viernes, 6 de noviembre de 2009

Comunicado del Partido Comunista Colombiano sobre las bases militares



Convenio militar con E.U., patente de corso para violar soberanía del pueblo colombiano


· En virtud de la decisión inconsulta de Uribe, ahora los colombianos quedamos al albedrío norteamericano gracias a nuestro propio gobierno y lo que es aún más insultante, en nuestro propio país.

El Partido Comunista Colombiano, integrante del Polo Democrático Alternativo, elevó su protesta por la suscripción a espaldas del país del acuerdo militar entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Barak Obama y señaló que en realidad se trata de una patente de corso para que los militares norteamericanos, sus familias y los contratistas civiles de ese país ejerzan actividades en Colombia sin atender las leyes nacionales, poniendo en grave riesgo la seguridad nacional y la de la sociedad colombiana en su conjunto.

“Es inadmisible que el gobierno de Uribe no sólo haya cedido sin contraprestación alguna buena parte del territorio nacional, con promesas de que podrá seguir otorgando todavía más prebendas a los invasores norteamericanos, sino que además incurre en flagrantes violaciones a la Constitución colombiana, perfectamente denunciadas por el Consejo de Estado a través del concepto emitido y que el país hoy conoce”, dice la declaración del Partido Comunista Colombiano.

“Ahora resulta que el concepto apátrida de la “confianza inversionista”, que le ha costado a las finanzas nacionales varios billones de pesos por cuenta de las exenciones a los grandes capitales multinacionales, en desmedro del presupuesto nacional, se adiciona a la violación de la soberanía y se extiende para eximir a los Estados Unidos de cualquier pago por el uso de bienes que le pertenecen al Estado colombiano, incluidos aeropuertos, puertos marítimos, carreteras nacionales, el espectro radioeléctrico, edificaciones, servicios públicos y otros apoyos. El señor Uribe Vélez está convencido de que puede usar y feriar a su antojo los bienes que le pertenecen a todos los colombianos y pretende no dar cuenta de ello evadiendo los controles del Congreso de la República y de la Corte Constitucional”.

De acuerdo con esta agrupación política, “son motivo de vergüenza nacional los términos en que se sojuzgó la autoridad del Estado en relación con la inmunidad sin límites que Uribe concedió no sólo a los militares estadinenses, sino de forma inadmisible a sus parientes y personas a cargo, quienes en adelante tienen patente de corso para hacer y deshacer sin que la justicia o autoridad competente alguna pueda proceder contra ellos cuando, como ya ha ocurrido en otras latitudes, abusen de su uniforme, de su investidura o simplemente decidan violar y atacar a la población inerme. En virtud del criterio inconsulto de Uribe ahora los colombianos estamos abandonados a nuestra suerte por nuestro propio gobierno y lo que es aún más insultante, en nuestro propio país.”

El Partido Comunista respaldó el concepto del Consejo de Estado, que incluso llamó la atención sobre lo que denominó “absoluto silencio” respecto de las relaciones laborales entre los militares y los contratistas norteamericanos y los nacionales colombianos que eventualmente sean contratados por los primeros. “Se revela aquí el verdadero carácter entreguista del gobierno de Uribe Vélez, al dejar expósitos y sin protección alguna a los trabajadores colombianos frente a sus “patrones” norteamericanos”.

El Partido Comunista anunció que estudia, junto con otras fuerzas políticas y un grupo de abogados, la demanda ante el Consejo de Estado y eventualmente ante la Corte Constitucional del convenio militar firmado por el gobierno colombiano, como quiera que no sólo fue suscrito clandestinamente, sino que desconoció las instancias legales y constitucionales a que estaba obligado para su aprobación, a más de violar toda una serie de normas legales y constitucionales en lo atinente a la cesión de territorio, tránsito de tropas, navíos y aviones extranjeros y uso gratuito de bienes del Estado colombiano sujetos a prescripciones legales claras y delimitadas.

Volver a la página principal

1 comentario:

Cooperamos dijo...

Un Acuerdo contra el país
Por Rodrigo López Oviedo

Buena maña se dieron los negociadores del Acuerdo que comprometió a Colombia a permitir que Estados Unidos utilizara siete de nuestras bases militares y otras más. Buena maña para que su redacción fuera suficientemente clara respecto de los beneficios concedidos al país del norte y enmarañada en cuanto a los propósitos de fondo.

Obsérvese que lo que se suponía iría a ser un acuerdo contra el terrorismo y el narcotráfico y estaría circunscrito a lo que pudiera hacerse dentro de nuestras fronteras, terminó siendo un “Acuerdo complementario para la Cooperación y la Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad”, inspirado en la intención de “fortalecer la relación estratégica de seguridad entre las Partes” y de “enfrentar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”.

Obsérvese también que al hablar de defensa, de seguridad, de paz, de estabilidad, de libertad y de democracia se estuvieron tratando temas mayores, con los cuales se rebasaron los publicitados propósitos antinarcóticos y antiterroristas y nos dejaron casados con el bando estadounidense para cuando quiera que se presenten fenómenos tan espinosos como los que se esconden detrás de esas comprometedoras palabras. Se trata realmente de una patente de corso, con la cual se protocoliza la entrega de una parcela más de nuestra soberanía y se siguen despertando justificadas alarmas en el vecindario latinoamericano y del Caribe.

Salvo una cláusula que obliga al ejército estadounidense a rendirles a nuestros militares las debidas cortesías cuando quiera que por razones del Acuerdo traspasen sus fronteras, son los norteamericanos los únicos favorecidos en todas las esencias generales del Acuerdo, pero también en las particulares, ya que les individualiza a sus operadores un sinnúmero de derechos: el de la inmunidad penal; el de la exoneración del pago de tasas, aranceles y tributos; el de la liberación de la obligación de permitir la inspección de sus equipos de transporte y de los bienes que estén incluidos en sus declaraciones de aduana y el del otorgamiento de visas preferenciales además de un largo etcétera. Y si algunos operadores quedaron exceptuados de tantos privilegios, ellos son los colombianos que trabajarán con el Acuerdo.

Rechazo especial merece el que la presencia de estos operadores no se considerará residencia o domicilio en Colombia, lo cual significa que los ingresos económicos que aquí perciban no estarán sometidos a ningún gravamen. Y también, el que el Acuerdo les concede Autorización para que establezcan estaciones receptoras y difusoras de radio y televisión por satélite, sin necesidad de licencias y sin que ello genere costos para Estados Unidos.

Una de las mayores críticas que antecedieron al Acuerdo estaba relacionada con lo tardíos que resultarían para Colombia los informes sobre las operaciones realizadas. En respuesta, el Gobierno manifestó que, al contrario, los procedimientos se diseñarían de tal forma que podría conocer de tales operaciones en tiempo real. Pues la razón terminaron teniéndola los críticos, pues el Acuerdo dice que las partes operativas “podrán” presentar a sus gobiernos un informe de las labores realizadas, logros alcanzados y recomendaciones con una periodicidad… ¡anual! Es decir, que ni siquiera “tendrán” que presentarlos, y en caso de hacerlo, lo harán cuando ya todo pataleo resulte inútil.

Ante semejante Acuerdo, cualquier país digno llevaría ante los tribunales a un gobernante que tan vergonzosamente se entrega a intereses extranjeros.