PARAMILITARISMO EN BOGOTA: ¿REALIDAD O FICCIÓN?

Por Jaime Caycedo
Concejal de Bogotá, D.C.

Según la propaganda gubernamental, la aplicación de la ley 975 de justicia y paz, el encarcelamiento de un grupo de jefes narco paramilitares e, incluso, la extradición de varios de ellos, comprobarían la eficacia de la seguridad democrática y del clima de paz y tranquilidad que reina en el país. La información oficial tiende a dar cuenta de la desaparición del fenómeno paramilitar y de una supuesta fase actual de “post conflicto”.

Desde el Concejo de Bogotá se ha dado inicio a un debate sobre lo que podríamos llamar el examen de un estado del arte en torno a la incidencia o no del tema paramilitar en las denuncias sobre inseguridad y vulnerabilidad en derechos fundamentales [1]. La preocupación ha surgido de la realización de tres (3) debates en el curso del primer semestre del año, alrededor de la inseguridad, sin que en ninguno de los cuales el tema del paramilitarismo haya tenido significación alguna. Esta invisibilización abarca los tratamientos violentos y crueles por parte de la fuerza pública, especialmente el Esmad, en los conflictos sociales (estudiantiles, pensionados, protestas por medidas estatales, desfiles del Polo Democrático Alternativo del 1 de mayo, etc.) que denotan graves sesgos en el manejo de situaciones que podrían resolverse por caminos de diálogo preventivo y acuerdos entre los diversos sectores involucrados. La razón que hermana temas como los anteriormente enunciados, es la hipótesis de que existe una superposición de conceptos de manejo militar y de guerra en la conflictividad social.

En desarrollo de estas inquietudes, es preciso señalar que las prioridades sobre seguridad, desde la administración nacional, están centradas en el conflicto armado, la categoría de “terrorismo” y la personificación de las amenazas en milicias urbanas, por lo general atribuidas a las Farc. Esta percepción, dominante en la doctrina oficial, ubica en un segundo plano otras amenazas y subestima las denuncias ciudadanas sobre las situaciones de riesgo que abundan en las localidades.

Lo primero a reafirmar es que el paramilitarismo no es un fenómeno superado y que persisten aparatos y siglas recurrentes, que operan a modo de razón social para operaciones clandestinas y acciones abiertas de demostración de poder; que constituyen violaciones flagrantes de la legalidad existente y amenazas de arbitrariedad para sectores específicos de la sociedad [2]. Las informaciones del Sistema de Alertas Tempranas, de la defensoría del pueblo, SAT; de la Fiscalía, la Procuraduría y el gobierno distrital, demuestran que las denuncias y quejas continúan. Los grupos paramilitares que actúan en Bogotá son[3]:

• Bloque Central Santander
• Bloque Central Bolívar
• Bloque Cacique Nutibara
• Autodefensas Unidas de Colombia Nueva Generación
• Los Urabeños
• Las Águilas Negras
• Bloque Capital
Y las localidades afectadas:
• Chapinero
• San Cristóbal
• Santafé
• Rafael Uribe Uribe
• Teusaquillo
• Usme
• Ciudad Bolívar
• Bosa
• Kennedy
• y Suba, tras la aparición de panfletos amenazantes[4].

En segundo lugar, el paramilitarismo se ha ido consolidando, en forma de redes con implantación local, vínculos con el campo de la terciarización económica, el monopolio del comercio informal, los servicios de diversión, eufemísticamente llamados de “alto impacto” y los sistemas de “seguridad privada”, piratas o informales.

Es significativa la observación suscrita en su respuesta por la Secretaría de Gobierno del DC, que esclarece las bases de la implantación y consolidación arriba anotadas: “En el centro de estudios se maneja información sobre el interés que tiene el “poder mafioso” a nivel nacional de consolidar en Bogotá el lavado de activos por ser esta la ciudad que mejores condiciones brinda para ello, hay elementos que nos pueden mostrar que hay una gran actividad en ese sentido.”[5]

En tercer lugar, este despliegue que integra a la ciudad el paramilitarismo, adecentado bajo la cobertura de los negocios capitalistas, no oculta la coincidencia de las acciones de amenaza, limpieza social y represión en las poblaciones-objetivo, con la actuación institucional que hace uso discriminado de la fuerza y el direccionamiento que prejuzga el sentir o la intencionalidad de contradicciones socialmente existentes.

En el caso de los conflictos universitarios recientes, se atenta contra el ejercicio a la libre expresión, a la critica, la controversia ideológica y política, la libertad de conciencia, contra la producción de conocimiento y la calidad de la educación. Se advierten procedimientos de guerra psicológica contra la comunidad universitaria e intimidación de su quehacer. Se afecta el trabajo académico e investigativo de las universidades. Fue muy grave el caso, tres años atrás, de los genetistas de la Universidad Nacional que debieron abandonar el país..[6]

Ha sido en extremo grave la orden presidencial a la Policía nacional de ingresar en predios universitarios, sin consultar otras opciones por parte de la comunidad académica y pasando por encima de los alcaldes. Uribe, en el mes de junio, se dirigió a los estudiantes de la Universidad Pedagógica, en Bogotá, detenidos, golpeados y maltratados por el Esmad, dentro de la Universidad, como terroristas. Pidió para ellos la judicialización inmediata. No obstante, en la audiencia judicial para resolver este caso, el día siguiente, el juez a cargo, quien tomó en consideración las pruebas aportadas por el Esmad, señaló que no existía correspondencia entre las acusaciones y los elementos probatorios aportados, varios de los cuales fueron introducidos y hechos aparecer como de propiedad de los inculpados, por la propia fuerza pública. Resultado: el juez tuvo que poner en libertad incondicional a los estudiantes.

¿Qué se desprende de esto? La directriz nacional presidencial pretende una superposición de autoridades. El ministro de defensa puso en práctica la decisión de adelantar consejos de seguridad en Bogotá, DC, pasando por encima de la normatividad constitucional que delega en el alcalde esta función. Esta contradicción en torno a la visión y el manejo del llamado orden público no es nueva, pero cobra especial relieve cuando se manifiesta frente a la realidad de la lucha popular legítima.

En conclusión, todo indica que se necesita construir un concepto y una política de seguridad y convivencia, respeto por el derecho a la vida, respeto por el DIH, respeto por las libertades públicas y los derechos humanos, en la ciudad.

Se impone un compromiso real de las autoridades nacionales y distritales para el desmonte de los grupos paramilitares y/o aparatos clandestinos que actúan en Bogotá. La desaparición forzada del dirigente sindical Guillermo Rivera Fúquene y su ulterior ejecución extrajudicial plantea interrogantes que no pueden soslayarse. Su retención ilegal por una estructura con uniformes y vehículos de la Policía tiene que ser esclarecida. En sana lógica, esa debería ser la principal preocupación de la institución policial y de las autoridades, tanto como de la Fiscalía y la Procuraduría.

Pero, además, sería útil la existencia de una Comisión Interdisciplinaria que investigue, haga seguimiento respecto a los negocios de los paramilitares y sus nexos con las economías subterráneas en transe de salir a la superficie.

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[1] Concejo de Bogotá, sesión de julio 11 de 2008.

[2] “La MAPP/OEA ha recibido información relacionada con amenazas realizadas por una organización que se hace llamar “Águilas Negras”, en Bogotá, las cuales se han dirigido a organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y el cuerpo diplomático”. Fuente: Décimo Primer Informe Trimestral del Secretariado General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Bogota, p. 4, junio 25 de 2008.

[3] Fuente: Defensoría del Pueblo. Respuesta al Concejal Jaime Caicedo. Abril 30 de 2008

[4] Ibid.

[5] Fuente: Secretaria de Gobierno. Respuesta a la Proposición 016 de 2008.

[6] Fuente: Informe de riesgo No. 048 – 06 de la defensoría delegada para la evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado. Sistemas de Alertas Tempranas.

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