sábado, 31 de mayo de 2008

CONSTANCIA DEL CONCEJAL JAIME CAICEDO SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA POSITIVA

CONSTANCIA DEL CONCEJAL JAIME CAICEDO SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA POSITIVA



Quiero dejar la siguiente constancia que recoge mis inquietudes y preocupaciones sobre algunos impactos del plan sobre la población bogotana.

El plan de desarrollo prioriza los sectores educación, salud e integración social, que suman el 58% de la inversión a realizar en el cuatrienio, lo que demuestra la orientación social de la Administración. Asimismo el plan contempla proyectos estratégicos para la ciudad como la construcción del metro, que contribuirá a mejorar la movilidad de la ciudad.

Hay que resaltar el objetivo general del plan que busca que se mejore la calidad de vida de la población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos, en el marco de una ciudad incluyente, justa y equitativa, participativa, en la que todos y todas disfruten de los beneficios del desarrollo. Sin embargo, esta visión de ciudad no se aviene con el modelo de ordenamiento neoliberal vigente, que se consolida como quedó aprobado en el artículo 10 del plan de desarrollo. El POT se ha convertido en un instrumento de desplazamiento forzado de la población, de enriquecimiento de grandes propietarios de la tierra urbana y de inversionistas extranjeros y nacionales que pretenden montar sus negocios inmobiliarios, comerciales y de servicios, en concordancia con el modelo de ciudad de que se viene implementando desde el año 2000.

El plan de desarrollo contempla como metas poner en operación el macroproyecto urbano regional del área de influencia del aeropuerto el Dorado, renovar 50 hectáreas en el marco del Plan Centro, implementar el proyecto Ciudad Salud, la III fase de Transmilenio por la calle 26 y carrera 10, la construcción de 2 plataformas logísticas en el marco del plan maestro de abastecimiento, continuando de esta manera con la ejecución del modelo de ordenamiento, sin tener en cuenta la situación de la población afectada (habitantes del plan centro, Fontibón y Engativa, pequeños propietarios de vehículos de transporte publico, campesinos, etc., ) y las alternativas que han presentado para evitar el desplazamiento, contradiciendo de esta forma el discurso sobre la ciudad de derechos.

El tema de la paz, los acuerdos humanitarios y la solución política al conflicto colombiano, no constituye un propósito o una estrategia de la Ciudad de Derechos, sino solo un programa. Resulta exótico comprometer recursos de los ciudadanos para adquirir equipos de inteligencia, de comunicación, servicios especiales, materiales de uso exclusivo de la Brigada XIII y para la ampliación, dotación y dotación de infraestructura física de los batallones de PM N° 13 y 14, adscritos a la misma brigada del ejército, cuyo financiamiento corresponde al gobierno nacional. ¿Se prepara la ciudad para la guerra o para la paz?

La política laboral y la protección de los derechos y garantías de los trabajadores no quedaron, específicamente, en el plan de desarrollo a pesar de los acuerdos firmados por el Alcalde Mayor y las organizaciones sindicales.

En materia de vivienda el plan de desarrollo no responde al déficit cualitativo y cuantitativo existente, y apenas se traza como meta una reducción del 12% a través de varios proyectos de vivienda y el otorgamiento de 26.400 subsidios y 7.000 microcreditos y la construcción de 20.000 viviendas de interés social en Soacha.

La estrategia financiera también resulta preocupante, ya que se incluyó como fuentes de financiación, la opción del cobro a los ciudadanos del alumbrado público; el cobro de la valorización por $ 1.7 billones, a pesar de todas las inconsistencias, errores, e irregularidades en el cobro de la I fase; la nivelación tributaria que conllevará incrementos en los impuestos distritales, como el predial; la actualización catastral de 2.350.363 predios, bajo la concepción injusta de acercar valor catastral de los predios residenciales al valor de mercado, como si la vivienda para la gran mayoría de la población fuese una mercancía que se negocia a diario y no un derecho protegido constitucionalmente.

En cambio, nada se dice del cobro de las plusvalías ni de la valorización y el impuesto predial a los concesionarios privados del aeropuerto y demás convenios de usufructo con particulares.

Los recursos de capital de las empresas industriales y comerciales del distrito en los cuatro años disminuyen de 1 billón 86.151 millones en el 2008 a $ 85.231 millones en el 2012, lo que puede indicar que se va a producir la privatización de alguna de la empresas públicas, lo que sería muy grave para el patrimonio del distrito y para los usuarios.

Sobre el endeudamiento de la ciudad, el plan propone unos recursos del crédito por más de 2.1 billones para la administración central, lo que despierta varios interrogantes sobre la estabilidad de las finanzas distritales, ya que la deuda actual interna y externa supera los 2.2 billones.

Voto afirmativamente, sin renunciar al derecho a la crítica, al control político y a la exigencia de las bases populares para que el PDD se acerque más al Ideario de Unidad del Polo y menos a los compromisos con los poderosos y mezquinos dueños del capital y de la ciudad.

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martes, 27 de mayo de 2008

PLAN DE DESARROLLO INCLUYE TARIFA DIFERENCIAL PARA ESTUDIANTES, DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES


Boletín de prensa


Para transporte en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO INCLUYE TARIFA DIFERENCIAL PARA ESTUDIANTES, DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES

2.5 millones de personas serían potencialmente beneficiarias.

Jorge es un estudiante de una de las principales universidades públicas de la ciudad. Todos los días, dependiendo del horario de inicio de sus clases, debe disponer de cerca de dos horas para trasladarse desde su residencia, de estrato 2, localizada en los límites occidentales de la localidad de Bosa, hasta la calle 72 con carrera 11, donde está la institución universitaria que lo prepara para ejercer dentro de poco tiempo como psicopedago.

Para ello, debe reservar un mínimo de $5.000 diarios si hace transbordo para tomar Transmilenio y viajar algo más rápido, o $4.400 para tomar rutas del sistema corriente, con el riesgo de que la duración de su viaje se incremente exponencialmente debido a uno de los usuales trancones bogotanos. A ello, su familia debe sumar unos pesos más para que Jorge pueda comer algo durante su estancia en la universidad, sin contar con lo que necesita para las fotocopias u otros requerimientos de sus estudios. Los escasos ingresos familiares no dan para tanto, pues los gastos de transporte de Jorge representan poco más de $80 mil al mes, un esfuerzo muy grande para sus padres que ganan apenas $790 mil mensuales entre los dos.

Dentro de poco tiempo y por iniciativa del concejal Jaime Caycedo Turriago, Jorge y otros miles de estudiantes, discapacitados y adultos mayores de la ciudad, podrán ver sensiblemente disminuida la cantidad de dinero que necesitan para trasladarse de un lugar a otro. El Concejo Distrital aprobó incluir en el Plan de Desarrollo una meta que establecerá una tarifa diferencial para el sistema de transporte colectivo en Bogotá para estudiantes, discapacitados y adultos mayores.

El proyecto beneficiará a todos los estudiantes de los sectores público y privado que cursen educación básica primaria, secundaria, media, técnica y superior. De igual manera, cubrirá a los discapacitados, sin importar su condición económica o social, al igual que los adultos mayores, es decir, personas por encima de los 62 años de edad.

En lo que respecta a la población de adultos mayores, este proyecto apenas hace justicia al reconocer el mandato de la Ley 1171 de 2007, la cual les reconoce el derecho a disfrutar de una tarifa diferencial en los servicios públicos de transporte. Por lo demás, los discapacitados también podrán disfrutar de este beneficio, sobre todo considerando que es una de las poblaciones más vulnerables de la sociedad debido a que a estas personas les resulta muy difícil obtener un empleo o cualquier otra fuente estable de ingreso, por lo que la ley del centavo cuenta, y de qué manera, para ellos.

De acuerdo con la última Encuesta de Calidad de Vida, publicada por el Dane, en Bogotá habitan 408.567 adultos mayores. Por su parte, la población de discapacitados llega a 255.836 personas.

A su vez y de acuerdo con la misma encuesta, la población estudiantil de la capital asciende a 2.081.723 ciudadanos.

Los montos de los descuentos para cada uno de estos sectores poblacionales serán definidos una vez culmine el estudio del sistema integrado de transporte colectivo, el cual ya se ha iniciado.

viernes, 23 de mayo de 2008

En Colombia gobierno pretende judicializar a opositores

Bogotá- Todo indica que el presidente Álvaro Uribe Vélez quiere judicializar a sus opositores con el pretexto de supuestos vínculos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias –FARC-, aseguró Jaime Caycedo Turriago, Secretario General del Partido Comunista Colombiano –PCC- y miembro de la dirección ejecutiva nacional del Polo Democrático Alternativo.

Precisó que una situación como esa no ocurre en los regímenes democráticos, sino en las más oprobiosas dictaduras militares donde imperó el fascismo.


La declaración de Jaime Caycedo, quien actúa como segundo vicepresidente del concejo de la capital colombiana, tiene que ver con el anuncio de la investigación sobre la supuesta relación de varios parlamentarios, políticos, periodistas, representantes de ONG con las insurgentes FARC. El dirigente de izquierda admitió que la dirección del Partido Comunista se encuentra a la expectativa de saber cuales son los fundamentos de las acusaciones de los cuerpos investigativos.


“Es muy extraño todo esto, sobre todo cuando observamos que se investiga a quienes han hecho muchos esfuerzos por el acuerdo humanitario que permita que personas privadas de la libertad vuelvan a sus hogares, además de muchas acciones para avanzar en acercamientos para alcanzar la paz por vías negociadas entre los representantes del gobierno y las FARC”, señaló.


Caycedo dijo que esta era una situación que se veía venir y que tiene una larga preparación por parte de los organismos de inteligencia del estado. “El ministro de defensa, Juan Manuel Santos y el propio presidente Álvaro Uribe Vélez han señalado a varias de estas personalidades, por anticipado, como terroristas” indicó.
La Fiscalía General de Colombia reveló este jueves 22 de mayo una lista de personajes públicos que estarían involucrados en el fenómeno catalogado como Farcpolítica, es decir, presunta vinculación con el grupos alzado en armas. El organismo investigador compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a los congresistas Piedad Córdoba (Partido Liberal), Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático Alternativo) por material encontrado en los computadores de 'Raúl Reyes', cuya autenticidad y veracidad ha sido duramente cuestionada.



Entre las otras personas que serán investigadas se encuentran los periodistas William Parra, Canal Telesur y Carlos Lozano, director del Semanario Voz, al ex candidato presidencial conservador Álvaro Leyva Durán y a Lázaro Viveros, ex Asesor de paz del presidente Andrés Pastrana Arango. Además se ordenó investigar a cuatro extranjeros: los ecuatorianos María Augusta Calle e Iván Larrea, el venezolano Amilcar Figueroa y el profesor norteamericano James Jones.


PCC reclama objetividad y plenas garantías


Jaime Caycedo Turriago, Secretario General del Partido Comunista Colombiano –PCC- comentó que las cortes y la Fiscalía General de Colombia no tienen que estar sometidas a esa actitud y pretensión del ejecutivo nacional y es por eso que reclaman de estos organismos adelantar el estudio objetivo y con plenas garantías para un total esclarecimiento de la situación.


El dirigente revolucionario hizo un llamado a la unión de los sectores demócratas, revolucionarios y progresistas del país para impedir que este proceso político pueda convertirse en una “cacería de brujas” o una reedición de lo sucedido con el Partido Unión Patriótica, el cual fue víctima del mas terrible genocidio político.




Sostiene CPDH: Gobierno fabrica monstruoso montaje judicial contra opositores


Bogotá- La junta directiva del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia –CPDH- calificó de “monstruoso montaje judicial” y una maniobra política oficial el anuncio en las últimas horas por el Fiscal General, Mario Iguarán, en el que se trata de vincular a los congresistas Piedad Córdoba, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez en una suerte de retaliación por haber adelantado debates sobre la para-política. “Igualmente se trata de involucrar al ex candidato presidencial Álvaro Leyva, el ex asesor de paz, Lázaro Vivero; el director del semanario Voz, Carlos Lozano y al periodista William Parra, todos ellos por tratar de impulsar iniciativas a favor de la paz y los acuerdos humanitarios, en contravía del ánimo guerrerista del gobierno”, sostiene el organismo defensor de los derechos humanos presidido por el DR. Jairo Ramírez.


La siguiente es la declaración:


El gobierno fabrica monstruoso montaje judicial contra la oposición


Unos computadores que aparecen y otros que desaparecen, según conveniencia del Presidente Uribe.

El Senador Gustavo Petro, refiriéndose al párrafo 91, página 33 del informe de Interpol sobre los llamados "computadores de Reyes, ha exigido al Ministro de Defensa que explique porqué entre el 1 y 3 de marzo de 2008, fueron creados, abiertos, modificados o suprimidos por el Ejército de Colombia, 48.055 archivos, en contradicción con otra parte del informe que asegura que: "el portátil de 'Reyes' no sufrió manipulación y que la agencias de seguridad y civiles que tuvieron en poder el computador respetaron la cadena de custodia".


Con la extradición de 14 jefes paramilitares a EE.UU. en momentos que estos comenzaron a involucrar con la parapolitica al Vicepresidente Francisco Santos, al Ministro de Defensa Juan Manuel Santos y al Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, cercanos funcionarios al Presidente Álvaro Uribe; el gobierno a pretendido tender una cortina de humo para desviar la atención de los escándalos por vínculos criminales con el paramilitarismo y la corrupción manifestada en la llamada "Yidis-política".


Con la maniobra política, anunciada en las últimas horas por el Fiscal MARIO IGUARAN, se trata de vincular a los congresistas Piedad Córdoba, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez en una suerte de retaliación por haber adelantado debates sobre la para-política. Igualmente se trata de involucrar al ex candidato presidencial Álvaro Leyva, el ex asesor de paz, Lázaro Vivero; el director del semanario Voz, Carlos Lozano y al periodista William Parra, todos ellos por tratar de impulsar iniciativas a favor de la paz y los acuerdos humanitarios, en contravia del ánimo guerrerista del gobierno.


Nuevamente se pone de manifiesto el carácter ilegal del Estado Colombiano, responsable del genocidio de la Unión Patriótica y de miles de crímenes contra el movimiento popular. Ahora pone en curso una nueva fase: abrir procesos judiciales con la pretensión de encarcelar a los líderes de la oposición que sobrevivieron a las matanzas oficiales, tal es el caso de Wilson Borja quien sufrió un atentado o de Piedad Córdoba quien estuvo secuestrada por Carlos Castaño.


De esta forma el Uribismo trata de establecer una especie de desesperada simetría con el escándalo de la parapolítica que tiene a 32 parlamentarios de la bancada uribista presos, entre ellos a su primo Mario Uribe; y vinculados a embajadores, ministros, gobernadores y altos mandos militares.


Tenemos la certeza que la rama judicial actuará en derecho y se alejará de las burdas maniobras del poder ejecutivo, que no solo a pretendido estorbar los procesos adelantados por la Corte Suprema de Justicia, sino que ahora quiere criminalizar la acción legítima de la oposición, para tener el camino despejado para perpetrar su hegemonia autoritaria.


JUNTA DIRECTIVA
Bogota, mayo 22 de 2008


viernes, 16 de mayo de 2008

LA PARTIDA PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEBE QUEDAR INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO

BOLETIN DE PRENSA
LA PARTIDA PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEBE QUEDAR INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO
*El San Juan de Dios podría convertirse en un centro de estudio y prácticas en salud pública.
*La administración debe acelerar las gestiones para lograr su reapertura en el menor plazo posible.
La consecuencia inmediata para el Distrito del fallo proferido por la Honorable Corte Constitucional en torno a la obligación del Estado de cubrir los pasivos prestacionales y salarios de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil, debe ser la inclusión del proyecto correspondiente y la partida presupuestal requerida en el Plan de Desarrollo que actualmente se discute en el Concejo Distrital, dijo hoy el concejal Jaime Caycedo Turriago.
“De forma inmediata, la administración distrital debe disponer las medidas para garantizar que la decisión de la Corte se cumpla a la mayor brevedad, no sólo por acato a la misma, sino por la imperiosa necesidad que tiene hoy la ciudad de recuperar para su sistema público de salud un hospital de la importancia del San Juan de Dios, en momentos en que la opinión pública hace válidos cuestionamientos acerca de la capacidad de atención en Bogotá”, dijo Caycedo Turriago.
“Propongo que, además de recuperar los servicios asistenciales y educativos de estas dos instituciones, su actividad pueda reforzarse como centro de estudios y prácticas en salud pública, escuela que coadyuvaría decisivamente a orientar las políticas públicas en salud del Distrito y de la Nación”, dijo Caicedo Turriago.
Señaló que la ausencia prolongada de los servicios del San Juan de Dios ha significado serios tropiezos en la atención de las comunidades más pobres, a más de provocar un vacío a los programas científicos, de investigación y educación que se venían realizando allí antes de su cierre, como quiera que dicho centro operaba como hospital universitario al servicio de la Universidad Nacional de Colombia. “El San Juan de Dios está llamado a recuperar su papel fundamental en la formación del personal médico que requieren la ciudad y el país”, finalizó.