"Incidimos en las elecciones presidenciales": Mancuso

Sin precisar detalles, Salvatore Mancuso indicó que las Autodefensas incidieron en las elecciones presidenciales. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no interrogó más sobre el asunto.

Durante su primera audiencia virtual desde Washington, donde se encuentra detenido, el ex jefe paramilitar tocó varios temas en referencia al congresista Juan Manuel López Cabrales, el general en retiro Rito Alejo del Río, el Pacto de Ralito y sobre el apoyo de las Auc a las elecciones presidenciales.

“Sí tuvimos incidencia en las elecciones presidenciales”, manifestó Mancuso, sin embargo, no precisó a qué elección se refería. En las elecciones presidenciales de 2002 resultó elegido por primera vez el presidente Álvaro Uribe, y en las de 2006, fue reelegido. La denuncia del jefe paramilitar no precisó a que elecciones hacía mención.

Mancuso indicó que ninguno de los congresistas asistentes y firmantes del Pacto de Ralito fue obligado a hacerlo. "Julio Manzur y Zulema Jattin fueron invitados a esa reunión, no asistieron y contra ellos no hubo retaliación alguna", resaltó el ex jefe del Bloque Calima de las Autodefensas.

De igual forma fue enfático en resaltar que el texto del Pacto de Ralito fue leído en voz alta por él mismo antes de invitar a los asistentes a leerlo. Según él, en esta reunión no se tocaron temas delincuenciales, sino que por el contrario, se buscaba la paz del país.

Manifestó que firmaban actas en los encuentros con congresistas para dejar constancia “de los intentos de paz que buscábamos las Autodefensas”.

El presidente Pastrana, a través de un apoderado, le pidió a Mancuso que mantuviera la Reunión de Ralito y encuentros similares "en secreto", pues "después de la reunión que tuvo Pastrana con el comandante Castaño, las Farc rompieron por un tiempo las negociaciones. Mantuvimos las reuniones en secreto por el éxito de las negociaciones", indicó el ex jefe 'para' extraditado, en referencia a el carácter secreto que tuvo siempre el Pacto firmado.

El ex jefe paramilitar dijo también que apoyó directamente las aspiraciones políticas de Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda, para las candidaturas en 2002 al Senado y Cámara.
"El narcotráfico ha sido el combustible de la violencia en Colombia"

Mancuso denunció que el Estado ha sido el principal promotor de la violencia y que lo reclutó y entrenó para que acabara con la guerrilla. “Me parece injusto que una persona que haya sido víctima del Estado pague con cárcel, el conflicto es más grande que todos nosotros y Colombia siempre ha sido un país en guerra”, puntualizó.

“Si no decimos la verdad, toda la verdad, los verdaderos culpables del conflicto van a señalar a la guerrilla y a los paramilitares como los culpables”, agregó el ex jefe de la Auc.

Mancuso negó haber utilizado sus influencias dentro de la Corte Suprema de Justicia para beneficiarse en los procesos penales que se adelantan en su contra, aunque si afirmó que tenía “amigos” a quienes había podido llamar.

Ante la pregunta de si otros jefes paramilitares infiltraron el Alto Tribunal, Mancuso pidió un receso para discutir la pregunta con su abogado. Sin embargo, fue negada la petición y el ex jefe de las Autodefensas respondió que no tenía conocimiento de eso.

El caso López Cabrales

Del congresista Juan Manuel López, investigado por parapolítica, el ex jefe paramilitar indicó que antes de la reunión en Ralito, en la mañana del mismo día, se entrevistó con él en la finca '06'. Indicó igualmente que dentro de la reunión, López Cabrales entró en una discusión con alias 'Don Berna', sin entrar en detalles.

Según Mancuso, la inteligencia de las AUC, determinó que había sido Juan Manuel López Cabrales el que facilitó unos allanamientos en las fincas de Mancuso, de una de esas requisas resultó muerto el tutor de sus hijos, a manos de un agente del CTI.

"López Cabrales se volvió objetivo militar", resaltó Mancuso, pero no intentó matarlo porque el ex congresista era amigo de la familia Castaño y eso le hubiera significado la muerte.

Fuente

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COLOMBIA: SE EXTIENDEN PAROS DE CORTEROS DE CAÑA Y RAMA JUDICIAL

Por:Hernán Durango

Bogotá- Con firmeza y combatividad avanzan en Colombia dos grandes batallas laborales como son las de los 18 mil corteros de caña de azúcar del occidente del país y la de los 42 mil trabajadores de la rama judicial, movimientos huelguísticos que tienen en común la lucha por ajuste salarial, contratación de trabajo indefinida, salud y demás reivindicaciones de la masa de trabajadores explotación del capitalismo salvaje neoliberal, esencia de la política de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Las manifestaciones de protesta de los trabajadores del corte de la caña de azúcar se mantiene en las calles de las poblaciones del Departamento del Valle del Cauca, donde se han paralizado 8 centrales azucareros y los manifestantes y sus familias pernoctan en 40 campamentos, conllevando a la disminución de la producción de azúcar en un 70 por ciento lo que indica que en los próximos días habrá desabastecimiento del vital producto.

Un grupo de trabajadores azucareros llegó a la Plaza de Bolívar donde adelantan una huelga de hambre para llamar la atención de las autoridades. Allí fueron visitados por una comisión del senado de la República en la que podia apreciar a los parlamentarios del Polo Democrático Alexander López Maya y Jorge E. Robledo, que recabó información sobre el conflicto laboral y se espera que emitan un pronunciamiento exigiendo una rápida solución a sus peticiones, el paro arrancó el 15 de septiembre.

Entre tanto, empleados de la rama judicial protestaban el miércoles 24 de septiembre frente a las instalaciones del Palacio de Justicia contra la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de no pagar salarios a los 42 mil funcionarios en paro desde el 3 de septiembre. El paro judicial a ocasionado el represamiento de más de dos millones de procesos.

La Central Unitaria de Trabajadores CUT condenó las acusaciones hechas por el Ministro de la Protección Social, Doctor Diego palacio Betancourt, en la sesión plenaria del Senado de la República, donde de forma temeraria señaló a los trabajadores de la caña de azúcar, de estar impidiendo el tránsito de ciudadanos, vehículos y maquinarias en los ingenios azucareros; de intimidar o coaccionar a los participantes en el Paro y de estar manipulados por personas y grupos oscuros y extraños al movimiento sindical. Le ratificó la CUT al ministro de “desprotección” que el Paro de los corteros de caña está organizado y dirigido por la CUT Subdirectiva Valle, Sinalcorteros, Sinaltrainal y los corteros no sindicalizados, quienes integran el Comité Coordinador y la Comisión Negociadora.

Todas las personas que asisten a las reuniones y sitios de concentración de los huelguistas forman parte o representan la CUT, los sindicatos del Valle del Cauca, los concejos municipales, parlamentarios y medios de comunicación.

Tarcisio Mora, presidente de la CUT expresó el rechazo de la central obrera a las declaraciones temerarias y malintencionadas del ministro de la cartera laboral. “Es evidente que en lugar de propiciar un acercamiento entre trabajadores y empresarios, está estimulando un tratamiento represivo y actuación de grupos de la reacción contra esta justa y civilizada protesta. Lo único oscuro, la no aplicación de las leyes laborales y los convenios internacionales de la OIT” señaló el portavoz de la CUT.

Tarsicio Benavides, integrante de la Comisión Negociadora del sindicato Asonaljudicial informó que mantendrán el cese de actividades en los despachos judiciales hasta tanto el gobierno atienda sus peticiones relacionadas con la aplicación de la ley 4ª de 1992 que establece la nivelación salarial en la rama judicial, lo que equivale a invertir cerca de 800 mil millones de pesos. El gobierno propuso la suma “pírrica e irresponsable” de sólo 66 mil millones.

Las centrales obreras y organizaciones comunitarias de Bogotá han convocado acciones para respaldar los movimientos de protesta en marcha. El día jueves 25 de septiembre habrá un plantón solidario con los corteros de la caña, en la Plaza de Bolívar de Bogotá a partir de las 12 del día y para el día viernes 26 se está organizando una concentración de solidaridad y protesta frente a la instalaciones del ministerio de la desprotección a partir de las 5 de la tarde, en ambas jornadas se espera la participación activa de ciudadanos y ciudadanas que sirva para presionar a los patrones de ASOCAÑA y del Ejecutivo Nacional para que resuelvan las reivindicaciones de los trabajadores.

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Al menos 13.634 personas han sido asesinadas en el gobierno de Uribe

La investigación realizada por una Coalición de ONG advierte que en la gran mayoría de estos crímenes está involucrada la fuerza pública, agentes del Estado y paramilitares.

A continuación transcribimos apartes del texto de la información dada a conocer por El Tiempo.com :

Coalición de ONG advierte de agravamiento de situación de Derechos Humanos en Colombia

Así lo señala un informe que fue presentado este lunes en coincidencia con la reunión que sostendrá el presidente Álvaro Uribe con la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, en la ONU.

En un informe, un millar de ONGs denuncian que al menos 13.634 personas murieron por "la violencia sociopolítica" en Colombia y subrayan particularmente la vigencia de los nexos "entre agentes estatales y (los grupos) paramilitares".

El documento de las organizaciones no gubernamentales está dirigido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en diciembre debe examinar en forma detallada la situación en Colombia.

Citando cifras de la Policía, el estudio denuncia que "al contrario de lo que manifiesta el gobierno, el paramilitarismo no ha sido desmantelado" y unos 9.000 combatientes de ultraderecha siguen combatiendo, pese al proceso de paz concluido en 2006 en el cual -según el gobierno- se desarmaron más de 31.000 milicianos.

Agrega que sólo 116 de esos paramilitares están siendo investigados por sus crímenes "y ninguno ha sido condenado, por lo que no se han garantizado los derechos de las víctimas".

También "han aumentado dramáticamente los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y el desplazamiento" de campesinos, expresa el texto suscrito, entre otras, por la Alianza de Organizaciones Sociales, la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos.

"Lo que es preocupante, e indica un retroceso, es que hay una mayor participación (en la violencia) de miembros de la fuerza pública y organismos del Estado", en las violaciones a los derechos humanos, señaló el politólogo Alvaro Villarraga, quien participó en la redacción del informe.

Para Villarraga, el amplio respaldo que Uribe recibe en las encuestas (78% en septiembre) es el resultado de una diestra estrategia del gobierno -que destina el 6% del Producto Interno Bruto al gasto militar- para promocionar la disminución de la inseguridad y la derrota de las Farc como sus mayores logros.

"El gobierno ha empleado una estrategia muy habilidosa creando un monstruo con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que impide ver el holocausto provocado por los paramilitares: miles de fosas, miles de víctimas, millones de desplazados", puntualizó.

Villarraga también señala que no es gratuita la preocupación por la "impunidad" que vulnera los derechos de las víctimas, los ataques del gobierno a la Corte Suprema de Justicia, que investiga a decenas de legisladores oficialistas sospechosos de nexos con esos grupos, la falta de una política de paz consistente y la insistencia en negar el conflicto.

Para el director del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, "los factores estructurales que provocan la violencia y las violaciones de los derechos humanos, como la pobreza, la discriminación social, siguen presentes".

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OBJETAR PROYECTO DE JUNTAS ZONALES DE SEGURIDAD PIDE CONCEJAL JAIME CAYCEDO AL ALCALDE MAYOR

BOLETÍN DE PRENSA

OBJETAR PROYECTO DE JUNTAS ZONALES DE SEGURIDAD PIDE CONCEJAL JAIME CAYCEDO AL ALCALDE MAYOR

*Acusa varios artículos de ser abiertamente ilegales.

*"Se quiere involucrar a la población civil en el conflicto", dice el concejal Caycedo

Bogotá.- Mediante memorial dirigido al Alcalde Mayor, Samuel Moreno Rojas, el concejal Jaime Caycedo Turriago le solicitó respetuosamente objetar la aprobación del proyecto de Acuerdo No. 170 de 2008, al considerar que sus contenidos y orientación son abiertamente ilegales y contrarios a principios constitucionales.

De acuerdo con el criterio del concejal, "son varios los aspectos que considero ilegales. Por ejemplo, el artículo 2 del proyecto de acuerdo señala que en cada UPZ, se constituirá una Junta Zonal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dirigida por el respectivo Alcalde Local, cuando las UPZ en muchos casos abarcan varias localidades, lo que conduce a que un alcalde local invada la órbita de competencia de otros alcaldes. Este artículo es ilegal, ya que va contra lo establecido en el artículo 61 del Decreto Ley 1421 de 1993", dijo Caycedo Turriago.

En otro de los apartes de la comunicación el concejal del Polo Democrático Alternativo, quien votó negativamente el proyecto, afirma que el artículo tercero del proyecto busca vincular a la población civil en actividades que son responsabilidad del Estado, en abierta contradicción con el artículo 2 de la Constitución Nacional "que establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, creencias, y demás derechos y libertades", sin que esa función pueda ser delegada o transferida a los particulares.

"La creación de las Juntas zonales de seguridad y conveniencia ciudadana, además constituye una grave amenaza para el Derecho Internacional Humanitario, ya que como están establecidas sus funciones, llevan a la vinculación de la población civil al conflicto interno, lo que resulta violatorio del artículo 13 del Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, ratificado por Colombia mediante la Ley 171 de 1994", continuó Jaime Caycedo.

En opinión del concejal, "las autoridades distritales deben hacer respetar los principios de neutralidad y distinción entre combatientes y no combatientes, para evitar la vinculación de la población civil al conflicto, que la coloca como objetivo militar. En lugar de crear juntas zonales, hay es que desarrollar mecanismos pedagógicos y de apoyo a la población para que haga uso de los mecanismos del derecho internacional humanitario, que no es optativo sino que hace parte del bloque de constitucionalidad, de tal manera que pueda invocar el principio de neutralidad y distinción para proteger sus vidas en cualquier circunstancia", dijo Caycedo Turriago.

Finalizó haciendo un llamado a la administración distrital para que retome el camino que ha venido llevando desde el inicio de sus actividades en torno a la prevención de acciones criminales. "La política de prevención del delito debe apuntar a aspectos no solo policivos, sino como lo ha venido desarrollando la actual administración "Bogotá Positiva", mediante la implementación de programas integrales, que puedan hacer frente a la miseria por la cual atraviesan los sectores menos favorecidos de la ciudad".

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TARIFAS DE ACUEDUCTO HAN SUFRIDO ESCANDALOSO AUMENTO EN TÉRMINOS REALES

Ø Concejal Jaime Caicedo denuncia que el incremento ha impactado a todos los estratos, pero especialmente a los más pobres.

Ø Propone gravar al sector financiero que ha obtenido fabulosas ganancias a costa de sus usuarios para subsidiar tarifas.

En desarrollo del debate de control político sobre el suministro de agua y alcantarillado a los hogares bogotanos, el concejal el Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo denunció que las tarifas de acueducto en la ciudad han sufrido enormes aumentos, en términos reales, en el período corrido entre 1998 y 2008.

De acuerdo con los informes oficiales las mayores alzas las han soportado, paradójicamente, los estratos uno, dos y tres, con 137,5%, 81,73% y 65,56%, respectivamente, sin que esto signifique que los demás estratos no hayan sufrido alzas.

Caicedo Turriago dijo que la responsabilidad de estos desproporcionados aumentos han sido, en su orden, el desmonte de los subsidios por orden de la Ley 142 de 1994 y la privatización disfrazada de la empresa a través de la entrega de funciones a contratistas privados, contratos que han resultado mucho más onerosos para la empresa debido a los márgenes de rentabilidad concedidos y a los incumplimientos en el objetivo de los mismos que, entre otras cosas, han significado aumentos en las pérdidas de agua en la red en contravía de su compromiso contractual de reducirlas.

El costo de estos contratos de concesión en el periodo 2003-2007, fue de $ 373.177 millones, que los usuarios pagaron vía tarifas. A ello deben sumarse los costos que ha implicado para la empresa la leonina concesión de la planta de tratamiento de Tibitoc, configurada en la alcaldía de Jaime Castro, que le ha representado a la empresa $408.402 millones en el período 1998-2008, valor que incluía el pago de poco más de 369 millones de metros cúbicos de agua que efectivamente no fueron suministrados a la empresa. Los costos totales de operación de esta planta son superiores a los contabilizados en las demás plantas operadas por la EAAB.

El tema del mínimo vital

En respuesta a las solicitudes de diversos sectores sociales y del propio concejal Jaime Caicedo de establecer un mínimo vital gratuito para los estratos más pobres de la población, tal como lo hizo la ciudad de Medellín, la EAAB dijo que estudia la creación de un nivel cero de Sisben para incluir a los más pobres de los pobres con un subsidio del 100% del valor del cargo básico, pero a costa de una nueva contribución de solidaridad en cabeza del estrato cuatro o mediante la fijación de una sobretasa al predial, con lo cual se agravaría aun más la difícil situación económica de la clase media. "Esto, a nuestro modo de ver, es totalmente inaceptable, toda vez que la empresa misma está obteniendo rentabilidades financieras como consecuencia del patrimonio en activos que la propia ciudad le ha suministrado", dijo Caicedo.

"Hay sectores económicos muy ricos, por cuenta de las altas tasas de intermediación que cobran a todos sus usuarios, a quienes se debería gravar con tarifas más altas que subsidien a los más pobres. Hablo del sector financiero que ganó en el último año más de 4 billones de pesos, con aumento del 28% respecto del año inmediatamente anterior, ganancias que ningún trabajador ha tenido en este país. Además, será necesario revisar los contratos de los gestores zonales a fin de equilibrar los costos que representan sus ineficiencias, lo mismo que disminuir una serie de gastos administrativos innecesarios de la empresa y apurar la reversión del contrato de concesión de Tibitoc. Allí se encuentran los recursos para establecer el mínimo vital y aliviar la carga tarifaria que hoy se cobra a los usuarios", afirmó el concejal Jaime Caicedo.

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Comunicado de la Federación de Estudiantes Universitarios frente a las declaraciones del DAS

La Federación de Estudiantes Universitarios FEU – Colombia pone en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional su posición frente a las declaraciones emitidas por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS:

1) La Federación de Estudiantes Universitarios FEU - Colombia es una organización gremial de presencia nacional, que lucha por una educación universitaria de calidad, con total cobertura del estado y por un país más democrático.


Bajo estos presupuestos, la FEU ha desarrollado su actividad de manera académica, pública y ajustada a la ley en foros, asambleas y espacios institucionales de las diferentes universidades del país, compartiendo en el desarrollo de nuestra actividad gremial escenarios, ideas y debates con decanos, rectores, miembros de gobiernos departamentales, del gobierno nacional y del congreso de la república.


2) La Federación de Estudiantes Universitarios FEU - Colombia rechaza y niega rotundamente las afirmaciones temerarias e irresponsables divulgadas por la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, el día 16 de septiembre de 2008.


Llamamos a la comunidad nacional e internacional a rechazar las declaraciones provenientes de una entidad públicamente ligada al paramilitarismo colombiano, como se ha demostrado en los diferentes procesos judiciales que se le siguen a Jorge Noguera ex Director del organismo, en las declaraciones del ex jefe de informática de la entidad e inclusive del jefe paramilitar Jorge 40.
Ésta entidad ha estado comprometida en el exterminio del movimiento universitario colombiano, ejemplo claro de ello son las listas entregadas por dicha entidad a los paramilitares en la región de la costa atlántica para el aniquilamiento de diferentes líderes profesorales, sindicales y estudiantiles de las universidades en esta región.


3) La campaña de estigmatización y señalamiento emprendida en contra del movimiento universitario en Colombia, y en particular en contra de la Federación de Estudiantes Universitarios FEU - Colombia, responde a la reactivación del movimiento estudiantil colombiano que ha retomado las calles de forma masiva para denunciar las políticas de privatización y muerte al interior de las universidades en diferentes oportunidades, como sucedió en mayo del 2007 cuando 28 de las 32 universidades públicas del país emprendieron sendas movilizaciones en contra del Plan Nacional de Desarrollo, en la marcha Armenia-Manizales en defensa del presupuesto de la Universidad de Caldas o en la Asamblea Permanente en las cuatro sedes de la Universidad Nacional de Colombia en contra de la imposición del Estatuto Estudiantil.

Es claro para la comunidad universitaria del país que desde el nacimiento de la FEU nuestra organización ha estado vinculada de manera directa a dichos procesos estudiantiles que se han desarrollado en el marco de la libertad de pensamiento y de expresión, derechos amparados por la constitución política colombiana.
Es precisamente este espíritu crítico y propositivo ejercido por la comunidad universitaria el que quiere ser acallado y reprimido por esta campaña dirigida a polarizar la opinión pública colombiana, mostrando al movimiento estudiantil como una amenaza interna que debe ser controlada mediante la judicialización y la muerte.


4) Resultado de su capacidad de movilización y propuesta frente a la realidad nacional, el movimiento estudiantil en lo corrido del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se ha constituido en un protagonista fundamental del escenario político colombiano y de la oposición al régimen uribista,
oposición que no ha sido contestada con el debate democrático propio de un Estado Social de Derecho sino mediante intimidación y amenazas de los paramilitares colombianos denominados ahora Águilas Negras, tal como ha sucedido en la mayoría de universidades públicas colombianas.

5) Esta campaña en contra del movimiento estudiantil colombiano y en especial en contra de la FEU se da justo cuando nuestra organización al calor del Segundo Congreso desarrollado los días 4, 5 y 6 de septiembre, logró reunir a mas de 1500 estudiantes universitarios de todas las regiones del país para discutir sobre la situación nacional y el momento actual de la educación en Colombia, con el fin de construir propuestas que contribuyan a transformar la realidad de nuestro país.


Este congreso fue de vital importancia en las perspectivas de articulación y fortalecimiento del movimiento estudiantil colombiano, así mismo sirvió como escenario de encuentro con diferentes líderes de la oposición colombiana entre ellos especialmente con la senadora Piedad Córdoba, con la cual el movimiento estudiantil colombiano viene impulsando diferentes propuestas acerca del intercambio humanitario y una salida política al conflicto armado colombiano.
Es por esto que la publicación de supuestos correos hallados en las súper computadoras de la guerrilla colombiana que parecen haberse convertido en la prueba reina en contra de cualquier miembro de la oposición colombiana, no constituyen otra cosa que un claro montaje orquestado por el gobierno nacional y los organismos de inteligencia que buscan acabar con este proceso de reconstrucción del movimiento estudiantil,
como rutinariamente se hace con cualquier opinión disidente y critica del gobierno colombiano, siendo el caso de persecución a la Corte Suprema de Justicia el más diciente de los niveles de montaje a los que ha llegado este gobierno.

6) Es por esto que la Federación de Estudiantes Universitarios FEU - Colombia una vez mas rechaza estos señalamientos irresponsables, niega la relación de los miembros de la Federación con cualquier grupo insurgente y hace responsable al gobierno nacional en cabeza de Álvaro Uribe Vélez,presidente de la República, de María del Pilar Hurtado, Directora del DAS, y de los diferentes organismos de seguridad del estado, de cualquier ataque a la integridad, seguridad y vida de todos y cada uno de los miembros del movimiento estudiantil colombiano y de la Federación de Estudiantes Universitarios FEU - Colombia.

Llamamos a todas y todos los estudiantes del mundo, a los demás movimientos sociales y a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con el movimiento estudiantil colombiano y con sus procesos de reconstrucción y unidad. A solidarizarse con un movimiento que hoy es víctima de una de las más cruentas campañas de exterminio en Colombia.

Por la reconstrucción del movimiento estudiantil y la defensa de la Educación Pública, seguiremos construyendo caminos de unidad.

Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, Colombia.

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QUITAR LA CAPUCHA AL RÉGIMEN POLÍTICO HIPÓCRITA QUE NO DA LA CARA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

CONCEJAL JAIME CAICEDO TURRIAGO

BOLETÍN DE PRENSA

QUITAR LA CAPUCHA AL RÉGIMEN POLÍTICO HIPÓCRITA QUE NO DA LA CARA

• Son irresponsables las declaraciones de la Directora del DAS al señalar que las universidades públicas y las agremiaciones estudiantiles son foco de actividades terroristas

• Que cese la amenaza represiva en contra de las universidades públicas.

Bogotá.- En una vibrante defensa de la libertad de opinión en los claustros universitarios, el concejal Jaime Caycedo Turriago exigió a la clase política y empresarial que ha respaldado actividades criminales en cabeza de grupos paramilitares que se quite la capucha de la hipocresía y dé la cara al país.

Al señalar que el debate sobre la presencia de estudiantes encapuchados en la Universidad Distrital y en otras instituciones públicas de educación superior tiene un trasfondo falso y malicioso, dijo también que se intenta señalarlas como lugares de confrontación y violencia y no los centros de pensamiento y debate abierto sobre la realidad colombiana que en realidad son, "todo merced a una política gravemente lesiva de lo público, comprometida con la privatización a ultranza, que tiende a rebajar y opacar el alcance y el contenido real de la enseñanza y de la investigación en estos centros académicos", señaló.

"Quiénes son los verdaderos verdugos de la universidad pública mientras se esconden detrás de la capucha del Estado", se preguntó. "La capucha no es simplemente un trapo que cubre el rostro. Quitémosle la capucha al general Rito Alejo del Río, verdugo del pueblo de Urabá, con plena complicidad de sectores del Estado y de las clases políticas y empresariales; o la capucha de los seis empresarios que Carlos Castaño anunció que iba a develar como patrocinadores y ordenadores de miles de muertes de campesinos y sencillas gentes del pueblo. Si en la sociedad alguien usa máscara, lo que deberíamos hacer es luchar porque todos se desencapuchen y el país conozca la verdad", argumentó el concejal Jaime Caycedo.

"Lo que sí queda claro, continuó Caycedo Turriago, es la responsabilidad del Estado de dar un tratamiento de guerra y de orden público al debate académico y político. Eso es lo que verdaderamente hay que poner en tela de juicio".

Afirmó que "se pretende presentar el problema de las capuchas como el inicio de una oleada terrorista supuestamente acuñada desde las universidades para justificar medidas de persecución y judicialización contra estudiantes y líderes que actúan en ejercicio de lo que dice la Constitución: que hay libertad. El problema es que la experiencia nos indica que el Estado colombiano tiene partido tomado y que varias instituciones suyas son actores principales en el conflicto y autoras de persecuciones y amenazas contra las libertades públicas".

Dijo que si hay capuchas en la universidad es porque hay un fenómeno específico de persecución, seguimientos y rastreos contra quienes se atreven a disentir. "Sólo basta recordar casos de estudiantes, docentes y líderes gremiales que han sido amedrentados, amenazados o en el peor de los casos asesinados en medio de protestas estudiantiles o que han sido detenidos y han aparecido muertos en los propios calabozos de la policía, como el de Juan Carlos Duque Rodríguez en el 2006; otros sucesos como el del niño Nicolás Neira asesinado en 2005, o del profesor Jaime Gómez, asesor de la senadora Piedad Córdoba desaparecido en 2006 y cuyos fragmentos corporales aparecieron semanas después, todo en medio de la más absoluta impunidad", culminó el concejal del Polo Democrático Alternativo.

CONSTANCIA DE LA BANCADA DEL POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, SOBRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

La Bancada del Polo Democrático Alternativo, ante el conjunto de agresiones, que vive hoy la universidad distrital debido a la estigmatización de su estudiantado como “terroristas” y supuestos subversivos, expresa ante la opinión pública:

1. La comunidad académica, hoy se ve afectada en su autonomía universitaria, entendida esta como el valor y aporte fundamental para la construcción de conocimiento científico con capacidad crítica y propositiva, como la capacidad para deliberar, disentir y ser un verdadero escenario de debates de ideas sin interferencias externas y fruto del sentir de los que de manera propia deliberan al interior del campus.
2. La Universidad es una institución por antonomasia, dedicada al debate y a la libre exposición de ideas, dedicada al debate y la libre exposición de ideas, la crítica de la sociedad y por tanto es el escenario preciso para exponer las posiciones políticas críticas en el marco del debate franco o académico.
3. La universidad es también un escenario de debate político y académico donde tienen cabida las más diversas expresiones en medio de un ambiente de libre deliberación, que debe mantenerse alejada de cualquier expresión violenta y armada.
4. Llama la atención que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, hayan sido asesinados en el país 14 estudiantes y que la universidad enfrenta una grave situación de desplazamientos, amenazas y diversas agresiones, frente a las cuales el gobierno nacional no ha dado oportuna respuesta y el poder jurisdiccional no la logrado esclarecer.
5. Llamamos a la sociedad bogotana a comprender de manera integral los problemas de la universidad, los cuales son la carencia de cupos para las nuevas generaciones capitalinas, la de financiación, privatización, carencia de infraestructura, desregularización laboral, fuga de docentes y privatización.
6. Respaldamos las gestiones del señor rector Carlos Osa Escobar, quien ha realizado una importante gestión a favor de la defensa de la Universidad Distrital, de su autonomía universitaria y sus intereses.
7. Llamamos al concejo de Bogotá y a la sociedad capitalina a rodear la universidad distrital, en especial a sus estudiantes, docentes y directivos, trabajadores, alejándonos de cualquier.
8. señalamiento o macartización y por el contrario construir las bases de una sociedad tolerante, donde se abra el debate público sobre las medidas a tomar respecto al futuro de la educación superior.

JAIME CAICEDO TURRIAGO

SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA
LAUREANO QUINTERO

CARLOS VICENTE DE ROUX RENGIFO
ALVARO JOSE ARGOTE MUÑOZ

ANTONIO ERESMID SANGUINO PAEZ
ATI QUIGUA

RAFAEL ORLANDO SANTIESTEBAN MILLAN
CARLOS ROBERTO SAENZ VARGAS

WILSON HERNANDO DUARTE ROBAYO

JOSE FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ

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COLOMBIA: Culminó con éxito marcha nacional contra el hambre y la pobreza

Por Hernán Durango

Bogotá- Con completo éxito culminó esté viernes en la capital colombiana la marcha contra el hambre y la pobreza, proveniente de la ciudad de Popayán, capital del Departamento del Cauca, que involucró a centenares de indígenas, campesinos, representantes de organizaciones cívicas, comunitarias y sindicatos de la región del sur del país, quienes vivieron al Distrito Capital para denunciar ante el ejecutivo nacional y la opinión pública nacional e internacional la grave problemática de exclusión social, hambre y miseria en la que se debaten día a día los habitantes.

Al llegar de Soacha a Bogotá por la Autopista sur, los marchantes fueron recibidos por líderes de organizaciones populares de las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, pernoctando el jueves en el polideportivo del Barrio La Estancia donde realizaron intercambios con estudiantes y habitantes de los barrios circunvecinos. Desde ese lugar partió la movilización el viernes 12 de septiembre hacia el centro de Bogotá tras un largo recorrido por la autopista sur, la carrera 30, avenida 26 y carrera séptima hasta llegar a la Plaza del sector comercial de San Victorino donde estaba instalada una tarima con sonido en la que los voceros del movimiento de protesta leyeron documentos con las principales exigencias al estado colombiano con miras a establecer mesas de diálogo con representantes de la Casa de Nariño.

La imponente movilización con toda su dosis de combatividad, unidad, firmeza y alegría recibió a estudiantes del SENA que incorporaron, lo mismo que a estudiantes de la Universidad Distrital y varios sindicatos de la ciudad. Por el centro de Bogotá se desplazó una majestuosa movilización muy aplaudida por los transeúntes que sirvió para cerrar con broche de oro una caldeada semana en Colombia cuya característica fueron los paros y protestas laborales.

Pronunciamientos y saludos a los marchantes del Cauca

Fuerzas políticas y sociales de Bogotá y el país emitieron sus voces de respaldo a la heroica marcha campesina e indígena. El concejal de Bogotá por el Polo Democrático y secretario general del Partido Comunista, Jaime Caycedo Turriago; El movimiento estudiantil y trabajadores del SENA, Unión de Empleados Bancarios UNEB, Consejo Regional Indígena del Cauca; Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado MOVICE; Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos CPDH; entre otras fundaciones, corporaciones, asociaciones comunitarias expresaron apoyo a la lucha popular.


24 millones y medio de colombianos en la pobreza es una cifra ofensiva que llama a la vergüenza, a la indignación y a la protesta. No debería existir un objetivo distinto para la sociedad y el estado que revertir de la manera mas expedita posible esta gravísima realidad, sostiene el concejal Caycedo en su comunicado.

Agrega que “esta brava y heroica marcha nacional contra la pobreza tiene el valor adicional de enrostrarle a la comunidad toda su propia realidad, esa que la acorrala a diario pero que por gracia de la manipulación del poder político y de los grandes medios de información queda escondida detrás del discurso y de la práctica guerrerista de un estado mafioso”.

Arranca el encuentro nacional de organizaciones sociales y populares

Los marchantes del sur y el occidente colombiano participarán el 13 y 14 de Septiembre en el encuentro nacional de organizaciones sociales y populares que tendrá lugar en la sede sur de la Asociación Distrital de Educadores ADE.

Los organizadores de la movilización anunciaron que mantendrán el ambiente de lucha hasta encontrar salidas favorables a sus exigencias. Durante la próxima semana una comisión de ellos se quedará en Bogota realizando gestiones y contactos con los parlamentarios del Polo Democrático y las centrales obreras a fin de lograr audiencias con funcionarios del alto gobierno.

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SALUDO CALUROSO DEL CONCEJAL DE BOGOTÁ Y SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, JAIME CAYCEDO, A LA VALEROSA MARCHA CONTRA LA POBREZA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONCEJO DE BOGOTA, D.C.

CONCEJAL JAIME CAICEDO TURRIAGO

SALUDO CALUROSO DEL CONCEJAL DE BOGOTÁ Y SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, JAIME CAYCEDO, A LA VALEROSA MARCHA CONTRA LA POBREZA

24 millones y medio de colombianos en la pobreza es una cifra ofensiva que llama a la vergüenza, a la indignación y a la protesta. No debería existir un objetivo distinto para la sociedad y el Estado que revertir de la manera más expedita posible esta gravísima realidad.

Sin embargo, Colombia hoy se debate entre el gasto militar exacerbado para atender la guerra personal de un presidente que se considera iluminado, y la asunción de la pobreza como un acto puramente asistencialista y franciscano. Como lo señalara uno de los analistas de la CEPAL, “atender la pobreza hoy no es simplemente un acto de corazón bondadoso e inclusive no es un acto ético o de equidad; es más que eso. Si un gobierno no le apunta dentro de sus políticas y programas a atender prioritariamente este problema, ese gobierno puede carecer de legitimidad, ya que puede amenazar la estabilidad social, económica y política del país”.

Por ello, la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la injusticia no pasa solo por la reclamación de una equitativa distribución de los ingresos, no es un problema que obedece al exclusivo ámbito de la economía y de las finanzas. Este capital asunto atraviesa por el corazón de una verdad mucho más amplia y contundente: se trata de la ilegitimidad de un sistema político-económico que no ha procurado otra cosa, a lo largo de la historia, que incrementar a pasos agigantados las distancias entre una camarilla corrupta enquistada en el poder del Estado que se llena los bolsillos con impudicia y sin miramiento alguno, y una gran mayoría de colombianas y colombianos que se debaten en la desesperación del desempleo o el llamado “empleo informal” que no es otra cosa que el camino torturante de la sobrevivencia cotidiana, rebuscando migajas que contradicen la posibilidad de una vida digna. Esto, sin referirnos siquiera a los niveles de desnutrición y malnutrición del pueblo colombiano; a la pésima calidad y al cubrimiento ineficaz del sistema educativo; al desequilibrado y discriminatorio esquema de atención en salud, que tantas vidas ha costado; al abandono de la producción nacional a cambio de la complacencia abyecta e irrestricta a los capitales transnacionales imperiales; sólo por mencionar algunas otras manifestaciones que corroboran la ilegitimidad del sistema político-económico que nos agobia y que, desgraciadamente, nos gobierna.

Esta brava y heroica marcha nacional contra la pobreza tiene el valor adicional de enrostrarle a la comunidad toda su propia realidad, esa que la acorrala a diario pero que por gracia de la manipulación del poder político y de los grandes medios de información queda escondida detrás del discurso y de la práctica guerrerista de un Estado mafioso.

Esta marcha, como otras luchas que sectores populares y de trabajadores venimos dando en diversos espacios, debe contribuir no sólo a poner en primera línea la aberrante pobreza de la mayoría de los colombianos y colombianas, sino que debe servir también como germen de organización popular para resistir y vencer al oprobioso sistema político-económico que se nos impone y lograr la plena vigencia de los derechos humanos, culturales, económicos y sociales que nos lleven a una sociedad justa, donde nunca más se reconozca el rostro de la miseria, el hambre y la desigualdad.

JAIME CAYCEDO TURRIAGO

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En Colombia: Centrales obreras expresan respaldo a la Corte Suprema de Justicia

Por.Hernán Durango

Bogotá- Las voces de respaldo a la Corte Suprema de Justicia de Colombia se hicieron sentir en las calles bogotanas este jueves 11 de septiembre durante una concentración convocada por las centrales obreras Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC y demás organizaciones integradas en la gran coalición democrática, la cual contó con la presencia de federaciones, sindicatos, organizaciones comunitarias, destacándose la participación del Dr. Carlos Gaviria Díaz, ex presidente de la Corte constitucional y presidente del Polo Democrático y el senador del PDA, Jorge Robledo.

Fabio Arias, fiscal nacional de la CUT sostuvo que la manifestación frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia obedecía al interés de los trabajadores y sectores democráticos de expresar a los magistrados el rotundo apoyo a las gestiones adelantadas en los procesos investigativos para esclarecer las conexiones de políticos de los partidos adeptos al presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, con los grupos paramilitares y narcotraficantes. Dijo Arias que avalan las dignas y ejemplarizantes investigaciones de la corte para descubrir la verdad en los casos de vínculos de senadores y representantes a la cámara del oficialismo uribista con los grupos paramilitares responsables de horrendas masacres contra lideres campesinos, obreros, indígenas y políticos de izquierda.

Agregó que con la realización de la manifestación los sindicalistas le notificamos al gobierno colombiano que hay grandes sectores de la sociedad colombiana que están dispuestos a defender la democracia y no aceptan que se pisotee a la Corte Suprema de Justicia.

Aquí también le estamos ratificando nuestra condena a toda reelección del señor Uribe Vélez y al chantaje que aplica al congreso de la república cuando le dice a los parlamentarios que si no le aprueban los proyectos de reforma política y de justicia sería disuelto el órgano legislativo, expresó Arias.

Los asistentes al mitin denunciaron las arremetidas del jefe de la casa de Nariño contra la Corte Suprema de Justicia, los partidos de oposición, el sindicalismo y las naciones unidas. También levantaron su voz solidaria con la lucha que adelantan por reivindicaciones laborales mas de 40 mil trabajadores de la rama judicial del país parada desde el 3 de septiembre por la negativa oficial de atender el pliego de peticiones presentado por el sindicato Asonaljudicial.

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Llegó a Bogotá la marcha contra el hambre y la pobreza

Foto Durango

Por: Hernán Durango
Bogotá. En horas de la tarde del día jueves 11 de Septiembre ingresó a la capital de la república la marcha contra el hambre y la pobreza proveniente de la ciudad de Popayán, departamento del Cauca. Los marchantes en su mayoría personas de edad adulta, hombres y mujeres de grupos étnicos indígenas y afrodescendientes acompañados de líderes de organizaciones sociales, sindicales y agremiaciones culturales se movilizaron desde la ciudad de Soacha y en la noche del jueves pernoctan en el polideportivo del barrio La Estancia, localidad Ciudad Bolívar, donde realizan intercambios y encuentros con voceros de las comunidades circunvecinas quienes les han brindado solidaridad y apoyo logístico.

Según informó José Sánchez, del equipo de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, subdirectiva Valle del Cauca, la marcha superó todas las expectativas y concitó aplausos y solidaridad de los habitantes de las ciudades del Valle, eje cafetero, Tolima, Cundinamarca y barrios del sur del Distrito Capital, por donde realizaron el recorrido para denunciar ante la sociedad las condiciones de hambre y pobreza en que viven miles de colombianos a causa de los grandes desajustes sociales y las políticas neoliberales privatizadoras del actual régimen de gobierno presidido por Álvaro Uribe Vélez.

El portavoz de la marcha valoró y reconoció el apoyo brindado por las comunidades, organizaciones sindicales, líderes cívicos y personalidades. Señaló que en cada ciudad se constituyeron comités contra el hambre y la miseria y la idea es hacer que estos espacios se conviertan en redes articuladas para enfrentar el flagelo.

Los objetivos de la movilización se cumplieron – expresó Sánchez – se logró poner en el centro del debate este tema social que ha sido ocultado por las autoridades para que la gente no se entere de la cruda realidad de muchas regiones.

Los organizadores de la movilización aseveran que la situación de hambre, miseria pobreza que padecen más de 24 millones de colombianos no mejorará debido a las erráticas políticas implementadas desde el ejecutivo nacional. “Esto no va a mejorar, creemos que se profundizará la caótica situación de los hogares ya que las medidas del gobierno agraden a campesinos productores de panela y lecheros, existe el interés oficial de imponer el TLC contra los medianos y pequeños productores, suben los impuestos y no se crean fuentes de trabajo” advierten.

Los marchantes continuarán su periplo el día viernes 12 de septiembre en horas de la mañana hacia el centro de la capital colombiana, partirán por la autopista sur a la altura del portal sur de Transmilenio, por la carrera 30, avenida 26 desde tomarán la carrera séptima para concluir en la Plaza de San Victorino. Las delegaciones se integrarán al encuentro nacional de organizaciones sociales cuyas deliberaciones serán el sábado y domingo en el auditorio de la Asociación de Educadores Distritales –ADE, sede sur.

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NUEVA OLA DE AMENAZAS EN LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Una vez se logró el acuerdo que permitió el levantamiento de los casi 4 meses de paro en la Universidad de Córdoba, se ha presentado una nueva arremetida contra los dirigentes del movimiento, que se expresa en los siguientes

HECHOS

1-. El día 5 de agosto se firmó el acuerdo que resolvía la negociación de los empleados públicos, en la oficina de la Ministra de Educación, con su presencia además de la del Viceministro GABRIEL BURGOS, negociación que estuvo caracterizada por permanentes agresiones verbales contra los negociadores de los trabajadores, y particularmente de su asesor.

2-. A mediados del mes de agosto/08 se hizo circular en la Universidad una información en el sentido de que un grupo paramilitar de la zona del bajo cauca se había reunido y había conformado una lista de 12 dirigentes sindicales que debían ser asesinados. Este hecho obligó a SINTRAUNICOL MONTERIA a formular preventivamente la denuncia ante la Fiscalía.

3-. El día sábado 6 de septiembre, luego de salir de una asamblea de profesores de la Universidad Distrital realizada en la sede de la CUT Bogotá, el asesor de ASPU y SINTRAUNICOL -FABIO RIVERA-, mientras caminaba por la por la carrera 13 a la altura de la calle 52 fue interceptado por 2 individuos jóvenes quienes le arrebataron el maletín en el que cargaba pruebas de la infiltración paramilitar en la Universidad de Córdoba, y videos de la visita realizada por el Presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, compañero Iván Cepeda, y le causaron una herida con arma cortopunzante.

Mientas se producía esta acción otro individuo ubicado por la espalda le gritó: "No vamos a permitir que continúe metiéndose en las cosas de la Universidad de Córdoba, si sigue metiéndose lo matamos. Esta es una advertencia de la nueva generación del San Jorge". Inmediatamente el que arrebató el maletín se subió como parrillero a una motocicleta que los esperaba, mientras el otro corrió hacia el sur.

Como es de conocimiento público el proceso de control de esta universidad por el paramilitarismo ha dejado mas de 20 muertos entre profesores, trabajadores y estudiantes, un movimiento estudiantil que fue totalmente aterrorizado, muchos desplazados y otros obligados a abandonar el país, hechos que no podemos permitir que se repita, por lo que convocamos a la mas denodada solidaridad de los movimientos sindical, social y político del país para evitar una nueva estela de sangre.

ASOCIACION SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS "ASPU"

8 de septiembre de 2008

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Chávez anuncia que hay varios detenidos por plan conspirativo en su contra

El mandatario reiteró que los planes para matarlo o derrocarlo han sido planificados por Estados Unidos y cuenta con la colaboración de sectores acomodados venezolanos.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció este jueves que ya hay varios detenidos involucrados en el plan de magnicidio que militares venezolanos, retirados y activos, preparaban en su contra.

"Hay varios detenidos y el ministro de Defensa (Gustavo Rangel) ha ordenado abrir una averiguación a través de la Fiscalía militar", indicó Chávez.

El mandatario reiteró que los planes para matarlo o derrocarlo han sido planificados por Estados Unidos y cuenta con la colaboración de sectores acomodados venezolanos.
"Detrás de la conspiración está la oposición política y detrás los 'pitiyanquis' y la oligarquía, está el imperio norteamericano", afirmó el gobernante.

Chávez advirtió, además, que el complot forma parte de una "ofensiva estadounidense continental" frente a la que, aseguró, se opondrá con todas sus fuerzas.

"Andan buscando la manera de detener la revolución y con ello golpear los procesos de cambio que están en marcha, en nuestra América, en el Caribe, en Centroamérica", declaró el mandatario.

"Estamos activados. No crea el imperio que van a hacer de nuevo lo que le hicieron a Chile un día como hoy. No lo van a lograr. En aquel momento, el pueblo chileno y el presidente Salvador Allende estaban solos en este continente pero hoy no", indicó Chávez.
"Miren, pitiyanquis, no se les ocurra lanzar un golpe o una locura de éstas; les aviso, yo no soy el Hugo Chávez del año 2002", dijo el mandatario, refiriéndose al golpe de Estado que lo alejó del poder durante dos días en abril de 2002.

El jefe de Estado venezolano informó que habló de estos asuntos con sus homólogos de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Silencio mediático
Chávez ordenó pasar su intervención en cadena nacional de radio y televisión, así como la grabación en la que tres militares retirados de alto rango hablan sobre el plan.

La decisión de "encadenar" la transmisión obedeció a que los medios privados de comunicación no recogieron en sus ediciones de este jueves la información sobre el complot descubierto, explicó el presidente venezolano.

En concordancia con ello, el ministro de Comunicación e Información venezolano, Andrés Izarra, denunció el silencio de medios privados en la cobertura informativa de la frustrada operación golpista contra el presidente Chávez.

"El cerco mediático, una vez más el silencio mediático que se impone con una denuncia de esta gravedad, quizás para esconder la complicidad que muchos de los jerarcas de los medios de comunicación privados aquí en Venezuela están relacionados con este tipo de salidas antidemocráticas", señaló Izarra.

Militares rinden declaraciones
Por su parte, el ministro Rangel confirmó en rueda de prensa que algunos de los militares involucrados se encuentran rindiendo declaraciones en la sede de la División de Inteligencia Militar (DIM).

"Desde tempranas horas de la mañana el fiscal general militar ha llamado a rendir declaraciones (a los militares), porque aparecen mencionados en el video", indicó antes de advertir que este llamado no debía ser entendido como una "cacería de brujas".

Rangel señaló al mayor Helímenes José Lamarca Soto, quien había sido declarado desertor desde el 13 de febrero de 2002; al teniente coronel Ruperto Chiquinquirá Sánchez Cáceres, así como a los militares, como el general de la Guardia Nacional Wilfredo Barroso Herrera, cuyas voces se escucharon en la grabación que reveló el plan magnicida.

"Esperamos que asista también y dé su comparecencia el señor vicealmirante Carlos Millán Millán", uno de los que conversa en la grabación, así como "el general de la Aviación Militar Bolivariana en situación de retiro Eduardo Báez Torrealba".

El ministro Rangel aseguró que uno de los objetivos del plan es lograr la suspensión de las elecciones de noviembre y aparentar el deterioro dentro de la Fuerza Armada venezolana, situación que enseguida descartó.

"La FA no puede sino aparecer más unida y fortalecida que nunca. Ese tipo de ataque no es sino una manifestación y una forma de enfrentar que la Fuerza Armada vive un momento estelar, estamos en lo que se puede llamar una Fuerza Armada nueva, sino también desde el punto de vista logístico y de equipaciones. Tenemos equipos nuevos que nos permiten actuar en el plano táctico y estratégico", indicó. "Quieren dividirnos, separarnos, no quieren vernos como un equipo, como un sólido bastión soporte de la Revolución Bolivariana que plantea a un nuevo país donde todos tengamos oportunidades", agregó.

Legislativo también investigará complot
Asimismo, la Asamblea Nacional venezolana (Poder Legislativo) acordó este jueves conformar una comisión especial, que se encargará de investigar los planes magnicidas.

En una sesión especial fue presentado el video transmitido por el programa La Hojilla, de la Venezolana de Televisión, donde tres militares entablan una conversación y hablan de tomar Miraflores (Sede del Ejecutivo) y de volar el avión presidencial.

La titular del Parlamento, diputada Cilia Flores, dijo que esta prueba y otras que se están recabando serán llevadas a los organismos de justicia como la Fiscalía General de la República, Tribunal Supremo de Justicia y a los cuerpos de seguridad del Estado para que inicien una profunda investigación.

Flores expresó que en estas acciones están involucrados también partidos políticos de la oposición, organizaciones como el movimiento 2-D, que encabeza el director de un diario capitalino opositor y otros medios de comunicación social, los cuales buscan que sean suspendidas las elecciones del 23 de noviembre.

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"SE PRETENDE JUSTIFICAR INTERVENCIÓN MILITAR DE LA UNIVERSIDAD PÙBLICA"

BOLETÍN DE PRENSA

"SE PRETENDE JUSTIFICAR INTERVENCIÓN MILITAR DE LA UNIVERSIDAD PÙBLICA", dice Jaime Caycedo.

Si hubiera libertad de opinión y expresión, los estudiantes podrían dar la cara sin temores, dice concejal Jaime Caycedo.

Bogotá.- Con una enérgica defensa de las libertades de pensamiento y de expresión, el concejal Jaime Caycedo Turriago salió al paso de las afirmaciones hechas por la congresista Gina Parody sobre la presunta campaña desplegada por representantes de la guerrilla en las universidades públicas de la ciudad.

Caycedo Turriago, quien por más de 20 años ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia, dijo que resulta sorprendente que desde la orilla de ciertos partidos políticos, varios de cuyos miembros se encuentran judicializados por promover el terrorismo en las filas de los grupos paramilitares, se lance un ataque feroz contra la libertad de cátedra y de opinión en las universidades públicas. "Si algo caracteriza a la academia en cualquier país civilizado es la libertad de quienes en ellas intervienen para expresar sus opiniones. Los estudiantes que aparecen en el video entregado por la senadora Parody no se encuentran armados. Sin que estemos haciendo una apología al uso de capuchas, su único "delito" parece ser el uso de elementos que esconden su identidad, seguramente con el propósito de proteger su integridad y su seguridad personales, pues bien sabemos que la crítica al gobierno de Uribe, a la tristemente célebre seguridad democrática y a la terrible situación ética, política y económica por la que atraviesa Colombia, es respondida con persecución, amenazas, desapariciones y acallamiento de las voces opositoras".

Caycedo recordó que ha venido denunciando una serie de hechos sistemáticos de persecución ilegal contra líderes y sedes estudiantiles, la última de las cuales ocurrió apenas el fin de semana pasado cuando uno de los dirigentes de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios trató de ser detenido ilegalmente por individuos que se identificaron como miembros del ejército, al lado de otros reconocidos como paramilitares, en inmediaciones del Hotel Tequendama, retención arbitraria que logró conjurarse gracias al escándalo público que alcanzó a desatar el líder estudiantil y a la intervención de un abogado que llegó al lugar de los hechos, en medio de las amenazas y las agresiones verbales y de todo tipo que promulgaron los frustrados secuestradores.

"Parece que estamos ante una nueva estrategia sistemática de desprestigio de la universidad pública como bastión que ha sido y seguirá siendo de la crítica argumentada frente a la corrupción generalizada en el Estado nacional y a las políticas antipopulares desarrolladas por gobiernos como el de Uribe Vélez. Se pretende generalizar situaciones individuales de escaso alcance para justificar la intervención militar de la universidad como uno de los últimos nichos que restan por acallar y aplastar. Llamo a los y las demócratas a que cerremos filas en defensa de las libertades públicas y muy especialmente de las libertades de expresión y de ejercicio académico", dijo el concejal Caycedo Turriago.

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CAMPESINOS DEL SURORIENTE DEL TOLIMA DENUNCIAN AMENAZAS

Por Nelson Lombana Silva

Habitantes del municipio de Dolores, departamento del Tolima, denuncian ante la opinión pública nacional e internacional, amenazas de supuestos paramilitares, en medio de la más aguda militarización. La brigada móvil número 17, al mando del mayor Rojas y el coronel Leonardo, ejerce domino en la región masivamente, señalan los campesinos de la zona.

El primero de septiembre, en la vereda San Andrés, de esta municipalidad, a la una de la tarde, dos tipos que se movilizaban tranquilamente en el perímetro urbano de este caserío en moto sin placas, abordaron violentamente al labriego Ulises Garzón con la intensión de llevárselo pero la resistencia del campesino y la solidaridad de los habitantes, lo impidieron.

Al marcharse los sujetos lo amenazaron de muerte a él y al también campesino Diego Pacheco. "Dígale a sus amiguitos que se cuiden el culo que los paras estamos en la zona", dijeron.

Se marcharon hacia la vereda San Pedro, y a las dos horas regresaron sin ningún problema. Asustado Ulises dio información al ejército, quien supuestamente los detuvo pero rápidamente los puso en libertad. "No se preocupen, le dijo a la comunidad el teniente Moreno, son personas de bien que vienen a mirar fincas y comprar ganado".

El militar le restó importancia a la denuncia del campesino y las amenazas que estos sujetos profirieron contra él y contra los campesinos de la zona. Físicamente, uno es joven, aproximadamente, 20 – 22 años y el otro moreno de contextura obesa y de aproximadamente 38 – 40 años de edad, señalaron los campesinos al semanario VOZ La verdad del pueblo.

Ibagué, septiembre 9 de 2008

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Neoparamilitarismo y nuevas masacres

Por Comisión Colombiana de Juristas
Las atrocidades que debían haber cesado con la supuesta "desmovilización” de los grupos paramilitares no sólo nunca terminaron sino que están apareciendo nuevamente con mayor fuerza.

En el año 2008 se han registrado, en forma creciente, masacres de personas civiles, generalmente campesinos, por grupos armados ilegales calificados como “bandas emergentes” por la Fuerza Pública o por el Gobierno, que se resisten a reconocerlos como paramilitares.
La repetición de las atrocidades

La masacre cometida el pasado 20 de julio en el municipio de Puerto Libertador (Córdoba), en la que murieron siete personas, entre ellas un líder comunitario y dos niños a manos de grupos armados ilegales que se movilizaban en una camioneta, vestidos de civil, encapuchados y armados, es una dolorosa muestra de ello.

No es, sin embargo, el único caso. Por lo menos, otras cuatro masacres atribuibles presuntamente a grupos paramilitares se han registrado este año.

Una, ocurrida el 11 de enero en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), en la que murieron cinco líderes comunitarios y otras tres personas resultaron heridas, luego de que hombres armados irrumpieron en una fiesta familiar y dispararon contra las personas que se encontraban allí.
Otra, el 23 de febrero en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), en la que murieron cuatro personas de una misma familia, luego de que hombres armados, encapuchados, que portaban prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, incursionaran en la finca donde se encontraba la familia campesina.

Una más se registró entre el 27 y el 28 de abril en el municipio de Pizarro (Chocó), en la que fueron asesinados nueve pescadores, y otras seis personas fueron desaparecidas. .Otra más tuvo lugar entre el mes de junio en zona rural del municipio de Istmina (Chocó), en la murieron cuatro aserradores, lo que provocó el desplazamiento forzado de, por lo menos, 69 personas hacia la cabecera municipal.

Estas masacres tienen dos elementos en común: por un lado, han sido atribuidas a las denominadas “bandas emergentes”, pero, por otro, son hechos que están rodeados de patrones propios del modo de actuar de los paramilitares. .Se ha podido establecer que estas masacres han estado dirigidas contra la población civil, que tradicionalmente ha sido el objetivo de estos grupos.

Es el caso de las cinco masacres reseñadas, en las que han muerto pescadores, campesinos y líderes comunitarios que están reclamando por la garantía de sus derechos. .Así mismo, las masacres han sido cometidas por hombres vestidos de civil, armados y encapuchados, tal como se registró en los casos de las masacres de Puerto Libertador y San Juan del Cesar.

Algunas de las masacres también han sido anunciadas, como es el caso de la masacre de Puerto Libertador, en la que los campesinos de la región ya habían alertado a las autoridades sobre las amenazas que pesaban sobre la población, por lo que la Defensoría del Pueblo envió a Bogotá tres informes en los que alertó sobre el riesgo en el que se encontraban los municipios de Montelíbano, Tierralta, Valencia y Puerto Libertador1.

La Comisión Colombiana de Juristas ha podido establecer que entre el 1° de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007, por lo menos se han registrado 4.019 personas como víctimas de violaciones al derecho a la vida atribuidas presuntamente a los grupos paramilitares en 27 de los 32 departamentos del país.

Las cifras por sí solas desvirtúan el llamado “cese de hostilidades”, pero incluso, además de estas cifras, así como de las masacres señaladas anteriormente, este año han tenido lugar otros hechos que muestran un dramático aumento en el registro de la violación al derecho a la vida.

En efecto, diversas autoridades civiles han manifestado su preocupación por el incremento de los asesinatos especialmente en dos lugares del país. .Tan solo en el epartamento de Córdoba, según datos de la Policía Nacional, se han cometido 283 homicidios durante el 20082, y en la ciudad de Medellín las autoridades hablan de 530 personas asesinadas entre enero y junio de 20083.
Peligrosos eufemismos sobre el paramilitarismo

Por todo lo anterior, resulta preocupante que el Gobierno insista en afirmar que el paramilitarismo ya no existe en Colombia, o que se asegure, tal como lo hizo el Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que el ciclo de violencia en Colombia se halla en su fase terminal:

“…el ciclo de violencia se halla en su fase terminal y los colombianos estamos dando una lección de valor universal: es uno de los únicos países de América Latina en donde se están enfrentando con valor los crímenes del pasado y evitando la impunidad como recurso para transitar de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia”4.

Afirmaciones como las anteriores y, en general, aquellas que pretenden mostrar que los crímenes del paramilitarismo son cosa del pasado, no hacen más que desconocer abiertamente la realidad y, de paso, invisibilizar a las víctimas del presente, preparando el camino para una nueva y mayor mpunidad.

Uno de los objetivos principales en todo proceso de paz que se pretenda real debe ser que se disponga de todos los mecanismos y acciones necesarias para garantizar que las atrocidades no se vuelvan a repetir.

Sin embargo, tras casi seis años de iniciado el proceso de negociación entre los grupos paramilitares y el Gobierno, y tres de la aplicación de la ley de “justicia y paz”, no se puede afirmar que la población civil cuente con garantías de que los crímenes no van a volver a tener lugar, simplemente porque nunca han dejado de ocurrir y porque, además, la estrategia de control más utilizada por los grupos paramilitares para infundir terror en la población civil, que son las masacres, se está volviendo a repetir.

En efecto, el registro de la comisión de masacres anuncia que no son ciertas las afirmaciones hechas por el Gobierno y por el Presidente de la CNRR. Si bien se produjo una reducción en los registros de los asesinatos colectivos en el período comprendido entre el 2006 y el 20075, no debe olvidarse que la razón de ser de esta disminución no se debió a que los grupos paramilitares hubieran dejado de actuar.

Por el contrario, continuaron haciéndolo, sólo que de manera diferente. Por ejemplo, algunos paramilitares han admitido que la práctica de cometer masacres dejó de ser utilizada por los grupos paramilitares porque no era rentable para ellos en términos políticos, por lo cual optaron por cometer asesinatos selectivos6.

Sin embargo, esta disminución en las masacres vino acompañada del aumento en la comisión de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública7 .y de la utilización de las amenazas por parte de los grupos paramilitares contra la población civil para mantener el poder que, sobre las comunidades, lograron tener gracias al terror infundido por las miles de masacres que han cometido estos grupos desde su conformación a lo largo del país8.
La realidad sobre las “bandas emergentes”

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, se ha atribuido el aumento en los homicidios así como en las masacres a las “bandas emergentes”, aun cuando a la vez se tiene conocimiento de que los patrones de este tipo de actos son los mismos que utilizan los grupos paramilitares ¿Por qué insistir, entonces, en que las denominadas “bandas emergentes” no son grupos paramilitares?

Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), a noviembre de 2007 existían 67 grupos paramilitares con 6.377 miembros activos9.. Otras organizaciones, como la Corporación Nuevo Arco Iris, han afirmado, más recientemente, que después de la “desmovilización” hay, por lo menos, 10.000 paramilitares activos10.

Esta afirmación es verosímil, puesto que, según fuentes de inteligencia, el grupo comandado por alias “Don Mario”, en el norte del país, está integrado por tres mil combatientes, y el comandado por alias “Cuchillo”, en los llanos, también está integrado por otros tres mil hombres11.
No es extraño, entonces, que en los más de 65 grupos restantes haya más de cuatro mil combatientes adicionales.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia de 2007, destacó lo siguiente sobre las denominadas bandas emergentes:

“Estos grupos están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados.

“Son un factor activo en la intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil. Se ha recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública en acciones atribuidas a algunos de estos grupos”12.
La descripción que se hace en el informe sobre este tipo de grupos parece más bien la descripción de los grupos paramilitares. Con esto se pone al descubierto que no estamos frente a “nuevos” ni “pequeños” grupos, tal como lo ha afirmado el Gobierno.

Por ello, la Alta Comisionada, más adelante, en el mismo informe, hizo énfasis en que “calificar a todas estas nuevas estructuras como meras bandas criminales no recoge en su totalidad la complejidad, variedad, pluralidad y riesgo del fenómeno”13.

En efecto, simplificar el objetivo de estas “bandas criminales” a su lucha por el control de los cultivos de coca, los laboratorios de procesamiento de droga y las rutas del narcotráfico es ingenuo, por decir lo menos.

Algunos nombres de estos grupos, como los de las “Rondas Campesinas Populares”, el “Ejército Revolucionario Popular Anticomunista” y los “Héroes de Castaño”, sugieren que sus propósitos van más allá de eso.

Otros, como “Los paisas” o las “Águilas Negras”, aunque no utilizan nombres tan dicientes, sí revelan mucho con sus acciones que se orientan contra activistas sociales y población civil.
Si bien es cierto que, al parecer, algunos de estos grupos se están enfrentando entre sí, esta no es la razón de ser ni la explicación para todas las muertes de campesinos y líderes comunitarios en masacres.

Mucho se ha dicho sobre el enfrentamiento entre el grupo paramilitar dirigido por Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario” y el grupo de “Los paisas”, antigua “Oficina de Envigado”.

Sin embargo, las muertes que se están atribuyendo a estos grupos no son en su totalidad producto de la lucha que están librando entre ellos, pues lo cierto es que muchas son el resultado de las acciones que estos grupos emprenden directamente contra la población civil.

No debe olvidarse además que si bien la Fuerza Pública ha pretendido mostrar a Daniel Rendón Herrera apenas como un narcotraficante poderoso con una banda delincuencial a su servicio, alias “Don Mario” es además un terrateniente que posee tierras en Córdoba y Urabá, usurpadas a campesinos asesinados, amenazados o desplazados, y que está interesado en mantener el control sobre ellas debido a su participación en empresas frutícolas14.

No sobra decir además que la guerra entre grupos paramilitares no es nueva en el conflicto colombiano. Baste recordar la que emprendió el frente “Cacique Nutibara”, al mando de alias “Don Berna”, contra el “Bloque Metro”, al mando de alias “Doble Cero”, que resultó en la exterminación de este grupo y en la muerte de este jefe paramilitar.

O la guerra emprendida entre dos grupos paramilitares que operan en los llanos orientales: el grupo que lidera Martín Llanos y el que lideraba Miguel Arroyave. Sin embargo, estas guerras no fueron un obstáculo para que todos estos grupos desarrollaran sus actividades en contra de la población civil.

Nueva impunidad a la vista
Para hacer frente a esta “nueva” oleada de violencia, la Fuerza Pública ha dispuesto la conformación de un “grupo élite” integrado por miembros de la Fiscalía, el DAS, el CTI, el Ejército y la Policía y así combatir a las mal llamadas “bandas emergentes”15.

Sin embargo, todos estos organismos han estado involucrados con los grupos paramilitares desde su conformación, por lo cual la respuesta no sólo resulta inadecuada sino eventualmente perjudicial. Incluso, el Presidente de la República se ha referido a la judicialización de las personas que hacen parte de estos grupos en términos que no son propios de quien representa un Estado de Derecho, y que sugieren más bien el quebrantamiento de principios básicos del mismo:

“No hay cosa que más atraiga inversión, señores generales, que la tarea de ustedes con esos bandidos que quedan aquí. A uno le dicen que todavía queda en la Oficina de Envigado alias ‘El Yiyo’, que queda alias ‘El Memín’, que quedan unos bandidos de esos. Acábelos y por cuenta mía, no se preocupe mi general”16.

Lo cierto es que los paramilitares nunca han dejado de existir. Simplemente han cambiado sus nombres y su modo de operar, pero las garantías de no repetición que prometieron el Gobierno y la ley 975 de 2005 aún están lejos de concretarse.
Y estarán más lejos todavía si se sigue negando la existencia del paramilitarismo e invisibilizando a las víctimas. Con ello, apenas se continuará dando respuestas inadecuadas para crímenes que lastimosamente no son sólo del pasado sino también del presente.

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1 Diario El Tiempo, “Guerra de bandas ex ‘paras’ desangra a 7 departamentos”, 28 de julio de 2008, pág.1-2.

2 Iván Cepeda, “La ficción del Posconflicto”, en diario El Espectador, 2 de agosto de 2008, versión electrónica.

3 Diario El Espectador, “Desmovilizados, en tinieblas”, 29 de julio de 2008, versión electrónica.

4 Eduardo Pizarro Leongómez, “La violencia no es maldición bíblica”, diario El Tiempo, 28 de julio de 2005, pág. 1-15.

5 En efecto, hubo una reducción en los registros de violaciones al derecho a la vida en masacres entre el año 2006 y el año 2007, en el que se registraron cinco masacres, en tanto que entre el 2002 y el 2003 se registraron 456 masacres.

Pero simultáneamente se mantuvo un alto índice en el registro de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos de manera selectiva y atribuidos a grupos paramilitares. Al respecto, ver: Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de 2008, pág. 74.

6 Versión libre del paramilitar Éver Veloza García, alias “HH”, 7 de noviembre de 2007. Ver, al respecto: Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de 2008.

7 Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002.

8 La Comisión Colombiana de Juristas ha podido registrar que entre el 1° de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007 por lo menos 4.213 personas han sido víctimas de amenazas cometidas por grupos paramilitares.

9 Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), “Nuevos grupos paramilitares”, 26 de noviembre de 2007 (modificado el 3 de diciembre de 2007). Consultar en: ww.indepaz.org.co

10 Corporación Nuevo Arco Iris, “¿Desapareció el paramilitarismo?”, junio de 2008. Consultar en: http://www.nuevoarcoiris.org.co/
11 Diario El Tiempo, “El doble juego de ‘Don Mario’ y ‘Cuchillo’”, 4 de agosto de 2008, pág. 1-5

12 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/7/39, 28 de febrero de 2008, párr. 39.13 Ibíd., párr. 40.

14 Iván Cepeda, “La ficción del Posconflicto”, en diario El Espectador, 2 de agosto de 2008, versión electrónica.

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