Por: Alvaro Vásquez del RealLas relaciones de nuestro país con el hermano pueblo de Venezuela han venido escalando en una crisis que hace cada día más agrias las posiciones de sus mandatarios. El Gobierno colombiano ha acusado ante la OEA, las Naciones Unidas y la OMC a su vecino por supuestas amenazas de guerra que inquietan la paz de la región.
Al escribir esta nota van a reunirse varios foros internacionales, incluyendo UNASUR, adonde van a llevar estos conflictos y de donde resultarán pronunciamientos colectivos. Por su parte, se vienen expresando tanto por funcionarios colombianos como por comentaristas y empresarios las más acerbas críticas a los países de Suramérica y aún al gobierno de Obama porque no han condenado con energía la actitud venezolana. A las cuales sólo ha respondido el Departamento de Estado con un comunicado que respalda la posición colombiana y critica al presidente Chávez.
Lo primero que debe aclararse es el origen de estos choques. Que reside esencialmente en la firma del tratado que permite el establecimiento de siete bases militares del Pentágono en nuestro país. Lo cual es de extrema gravedad, porque el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico no va a convencer a nadie. Los gobernantes de los países del continente han manifestado, en una u otra forma, su rechazo a ésta nueva aventura del Gobierno actual.
En tales condiciones, es absurdo pretender que estos gobiernos respalden al de Uribe Vélez, al cual ven como un foco de agresión y de guerra en el continente. Sobre todo, cuando hay antecedentes como la invasión territorial al Ecuador con el mismo pretexto de la lucha contra la insurgencia. Y cuando el tratado de las bases militares norteamericanas cocinado entre Uribe Vélez y las fuerzas guerreristas extranjeras se ha celebrado en forma reservada, sin que aún se conozcan sus cláusulas, sin aceptarse el concepto del Consejo de Estado y negándose a ser debatido por el Congreso.
Esta posición general la ha resumido el presidente Correa en breves palabras: “El problema de fondo en el caso colombo-venezolano es que tenemos siete bases norteamericanas en Colombia, y eso sí es una preocupación para toda la región”. Problema que es más gravoso para los vecinos de Colombia y aún más para el gobierno de Chávez contra el cual vienen complotando los gringos desde que éste asumió una posición autónoma ante el imperio.
Sólo hay una salida para la crisis y no es otra que desmontar la puesta en práctica del tratado de las bases militares extranjeras y liberar al país de las cadenas del Pentágono. Y punto.
Al escribir esta nota van a reunirse varios foros internacionales, incluyendo UNASUR, adonde van a llevar estos conflictos y de donde resultarán pronunciamientos colectivos. Por su parte, se vienen expresando tanto por funcionarios colombianos como por comentaristas y empresarios las más acerbas críticas a los países de Suramérica y aún al gobierno de Obama porque no han condenado con energía la actitud venezolana. A las cuales sólo ha respondido el Departamento de Estado con un comunicado que respalda la posición colombiana y critica al presidente Chávez.
Lo primero que debe aclararse es el origen de estos choques. Que reside esencialmente en la firma del tratado que permite el establecimiento de siete bases militares del Pentágono en nuestro país. Lo cual es de extrema gravedad, porque el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico no va a convencer a nadie. Los gobernantes de los países del continente han manifestado, en una u otra forma, su rechazo a ésta nueva aventura del Gobierno actual.
En tales condiciones, es absurdo pretender que estos gobiernos respalden al de Uribe Vélez, al cual ven como un foco de agresión y de guerra en el continente. Sobre todo, cuando hay antecedentes como la invasión territorial al Ecuador con el mismo pretexto de la lucha contra la insurgencia. Y cuando el tratado de las bases militares norteamericanas cocinado entre Uribe Vélez y las fuerzas guerreristas extranjeras se ha celebrado en forma reservada, sin que aún se conozcan sus cláusulas, sin aceptarse el concepto del Consejo de Estado y negándose a ser debatido por el Congreso.
Esta posición general la ha resumido el presidente Correa en breves palabras: “El problema de fondo en el caso colombo-venezolano es que tenemos siete bases norteamericanas en Colombia, y eso sí es una preocupación para toda la región”. Problema que es más gravoso para los vecinos de Colombia y aún más para el gobierno de Chávez contra el cual vienen complotando los gringos desde que éste asumió una posición autónoma ante el imperio.
Sólo hay una salida para la crisis y no es otra que desmontar la puesta en práctica del tratado de las bases militares extranjeras y liberar al país de las cadenas del Pentágono. Y punto.
VOZ Edición 2520
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