Neoparamilitarismo y nuevas masacres

Por Comisión Colombiana de Juristas
Las atrocidades que debían haber cesado con la supuesta "desmovilización” de los grupos paramilitares no sólo nunca terminaron sino que están apareciendo nuevamente con mayor fuerza.

En el año 2008 se han registrado, en forma creciente, masacres de personas civiles, generalmente campesinos, por grupos armados ilegales calificados como “bandas emergentes” por la Fuerza Pública o por el Gobierno, que se resisten a reconocerlos como paramilitares.
La repetición de las atrocidades

La masacre cometida el pasado 20 de julio en el municipio de Puerto Libertador (Córdoba), en la que murieron siete personas, entre ellas un líder comunitario y dos niños a manos de grupos armados ilegales que se movilizaban en una camioneta, vestidos de civil, encapuchados y armados, es una dolorosa muestra de ello.

No es, sin embargo, el único caso. Por lo menos, otras cuatro masacres atribuibles presuntamente a grupos paramilitares se han registrado este año.

Una, ocurrida el 11 de enero en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), en la que murieron cinco líderes comunitarios y otras tres personas resultaron heridas, luego de que hombres armados irrumpieron en una fiesta familiar y dispararon contra las personas que se encontraban allí.
Otra, el 23 de febrero en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), en la que murieron cuatro personas de una misma familia, luego de que hombres armados, encapuchados, que portaban prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, incursionaran en la finca donde se encontraba la familia campesina.

Una más se registró entre el 27 y el 28 de abril en el municipio de Pizarro (Chocó), en la que fueron asesinados nueve pescadores, y otras seis personas fueron desaparecidas. .Otra más tuvo lugar entre el mes de junio en zona rural del municipio de Istmina (Chocó), en la murieron cuatro aserradores, lo que provocó el desplazamiento forzado de, por lo menos, 69 personas hacia la cabecera municipal.

Estas masacres tienen dos elementos en común: por un lado, han sido atribuidas a las denominadas “bandas emergentes”, pero, por otro, son hechos que están rodeados de patrones propios del modo de actuar de los paramilitares. .Se ha podido establecer que estas masacres han estado dirigidas contra la población civil, que tradicionalmente ha sido el objetivo de estos grupos.

Es el caso de las cinco masacres reseñadas, en las que han muerto pescadores, campesinos y líderes comunitarios que están reclamando por la garantía de sus derechos. .Así mismo, las masacres han sido cometidas por hombres vestidos de civil, armados y encapuchados, tal como se registró en los casos de las masacres de Puerto Libertador y San Juan del Cesar.

Algunas de las masacres también han sido anunciadas, como es el caso de la masacre de Puerto Libertador, en la que los campesinos de la región ya habían alertado a las autoridades sobre las amenazas que pesaban sobre la población, por lo que la Defensoría del Pueblo envió a Bogotá tres informes en los que alertó sobre el riesgo en el que se encontraban los municipios de Montelíbano, Tierralta, Valencia y Puerto Libertador1.

La Comisión Colombiana de Juristas ha podido establecer que entre el 1° de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007, por lo menos se han registrado 4.019 personas como víctimas de violaciones al derecho a la vida atribuidas presuntamente a los grupos paramilitares en 27 de los 32 departamentos del país.

Las cifras por sí solas desvirtúan el llamado “cese de hostilidades”, pero incluso, además de estas cifras, así como de las masacres señaladas anteriormente, este año han tenido lugar otros hechos que muestran un dramático aumento en el registro de la violación al derecho a la vida.

En efecto, diversas autoridades civiles han manifestado su preocupación por el incremento de los asesinatos especialmente en dos lugares del país. .Tan solo en el epartamento de Córdoba, según datos de la Policía Nacional, se han cometido 283 homicidios durante el 20082, y en la ciudad de Medellín las autoridades hablan de 530 personas asesinadas entre enero y junio de 20083.
Peligrosos eufemismos sobre el paramilitarismo

Por todo lo anterior, resulta preocupante que el Gobierno insista en afirmar que el paramilitarismo ya no existe en Colombia, o que se asegure, tal como lo hizo el Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que el ciclo de violencia en Colombia se halla en su fase terminal:

“…el ciclo de violencia se halla en su fase terminal y los colombianos estamos dando una lección de valor universal: es uno de los únicos países de América Latina en donde se están enfrentando con valor los crímenes del pasado y evitando la impunidad como recurso para transitar de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia”4.

Afirmaciones como las anteriores y, en general, aquellas que pretenden mostrar que los crímenes del paramilitarismo son cosa del pasado, no hacen más que desconocer abiertamente la realidad y, de paso, invisibilizar a las víctimas del presente, preparando el camino para una nueva y mayor mpunidad.

Uno de los objetivos principales en todo proceso de paz que se pretenda real debe ser que se disponga de todos los mecanismos y acciones necesarias para garantizar que las atrocidades no se vuelvan a repetir.

Sin embargo, tras casi seis años de iniciado el proceso de negociación entre los grupos paramilitares y el Gobierno, y tres de la aplicación de la ley de “justicia y paz”, no se puede afirmar que la población civil cuente con garantías de que los crímenes no van a volver a tener lugar, simplemente porque nunca han dejado de ocurrir y porque, además, la estrategia de control más utilizada por los grupos paramilitares para infundir terror en la población civil, que son las masacres, se está volviendo a repetir.

En efecto, el registro de la comisión de masacres anuncia que no son ciertas las afirmaciones hechas por el Gobierno y por el Presidente de la CNRR. Si bien se produjo una reducción en los registros de los asesinatos colectivos en el período comprendido entre el 2006 y el 20075, no debe olvidarse que la razón de ser de esta disminución no se debió a que los grupos paramilitares hubieran dejado de actuar.

Por el contrario, continuaron haciéndolo, sólo que de manera diferente. Por ejemplo, algunos paramilitares han admitido que la práctica de cometer masacres dejó de ser utilizada por los grupos paramilitares porque no era rentable para ellos en términos políticos, por lo cual optaron por cometer asesinatos selectivos6.

Sin embargo, esta disminución en las masacres vino acompañada del aumento en la comisión de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública7 .y de la utilización de las amenazas por parte de los grupos paramilitares contra la población civil para mantener el poder que, sobre las comunidades, lograron tener gracias al terror infundido por las miles de masacres que han cometido estos grupos desde su conformación a lo largo del país8.
La realidad sobre las “bandas emergentes”

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, se ha atribuido el aumento en los homicidios así como en las masacres a las “bandas emergentes”, aun cuando a la vez se tiene conocimiento de que los patrones de este tipo de actos son los mismos que utilizan los grupos paramilitares ¿Por qué insistir, entonces, en que las denominadas “bandas emergentes” no son grupos paramilitares?

Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), a noviembre de 2007 existían 67 grupos paramilitares con 6.377 miembros activos9.. Otras organizaciones, como la Corporación Nuevo Arco Iris, han afirmado, más recientemente, que después de la “desmovilización” hay, por lo menos, 10.000 paramilitares activos10.

Esta afirmación es verosímil, puesto que, según fuentes de inteligencia, el grupo comandado por alias “Don Mario”, en el norte del país, está integrado por tres mil combatientes, y el comandado por alias “Cuchillo”, en los llanos, también está integrado por otros tres mil hombres11.
No es extraño, entonces, que en los más de 65 grupos restantes haya más de cuatro mil combatientes adicionales.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia de 2007, destacó lo siguiente sobre las denominadas bandas emergentes:

“Estos grupos están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados.

“Son un factor activo en la intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil. Se ha recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública en acciones atribuidas a algunos de estos grupos”12.
La descripción que se hace en el informe sobre este tipo de grupos parece más bien la descripción de los grupos paramilitares. Con esto se pone al descubierto que no estamos frente a “nuevos” ni “pequeños” grupos, tal como lo ha afirmado el Gobierno.

Por ello, la Alta Comisionada, más adelante, en el mismo informe, hizo énfasis en que “calificar a todas estas nuevas estructuras como meras bandas criminales no recoge en su totalidad la complejidad, variedad, pluralidad y riesgo del fenómeno”13.

En efecto, simplificar el objetivo de estas “bandas criminales” a su lucha por el control de los cultivos de coca, los laboratorios de procesamiento de droga y las rutas del narcotráfico es ingenuo, por decir lo menos.

Algunos nombres de estos grupos, como los de las “Rondas Campesinas Populares”, el “Ejército Revolucionario Popular Anticomunista” y los “Héroes de Castaño”, sugieren que sus propósitos van más allá de eso.

Otros, como “Los paisas” o las “Águilas Negras”, aunque no utilizan nombres tan dicientes, sí revelan mucho con sus acciones que se orientan contra activistas sociales y población civil.
Si bien es cierto que, al parecer, algunos de estos grupos se están enfrentando entre sí, esta no es la razón de ser ni la explicación para todas las muertes de campesinos y líderes comunitarios en masacres.

Mucho se ha dicho sobre el enfrentamiento entre el grupo paramilitar dirigido por Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario” y el grupo de “Los paisas”, antigua “Oficina de Envigado”.

Sin embargo, las muertes que se están atribuyendo a estos grupos no son en su totalidad producto de la lucha que están librando entre ellos, pues lo cierto es que muchas son el resultado de las acciones que estos grupos emprenden directamente contra la población civil.

No debe olvidarse además que si bien la Fuerza Pública ha pretendido mostrar a Daniel Rendón Herrera apenas como un narcotraficante poderoso con una banda delincuencial a su servicio, alias “Don Mario” es además un terrateniente que posee tierras en Córdoba y Urabá, usurpadas a campesinos asesinados, amenazados o desplazados, y que está interesado en mantener el control sobre ellas debido a su participación en empresas frutícolas14.

No sobra decir además que la guerra entre grupos paramilitares no es nueva en el conflicto colombiano. Baste recordar la que emprendió el frente “Cacique Nutibara”, al mando de alias “Don Berna”, contra el “Bloque Metro”, al mando de alias “Doble Cero”, que resultó en la exterminación de este grupo y en la muerte de este jefe paramilitar.

O la guerra emprendida entre dos grupos paramilitares que operan en los llanos orientales: el grupo que lidera Martín Llanos y el que lideraba Miguel Arroyave. Sin embargo, estas guerras no fueron un obstáculo para que todos estos grupos desarrollaran sus actividades en contra de la población civil.

Nueva impunidad a la vista
Para hacer frente a esta “nueva” oleada de violencia, la Fuerza Pública ha dispuesto la conformación de un “grupo élite” integrado por miembros de la Fiscalía, el DAS, el CTI, el Ejército y la Policía y así combatir a las mal llamadas “bandas emergentes”15.

Sin embargo, todos estos organismos han estado involucrados con los grupos paramilitares desde su conformación, por lo cual la respuesta no sólo resulta inadecuada sino eventualmente perjudicial. Incluso, el Presidente de la República se ha referido a la judicialización de las personas que hacen parte de estos grupos en términos que no son propios de quien representa un Estado de Derecho, y que sugieren más bien el quebrantamiento de principios básicos del mismo:

“No hay cosa que más atraiga inversión, señores generales, que la tarea de ustedes con esos bandidos que quedan aquí. A uno le dicen que todavía queda en la Oficina de Envigado alias ‘El Yiyo’, que queda alias ‘El Memín’, que quedan unos bandidos de esos. Acábelos y por cuenta mía, no se preocupe mi general”16.

Lo cierto es que los paramilitares nunca han dejado de existir. Simplemente han cambiado sus nombres y su modo de operar, pero las garantías de no repetición que prometieron el Gobierno y la ley 975 de 2005 aún están lejos de concretarse.
Y estarán más lejos todavía si se sigue negando la existencia del paramilitarismo e invisibilizando a las víctimas. Con ello, apenas se continuará dando respuestas inadecuadas para crímenes que lastimosamente no son sólo del pasado sino también del presente.

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1 Diario El Tiempo, “Guerra de bandas ex ‘paras’ desangra a 7 departamentos”, 28 de julio de 2008, pág.1-2.

2 Iván Cepeda, “La ficción del Posconflicto”, en diario El Espectador, 2 de agosto de 2008, versión electrónica.

3 Diario El Espectador, “Desmovilizados, en tinieblas”, 29 de julio de 2008, versión electrónica.

4 Eduardo Pizarro Leongómez, “La violencia no es maldición bíblica”, diario El Tiempo, 28 de julio de 2005, pág. 1-15.

5 En efecto, hubo una reducción en los registros de violaciones al derecho a la vida en masacres entre el año 2006 y el año 2007, en el que se registraron cinco masacres, en tanto que entre el 2002 y el 2003 se registraron 456 masacres.

Pero simultáneamente se mantuvo un alto índice en el registro de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos de manera selectiva y atribuidos a grupos paramilitares. Al respecto, ver: Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de 2008, pág. 74.

6 Versión libre del paramilitar Éver Veloza García, alias “HH”, 7 de noviembre de 2007. Ver, al respecto: Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de 2008.

7 Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002.

8 La Comisión Colombiana de Juristas ha podido registrar que entre el 1° de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007 por lo menos 4.213 personas han sido víctimas de amenazas cometidas por grupos paramilitares.

9 Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), “Nuevos grupos paramilitares”, 26 de noviembre de 2007 (modificado el 3 de diciembre de 2007). Consultar en: ww.indepaz.org.co

10 Corporación Nuevo Arco Iris, “¿Desapareció el paramilitarismo?”, junio de 2008. Consultar en: http://www.nuevoarcoiris.org.co/
11 Diario El Tiempo, “El doble juego de ‘Don Mario’ y ‘Cuchillo’”, 4 de agosto de 2008, pág. 1-5

12 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/7/39, 28 de febrero de 2008, párr. 39.13 Ibíd., párr. 40.

14 Iván Cepeda, “La ficción del Posconflicto”, en diario El Espectador, 2 de agosto de 2008, versión electrónica.

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