el Polo.

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, PCC
COMITÉ CENTRAL

Integrante del Polo Democrático Alternativo, PDA

Bogotá, octubre 23 de 2010.

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Declaración del Comité Ejecutivo del Polo Democrático

Declaración aprobada por unanimidad.-Comité Ejecutivo Nacional

En defensa del Polo Democrático alternativo (PDA)

La llamativa coincidencia entre Gustavo Petro y la extrema derecha para hacerle graves daños al Polo Democrático Alternativo tiene los siguientes antecedentes.

Existen pruebas del propósito de las fuerzas más reaccionarias de destruir el proyecto de unidad de la izquierda democrática. Durante la campaña electoral a la alcaldía, Álvaro Uribe sindicó a Samuel Moreno Rojas de vínculos con la guerrilla. Y la Fiscalía General de la Nación descubrió que el DAS montó una “empresa criminal” para promover la división del Polo y meterles en la cabeza a los colombianos que sus dirigentes eran de las Farc y que el alcalde de Bogotá era corrupto.

En el momento en que el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo decidió declararse en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y mantener a Clara López Obregón como presidenta, Gustavo Petro le declaró la guerra al Partido porque no respaldó su aspiración a la presidencia del PDA ni a sus acuerdos, secretos hasta hoy, con Juan Manuel Santos. Ese día nos hizo saber que debíamos ponernos bajo sus órdenes o no habría Polo para nadie. Si no lo dividió fue porque ningún dirigente de la organización lo acompañó en la intentona.

Desde entonces anunció que no reconocía a la presidenta del Polo, al Comité Ejecutivo Nacional ni a las direcciones territoriales y estableció una política de alianzas y electoral que no es la del Partido. También por fuera de los estatutos y para usarla como mampara, creó una comisión de bolsillo para supuestamente investigar a la administración de Bogotá, a su alcalde y al senador Iván Moreno Rojas, a quienes había condenado desde antes de formar la comisión.

A pesar de que la semana pasada –acompañado apenas de un concejal de Bogotá y un congresista del Polo– no pudo mostrar prueba alguna que justificara sus acusaciones, hecho reconocido por los más diversos analistas, Gustavo Petro persistió en sus agravios, los cuales han amplificado las fuerzas del uribosantismo. No ha habido en Colombia un partido que haya sido más brutalmente agredido por uno de sus dirigentes.

El Comité Ejecutivo Nacional toma nota de la decisión de Gustavo Petro de desconocer el Ideario de Unidad, los estatutos y resoluciones del PDA, poniéndose por fuera del Polo, y llama a sus dirigentes y militantes a no acatar ninguna de sus indicaciones políticas.

De acuerdo con los principios del Polo Democrático Alternativo, el Comité Ejecutivo Nacional ratifica su disposición de colaborar para que las autoridades judiciales del país y la Comisión de Ética del Polo investiguen a cualquiera de sus dirigentes, en los términos que las leyes y los estatutos del Partido lo determinan.

El cúmulo de acusaciones tiene como objetivo la destrucción del Polo y de sus políticas sociales y democráticas en Bogotá, para dejar a Colombia sin la opción de cambio que representamos e imponer el retorno a las viejas políticas retardatarias.

Llamamos a nuestros militantes y amigos a movilizarse en defensa de la Alcaldía de Bogotá y del proyecto de unidad de la izquierda democrática, hoy severamente amenazados por las fuerzas regresivas que controlan el país.

Bogotá, 25 de octubre de 2010.

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viernes, 22 de octubre de 2010

El error ha sido permitir la coadministración de la derecha dice el concejal del Polo Jaime Caicedo



 Boletín de prensa

•    Petro no aporta pruebas para judicializar a nadie. En cambio, enloda gravemente al Polo, dice concejal Jaime Caicedo
•    Los comunistas no toleramos la corrupción ni la impunidad; si hay responsabilidades individuales, tienen que ser resueltas sin dilación por el sistema judicial.

Mediante constancia que radicará ante el Concejo de la ciudad, el cabildante del Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo dijo enfáticamente que no cohonesta ni transige ante la corrupción y que exige de los organismos de control prontos resultados sobre la ola de denuncias sobre presunta corrupción en la administración distrital, al tiempo que señaló como insubstancial la declaración de Gustavo Petro en torno a este tema.

Al respecto, Caicedo afirmó que las pretendidas denuncias de Petro y su grupo no agregan nada nuevo a lo que ya ha dicho el contralor distrital en el sentido de que hay cinco grandes contratistas que monopolizan un segmento importante de la contratación pública en Bogotá, sin que ello de por sí constituya ilegalidad alguna.

“El problema a mi juicio no es éste, puesto que estos contratistas son los mismos que actúan como un cartel en toda la contratación del país. El asunto está en el sistema de contratación que las oligarquías han impuesto en Colombia, diseñado para que ellas mismas se favorezcan a través de un complejo pero eficiente entramado que implica aparente solidez financiera e influencia en los poderes políticos nacionales para acumular capital bajo una modalidad parasitaria y mafiosa. Ninguno de esos contratistas hoy señalados es miembro del Polo, pero ellos sí financian a diversos grupos uribistas y algunos de ellos monopolizan contratos viales y de obras públicas incumplidas en el país”, denunció Caicedo Turriago.

Indicó que si por algo se puede reclamar a los alcaldes del Polo en Bogotá es por “prestarse a cohabitar la administración distrital con representantes de la derecha tradicional, sin atreverse a enfrentar el modelo imperante y sin empoderar y dar medios de control a la base popular. Estamos ante un poder permanente de la ciudad, en cabeza de un puñado de grandes capitalistas, contratistas y burócratas del establecimiento, que sigue mangoneando a su antojo los recursos públicos y el poder político, frente a un poder transitorio representado por un alcalde que no logra zafarse de la maraña burocrática y política tendida con habilidad y precisión para atar el progreso de la ciudad.”, señaló Caicedo.

Las diferencias políticas no se zanjan con chantajes

Jaime Caicedo acusó a Gustavo Petro y su grupo de utilizar la lucha anticorrupción como mecanismo para dividir al Polo, “echando el agua sucia a sus contradictores políticos. Considero que las diferencias políticas no se zanjan ni por la violencia ni por el chantaje. Menos aun por el oportunismo divisionista que incita y aplaude la derecha”.

Llamó a la población a defender los logros alcanzados por el Polo, reconocidos por las comunidades, en materia de educación, salud y libertades públicas, en el tratamiento dado a las decenas de miles de refugiados de la guerra, así como en la conformación próxima del Sistema Integrado de Transporte, entre otros aspectos plausibles de la administración distrital. “Faltan asuntos trascendentales, como la implantación de la tarifa diferencial en el transporte para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes y estudiantes. En este enfoque también resulta imperiosa la construcción, lo antes posible, del metro”, argumentó.

Por último, hizo un nuevo llamado a todas las corrientes honestas de la izquierda democrática que actúan en el interior del Polo Democrático Alternativo para defender su unidad y su compromiso con el pueblo, ante las fuertes arremetidas de la derecha que buscan aniquilarlo, con el concurso de algunos miembros de esa colectividad. “Reitero que los comunistas no toleramos la corrupción ni la impunidad; si hay responsabilidades individuales, tienen que ser resueltas sin dilación por el sistema judicial. Pero tampoco le vamos a hacer el juego a la ultraderecha que pretende destruir al único partido de oposición, utilizando rumores y declaraciones públicas carentes de pruebas”, declaró el cabildante Caicedo Turriago.

Boletín de prensa

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Constancia del concejal Jaime Caicedo ante el concejo y la ciudadanía de Bogotá

Denuncias sin pruebas, otra forma de golpear al polo

Las denuncias dadas a conocer por un grupo de miembros del Polo Democrático Alternativo acerca de la existencia de un cartel de contratación pública en la ciudad no agregan nada nuevo a lo que el contralor distrital y otras instancias de investigación han revelado, en el sentido de que cinco grandes grupos económicos controlan la contratación pública en Bogotá, los mismos que tienen fuerte presencia en toda la contratación a nivel nacional.

Tales denuncias tampoco aportan pruebas para judicializar a nadie, mientras los verdaderos corruptos mueren de risa. Lo que sí logran los pretendidos denunciantes, con el eco orquestado de los medios masivos, es enlodar al Polo Democrático, reitero, sin prueba alguna. El veneno está en golpear al Polo justo cuando está en marcha la ofensiva de la derecha para desestabilizar la alcaldía de Bogotá.

Usar la lucha anticorrupción como manera de dividir el Polo, echando el agua sucia en sus contradictores, es una traición. Las diferencias políticas no se zanjan ni por la violencia ni por el chantaje. Menos aun por el oportunismo divisionista que incita y aplaude la derecha.
Dejo constancia enfática de que los comunistas no cohonestamos ni transigimos ante la corrupción. Reiteramos nuestra exigencia, varias veces expuesta en este mismo escenario y en los medios de comunicación, para que se lleven a cabo las investigaciones necesarias por parte de los organismos competentes donde aparezcan nombres y pruebas, no consejas, rumores ni suposiciones.

El error de los alcaldes del Polo ha sido prestarse a cohabitar la administración distrital con representantes de la derecha tradicional, sin atreverse a enfrentar el modelo imperante y sin empoderar ni dar medios de control a la base popular. Estamos ante un poder permanente de la ciudad, en cabeza de un puñado de grandes capitalistas, contratistas y burócratas del establecimiento, que sigue mangoneando a su antojo los recursos públicos y el poder político, frente a un poder transitorio representado por un alcalde que no logra zafarse de la maraña burocrática y política tendida con habilidad y precisión para atar el progreso de la ciudad.

Ahora es más claro que nunca que el verdadero origen de todo este oscuro fenómeno de la corrupción es el apetito inacabable del capitalismo por acumular más y más riqueza, a costa de los impuestos de los contribuyentes. Poner fin a las condiciones jurídicas y políticas que hacen posible la corrupción inherente al sistema capitalista es un propósito del Polo.

Los sistemas de contratación tal como están hoy concebidos, en el marco de privatización neoliberal del Estado, están bajo el control de una fracción de la burguesía que utiliza su influencia en el poder político dominante para acumular capital bajo una forma parasitaria, usando incluso métodos mafiosos. Ninguno de esos contratistas hoy señalados es miembro del Polo, pero ellos sí financian a diversos grupos uribistas y algunos de ellos monopolizan contratos viales y de obras públicas incumplidas en el país.

Suprimir ese monopolio y esos métodos implica una reforma profunda del Estado y una intervención popular decisoria en el control político. Hacerlo es un objetivo del Polo.

Llamamos a defender los logros alcanzados en educación gratuita, alimentación, atención en salud, en la constitución de un sistema integrado de transporte, en garantías para el ejercicio de las libertades, en el tratamiento a las decenas de miles de refugiados de la guerra y otros aspectos igualmente trascendentes para la vida de los bogotanos y bogotanas.

Exigimos así mismo la implantación de la tarifa diferencial en el transporte público en beneficio de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes y estudiantes. El Metro para Bogotá es una imperiosa necesidad y debe construirse en el menor plazo posible.

Llamamos a la unidad de todas las corrientes honestas de la izquierda, a defender al Polo Democrático Alternativo, su unidad y su compromiso con el pueblo.

Bogotá DC, octubre 22 de 2010


JAIME CAICEDO TURRIAGO
Concejal de Bogotá
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Constancia ante el concejo y el pueblo de Bogotá

Las denuncias dadas a conocer ayer por algunos miembros del Polo Democrático Alternativo acerca de la existencia de un cartel de contratación pública en la ciudad no agregan nada nuevo a lo que el contralor distrital y otras instancias de investigación han revelado, en el sentido de que cinco grandes grupos económicos monopolizan la contratación pública en Bogotá, los mismos que tienen fuerte presencia en toda la contratación a nivel nacional.

Tales denuncias tampoco aportan pruebas para judicializar a nadie, mientras los verdaderos corruptos se mueren de risa. Lo que sí logran los pretendidos denunciantes, con el eco orquestado de los medios masivos, es enlodar al Polo Democrático, reitero, sin prueba alguna. El veneno está en golpear al Polo justo cuando está en marcha la ofensiva de la derecha para desestabilizar la alcaldía de Bogotá.

Usar la lucha anticorrupción como manera de dividir el Polo, echando el agua sucia en sus contradictores es una traición. Las diferencias políticas no se zanjan ni por la violencia ni por el chantaje. Menos aun por el oportunismo divisionista que incita y aplaude la derecha.

Dejo constancia enfática de que los comunistas no cohonestamos ni transigimos ante la corrupción y reiteramos nuestra exigencia, varias veces expuesta en este mismo escenario y en los medios de comunicación, para que se lleven a cabo las investigaciones necesarias por parte de los organismos competentes donde aparezcan nombres y pruebas, no consejas, rumores ni suposiciones.
El error de los alcaldes del Polo ha sido prestarse a cohabitar con representantes de la derecha tradicional, sin atreverse a enfrentar el modelo imperante y sin empoderar ni dar medios de control a la base popular. Estamos ante un poder permanente de la ciudad, en cabeza de un puñado de grandes capitalistas, contratistas y burócratas del establecimiento, que sigue mangoneando a su antojo los recursos públicos y el poder político, frente a un poder transitorio representado por un alcalde que no logra zafarse de la maraña burocrática y política tendida con habilidad y precisión para atar el progreso de la ciudad.

Ahora es más claro que nunca que el verdadero origen de todo este oscuro fenómeno de la corrupción es el apetito inacabable del capitalismo por acumular más y más riqueza, a costa de los impuestos de los contribuyentes. Poner fin a las condiciones jurídicas y políticas que hacen posible la corrupción inherente al sistema capitalista es un propósito del Polo.

Los sistemas de contratación tal como están hoy concebidos, en el marco de privatización neoliberal del Estado, están bajo el control de una fracción de burguesía que utiliza su influencia en el poder dominante para acumular capital bajo una forma parasitaria, usando incluso métodos mafiosos. Ninguno de esos contratistas hoy señalados es miembro del Polo, pero sí  financian a diversos grupos uribistas y algunos de ellos monopolizan contratos viales y de obras públicas incumplidas en el país.
Suprimir ese monopolio y esos métodos implica una reforma profunda del Estado y una intervención popular decisoria en el control político. Hacerlo es un objetivo del Polo.

Llamamos a defender los logros alcanzados en educación gratuita, alimentación, atención en salud, en la constitución de un sistema integrado de transporte, en garantías para el ejercicio de las libertades, en el tratamiento a las decenas de miles de refugiados de la guerra  y otros aspectos igualmente trascendentes para la vida de los bogotanos y bogotanas.
Exigimos así mismo la implantación de la tarifa diferencial en el transporte público en beneficio de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes y estudiantes. El Metro para Bogotá es una imperiosa necesidad y debe construirse en el menor plazo posible.

Llamamos a la unidad de todas las corrientes honestas de la izquierda a defender al Polo Democrático Alternativo, su unidad y su compromiso con el pueblo.

Bogotá DC, octubre 21 de 2010

JAIME CAICEDO TURRIAGO
Concejal de Bogotá

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Un paso menos para la vigencia en Colombia de la Convención contra la desaparición forzada

Por: Comisión Colombiana de Juristas

En la sesión del 19 de octubre, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate el proyecto de ley por medio del cual se aprueba la “Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” (“la Convención”), adoptada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006.

La Convención consagra de manera expresa un nuevo derecho: el derecho absoluto de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada. Asimismo, es el primer tratado de derechos humanos que establece el derecho a la verdad que le asiste a los familiares de desaparecidos. Sus disposiciones permiten reforzar las herramientas normativas en materia de prevención, investigación y castigo de este crimen, y prevén garantías para la satisfacción de los derechos de las víctimas y sus familiares. Entre otras, conviene destacar que establece el Comité contra la Desaparición Forzada, con el propósito de verificar si los Estados que suscriben la Convención cumplen con las obligaciones que han contraído en virtud de ella. Una de las funciones del Comité es la de conocer peticiones que alleguen particulares denunciando posibles casos de desaparición forzada cometidos por Estados que han ratificado la Convención.

Con la aprobación en cuarto debate del proyecto de ley mencionado se cumple uno de los pasos requeridos por la Constitución Política para que el tratado sea ratificado por Colombia. Ahora resta que el Gobierno nacional sancione el proyecto de ley aprobado por el Congreso, para que luego la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Convención, y en caso de que esta dé su visto bueno, el Gobierno tiene la facultad de ratificarla.

Como mencionamos, las medidas que hacen parte de este tratado permitirán reforzar el marco normativo de protección de los derechos humanos, ya que ayudarán a prevenir y a sancionar la desaparición forzada. Por esto, la aprobación de la Convención en el Congreso de la República representa un paso muy importante, al que deben sumársele otros más para que entre en vigencia en Colombia. La Comisión Colombiana de Juristas hace un llamado a las demás instituciones involucradas en el trámite de aprobación para que le den curso a esta iniciativa sin dilación. Igualmente, invita al Gobierno nacional a que, una vez surtido el trámite pertinente, ratifique la Convención en su integridad y reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para verificar el cumplimiento por parte de Colombia de las obligaciones establecidas en ella.

Bogotá, 20 de octubre de 2010
Comisión Colombiana de Juristas 

miércoles, 6 de octubre de 2010

Denuncian insoportables olores y hacinamiento en colegio Distrital Marruecos

Protesta pública de estudiantes, docentes y funcionarios: han esperado 40 años traslado de la sede

Centenares de estudiantes, docentes, funcionarios y padres de familia denunciaron al concejal Jaime Caicedo la crítica situación de insalubridad por la que atraviesa la comunidad educativa debido a los insoportables olores que emanan de la quebrada “La Chuchuguaza”, que pasa al lado de los muros del CED Marruecos-Molinos, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

De acuerdo con los testimonios recibidos por el concejal Jaime Caicedo, quien visitaba la zona cuando se encontró con la protesta ciudadana, la comunidad lleva 40 años esperando que las sucesivas administraciones distritales lleven a cabo su promesa de trasladar la sede del plantel educativo, puesto que la situación denunciada ocurre hace décadas.

Adicionalmente y según pudo constatar el cabildante del Polo Democrático Alternativo, las instalaciones locativas del centro educacional están en franco deterioro. “Son construcciones hechas en materiales inadecuados debido a que supuestamente el colegio se iba a trasladar de forma rápida. No obstante, han pasado lustros y la situación sigue siendo la misma. Hay hacinamiento de los estudiantes en los salones. Es crítica la condición de ese plantel”, concluyó Caicedo Turriago.

El concejal se comunicó telefónicamente con la alcaldesa de la Localidad Rafael Uribe Uribe para poner en su conocimiento la situación, a lo cual la funcionaria le respondió que han sido infructuosas las gestiones que su despacho ha realizado ante las autoridades educativas para dar solución definitiva a la dramática condición en que deben estudiar niños, niñas y adolescentes de ese centro educativo. Informó además que existe en esa Localidad otro establecimiento que se encuentra igualmente en pésimas circunstancias locativas, denominado “María Cano”, ubicado en Los Rosales, UPZ 54, para el cual tampoco hay soluciones desde la administración central.

El concejal Caicedo radicó anoche en la sesión del Cabildo Distrital una constancia donde describe la situación que pudo observar personalmente y pidió a sus colegas que en el estudio del presupuesto del año entrante esta y otras realidades similares sean estudiadas y tenidas en cuenta para asignar los recursos indispensables y superar el difícil trance que afrontan los estudiantes de estos colegios distritales. La constancia, a petición del concejal Caicedo, fue trasladada a las autoridades educativas distritales.

Boletín de Prensa

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martes, 5 de octubre de 2010

10 mil firmas respaldan tarifa diferencial en transporte público


* Acto en la Plaza de Bolívar para entregar a Jaime Caicedo firmas de ciudadanos que exigen descuento en transporte para poblaciones vulnerables.

Más de 10 mil firmas de bogotanos y bogotanas que exigen el establecimiento de una tarifa diferencial en el transporte público de la ciudad para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, le fueron entregadas al concejal Jaime Caicedo, quien es autor del proyecto de Acuerdo que busca el descuento del 50% en la tarifa para estas poblaciones.

La Mesa Distrital por la Tarifa Diferencial, organización constituida por representantes de las tres poblaciones que resultarían beneficiadas por el proyecto de tarifa diferencial, se lanzó a una cruzada ciudadana que implicó la recolección de centenares de planillas que contienen los nombres y datos personales de los ciudadanos que exigen a la administración distrital que cumpla con los dispuesto en el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”, el cual habla de la creación de la tarifa diferencial.

En el acto de entrega, llevado a cabo en la Plaza de Bolívar y que coincidió con la celebración del día internacional de la población con discapacidad auditiva, los manifestantes expresaron su posición en el sentido de que los transportadores de la ciudad tienen una enorme deuda social, por cuanto usufructúan para su negocio la infraestructura vial de la ciudad, construida con el aporte de todos los habitantes de la capital. Agregaron que parte de los casi $700 mil millones que obtienen en utilidades por la operación del sistema de transporte debe destinarse a subsidiar el pasaje para estas poblaciones.

Nelson Villamizar, invidente y líder de la población con discapacidad en Bogotá, actuó como oferente de las firmas. Dijo que la tarifa diferencial es un proyecto de amplio impacto social ya que prácticamente ninguna familia bogotana sería excluida del beneficio, por cuanto en toda casa hay uno o varios adultos mayores, personas con discapacidad o estudiantes. El servicio de transporte tiene un peso muy significativo en la canasta familiar de los bogotanos, pues dependiendo de los ingresos familiares, esta erogación puede representar hasta una tercera parte de los gastos mensuales.

Por su parte el concejal Jaime Caicedo se comprometió a presentar nuevamente la iniciativa de la tarifa diferencial con ocasión del mes de la discapacidad que se celebra en octubre. Caicedo ha presentado en cinco oportunidades el proyecto de Acuerdo el cual ha sido hundido en igual número de ocasiones por la administración distrital y por concejales como Orlando Parada, del Partido de la U, y Omar Mejía Báez, del Partido Conservador, quienes se han mostrado abiertamente contrarios a esta medida.

Jaime Caicedo, al agradecer el enorme esfuerzo de la población con discapacidad y de los estudiantes de secundaria y universitarios, quienes fueron los principales gestores de la recolección de respaldo a la tarifa diferencial, señaló que la administración del alcalde Samuel Moreno no puede dilatar por más tiempo esta decisión.

“La administración ha sido muy generosa con los transportadores en la negociación de las condiciones de los pliegos para el Sistema Integrado de Transporte y continúa sosteniendo el desigual escenario para la ciudad en lo relativo a los ingresos que percibe por el sistema Transmilenio. Además, se hace cada vez más crítica la situación económica de grandes núcleos de población afectada por el desempleo y por el subempleo al que se ven obligados por las violentas políticas nacionales en esta materia. Llegó el momento de que se retribuya a quienes con sus impuestos han financiado la infraestructura vial de la ciudad, la cual usufructúan ampliamente los transportadores”.
 

jueves, 23 de septiembre de 2010

Se reafirman denuncias de ataques neonazis en Fontibón

• Ante Secretaría de Gobierno se dieron a conocer los números de placa de agentes de la policía señalados de proteger a los agresores

Representantes de organizaciones juveniles y comunitarias de la Localidad de Fontibón reafirmaron sus acusaciones acerca de los ataques de elementos neonazis contra jóvenes inermes, así como de la presunta complicidad de funcionarios públicos de la Policía Nacional (entre otros) en estos hechos, en respaldo a los señalamientos hechos por el concejal Jaime Caicedo. Por esta razón, los líderes interpondrán las respectivas denuncias penales y disciplinarias.

En efecto los voceros comunitarios, durante reuniones sostenidas ayer y hoy con funcionarios de la Secretaría de Gobierno y directivos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), dieron a conocer los números de las placas de los agentes de policía que cohonestan con estos actos tanto por acción como por omisión, dando como resultado que su conducta favoreció a los agresores. Dicha entidad se comprometió a iniciar las indagaciones y a poner en conocimiento de los superiores policiales esta situación a fin de que se abra la investigación correspondiente.

El concejal Caicedo indicó que los hechos denunciados no corresponden, como se ha dicho en algunos medios, a “riñas” entre agrupaciones juveniles, sino que se trata de asaltos perfectamente planeados con fines políticos en procura de acallar voces de protesta ciudadana en contra de los abusos e intimidaciones constantes de los miembros de “Tercera Fuerza”, organización neonazi que actúa en esa y en otras localidades de la ciudad.

En respuesta a las aseveraciones de autoridades policiales en el sentido de que las denuncias son falsas, Caicedo Turriago dijo no entender “cuál sea la razón de las autoridades de policía y locales al intentar desconocer los hechos ocurridos, que además han sido reiterativos. Para más pruebas, hay dos muchachos gravemente heridos en un hospital de tercer nivel de la ciudad, quienes fueron objeto de una verdadera emboscada por parte de por lo menos 20 integrantes de la banda neonazi”, señaló.

De acuerdo con las informaciones recibidas por el cabildante en las últimas horas, los voceros de las organizaciones juveniles agredidas propusieron a la Secretaría de Gobierno la realización de una serie de eventos pedagógicos y de convivencia que busquen el fin de esta serie de agresiones y promuevan la vigencia de los derechos de toda la población, propuesta que en principio fue acogida por la entidad, la cual dará traslado de la agenda a la alcaldía local como ejecutora de esta clase de programas.

Mañana viernes se llevará a cabo una nueva reunión, esta vez con la alcaldesa local, donde se confirmará la postura de estas organizaciones sociales y se corroborarán los hechos que han sido denunciados públicamente.

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miércoles, 22 de septiembre de 2010

Presunta complicidad policial con agresiones neonazis en Fontibón


* Concejal Jaime Caicedo presenta constancia sobre los hechos y exige intervención de Fiscalía General y gobierno distrital.

Un detallado informe sobre las agresiones que vienen cometiendo integrantes de la pandilla neonazi “Tercera Fuerza” en la Localidad de Fontibón recibió este fin de semana el concejal Jaime Caicedo, situación que lo llevó a presentar una enérgica constancia ante el Concejo de Bogotá exigiendo a la Policía Nacional y a las autoridades civiles el cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales para controlar a esta banda de delincuentes y proteger a la población civil inerme.

De acuerdo con el informe, suscrito por la Brigada Antifascista de Occidente, numerosos miembros de la pandilla de ultraderecha agredieron con armas contundentes y corto punzantes a varios jóvenes de la Localidad que se han manifestado opuestos a las constantes agresiones e intimidaciones que ejercen los neonazis en todo el occidente de Bogotá. Como consecuencia de estos ataques, ocurridos el 14 y 15 de septiembre pasados, varios jóvenes resultaron con heridas graves como trauma cráneo encefálico, fractura de cráneo y heridas profundas en sus extremidades. Los jóvenes tuvieron que ser internados de urgencia en el Hospital de Fontibón y posteriormente trasladados a un centro asistencial de tercer nivel.

La denuncia enviada al concejal agrega que existe presunta complicidad de miembros de la policía de esa Localidad, puesto que cuando se presentaron las agresiones físicas la policía no sólo tardó cuarenta minutos en hacerse presente, a pesar de la gravedad de los hechos, sino que no detuvo a los agresores ni decomisó las armas con las cuales se produjeron serias lesiones a dos jóvenes que se encontraban indefensos. En adición, el comandante de la policía local al parecer profirió amenazas a varios de los agredidos, conminándolos a no reunirse más en el parque fundacional de Fontibón, lugar que se ha convertido en punto de encuentro de las ciudadanos y ciudadanas que resisten los actos criminales de los pandilleros neonazis, so pena de judicializarlos por sus reuniones. Igualmente, los denunciantes afirman que hechos similares ya habían sido puestos en conocimiento de la policía local, sin que se hayan conocido medidas de control sobre los agresores ni de protección sobre los agredidos.

El concejal del Polo Democrático Alternativo, en su constancia, exigió del comandante de la policía local de Fontibón “su actuación inmediata a fin de que controle de una vez por todas a esta agrupación fascista y cumpla su obligación legal y constitucional de proteger a la población juvenil de la zona”. Igualmente le pidió que cese sus advertencias a los integrantes de la Brigada Antifascista de Occidente, cuyo único propósito es oponerse con valor civil a la barbarie, la violencia y la intimidación que representa “Tercera Fuerza”. De igual forma, demandó de las autoridades distritales la protección debida a los derechos a la vida y la integridad física no sólo de los jóvenes ultrajados, sino de toda la población de Fontibón que ha sido objeto de provocaciones por parte de los pandilleros de “Tercera Fuerza”.

Por Ricardo Agudelo

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viernes, 17 de septiembre de 2010

Sábado 18 de septiembre: Homenaje al Barrio Policarpa en sus 50 años

Foto: Con casas rodantes se inició la batalla por techo digno. Hoy "El Pola" tiene buenas casas y una fuerza comercial.


Prensa PCC.- H.D.- Los habitantes del Barrio Policarpa Salavarrieta, Localidad Antonio Nariño, en el Distrito capital, realizarán una jornada conmemorativa de los 50 años de existencia gracias a la acción combativa por derecho a la vivienda digna liderada por la Central Nacional Pro vivienda Cenaprov y el Partido Comunista, unido con las organizaciones sindicales y populares. La programación arranca el sábado 18 de septiembre a las 5 de la mañana con una alborada musical con participación de centenares de músicos y artistas, quienes harán un brindis por este nuevo aniversario.

Foto: Fundadores deo barrio Policarpa, Manuel guasca y Jesus Vanegas.

A partir de las 11 de la mañana habrá un gran desfile de bandas marciales y organizaciones sindicales, juventud, mujeres, colegios, deportistas y delegaciones de barrios forjados por la central Cenaprov.

A las 8 de la noche la rumba popular con el Policarpa en el corazón se toma la casa cultural del barrio. Será amenizada por una sensacional orquesta para el disfrute de todos y todas. Usted no se la puede perder.

Para la historia queda aquel Viernes Santo de 1966. Los relatos y escritos nos cuentan que unas 1.500 personas, que no habían podido conseguir techo digno para vivir, se enfrentaron con la Fuerza Pública y utilizaron mujeres y niños como escudo. "Lo hicimos para ver si los policías se atrevían a pasar con sus caballos por encima de los más débiles", comenta a la prensa el señor Gilberto Ayala, uno de los fundadores del barrio Policarpa.

"La tierra no es del dueño sino de quien la necesita" gritaban a todo pulmón los miembros de las 300 familias que, en menos de 15 minutos, invadieron los terrenos de la Hacienda de la Flor, ubicada en el costado sur del Hospital San Juan de Dios, donde nació el barrio en homenaje a Policarpa Salavarrieta, 'la Pola'.

Aquel día, la cadena humana no fue suficiente. A las 12:30 del día, media hora después de la toma, se desencadenó un enfrentamiento entre la Policía y los invasores. "Nos valimos de antorchas, caucheras y hasta de armas de fuego para defender el territorio", agrega Ayala a la periodista Karen Cante, del Diario El Tiempo.

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Apelada orden de captura contra dirigente popular, David Ravelo


Se levante la orden de captura interpuesta por la Fiscalía 22 de la Unidad de Terrorismo, contra el defensor de derechos humanos, David Ravelo Crespo, solicitó hoy, su representante, Eduardo Carreño, miembro del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, luego que fuera injustamente trasladado a la cárcel La Picota.

Así mismo solicitó a la oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, el día de la captura de Ravelo, su traslado a una casa fiscal o algún lugar donde se le pueda garantizar su vida, ya que en las instalaciones de la cárcel se encuentran detenidos miembros de estructuras paramilitares que han cometido crímenes de lesa humanidad en la zona de Barrancabermeja y en el resto del Magdalena Medio, algunos de los cuales fueron denunciados por el propio Ravelo.

La apelación se presenta dos días después de emitida la resolución de la situación jurídica en la que se ordena su captura, la que se llevó a cabo sin la asistencia de su abogado defensor, quien además tampoco fue notificado de la misma.

Ravelo, es miembro de la Junta Directiva de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos - CREDHOS en la ciudad de Barrancabermeja y un destacado dirigente popular del Magdalena Medio, que ha venido denunciando la creación y accionar del paramilitarismo en la zona del Magdalena Medio y con posterioridad, todos los crímenes perpetrados por estas estructuras. En su trabajo por la defensa de los Derechos Humanos ha sido señalado y perseguido por parte de miembros del paramilitarismo y agentes estatales, hasta llegar a procesarlo en la década del 90 por el delito de rebelión, del cual salió absuelto por no existir en su contra ninguna prueba que lo vinculara con ninguna organización insurgente.

Está sindicado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, con fundamento en las versiones libres realizadas por el paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero”, quien fuera condenado por la justicia ordinaria como autor material de las masacres del 16 de mayo de 1998 y del 28 de febrero de 1999.

Para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, esta injusta detención es una clara persecución al trabajo realizado, no sólo por Ravelo, sino por todas las organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad de Barrancabermeja, en la defensa de los derechos humanos en esta región del país.

Por Prensa - Colectivo

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miércoles, 15 de septiembre de 2010

Detenido David Ravelo, dirigente comunista de Barrancabermeja y defensor de derechos humanos


El Partido Comunista Colombiano informa que el día de ayer fue detenido por la fiscalía general de la nación DAVID RAVELO, Dirigente del Partido Comunista de Barranca, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, cuyo caso lo lleva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA , miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos- CREDHOS- y el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado.

Como es ya conocido por la opinión pública, David, quien ha sido víctima de una sistemática persecución, ha sufrido diversos atentados contra su vida, el 11 de febrero del 2008, la MAPP-OEA, le informo de un atentado que se había ordenado por parte de los grupos paramilitares de Barrancabermeja, razón por la cual debió salir un tiempo de Barrancabermeja, para salvar su vida y la de su familia.

El 17 de abril del 2008, en versión "libre" Mario Jaimes Mejía (Paramilitar) alias el panadero y condenado a más de 40 años de cárcel por la masacre del 16 de mayo del 98, donde asesinaron a 7 personas esa noche y desaparecieron de manera forzada 25 pobladores, habitantes de los barrios de Barrancabermeja, acuso a David Ravelo de hacer parte de los grupos insurgentes y de haber participado en el homicidio de un funcionario público de Barrancabermeja el 5 de abril de 1991. En su versión afirma que David es una persona acuerpada y cara redonda, rasgos físicos contrario a los del compañero David, demostrando que no lo conoce y que leyó mal el libreto. La fiscalía de Barrancabermeja aboco la investigación, no encontrando pruebas contra el compañero David, pero de manera sospechosa el entonces fiscal Mario Iguaran traslado el proceso hacia la ciudad de Bogotá y el 31 de julio del 2009 decide vincular formalmente al compañero David al proceso, asignándolo a la Unidad Nacional Antiterrorismo.

Alias Julián Bolívar comandante del Bloque central Bolívar había manifestado de la intención de meter a la cárcel a varios defensores de derechos humanos y líderes sindicales, entre ellos a David Ravelo, para ello están utilizando la calumnia como arma de guerra, con burdos montajes que quiten del camino a los dirigentes legítimos de la comunidad, como al compañero DAVID RAVELO CRESPO.

A la vez que denunciamos este montaje judicial, exigimos las garantías procesales para David Ravelo y Solicitamos la más amplia solidaridad para con este reconocido dirigente social de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, y batallador incansable por los Derechos Humanos.

COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL PCC
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