viernes, 29 de mayo de 2009

Rechazo a detención arbitraria del profesor Miguel Ángel Beltrán

BOLETÍN DE PRENSA



Se trata de una detención con evidente intención política, dijo concejal Jaime Caycedo Turriago

El concejal de Bogotá y dirigente del Polo Democrático Alternativo Jaime Caycedo Turriago, rechazó la detención arbitraria del profesor de la Universidad Autónoma Nacional de México, Miguel Ángel Beltrán, quien fuera también docente de las universidades Nacional de Colombia y de Antioquia.

Caycedo, como exdocente de la Universidad Nacional de Colombia, hizo eco al manifiesto firmado por varios profesores universitarios quienes dan cuenta de la categoría intelectual y académica del profesor Beltrán y defienden su trayectoria personal y humana como alguien que ha seguido siempre el camino del debate académico, por fuera de cualquier acto violento o que incite a la agresión física.

El concejal de Bogotá señaló que la detención y posterior repatriación del profesor Beltrán obedece a oscuras maniobras que procuran arrasar con cualquier expresión de oposición y crítica al régimen uribista, por cuanto Beltrán se caracterizó por su actitud independiente y profundamente analítica de la realidad nacional a través de sus diversos estudios y cátedras relativas a la historia política colombiana y a los acontecimientos sociales que han marcado el devenir colombiano durante las últimas décadas. “Esta es una típica detención de tinte político, como las miles de capturas que han sido ordenadas por el régimen en su afán paranoico de ver en todo opositor o crítico un peligro para su estabilidad y permanencia en el poder; recordemos que de esas miles de detenciones masivas, una buena parte ha terminado en el más oprobioso escándalo en tanto las autoridades judiciales nunca comprobaron el más mínimo vestigio de vínculo con actividades ilegales o “terroristas”, como suele llamar el régimen a toda forma de ejercicio democrático y de opinión en contra de sus protervos fines”, dijo Caycedo.

Por último, expresó su esperanza en el sentido de que el sistema judicial colombiano haga pronta y justa luz ante este caso que pone de nuevo en la picota pública a los académicos e intelectuales que defienden las causas populares en procura de mayor equidad social, económica y política.

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viernes, 22 de mayo de 2009

Tragedia minera en Ciudad Bolivar- Que responda CEMEX



El concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, Jaime Caycedo Turriago denunció la evasión fiscal de compañías mineras y exigió a las autoridades del Distrito Capital aplicar la ley y resarcir el daño ambiental y social contra las comunidades de las localidades del sur de Bogotá.

Prensa PCC
Según el cabildante y Secretario General del Partido Comunista Colombiano la tragedia ocurrida en Ciudad Bolívar el miércoles 29 de Mayo en las canteras explotadas por la CEMEX estaba más que anunciada. Allí resultaron damnificadas más de 90 familias que habitaban el Barrio Villa Jacky.

BOLETÍN DE PRENSA

COMPAÑÍAS MINERAS INCURREN EN EVASIÓN FISCAL

Jaime Caycedo denuncia evasión fiscal. Mineras no cumplen Plan de Recuperación Morfológica y Ambiental (PRMA) a que están obligadas. Exigió fin de la explotación minera y pago por el daño ambiental y social que han ocasionado las compañías mineras.

La tragedia ambiental y social provocada por la inmisericorde y antitécnica explotación minera en la cuenca del río Tunjuelo estaba más que anunciada, dijo el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caycedo Turriago, quien además cuestionó el papel que la Secretaría de Medio Ambiente ha jugado hasta la fecha en el control de esta clase de explotaciones y exigió la supresión de estas minas a cielo abierto, así como la restitución ambiental de la cuenca a la que están obligadas las compañías mineras.

Basado en controles de advertencia emanados de la Contraloría Distrital y en informes de la Personería, Caycedo señaló que desde 2004 estas instituciones vienen dando claras señales de la tragedia ambiental y social que esta clase de explotación minera provocaría y que en efecto desembocó en un gigantesco alud que significa una gran amenaza para decenas de familias asentadas en la zona. “Un informe entregado por la Personería Distrital en septiembre del año pasado señaló que no existía plan alguno para prevenir la amenaza por remoción en masa y las inundaciones causadas por la actividad minera, tal como lo comprobó la realidad en el barrio Villa Jackie. En otros casos, las canteras han sido utilizadas como escombreras sin ningún plan técnico ni ambiental, generando nuevas amenazas y riesgos para la comunidad”, indicó Caycedo. Agregó que la situación ha sido tal que el propio Hospital de Usme, en algún momento, llegó a conformar un banco de alimentos para abastecer a los damnificados en caso de una emergencia, la cual finalmente llegó.

El documento citado por el concejal Caycedo agrega que “por si fuera poco, las canteras afectan a más de 826.000 habitantes de la ciudad que viven en sus cercanías que padecen el alto grado de emisiones de partículas de polvo, combustibles tóxicos o inertes capaces de penetrar los pulmones de las personas. Contaminan, además, ríos, causan pérdida de la diversidad biológica y la fauna propia de la sábana de Bogotá; generan cambios en el suelo, deslizamientos, hundimientos y formación de pantanos con la consecuente proliferación de agentes patógenos, zancudos y ratas”. Afirmó además que ninguna de las empresas explotadoras cumple el Plan de Recuperación Morfológica y Ambiental (PRMA) a que están obligadas.

Evasión fiscal

Caycedo Turriago cuestionó duramente la gestión que la ciudad ha cumplido a lo largo de los últimos 12 años respecto de la liquidación y cobro de las regalías que las tres principales compañías mineras que ejercen la explotación en el Tunjuelo debieron pagar. “Es inaudito que Holcim, Cemex y la Fundación San Antonio, de propiedad de la Iglesia Católica, hayan explotado sin consideración alguna los recursos minerales del Distrito Capital y hayan cancelado radículas regalías por este depredador ejercicio. La Contraloría Distrital ha advertido que nada más en el período que va de 1995 a 2003, la evasión calculada, sin contar intereses, equivale a $3.669 millones, pues las compañías cancelaron escasamente $91 millones anuales. Para que tengamos un parámetro de referencia del asalto a las finanzas públicas, una sola de esas firmas, la Fundación San Antonio de la Iglesia Católica, demandó al Distrito por la suma de $60.000 millones equivalentes, según sus propios abogados, a lo que dejaron de percibir por ventas durante cuatro años, como consecuencia de la inundación que ocurrió en su cantera en el año 2002 a raíz de obras realizadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado”, denunció Caycedo. Todo esto sin contar el pasivo ambiental que ha provocado esta antitécnica explotación a cielo abierto, cuyo monto la Contraloría Distrital calcula en $300.000 millones en caso de que el Estado asumiera la recuperación morfológica y ambiental de la zona.

“Lo más vergonzoso de todo este asunto es que tanto el Ministerio de Ambiente como la Secretaría del ramo en Bogotá han hecho anuncios pomposos de resoluciones y acciones diversas para frenar esta inhumana explotación. El ministerio expidió la resolución 222, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, donde declara a la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional y les asigna de manera prioritaria una destinación agropecuaria y forestal. No obstante, permite la explotación minera en el río Tunjuelo. La resolución aclara que sólo se podrán desarrollar actividades de minería en aquellas áreas de la Sabana donde los efectos o impactos ambientales puedan ser satisfactoriamente prevenidos, controlados, mitigados, corregidos y compensados, y donde dichas actividades no produzcan deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, ni introduzcan modificaciones considerables o notorias al paisaje. Me pregunto entonces ¿cómo pudo ocurrir la tragedia de Villa Jackie?”, dijo Jaime Caycedo

Finalmente Caycedo exigió a la Secretaría de Medio Ambiente que cumpla con rigor y total responsabilidad el control que le compete. “El doctor Nieto Escalante anunció el año pasado, con bombos y platillos, que a las canteras ilegales les había llegado su hora y que próximamente anunciaría las sanciones, incluido el cierre de varias explotaciones. ¿Dónde están esas medidas? ¿Vamos a esperar otro alud y la pérdida de vidas humanas, o mayores impactos negativos en la salud y el equilibrio ambiental de la ciudad?”, culminó el concejal del Polo Democrático.

Prensa PCC

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miércoles, 20 de mayo de 2009

Ni las vallas resistieron protesta en Cartagena

Por Francys Caballero

En apuros se vio la Policía de Bolívar para contener la furia de los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad de Cartagena que ayer se agolparon en la Plaza de la Proclamación, en el Centro Histórico, para protestar frente a la Gobernación

Una caricatura del gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, en la que aparece junto a la torre del Claustro de San Agustín, sede de la Universidad de Cartagena, vestido de guardia con un chaleco que tenía inscritas las siglas DMG, y a su lado una estampilla y unos libros encadenados. El personaje ostentaba el título de ‘El guardián de la estampilla’.

Esta fue la imagen que encabezó ayer la marcha en la que participaron más de 100 personas, entre estudiantes, docentes, administrativos y egresados de la Universidad de Cartagena, quienes partieron desde el Claustro y terminaron en la Gobernación, reclamando la presencia del Mandatario, tras su anuncio de que intentará, con un proyecto de Ordenanza, controlar el manejo de los recursos de la estampilla pro universidad ‘Siempre a la altura de los tiempos’.

La marcha, que inició a las 9:30 de la mañana de ayer, recorrió varias calles del Centro y atravesó la Avenida Venezuela hasta ingresar otra vez a la ciudad amurallada. Transcurrió en normalidad durante el recorrido.


Pero al llegar a los alrededores del Palacio de Proclamación, sede de la Administración Departamental, los manifestantes se abalanzaron contra las vallas y contra los uniformados que custodiaban desde tempranas horas del día los alrededores del lugar. Aunque al principio hubo resistencia de la Policía, al final las barreras fueron quitadas y los cientos de manifestantes se concentraron en el lugar, donde lanzaron arengas contra Berrío.

Los manifestantes pedían respeto a la autonomía de la Universidad y se pronunciaron contra lo que, según ellos, es una decisión “corrupta”, que desangraría sus recursos.

“No queremos intromisión política en la Universidad, los recursos que nos deja la estampilla son invertidos en infraestructura, además para investigación, no es justo que nos recorten estos recursos o los desvíen”, explicó Rodrigo Buelvas, presidente de la Asociación de Docentes.

Por su parte, Adrián Fajardo, representante estudiantil ante el Consejo Superior, afirmó que una de las motivaciones de la marcha, es que “confidencialmente” el Gobernador haya decidido fiscalizar los recursos, justo cuando la

Universidad le gana un pleito jurídico a Ecopetrol por el pago de este impuesto, por medio del cual tendría que pagarle $80 mil millones que le adeudaba.

Gobernador se ratifica

El gobernador Joaco Berrío dijo que estaba dispuesto a atender a los docentes y estudiantes, pero lo sorprendieron con la poca seriedad del movimiento, las ofensas en su contra y “la abierta participación de políticos, y ante ese tipo de presiones no hay posibilidad de diálogo”.

El mandatario departamental, quien preside el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena y la Junta Administradora Especial de la estampilla, se ratificó en su posición de liderar un proceso para que el manejo de los recursos que por tal tributo les son girados al centro educativo sea objeto de control y vigilancia.

También insistió en que pedirá el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría a la inversión de los dineros producto de la estampilla.

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martes, 19 de mayo de 2009

RECHAZO A INCREMENTO DE TARIFAS DE ACUEDUCTO



Rechazo y total desacuerdo con la propuesta de la EAAB de incrementar las tarifas del acueducto expresó el concejal Jaime Caycedo Turriago, por cuanto existen múltiples razones que la hacen inconveniente y lesiva a los intereses de los miles de empobrecidos usuarios de este vital servicio. Caycedo le recordó al gerente de la EAAB que existen otras múltiples alternativas para financiar los proyectos de la empresa.

Así lo expresó el concejal en carta al gerente de la empresa, Jorge Enrique Pizano. A continuación el texto de la misiva:


Bogotá DC, mayo 18 de 2009


Doctor

JORGE ENRIQUE PIZANO CALLEJAS

Gerente

EAAB


Respetado doctor Pizano:

Ante las noticias de prensa que reseñan la solicitud que a la CRA ha hecho la empresa bajo su dirección, en el sentido de incrementar en 1,6% en promedio las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado, debo expresar mi rechazo y mi total desacuerdo con una propuesta semejante.

Sobran las razones de todo orden para plantear la inconveniencia de un alza de tarifas. La primera y tal vez la más obvia, es la profunda crisis económica que está azotando sin consideración a todos los sectores sociales, pero muy especialmente a los más pobres, debido al desempleo y los despidos masivos, a la creciente informalización laboral, el descenso real de los ingresos familiares y el desmonte de subsidios acordado por el gobierno nacional.

Conoce usted muy bien esta realidad, ya que las consecuencias de este drama social se vienen reflejando de manera clara en la operación de la EAAB: hemos pasado de 50.402 usuarios desconectados en 1998 de la red por imposibilidad de pago de las altas tarifas, a más de 276.000 en el año 2007, sin contar la disminución en el consumo que muchos usuarios se han visto obligados a asumir gracias a los altos costos del servicio.

A pesar de las alegres cifras que uno de sus funcionarios presentó durante el reciente foro organizado por el Concejo de Bogotá precisamente sobre el modelo tarifario aplicado en la actualidad, según las cuales las tarifas presentan un declive histórico a lo largo de los últimos años, la verdad es que ha ocurrido todo lo contrario; y los usuarios todos así lo afirman y sienten. ¿Son razonables las tarifas actuales de acueducto y alcantarillado, que crecieron en el periodo 1998-2008 en un 137.5% en el estrato 1, 81.73% en el estrato 2 y 65.56 % en el estrato 3? ¿Serán equivocadas y tendenciosas las afirmaciones de Naciones Unidas en torno a la altísima tasa de participación que en los gastos familiares tiene el pago de servicios públicos?

De forma desafortunada y trágica en términos sociales, se ha venido imponiendo el torcido enfoque (prohijado por la Ley 142 de 1994) según el cual los ciudadanos y ciudadanas deben acogerse al concepto de que el servicio público de acueducto y alcantarillado, en tanto responsabilidad y obligación del Estado, ahora debe ser entendido como un negocio bajo simples criterios de eficiencia y suficiencia económica que sólo mira los intereses y beneficios generados a las empresas prestadoras y sus accionistas. Y por si fuera poco, extendiendo sin razón en el tiempo una decisión que en su momento procuró aumentar la capacidad de oferta y cobertura de acueducto en todo el país, el Estado graciosamente le confiere a las empresas como la EAAB la gabela de obtener sobreutilidades con fines de expansión de las redes y los servicios, incorporándolas a las tarifas y ocasionando con ello mayores costos que deben ser pagados sin derecho de réplica por los usuarios.

Debo recordar a usted que La Declaración de Estocolmo define el agua como un bien público fundamental para la vida y para la salud, por lo cual debe ser concebido como un recurso común a todos los ciudadanos. El respaldo ciudadano al referendo por el agua no sólo ratifica esta posición, sino que se convierte en una clara expresión política de importantes núcleos de población a favor de un cambio sustancial en la mirada que tanto la sociedad como el Estado están haciendo de un recurso vital y esencial como es el agua.

Yo lo invito a estudiar creativa pero juiciosamente otras alternativas que no impliquen mayores sufrimientos y angustias para los capitalinos. La EAAB no sólo dispone de utilidades operacionales y financieras notables, a las cuales se suman las sobreutilidades autorizadas por Ley para costear los proyectos de expansión, sino que puede reducir de manera abultada sus costos de operación reversando onerosos contratos, como el de los operadores locales, que bien pueden ser atendidos directamente por la empresa y sus trabajadores a precios muy inferiores.

Puede también la empresa a su cargo reducir ostensiblemente las pérdidas técnicas y comerciales que hoy contabilizan más del 31%, en cuya gestión los gestores zonales no han hecho la más mínima intervención. También podría pensarse en aplazar inversiones que no resultan prioritarias gracias a la gran infraestructura desarrollada por la empresa con los recursos financieros proporcionados por los ciudadanos vía tarifas.

A más de todo esto y considerando la actual discusión de las reformas al POT, la ciudad estaría en la obligación de repensar y remodelar su proceso de crecimiento y extensión, concentrando sus esfuerzos en el desarrollo en altura para evitar nuevos e innecesarios costos de expansión de las redes actuales. Resulta conveniente e inaplazable, a mi modo de ver, evaluar el Plan maestro del sistema de acueducto y alcantarillado para Bogotá que tiene una vigencia hasta el 2015, así como el plan de inversiones de la empresa, para hacer los ajustes del caso de acuerdo con proyecciones realistas de crecimiento de la población y de la ciudad y con las nuevas dimensiones del problema resultantes de procurar una mayor densificación, que no extensión, de los suelos urbanos.

En fin, creo que hay muchas alternativas sobre la mesa y cuya concreción dependen en buena medida de la decisión política de la administración y del Concejo de la ciudad, de forma que evitemos a toda costa el incremento de tarifas. Por el contrario, la ciudad tiene que avanzar rápidamente hacia la garantía de un suministro más barato, eficiente y cumplido a todos los ciudadanos, estudiando y aplicando medidas de gran impacto como la fijación del básico vital y la exigibilidad del agua como un derecho humano esencial. La racionalidad del manejo de este asunto no puede seguir siendo exclusivamente la eficiencia financiera, dejando por puertas la preocupación por las aberrantes condiciones sociales y económicas de la mayoría de la población.

Espero que estas sugerencias y argumentos lleven a la empresa a reversar la solicitud hecha a la CRA y por consecuencia, a buscar y asumir otros métodos para financiar la administración de las PTAR.

Cordialmente,
JAIME CAYCEDO TURRIAGO

Concejal de Bogotá

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Carta enviada por Ramiro Bejarano a Francisco Santos

Ramiro Bejarano Guzmán

Abogado

Carrera 7A N 69-67 piso 2

Teléfonos: PBX 3123170- FAX 3123859

Bogotá


Bogotá, mayo 18 de 2009.


Doctor
FRANCISCO SANTOS CALDERON
Vicepresidente de la República
Ciudad.


Señor Vicepresidente:

No me sorprende que al saberse que el actual director del DAS anda articulando una campaña de espejo retrovisor contra quienes fuimos directores del organismo en otros gobiernos, con el propósito de promover la falsa idea de que las interceptaciones ilegales de ahora han sucedido desde siempre, usted salga a recordar en forma incompleta un episodio que no es como lo refirió en sus declaraciones a varios medios de comunicación, ni como tangencialmente y curiosamente trató de poner el tema en el día de ayer el periódico del que usted es accionista y antes columnista, y en el que hoy ejerce poderosa influencia el hijo de JOSÉ OBDULIO GAVIRIA y este mismo, ambos consentidos del Grupo PLANETA, aspirante a que se le adjudique el tercer canal de televisión.

Usted escribió en octubre de 1995 una columna haciendo la malévola sugerencia de que las grabaciones ilegales a la DEA que había presentado en un debate en el Congreso el parlamentario CARLOS ALONSO LUCIO, sólo podían hacer sido realizadas por los narcos o por el DAS.

A esa infame sugerencia respondí con una carta al director de EL TIEMPO, que fue publicada el 11 de octubre de 1995, cosa que usted ha preferido no recordar, como tampoco, que el mismo periódico, el 13 de octubre de 1995, informó sobre la captura por parte del General ROSO JOSÉ SERRANO, Director de la Policía Nacional, del delincuente que por cuenta del Cartel del Valle, había interceptado ilegalmente a la DEA. Le acompaño copia de mi carta del 11 de octubre y de las noticias del 13 de octubre de 1995.

Está claro, entonces, que su perversa sugerencia de octubre de 1995 contra el DAS, quedó enterrada cuando las autoridades de Policía comandadas por ROSO JOSE SERRANO, capturaron a un miembro del Cartel de Cali, que era el responsable de las interceptaciones ilegales a la DEA. No es la primera vez que usted miente en público, otra vez sindicó al obispo NEIL BELTRAN de ser colaborador de la guerrilla, seguramente pensando en hacer méritos desde entonces para vincularse a este Gobierno mafioso y corrupto al que ahora pertenece. Ahora también advierto que tampoco recuerda usted lo que me anunció en nuestra entrevista de hace unos meses realizada en su Despacho, en presencia de la doctora MARÍA ÁNGELA HOLGUÏN, acerca de que si URIBE se lanzaba para un tercer período, usted jamás estaría de acuerdo con ello.

Ahora me queda claro que como se han derrumbado todas las burdas explicaciones del Gobierno para justificar las interceptaciones y seguimientos ilegales orquestados desde la Casa de Nariño, se intenta enlodarnos con mentiras y afirmaciones tendenciosas a quienes hemos sido y seguiremos siendo severos críticos de esta gigantesca corrupción. En mi caso personal, jamás fui investigado por la Fiscalía o la Procuraduría por chuzadas o seguimientos ni por ninguna otra conducta, ni siquiera fui objeto de una denuncia o querella por los hechos que hoy manchan la democracia, y a mi retiro del DAS, varios de los ilustres “conspis” reconocieron públicamente el decoro y pulcritud con el que conduje esa Institución, además en tiempos de intensa agitación política.

Es bastante extraño, por decir lo menos, que trece años después de mi retiro del DAS, por la puerta grande y con la frente en alto, se difundan esta clase de rumores, abiertamente malintencionados. La autoridad que me da el haber sido un director decente del DAS, es la misma con la que he opinado sobre la guerra sucia montada por este Gobierno desde esa agencia civil de inteligencia.

Precisamente porque no temo a nada, el pasado 15 de mayo, cuando fui advertido de que el doctor FELIPE MUÑOZ, director del DAS, estaba detrás de esta campaña sucia y desleal, le envié un derecho de petición que aun no me ha sido respondido, en el que dejé en evidencia las maniobras mediáticas del Gobierno, que con posterioridad curiosamente quedaron plasmadas o sugeridas en la noticia aparecida el domingo 17 de mayo en EL TIEMPO.

Veo que su memoria tiene graves problemas, pues decide lanzar versiones a medias, seguramente para que nadie recuerde que todavía está pendiente de revisión en segunda instancia en la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la decisión inhibitoria proferida a favor suyo por las graves denuncias de SALVATORE MANCUSO, que lo vinculan con la creación de grupos paramilitares, la cual está recurrida en apelación.

De manera, pues, Señor Vicepresidente que no intente prestarse a otro paso más de esta guerra sucia que desde el Gobierno al que usted presta sus flacos servicios, está ejecutando para empañar para siempre el buen nombre de Colombia. Si pretenden silenciarme o intimidarme, van a tener que buscar procedimientos más radicales y efectivos.


De Usted


RAMIRO BEJARANO GUZMÁN


Adjunto: copia artículo 11 de octubre de 2005 de EL TIEMPO intitulado “ BEJARANO SE REFIERE AL CASO DEA”; copia artículo de EL TIEMPO del 13 de octubre de 2005, intitulado “CAPTURADO EL QUE CHUZÓ A LA DEA”; Copia noticia EL TIEMPO 13 de octubre de 1995 intitulada “CAE CEREBRO DE COMUNICACIONES DEL CARTEL”.
c.c. Archivo.

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jueves, 14 de mayo de 2009

CINISMO PRESIDENCIAL AL OFRECER RECOMPENSA POR CHUZADAS TELEFÓNICAS

BOLETÍN DE PRENSA




Como un acto cínico y casi surrealista calificó hoy el concejal de Bogotá y secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo Turriago, el anuncio realizado por la Casa de Nariño de ofrecer una recompensa de $200 millones a quienes ofrezcan información acerca de los autores y operadores de las ilegales chuzadas telefónicas, de las cuales él también ha sido víctima, según reveló esta mañana La FM de RCN, “pues con relativa certeza los autores reposan en las cómodas sillas palaciegas”, declaró.

Caycedo señaló que su indignación no sólo es causada por las interceptaciones ilegales y anticonstitucionales de que han sido objeto miembros del Polo Democrático Alternativo, el Partido Liberal, sindicalistas, periodistas, intelectuales y miembros de las altas Cortes de Justicia, sino por el hecho de que el gobierno de Uribe Vélez intenta tender un manto de confusión sobre este grave asunto, dando a entender que no tiene nada que ver con tal acto ilegal. “El DAS no es un organismo independiente ni actúa por cuenta propia. Este funge como policía política del Estado y depende de forma directa del Despacho del Presidente de la República. Existen manuales de funciones y procedimientos de actuación de ese organismo que señalan a las claras las responsabilidades de cada uno de los niveles de decisión, incluida la del presidente de la República”, indicó.

Además, “resulta que las interceptaciones y seguimientos a la oposición ocurrieron en plena campaña electoral, es decir, seguramente como medio para espiar las estrategias de los opositores y mantener bajo control sus posibilidades electorales. Sumemos a esto la enorme cauda de votos que pusieron los paramilitares en diversas regiones de país a favor del proyecto político que desgobierna hoy el país y tendremos el resultado victorioso que hoy regenta los destinos de Colombia”, dijo enfáticamente Caycedo Turriago.

Agregó que, por mucho menos, en Estados Unidos cayó el gobierno del presidente Richard Nixon con el famoso caso de Watergate. “Pues esto que se prueba ahora con las grabaciones reveladas por la prensa y que forma parte de la escalada de persecución política que ha desatado el régimen contra la oposición y que no nos hemos cansado de denunciar, multiplica sus efectos exponencialmente frente a lo que pasó en el gobierno de Nixon”, dijo el concejal del Polo Democrático Alternativo.

Al demandar de la Fiscalía General del Nación develar de forma inmediata la dimensión de lo ocurrido en el Das y señalar oportuna y directamente a los responsables intelectuales de tal despropósito, Jaime Caycedo afirmó que esta es una demostración nítida de la descomposición del poder en Colombia y de la corrupción reinante en los más altos niveles del Estado. “Esto también da a entender a las claras que existe una grave crisis del poder ejecutivo, el cual tiene que recurrir a estratagemas para mantener su control del Estado y sobre la oposición política. El presidente Uribe le debe grandes y graves explicaciones al país; no puede soslayar su responsabilidad y la de sus inmediatos colaboradores, entre ellos los directores del DAS, entre los cuales destaca el señor Noguera que hoy está siendo procesado por todos los delitos que cometió y ayudó a cometer como director de ese organismo”, puntualizó Caycedo Turriago.

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jueves, 7 de mayo de 2009

Escalada de persecución de organismos del Estado y paramilitares denuncia concejal Jaime Caycedo


BOLETÍN DE PRENSA


Escalada de persecución de organismos del Estado y paramilitares denuncia concejal Jaime Caycedo

* Informes de inteligencia de organismos del Estado sirven de base para perseguir a dirigentes de oposición y defensores de derechos humanos

* Bogotá se ha convertido en el principal centro de desplazamiento de personas, según informe de Codhes

El recrudecimiento virulento de amenazas y persecución por parte de organismos oficiales y de paramilitares tanto en Bogotá como en otras zonas del país, denunció hoy el concejal del Polo Democrático Jaime Caycedo Turriago, respaldado en documentos de diversas organizaciones sociales y de estudiantes de las universidades públicas de Bogotá.

El caso más reciente lo constituyen las amenazas escritas contra estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, distribuidas el pasado 28 de abril, en un texto firmado por el bloque capital de los paramilitares quienes reconocen ser reinsertados del frente capital del bloque centauros, donde declaran objetivo militar a una larga lista de miembros de esa comunidad académica que, según ellos, fue obtenida gracias a “labores de inteligencia” de ese grupo terrorista. “No me parece simplemente coincidente este hecho con el ocurrido hace apenas unas semanas, cuando el DAS solicitó formalmente a las directivas de las universidades públicas, incluida la Nacional, la base de datos completa de estudiantes, profesores y trabajadores”, dijo el concejal Caycedo Turriago.

Caycedo, quien también se desempeña como secretario general del Partido Comunista Colombiano, puso de relieve la grave situación que vienen soportando dirigentes del Polo Democrático, activistas populares y defensores de derechos humanos en Caquetá, por cuenta de un informe de inteligencia de un organismo estatal que los identifica como apoyadores del “frente amazónico de las Farc”. “Entre ellos están dirigentes de los profesores universitarios, dirigentes políticos liberales y del Polo, defensores de derechos humanos y otras personalidades, siguiendo la misma línea de la acusación presidencial contra Colombianos por la Paz, todo esto en plena etapa preelectoral, tratando de cortar a toda costa el camino a la oposición”, dijo enfáticamente.

Expresó también su gran preocupación por el informe dado a conocer por Codhes, el cual indica que Bogotá pasó a ocupar el deshonroso primer lugar en relación con el número de personas desplazadas. “La ciudad ahora no sólo es el principal centro receptor de desplazados, sino que paradójicamente está generando la mayor cantidad de población desplazada, movimiento que no sólo se da entre diversas zonas de la misma ciudad, sino que expulsa pobladores a otras regiones debido a la persecución de grupos ilegales o incluso a la terrible situación económica que soportan las familias objeto de esta cruel realidad. Esto coincide integralmente con las denuncias que hemos venido haciendo en torno al crecimiento de la presencia paramilitar en por lo menos la mitad de las Localidades de Bogotá”, señaló el concejal del Polo Democrático.

“A ello sumamos los tristemente célebres “falsos positivos”, que en la Bogotá han provocado la desaparición y muerte de no menos de 16 jóvenes en situación de pobreza y desempleo; las amenazas directas, personales y presenciales proferidas por paramilitares a grupos de activistas del Modep en plena calle 34 con calle 22, o la más reciente cometida en la carrera 7 con calle 32 contra un grupo de estudiantes de diversos centros educativos; la amenaza de muerte contra Oscar Edgardo Duarte, dirigente de Sintraespublicos de Fusagasugá y negociador del pliego de peticiones de los trabajadores de ese sector; las denuncias concretas contra el rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho Pico, quien aparece como agente de los paramilitares para suministrar información acerca de los líderes estudiantiles, de trabajadores y docentes; el destierro forzado de varios dirigentes campesinos de zonas como Santander y Caquetá, quienes han debido desplazarse a Bogotá para proteger sus vidas; y otros incontables atentados contra la libertad, los derechos civiles y el ejercicio de la oposición contra un régimen que se ha ocupado de proteger preferencialmente a los victimarios, exponiéndolos como héroes para justificar sus crímenes y buscándoles recursos económicos para proporcionarles “decorosas condiciones de vida”, mientras que las víctimas se debaten entre el miedo, la miseria y la persecución”, declaró Jaime Caycedo.

De acuerdo con la posición del concejal Caycedo Turriago, tanto la administración distrital como la sociedad en general deben reforzar las medidas para garantizar la vigencia de los derechos ciudadanos. “La seguridad democrática de Álvaro Uribe está atentando contra la seguridad ciudadana, toda vez que ya se cuentan por miles los casos de gentes del común que se ven obligadas a dejar sus propiedades y pertenencias, cuando no a ofrendar sus vidas como consecuencia del respaldo abierto o velado que la seguridad democrática le da a quienes consideran la protesta popular y la oposición a Uribe como elemento que atenta contra la supervivencia de este régimen inhumano y de espaldas al drama que viven las mayorías”, puntualizó Jaime Caycedo.

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