martes, 25 de mayo de 2010

El voto por la izquierda: Alternativa real


Por Jaime Caycedo

El debate presidencial ha puesto al descubierto sin proponérselo elementos clave de la crisis nacional. Ante todo, la crisis de la solución militar del conflicto armado histórico colombiano. Es el fracaso de ocho años de guerra sin tregua, acompañada de la creciente intervención militar directa de los Estados Unidos y de la pretensión del gobierno colombiano de obligar a los vecinos a alinearse con los propósitos geopolíticos del imperio.

A pesar de las encuestas, el intento de reducir la confrontación a la falsa disyuntiva Santos -Mockus se ha ido transformando, en las últimas semanas, en el enfrentamiento del continuismo y la izquierda que deja visualizar el asomo de una disyuntiva real. Tal vez lo más importante es el desvelamiento de la conexión necesaria entre el fenómeno histórico-político de la violencia y las condiciones socioeconómicas del pueblo, la deuda social, la miseria inserta en la lógica perversa del sistema socioeconómico dominante, llevado al extremo por el régimen actual.

Lo que Petro ha reconocido como el fracaso de la seguridad armada, en tanto que supremo fundamento del régimen social y político, a la vez que fórmula mágica para la confianza inversionista y la cohesión social inexistente revela el fondo de lo que el Polo ha denunciado como el despojo del pueblo de sus derechos fundamentales y la profundización de las desigualdades. El modelo de sociedad que hoy hastía a los colombianos es el hijo legítimo de la represión, del espionaje a los opositores, de los crímenes de Estado, del intervencionismo militar estadounidense bajo la envoltura del Plan Colombia y ahora del acuerdo sobre las bases, suscrito para los próximos 10 años.

Ese modelo fue instaurado a costa de los derechos fundamentales, burlados, desconocidos y borrados por la mercantilización de la salud, la educación; la expropiación de la tierra, de la vivienda de los pobres; la desaparición de la estabilidad laboral y del salario digno. Petro plantea otra vía posible. La de las reformas, la de la justicia social; el desmonte del modelo neoliberal, construido a la sombra de la seguridad, de las masacres, de la guerra sucia, de los crímenes que segaron las vidas de Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y de miles de activistas. Esta vía de cambios democráticos puede ser también la del reconocimiento y la inclusión de las fuerzas radicales que se levantaron históricamente contra ese orden inicuo.

Por algo los candidatos del establecimiento y la continuidad se han vuelto obsesivos en los temas sociales. La crisis social, efecto de la crisis económica irrumpe en medio de la patria boba. Santos ofrece de todo, inversiones, nombramientos y hasta diálogo con los países vecinos, a los que acusaba de ser refugio del terrorismo. Mockus ha hablado de la “bala como pedagogía” a un país fatigado de violencia. Reconocer las raíces sociales de la insurgencia armada es apología del terrorismo. Ha insistido en que las guerrillas aprovechen estos últimos días con Uribe, porque en su visión, ceñida al rigor de la norma por la norma, no cabe ninguna liberalidad de diálogo.

La lucha para desmontar la ultraderecha del poder es compleja y de largo plazo. No basta un cambio de gobierno. Se necesita de inmediato una izquierda con fuerte apoyo popular que sea factor decisivo en la coyuntura y en sus desenlaces. El voto por Petro y por el Polo expresa la construcción de este nuevo momento de la unidad y la perspectiva.

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lunes, 24 de mayo de 2010

Un alto oficial de la Policía denuncia por asesinatos al hermano del Presidente Álvar Uribe


Los Doce Apóstoles de Santiago Uribe

Santiago O’Donnell

Página 12/Colombia Plural

Un oficial retirado de la Policía Nacional colombiana acusó a Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente colombiano, de haber creado y mantenido en los ’90 una estructura paramilitar que cometió varios crímenes en connivencia con fuerzas policiales en la provincia de Antioquia. También dijo que el presidente habría apoyado las actividades ilegales de su hermano.

La denuncia del mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero se hizo en Buenos Aires hace tres semanas ante un grupo de representantes de organizaciones internacionales que monitorean violaciones de derechos humanos en Colombia. Página/12 presenció el testimonio, que se mantuvo embargado hasta hoy por razones de seguridad a pedido del abogado de Meneses, Daniel Prado.

Escucharon la denuncia el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, director del Servicio Paz y Justicia; Carlos Zamorano por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el juez de la Cámara de Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Eduardo Freiler, el presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas, Beinusz Smuckler, y el representante de la Asociación Americana de Juristas, Ernesto Moreau.

Meneses empezó su relato contando cómo conoció al hermano de presidente colombiano y cómo tomó contacto con la estructura para militar cuya creación y mantenimiento le adjudica a Santiago Uribe Vélez.

“En 1993, estando yo con el grado de teniente, me nombran comandante del Distrito Policial 7 de Antioquia con asiento en Yarumal. ¿Cómo llego yo a Yarumal? Yo siempre he sido una persona comprometida con la institución, muy de combatir a la guerrilla. En esa época Yarumal era muy peligroso, estaba asedidada por la guerrilla. A los coroneles les daba miedo. entonces los comandantes me mandan a mí. Yo recibo el mando del entonces capitán, hoy coronel retirado Benavídez. El me recibe y me dice ‘vea, Meneses, aquí hay una situación muy especial, acá hay un grupo de personas que hace limpieza, o sea limpieza social, o sea desaparecer a las personas que se identifican como guerrilleros, como ladrones, como secuestradores, extorsionadores, o sólo expendedores de vicio, o viciosos. Vea, usted lo único que tiene que hacer es cuando ese grupo vaya a hacer un trabajo usted tiene que colaborarles’.

“Le pregunto ‘cómo es esto, capitán’, y me contesta: ‘vea, el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del (entonces) senador Alvaro Uribe. El es un ganadero de la región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina. El es el jefe de este grupo paramilitar.’ El capitán, pues, me cuenta la historia: ‘Yo les he colaborado, lo que hago es que cada vez que ese grupo va a cometer un asesinato lo que tiene que hacer es que la policía no reaccione, que usted los tenga guardados, ocupados, para que no vayan a capturar a los que cometen estos asesinatos, y ésta es la forma de colaborarle a Santiago’. Entonces él me relaciona con Santiago Uribe Vélez. El me presenta (y Santiago me dice): ‘mucho gusto, teniente, bienvenido a Yarumal, yo tengo este grupo que va a colaborar muchísimo con usted, además de que yo necesito que usted colabore con ellos, ellos le van a dar mucha información y liberar la zona cuando usted lo necesite’.

“En esa época la Policía Nacional siempre era calificada por la que menos delitos tenga, dejando de lado los homicidios, entonces lo que le interesaba a la policía era mantener los índices delincuenciales bien bajos. Me presento ante Santiago y me dice ‘yo a usted mensualmente le voy a dar una platica por usted colaborarme.’ El capitán Benavídez me decía ‘tranquilo, no hay problema, esto está coordinado con los altos mandos, no va a pasar nada’. Santiago me dice ‘vea, reciba esta plata o no la reciba, nosotros tenemos el apoyo de los comandantes de la policía a nivel departamental y amigos a nivel nacional, nosotros vamos a seguir actuando’, y yo dije ‘bueno pues, pa’ delante’. Ese fue el compromiso con Santiago.

”Así empezamos en enero de 1993, estuve febrero, marzo, a principios de abril me sacaron porque el escándalo fue a nivel nacional con medios de comunicación, se destapa el mal llamado grupo de los Doce Apóstoles. En el tiempo que yo estuve nunca se llamó Doce Apóstoles. Son los medio los que empezaron a usar ese nombre porque supuestamente había un sacerdote metido en ese grupo, que era el padre Palacios. A mí me sacan porque la cosa se calentó, ‘listo, mi coronel, yo sólo cumplo órdenes’, y me terminan mandando a un distrito todavía más difícil que es Segovia. Es que a mí me tenían como una persona eficaz para combatir la guerrilla. La cosa es que en esos tres meses se suscitaron unos incidentes en los que son asesinadas personas y yo le presto a Santiago la colaboración para que el grupo del cual él era el jefe pudiera cometer sus asesinatos.”

Meneses continuó con una descripción de los miembros del grupo y nombra como cofinancista del grupo junto a Santiago Uribe al hacendado Alvaro Vázquez. y dice que Santiago Uribe le designa un enlace con el grupo para las operaciones urbana y otro para la rurales. Nombra al personal policial a su cargo y dice que le ordena que colabore con el grupo.

”Este muchacho Rodrigo (uno de los enlaces) se alquiló una pieza al lado del departamento de policía que tenía conexión con la habitación donde yo dormía en el comando. El ahí tenía unos uniformes de la policía y el ejército, capuchas, botas, tanto es así que después la fiscalía hace un allanamiento de esa habitación y encuentra esos elementos.

”En la tercera reunión con Santiago me lleva a conocer la finca porque dice que le he colaborado mucho. Cuando vamos a la parte de atrás ellos tienen una plaza de toros pequeña porque ellos crían toros. Detrás de la plaza ellos tienen una pista de entrenamiento para paramilitares. Una pista con todos los obstáculos para un entrenamiento militar. La escalera, la telaraña, todos. El me dice ‘mira, aquí es donde entreno a mis muchachos’. En la finca él mantenía gente armada con escopetas, con fusiles, él incluso tenía una subametralladora. Esa vez Santiago también me muestra una lista, porque él tenía una lista de las personas que iban asesinando. En esa época Alvaro Uribe era senador y estaba aspirando a la gobernación. El me decía ‘tranquilo que cuando Alvaro sea gobernador nos va a ir mucho mejor”’.

A continuación, Meneses pasó a detallar cinco crímenes cometidos por el grupo paramilitar al amparo de su mandato policial.

“Hay un caso donde se obtiene información de que van a atracar un peaje. Yo les digo ‘vayan a hacer el operativo, no hay problema. Entonces ellos se esconden y efectivamente llegan a atracar el peaje. Fue gente de la Sigin (inteligencia policial) y fue el grupo de Santiago. Ellos dan de baja a dos delincuentes en el peaje. Eso se ve como positivo y las cosas empiezan a marchar.

”Hay otro caso en que Santiago me pide el favor: ‘hay una situación especial y es que ya tenemos ubicado a un colaborador de la guerrilla, entonces le voy a mandar a los muchachos, vamos a cometer el asesinato contra esta persona que colabora con la guerrilla. Esta es una persona conocida, es guerrillero, se llama Rodrigo Barrientos. Es conductor de un carro que utilizan como bus. Ya lo tenemos identificado que es la persona que suministra los víveres a la guerrilla. Tenemos que acabar con la guerrilla y él es cabeza visible de la guerrilla.’ (Yo contesto) ‘bueno, listo hágale, no hay problema’. Cometen el asesinato.

“Hay otro caso de una extorsión que le están haciendo a un comerciante de Yarumal, Santiago me llama y dice, ‘Meneses vamos a armar un operativo contra una persona. El empresario tenía un restaurante que se llama Las Rocas. Yo fui y le tomé declaración al empresario y armé el operativo, fue la gente del grupo y de la policía. Cuando fueron a recibir el dinero, ellos dan de baja a un extorsionador. Y otra persona se les vuela del lugar. Yo rendí un informe dando un resultado positivo. Había sido la policía, pero en coordinación con el grupo de los mal llamados Doce Apóstoles.

“¿Qué pasa? Este extorsionador que se escapa el grupo lo ubica en una finca que se llama La Sirena, entonces mi escolta me dice ‘vea teniente a esta persona ya la tenemos ubicada’. Entonces yo le contesto ‘pues bien entonces hágale’. Pues la idea era ésa: si estaba ubicado pues... entonces arman el operativo y asesinan a dos personas de apellido Quintero Olarte, padre e hijo. El hijo es el que había hecho la extorsión. Y ahí me involucran en el proceso. Porque el agente Amaya, siendo mi escolta, yo nunca lo autoricé que llevara los fusiles, él se llevó el fusil suyo y el fusil mío. Ellos van y les causan la muerte a estos dos Quintero Olarte y para colmo hieren a dos niños menores de edad. Yo al otro día voy a levantamiento con la inspectora de policía. Yo mismo recojo las vainas, las embalo y las entrego a las autoridades. Después me entero que Amaya se llevó los fusiles a cometer el asesinato. Por ese caso yo estuve detenido en dos oportunidades, una vez seis meses y otra vez tres meses, por el mismo hecho de las vainas, eso está en el expediente. Después me libro, logré mi salida con mi abogado, porque yo sabía que era un proceso político para que involucre a Santiago, pero yo decía que Santiago no tenía nada que ver. El me decía ‘tranquilo que ese proceso va a salir adelante, que el hermano ya está encima del proceso y que el proceso va a ser cerrado, como efectivamente ocurrió.

“El último caso fue una toma guerrillera que hubo en el municipio de Yarumal, que la guerrilla llegó a atacar al pueblo con fusil, ese caserío quedaba a cuarenta y cinco minutos del cuartel. Yo ahí busco a Santiago y le pido ayuda y él dice que ese día sólo tiene tres personas. Vaya con estos muchachos míos que ellos conocen un camino para llegarles allá. Ese día fuimos unos quince policías con los tres del grupo de Santiago. Burlamos el retén de la guerrilla y llegamos al pueblo y la guerrilla todavía le está disparando al comando de policía. Entonces armamos unas minas para esperar a la guerrilla, pero salieron por otro camino y me dejaron esperando. Después entro al pueblo y me entero de que a la policía le había ido muy bien, porque hubo tres bajas de la guerrilla contra sólo una de la policía.”

Para finalizar, Meneses ensayó una explicación de cómo terminó en Venezuela.

”El proceso a los Doce Apóstoles no llega a la verdad porque en Yarual había un grupo de comerciantes honestos que armaron un grupo de personas colaboradoras de la policía para papelería, gasolina, elementos de aseo. La fiscalía fue contra ellos, pero mentiras, esos comerciantes no eran, eran los ganaderos que estaban con Santiago. Pero la fiscalía nunca destapó a Santiago y fueron presos más de un año estos comerciantes sanos y el proceso sigue, siempre contra los comerciantes de Yarumal.

”Cuando el proceso arranca vamos con mi coronel a la oficina de Santiago. Ya no estábamos en Yarumal. El tenía una oficina en Medellín. Santiago nos dice ‘vean, ustedes no se preocupen, con mi hermano hablamos con las personas que teníamos que hablar para que este proceso no termine en nada y ustedes salgan absueltos. Váyanse tranquilos. Eso sí: no me mencionen’. A los años, en el 2002, 2003, yo ya soy mayor de la policía y me llega un traslado para un sitio malo. Ubico a Santiago, lo llamo y le digo que no me manden. El dice ‘el compromiso era archivar la causa y ya cumplimos. No vuelvan a llamar’. Esa fue la última comunicación con Santiago. El año pasado empezaron las amenazas, Santiago sabe que soy una persona que sé mucho de él, a la mayoría del grupo de los Doce Apóstoles los asesinaron. Entonces tomé las decisión de escaparme.”

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viernes, 21 de mayo de 2010

Le quieren poner zancadilla al metro de Bogotá


Boletín de prensa

* "Me temo que estén manipulando el concepto de los validadores nacionales para ponerle zancadilla al metro de la ciudad", dijo concejal Jaime Caicedo

La ciudad no puede aceptar que la decisión de construir el metro en Bogotá, por la cual los electores votaron copiosamente en 2007, sea objeto de más dilaciones por parte del gobierno nacional, amparándose en los presuntos y desconocidos criterios de los validadores contratados por Planeación Nacional, dijo el concejal Jaime Caicedo Turriago.

Caicedo exigió la expedición urgente del documento Conpes con el que se comprometió el gobierno del presidente Uribe hace varios meses para respaldar la financiación de metro para Bogotá, sin buscar más excusas. “Este es un proyecto de vital importancia para casi ocho millones de colombianos que habitamos la capital de la República y no puede ser que se busquen argumentos de última hora para tratar de echar para atrás la obligación que tiene el gobierno nacional de cofinanciar este proyecto. Hay sectores que quieren ponerle zancadilla a la construcción del metro a la espera del cambio del gobierno nacional, todo con el propósito de favorecer intereses políticos y económicos”.

“La construcción del metro, como decisión de la ciudad, no está en discusión, como quieren hacernos creer algunos. Su trazado, como ha ocurrido en las demás ciudades que han adoptado este vertebral sistema de transporte masivo, tiene que obedecer a rigurosos estudios técnicos que consideren los múltiples factores que se interrelacionan para producir la decisión de la primera línea, entre ellos las características geológicas de los terrenos, los flujos de pasajeros, el funcionamiento y cubrimiento de los demás sistemas complementarios de transporte y muchos otros más. Esos estudios ya fueron realizados por una firma idónea y el gobierno de Uribe no puede venirnos ahora con la historia de que los validadores nacionales tienen un criterio distinto”, señaló.

De otro lado, fustigó a representantes de los partidos de la U, Cambio Radical y Verde, quienes intentan poner trabas a la construcción el metro. “Olvidan que este es un mandato popular, refrendado por más de un millón de ciudadanos y ciudadanas que votaron positivamente la propuesta del Polo Democrático Alternativo. No podemos permitir que grandes intereses económicos y políticos trunquen la imperiosa necesidad del metro para Bogotá. Así ampliemos Transmilenio, es claro que este sistema no da abasto para las necesidades de la ciudad, aparte de que constituye un verdadero gol a las finanzas de la capital que pone billones de pesos para su construcción y recibe unas cuantas monedas que ni siquiera alcanzan para su mantenimiento, mientras que los grandes consorcios del transporte masivo se lucran sin escrúpulo alguno”, indicó.

Se declaró perturbado por la falta de información acerca de lo que los validadores nacionales del proyecto metro, contratados por Planeación Nacional, han propuesto. “La ciudad no conoce de manera integral ni completa los criterios considerados por los especialistas de las Universidades Nacional y de Los Andes. Me temo que estos conceptos pueden estar siendo manipulados por el gobierno nacional para incumplir su compromiso con la ciudad y posponer hasta un límite inmanejable de tiempo su decisión de expedir el documento Conpes que da vía libre a la financiación parcial del proyecto. Yo reclamo claridad y lealtad con los intereses de la ciudad. No más dilaciones ni zancadillas para el metro. Es un mandato ciudadano y una necesidad imperiosa e inaplazable para Bogotá”, declaró el concejal Caicedo.

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martes, 18 de mayo de 2010

Declaración del Grupo de Trabajo de CLACSO sobre el Bicentenario


"Nuestra América se construyó desde la exclusión y el desafío es el de revertir esa situación después de 200 años"
Felipe de J. Pérez Cruz
Rebelión

El Bicentenario de las luchas por nuestra primera independencia, su estudio, interpretación y divulgación, con una visión de proceso, de su trascendencia e importancia, en el contexto de más de doscientos años de luchas y realizaciones compartidas, constituye una tarea de importancia científica, cultural, ideológica y política. Nuestra pertenencia a un proyecto de emancipación y unidad latinoamericana, incluye el rescate del patrimonio cultural, la memoria, riqueza y experiencia histórica, que una y otra vez nos han querido arrebatar.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) aprobó en el 2008, la creación del Grupo de Trabajo “El Bicentenario Latinoamericano: Dos Siglos de Revoluciones a la Luz del Presente”, con el propósito de problematizar en torno al nudo temático de las revoluciones y la historia que llega hasta nuestros días.

Resultado de la labor del colectivo de cientistas sociales que coordinan las compañeras argentinas Beatriz Rajland y María Celia Cotarelo, ha sido la publicación del libro “La Revolución en el Bicentenario. Reflexiones sobre emancipación, clases y grupos subalternos” (CLASO Libros, Buenos Aires, 2009) en el que participan otros 20 autores de universidades e institutos de investigación de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Paraguay y Gran Bretaña.

En la Reunión del Grupo de Trabajo realizada en La Habana los días 16-18 de noviembre del pasado año, se debatió ampliamente sobre los presupuestos teóricos y el contenido del próximo libro, y se constituyó una comisión que ha trabajado por consulta el documento que recién se pone en circulación:

EL Grupo de Trabajo de CLACSO: “El Bicentenario y los Procesos Revolucionarios en América Latina”, ha aprobado una declaración delineada en su reunión plenaria de noviembre de 2009, realizada en La Habana, Cuba:

Entendemos que es necesario un pronunciamiento sobre el Bicentenario, que salga de la mera efemérides, y se posicione acerca del interrogante sobre el significado del Bicentenario hoy.

Ponemos a consideración de todas y todos quienes se sientan identificados con lo planteado y quieran suscribirla y pensar y actuar en consecuencia, la siguiente

DECLARACIÓN

El Bicentenario nos plantea desafíos intelectuales y políticos y una toma de posición implica situarse en el campo de la lucha ideológica.

Plantear un enfoque sobre el Bicentenario y sostenerlo, supone dar cuenta del pasado, de las situaciones presentes y de las alternativas para América Latina y el Caribe.

Nos pronunciamos desde una posición crítica y reflexiva sobre las visiones conservadoras, oficiales y colonizadoras.

Acordamos que la construcción de una historia desde abajo, proyectiva, científica, descolonizada y contrahegemónica constituye una tarea imprescindible.

Lo dicho, implica reclamar “otra historia”: la historia de las clases, grupos, sexos, etnias, religiones y culturas, todas ellas, presencias que han sido borradas del proyecto de las clases dominantes y de sus dispositivos legitimadores. De la experiencia de los sectores explotados y oprimidos queremos alimentar una historia de resistencia y autonomía, alimento de la imaginación de un mundo diferente.

Destacamos –justamente-, los procesos revolucionarios en tanto vectores de interpretación de los itinerarios históricos de las clases dominadas, explotadas y oprimidas, que nos lleven hacia el análisis de: ¿Cuál es el proyecto político emancipador, hoy? ¿Cuál es el proceso de cambio que plantea la necesidad de pensar el Bicentenario?

Queremos terminar con la mitología elaborada por la oligarquía y la burguesía, sobre los procesos independentistas del siglo XIX, para justificar la explotación.

Nuestra América se construyó desde la exclusión y el desafío es el de revertir esa situación de modo de construir finalmente, después de 200 años, una sociedad de inclusión que derribe los obstáculos para su integración y proyecte una unidad latinoamericana y caribeña fundada en la emancipación y en el antiimperialismo que erradique todas las formas de explotación y de dominación colonial y neocolonial.

Consideramos que la urgente discusión sobre el Estado es uno de los temas fundamentales de las experiencias democrático-populares en nuestro subcontinente hoy.

Entendemos al Estado, como una instancia de lucha de hegemonías, como espacio potencial de luchas profundas orientadas a una transformación favorable a los intereses de las clases populares.

Nuestra América es una tierra de mezclas, hibridaciones y mestizajes, con sus inevitables contradicciones, en las que aspiramos a captar las promesas democráticas de la multiplicidad y la pluriculturalidad. Debemos encarar una lucha por la memoria social, crítica del pasado pero anhelante de porvenir.

En esa revisión, se impone la apertura de un nuevo y profundo debate. El Bicentenario no debe quedar anclado –como los sectores dominantes pretenden- en la temática de las independencias al punto tal de que las revoluciones del temprano siglo XIX hayan sido denominadas “revoluciones de la independencia”. En ese debate –que ya ha comenzado- debemos preguntarnos, cuál ha sido el legado emancipatorio de ese ciclo de revoluciones y cómo se las entiende en el nexo con el ciclo propio del siglo XX y con las luchas que se han venido desarrollando en lo transcurrido de este siglo.

Hoy, cuando la noción de revolución ya no está en el museo de antigüedades sino que ingresa otra vez a la palestra, proponemos repensar su sentido para tornarlo operativo para la política. Es preciso hacerlo al punto de reconsiderar su relación con la reforma o su temporalidad, sus “sujetos históricos” y su alcance geográfico.

Como el presente y los proyectos para construir el futuro, la comprensión del pasado es un territorio de disputa, porque en ello se va gestando el modelo de dominación y el de las resistencias del futuro. Asumiendo su carácter antagónico nos interesa estimular la preocupación por el Bicentenario que ponga en diálogo productivo las tradiciones emancipatorias continentales, rescate las historias olvidadas y negadas, repiense las estructuras y grandes tendencias, capte las resistencias y proyecciones revolucionarias que poblaron, no sin contradicciones, un tiempo pretérito nutriente de la vocación de una nueva Nuestra América que sea definitivamente nuestra.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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miércoles, 12 de mayo de 2010

Constancia sobre la situación de riesgo del Concejal de Bogotá, Dr. Jaime Caicedo Turriago


En mi condición de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, teniendo en cuenta que el Concejal de Bogotá por el PDA, Secretario General del Partido Comunista Colombiano y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Polo, Dr. JAIME CAICEDO TURRIAGO, viene siendo víctima de hechos delictivos que atentan gravemente contra su vida e integridad personal, me permito dejar la siguiente

CONSTANCIA:

1. El 19 de agosto de 2008, el Concejal Caicedo se encontraba en la Sede Política del PCC y los vigilantes notaron la presencia sospechosa de tres vehículos, el taxi de placas VDJ107 tripulado por tres sujetos; el taxi SHI440, tripulado por dos, y el vehículo Spring gris de placas OFC124, tripulado también por dos. Cuando, aproximadamente a las 2:10 p.m., salió de la oficina con rumbo a su residencia, fue seguido por estos vehículos y por la moto Susuki de placas BHC-96A, tripulada por dos personas, que al llegar a la residencia se estacionaron en varios puntos cercanos.

En tales circunstancias, el Concejal, los escoltas y el agente de policía que lo acompañaban resolvieron interceptar a quienes los seguían y dos de ellos dijeron pertenecer a la DIJIN y estar adelantando un operativo contra el narcotráfico. Igualmente, el Concejal Caicedo informó al DAS, que es el encargado de su seguridad, y la entidad envió al Inspector Operativo César Torres, quien procedió a la identificación de los policías, que resultaron ser: Pinto Gómez William Gerardo, José Luis Duarte, Diego Alejandro Arias y José Federico Sánchez. Es de anotar que dos de los vehículos que hacían el seguimiento huyeron del lugar.

De estos hechos el Concejal formuló denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación pero, hasta ahora, lo único que se conoce es una comunicación del Fiscal Auxiliar del Despacho 11 de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en la que le informa que “Se dispone a compulsar copias de su escrito y anexos con destino a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, a fin de que se investiguen tales conductas”.

2. El 9 de junio de 2009, el Concejal Caicedo instauró denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación con base en que su nombre apareció en una lista de personas divulgada por distintos medios de prensa, que eran víctimas de interceptaciones ilegales de sus comunicaciones por parte del DAS.

3. El 7 de diciembre de 2009, el Concejal fue informado de fuente anónima que “Se ha conformado un grupo armado en Bogotá que está introduciendo alrededor de 700 armas las cuales son ubicadas en distintos lugares de la capital. Siendo miembros de esta organización criminal reinsertados coordinados por un sujeto apodado como alias el ‘diablo’, perteneciente al grupo del señor Salvatore Mancuso”.

En vista de que, según dicha información, el nombre del Concejal Caicedo figura en la lista de las personas amenazadas por este grupo, el 9 de diciembre formuló nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

4. El 15 de enero de 2010 el Concejal Caicedo volvió a dirigirse a la Fiscalía General de la Nación, esta vez para denunciar que el jueves 14 de enero, cuando caminaba por la calle 85 con carrera 19A de Bogotá, una persona lo seguía y grababa sus movimientos desde el vehículo de placas CEU306, de Cerrito, Valle.

5. El 22 de abril del año en curso, hacia las 3 p.m., se presentaron en la residencia del Concejal, ubicada en el Barrio “La Candelaria”, dos sujetos con uniforme de la Policía Nacional, sin distintivos ni nombres, le preguntaron al señor Jaime Carvajal, propietario del inmueble, por el Concejal, diciendo que iban a hacer una inspección al lugar de habitación. Ante la negativa de permitirles el ingreso, entraron por la fuerza y el señor Carvajal pidió, entonces, el apoyo de los vecinos, que acudieron al lugar, por lo que los uniformados salieron precipitadamente de la vivienda y huyeron en una moto cuya placa delantera estaba cubierta con un trapo rojo, según testimonio de uno de los vecinos.

Los hechos sucintamente enumerados, como ya se anotó, han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y de ellos se ha puesto en conocimiento a la Policía Nacional y al DAS, pero hasta ahora los resultados son extremadamente precarios, no obstante que demuestran de manera inequívoca que contra el Concejal Jaime Caicedo hay un plan siniestro que amenaza gravemente su vida e integridad personal, por lo que responsabilizamos al gobierno de lo que pueda ocurrirle.

Es de anotar que el Concejal Caicedo es sobreviviente del Genocidio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, por lo cual, desde hace más de 15 años, es sujeto de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dada la gravedad de la situación, me permito demandar del gobierno nacional el otorgamiento de medidas prontas, suficientes y eficaces para garantizar que el Concejal Jaime Caicedo pueda seguir cumpliendo normalmente sus funciones, y le solicito a la Fiscalía General de la Nación impartir pronta y cumplida justicia para esclarecer la verdad y castigar a los responsables de los delitos denunciados, que, además de atentar contra una persona en particular, hacen parte de la campaña desatada por el régimen contra la oposición.

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo

Bogotá, D.C., 11 de mayo de 2010

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viernes, 7 de mayo de 2010

La bancarrota de la "seguridad democrática"


· Efectos de 8 años de seguridad para las élites dominantes y represión para la población.

Por: Luis Jairo Ramírez H.

Luego de una exitosa ofensiva mediática de la derecha, que desestimó los diálogos del Caguán y que, apoyada en la maquinaria bélica del “Plan Colombia” proclamó la solución militar del conflicto, Álvaro Uribe fue elegido presidente en mayo de 2002, con un programa pomposamente llamado “MANIFIESTO DEMOCRÁTICO de los 100 puntos”.

La “seguridad democrática” es diseñada entonces bajo los influjos de la “guerra al terrorismo” pregonada por el gobierno de Bush, luego del ataque a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001. Lo que se impuso entonces fue un régimen de severos recortes a las libertades, se militarizó el país, se desviaron los recursos del gasto social para financiar la guerra, el Estado fue tomado literalmente por las mafias y el paramilitarismo, la vulneración a los derechos humanos alcanzó dimensiones inimaginables y la corrupción copó la gestión pública.

El gobierno niega la existencia de un conflicto armado y afirma que existe “un fenómeno terrorista” en el país. Las tropas oficiales ascienden a 450 mil hombres y los organismos de inteligencia son dotados de todos los mecanismos para invadir hasta los espacios más íntimos de cada colombiano y de toda organización de la sociedad, configurando así un asfixiante Estado policiaco. El Plan Colombia da luz verde a una nueva fase militar denominada Plan Patriota que se manifiesta en bombardeos sobre zonas pobladas en el sur del país, fumigaciones indiscriminadas y violaciones masivas a los derechos humanos de la población indefensa.

De cara a la actual campaña electoral tanto el Presidente Uribe como sus candidatos “ungidos” pregonan la “reelección” de la seguridad democrática y de la confianza inversionista, de lo contrario, advierten, el país prácticamente se hundiría. Lloverían sobre la nacionalidad las siete plagas de Egipto. Veamos en realidad qué hubo tras 8 años de seguridad democrática:

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: ÉLITES ENRIQUECIDAS Y MILLONES DE MISERABLES

En realidad la seguridad democrática es perfilada como un mecanismo que favorece un nuevo proceso de enriquecimiento para un puñado de familias privilegiadas y una nueva oportunidad para el acceso del capital transnacional, a costa del despojo y la miseria de la población. El 67% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y 9 millones de colombianos deambulan en la indigencia.

Con la Ley 789 de 2002 se eliminó el pago de horas extras, dominicales y festivos para los trabajadores so pretexto de estimular la generación de empleo; sin embargo 7 años después el desempleo en vez de disminuir aumentó. Se generalizaron las “cooperativas de trabajo asociado” que impusieron “modernas” formas de esclavitud, como la de los trabajadores cañeros del Valle y el Cauca. Se liquidaron empresas insignia del país como Telecom, Caja Agraria, Bancafe, Adpostal, Caja Nacional de Previsión, Inravision y otras más, dejando cesantes a miles de trabajadores.

Fueron privatizados más de 400 hospitales públicos con la promesa de mejorar la prestación de la salud, sin embargo el país terminó ahogado en la peor crisis de la salud y la población ha sido despojada de los pocos servicios de salud que tenía. Los colegios y las universidades públicas afrontan la peor de sus circunstancias con el recorte de sus presupuestos y están ad portas del cierre. Salud y educación pasaron de ser un servicio público a transformarse en la más cara de las mercancías en el país. Solo quien posee suficiente dinero puede acceder a esas mercancías.

Todos los días empeora la crisis del campo. Se están importando miles de toneladas de alimentos, lo que se impone es la línea de los llamados biocombustibles; los incentivos como el Agro Ingreso Seguro van a parar a los bolsillos de narcos, reinas y parlamentarios uribistas.

LA PEOR CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN LOS ÚLTIMOS CIEN AÑOS

El discurso oficial sobre una supuesta mejoría de los derechos humanos está rebatido en la realidad; durante el actual gobierno hubo 2 millones de nuevos desplazados y un Estado con 450 mil soldados ha sido incapaz de recuperar 8 millones de hectáreas de tierra despojada violentamente a 5 millones de ciudadanos desarraigados; esta tierra permanece en manos de paramilitares, militares, narcos, latifundistas y altos funcionarios oficiales. En el exterior permanecen miles de compatriotas refugiados, víctimas de la persecución gubernamental.

Hasta hace poco disponíamos de un subregistro de 25 mil personas desaparecidas en el país desde 1980, pero el Fiscal Iguarán sorprendió al país antes de cumplir su periodo con un informe de 52 mil denuncias de desaparición forzada. Se calcula que durante el gobierno de Uribe hubo más de 15 mil desaparecidos. Hace poco, en el municipio de La Macarena (Meta) surgió una nueva fosa común con cerca de 2 mil NNs sin que hasta ahora se haya investigado qué personas están enterradas allí. Todo el territorio nacional está sembrado de fosas comunes y las labores de exhumación son inexistentes por falta de interés oficial.

Otro drama humano que embarga la conciencia nacional es el de las detenciones arbitrarias. En la actualidad hay 7.200 detenidos políticos; de ellos el 10% serían insurgentes, los demás son campesinos, población afro, indígenas, maestros, estudiantes, trabajadores, líderes sociales acusados injustamente de ser auxiliares de la guerrilla o milicianos. Los laboratorios de la inteligencia militar fabrican incesantemente informes y expedientes, contratan falsos testigos, con los cuales reciben ascensos y recompensas, pues se trata de demostrar “éxitos en la lucha antiterrorista” y con ello justificar la cooperación internacional para la guerra.

Se supone que una política de “seguridad democrática” en primer lugar protegería la vida, la dignidad y la intimidad personal; sin embargo oficiales y soldados, presionados desde las alturas del poder, asesinaron a 2.040 ciudadanos inocentes y los disfrazaron de insurgentes. Nuevamente cobraron ascensos y recompensas que derivan del presupuesto nacional.

Es un escándalo nacional que el DAS, la policía y el ejército tienen atiborrados los escritorios del Palacio de Nariño con miles de páginas de informes, resultado de interceptaciones telefónicas, seguimientos y “pruebas” generadas artificialmente sobre que personalidades, líderes sociales y periodistas del país tenían nexos con el terrorismo. Hasta organismos internacionales como la Unión Europea, la CIDH y otras, fueron objeto de semejante práctica criminal.



En fin, la lista de hechos ilegales es interminable. Durante el paraíso de la seguridad democrática fueron asesinados 550 sindicalistas, que se suman a otros 2 mil eliminados desde 1987. No ha valido que incluso los TLC hayan sido paralizados por esta causa. Los crímenes continúan, el año anterior 42 nuevos sindicalistas fueron asesinados a pesar de las promesas de que esta práctica no volvería a ocurrir. Cientos de líderes obreros han sido amenazados y desplazados.

EL FRACASO DE LA DESMOVILIZACIÓN PARAMILITAR Y LA LEY 975/05

Transcurridos cinco años del anuncio de una desmovilización paramilitar y la promulgación de la mal llamada Ley de justicia y paz, asistimos a un rotundo fracaso. El paramilitarismo continúa cometiendo crímenes, ahora bajo el rótulo de “las águilas negras” y “los rastrojos”. Durante este tiempo se han puesto en evidencia alianzas de diferentes sectores sociales y estatales, entre los que resaltan los congresistas, los miembros de la fuerza pública y el sector privado, con las estructuras paramilitares, al menos 133 congresistas y ex congresistas han sido implicados con crímenes del paramilitarismo. Los máximos responsables de esos crímenes no han sido investigados ni sometidos a una justicia real.

Los jefes paramilitares fueron extraditados a los EE.UU. cuando comenzaron a confesar sus vínculos con las altas esferas del gobierno Uribista. Hasta ahora ningún jefe paramilitar ha sido condenado. Mientras tanto los familiares de las víctimas son estigmatizados y desconocidos sus derechos. El único intento de una Ley de víctimas fue boicoteado el año anterior por el gobierno.

CONFLICTO INTERNO, BASES MILITARES Y… FIN DEL FIN

En los inicios de la seguridad democrática se afirmó que en pocos meses era posible ganar militarmente una guerra de más de 50 años. Después de la “operación jaque” el propio Comandante del Ejército sentenció “el fin del fin” del conflicto. Evidentemente se infringieron daños a la insurgencia, pero la experiencia enseña que un conflicto con hondas raíces sociales y políticas no tiene desenlace bélico. Por ello tanto la Corporación Arco Iris como la Cruz Roja Internacional coinciden en que hay un nuevo fortalecimiento de las FARC. La Cruz Roja llama la atención de que las FARC "tienen de nuevo una capacidad, como vemos en estos dos o tres últimos meses, para continuar siendo un actor importante del conflicto armado".

Lo cierto es que los periódicos y noticieros de toda naturaleza reseñan y titulan todos los días sobre innumerables combates entre Estado y guerrilla. Entonces una guerrilla que no existe ¿cómo es capaz de ser protagonista de tantos episodios que atraen la atención nacional? ¿Cómo es posible que un enemigo interno que está al borde de su desaparición suscite ejercicios militares de la IV flota sobre las costas caribes o la instalación de siete bases militares norteamericanas? Estas realidades esconden en verdad una fractura de la solución militar del Conflicto.

Qué no decir sobre los impactos negativos del ataque militar a Sucumbíos en el Ecuador y de las pésimas relaciones de Colombia con sus vecinos.

Así las cosas, reelegiría usted la seguridad democrática y la confianza inversionista?

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jueves, 6 de mayo de 2010

Admitida demanda contra Acuerdo que fija valorización al Aeropuerto El Dorado


* Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite demanda instaurada por el concejal Jaime Caicedo, en procura de imponer valorización al concesionario del aeropuerto El Dorado y no a la Nación.

La demanda instaurada por el concejal Jaime Caicedo contra el artículo 9 del Acuerdo 398 de 2009, que impone la contribución de valorización sobre el aeropuerto Eldorado a la Aerocivil y no al concesionario que lo administra, fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hecho que da paso a un importante litigio que pretende restablecer el derecho a favor de la Nación.

A raíz de sendos debates en el cabildo distrital, auspiciados entre otros por el concejal Caicedo, la administración distrital decidió presentar a consideración del Concejo de la ciudad un proyecto de Acuerdo para establecer la contribución por valorización al aeropuerto Eldorado, toda vez que la Ley 633 de 2000 eliminó la exención que sobre el particular existía para esta clase de bienes, establecida por el decreto ley 1421 de 1993.

“Sin embargo, afirma el concejal Jaime Caicedo, esa misma Ley 633, en su artículo 134, dice explícitamente que se excluye a los aeropuertos privatizados y/o que operen en concesión, lo cual implica en forma directa que los aeropuertos privatizados o concesionados pueden ser objeto de contribución de valorización y que son sus administradores privados quienes deben hacerse cargo del pago correspondiente, no la Nación, como equivocadamente establece el Acuerdo del Concejo de Bogotá”. Agregó que la política neoliberal de privatizaciones “no puede poner a la Nación, es decir a los ciudadanos y ciudadanas del común, a tributar a favor y en reemplazo de quienes se enriquecen con la explotación concesionada de un patrimonio público como lo es el aeropuerto Eldorado”.

Agregó Caicedo que el Consejo de Estado, a través de su sala de consulta y servicio civil, confirmó este mandamiento legal al señalar que “los aeropuertos y de demás bienes que forman parte de la infraestructura aeronáutica de propiedad de la Nación, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en tanto por su destinación son bienes de uso público, se encuentran excluidos de la contribución de valorización y del pago de impuesto predial unificado. En consecuencia, la Nación –UAEAC- no es sujeto pasivo de los citados tributos y contribución respecto de los bienes de uso público de su propiedad, a menos que dichos bienes se encuentren en manos de particulares y que el respectivo concejo municipal o distrital los haya gravado en forma expresa.”

El concejal del Polo Democrático Alternativo dijo que respalda plenamente el enfoque general del Acuerdo 398 de 2009 por cuanto “es favorable para la ciudad en el resto de sus partes (exceptuado el tema de quién será objeto del cobro de valorización en el aeropuerto), por cuanto exonera a los habitantes de las Localidades de Fontibón y Engativá de pagar esta contribución. Lo que hemos buscado es que en vez de cobrarles a las comunidades, le cobremos al verdadero beneficiario que es OPAIN”, indicó.

“Me siento complacido de que el Tribunal haya admitido la demanda, pues de esta manera estoy seguro que se restablecerá el equilibrio y la justicia para que sea el concesionario privado, que usufructúa en su beneficio la explotación del aeropuerto Eldorado, el que deba hacerse cargo de la contribución y no la Nación, que no se beneficia de su administración precisamente por haber entregado en concesión la totalidad de sus operaciones, pagando en adición una exorbitante suma en dólares. Recordemos que esta concesión ha sido muy discutida y sometida a ajustes contractuales y ampliaciones tanto en el plazo, como en el monto final del contrato”.

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lunes, 3 de mayo de 2010

Licitación del relleno sanitario Doña Juana: 11 años mas de daño ambiental, económico y social


Lamentablemente la ciudad seguirá manejado en los próximos 11 años la disposición final de las basuras a través del mal llamado relleno sanitario Doña Juana, que en realidad es un botadero que ha generado graves consecuencias ambientales, sanitarias y sociales sobre la población de las localidades aledañas donde éste funciona y en las localidades de la cuenca del Tunjuelo con altísimos costos para la administración y las comunidades.

La Administración desaprovechó una oportunidad para el cierre y desmonte del RSDJ, ya que, -en vez de evaluar otras alternativas tecnológicas para la disposición final y tratamiento de residuos sólidos como la termólisis, pirolisis, incineración etc. que se vienen utilizando en otras partes del mundo, que no requieren grandes terrenos y permiten aprovechar y reutilizar gran parte de los residuos-, optó por abrir la licitación 001- 2010 para entregar por concesión, una vez mas el manejo del relleno, probablemente a los mismos monopolios privados que lo han administrado desde hace varios años.

La UESP hizo caso omiso de las solicitudes de las comunidades y de diversos sectores de la ciudad que viene clamando desde hace varios años por el cierre del RSDJ, porque este ha afectado la salud, generando enfermedades epidérmicas y respiratorias, continua contaminando con lixiviados- a pesar del tratamiento parcial que se les hace en la planta -, el río Tunjuelo, el Río Bogotá y el Magdalena, con graves efectos ambientales y sanitarios.

No hubo una evaluación a fondo, pública, con presencia y participación de la ciudadanía de lo que ha significado el RSDJ, el contrato de concesión, el impacto sobre las tarifas, la deuda social y ambiental con las comunidades afectadas, el derrumbe del relleno en 1997, las deficiencias en el tratamiento de los lixiviados, las fallas en la planta de tratamiento de lixiviados, el manejo de los residuos clínicos, hospitalarios y patógenos, los riesgos sobre la salud de los habitantes especialmente el contacto con las aguas contaminadas, el consumo de productos regados por éstas, olores, proliferación de plagas, las serias limitaciones de los programas para “mitigar” los efectos del relleno, la participación de las comunidades en el reciclaje; la viabilidad de las plantas de reciclaje y la plata que se invirtió y se perdió en los estudios, etc.

La UESP, que en años anteriores prorrogó en varias ocasiones el contrato de concesión con Proactiva, a pesar de las denuncias sobre presuntas irregularidades incumplimientos y favorecimientos, en el presente año decidió continuar con el RSDJ convocando la licitación 001-2010 que favorece nuevamente un esquema de manejo de las basuras que es contrario a los intereses de la ciudad, de los usuarios y del medio ambiente.

La UESP le entrega con la licitación a los monopolios privados un jugoso negocio que le ha reportado a los concesionarios que lo han manejado sumas multimillonarias a costa de los usuarios que pagan las tarifas que registran altos incrementos en años anteriores.

Como en todos los contratos de concesión, los grandes beneficiados son los concesionarios. Y al igual que en la licitación para el SITP, la licitación para el manejo del RSDJ favorece a los grandes monopolios.

En la licitación se exige como experiencia técnica mínima que el Proponente esté operando o haya operado, como mínimo durante seis meses y en un máximo de dos (2) proyectos, solo o en consorcio o en unión temporal, o en cualquier otra forma de asociación, rellenos sanitarios por 5.000 toneladas/día; y para el tratamiento de lixiviados se exige la operación y mantenimiento de plantas para el tratamiento de lixiviados, con capacidad media de tratamiento igual o mayor a 11 lps (litros por segundo), en máximo dos contratos y durante como mínimo seis meses.

Igualmente se exige en la licitación un capital de trabajo de $ 32.000 millones, un patrimonio de $ 229.000 millones de pesos y para acreditar capacidad financiera el proponente podrá aportar un cupo de crédito por $ 80.000 millones de pesos aprobados por una entidad financiera.

Probamente, estos requisitos solamente los podrán cumplir Proactiva y el actual operador del relleno sanitario- Aguas Bogotá, que son monopolios españoles con alguna participación de capital colombiano.

El valor presente neto aproximado del contrato corresponde a $ 229.742 millones, a pesos de diciembre de 2009. La tasa usada para calcular el mencionado valor es del 13,92% anual en términos reales.

La Remuneración por Disposición Final de los Residuos Sólidos en el RSDJ es de $ 14.525 y de $2.794 por el tratamiento de los lixiviados a precios de 2009, para un total de $17.319 por tonelada. Esto implicaría un incremento de alrededor del 20% en las tarifas y sobre pasa el valor autorizado por la CRA que es de $14.525, según el concejal Carlos Vicente de Roux.

Además de la remuneración que recibe el concesionario por la disposición final y el tratamiento de lixiviados, éste podrá utilizar hasta el 20% de los residuos que ingresan al RSDJ y escasamente deberá pagar $ 573 por cada tonelada ingresada al RSDJ a pesos de diciembre de 2009.

Por el contrario se dice en la licitación que de acuerdo al Decreto 838 de 2005 se prohíbe el desarrollo de las actividades de recicladores en el frente de trabajo de los rellenos sanitarios.

La producción, tratamiento y aprovechamiento de Biogás a partir de los residuos sólidos, solo podrán ser implementados para la producción de la energía requerida para la operación del Sistema de Tratamiento de Lixiviados, es decir para el concesionario.

La concesión dura 11 años, sin embargo se dice que el plazo terminará cuando se haya copado la capacidad de disposición de residuos sólidos y la capacidad adicional que a través de una ampliación ó modificación de la licencia ambiental actual logre el operador sobre los terrenos de propiedad de la UAESP.

La licitación contempla que la UAESP conformará un Comité de Evaluación encargado de evaluar las propuestas, con expertos de la UAESP o externos a la Unidad, nacionales o internacionales. En años anteriores se ha criticado que la dirección de la UAESP quería favorecer la continuidad del contrato de concesión para el manejo del relleno sanitario. Lo aconsejable seria que quien haga la evaluación sean expertos externos de altas calidades morales y profesionales para garantizar la transparencia del proceso de selección del concesionario. Se podría vincular a las universidades a este propósito.

La licitación no contiene indicadores ambientales que permitan controlar en tiempo real durante las 24 horas la operación tanto de la compactación de las basuras como el tratamiento de los lixiviados. Esto es muy importante ya que la calidad de las aguas que se vierten al río tunjuelo una vez pasan por la planta de tratamiento es de calidad inferior a la que exige la norma ambiental y de 20 litros/seg. solo se procesan 8. En años anteriores se impusieron algunas multas irrisorias a los concesionarios, teniendo en cuenta que no se incluyeron indicadores en el contrato en el contrato, ni en los términos de referencia para hacer un control mas real y en consecuencia la interventoria del contrato solo se limita a revisar los reportes de los operadores, lo que impide realizar un en control efectivo.

En conclusión, la administración fue incapaz de evaluar otras alternativas diferentes al relleno sanitario, dejando a la ciudad a merced de los monopolios privados que manejarán el RSDJ en los próximos 11 años lucrándose a costa de las tarifas que pagan los usuarios; sin soluciones para los pobladores de las dos (2) localidades aledañas; y permitiendo que continué el daño ambiental, social y ecológico.

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Presentación debate proposicion 048 de 2010 Concejal Jaime Caicedo



































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