Comité Ejecutivo Central del PCC
La Corte Suprema de Justicia ha condenado a la ex congresista Yidis Medina por el delito de cohecho y ha pedido a la Corte Constitucional la revisión del fallo sobre constitucionalidad de la reelección presidencial. Argumenta que hubo “acciones delictivas” para forzar una mayoría en la Comisión de la Cámara que definió la aprobación del acto legislativo correspondiente, las que determinaron “una clara desviación de poder”. De acceder la Corte constitucional a la revisión, podría dejar sin piso el actual mandato presidencial. El presidente ha respondido en su estilo, con nuevos agravios contra la Corte Suprema; ha demandado ante la Comisión de acusaciones de la Cámara a los magistrados de la Sala Penal, lanzado una campaña propagandística oficial de desprestigio y propuesto un referendo para repetir las elecciones presidenciales de 2006. Desconoce, en consecuencia, las decisiones judiciales y plantea una dictadura plebiscitaria en la perspectiva de una nueva reelección. No se trata solo de un nuevo episodio de la crisis. Uribe busca romper las normas institucionales que consagran la separación de poderes públicos para afianzar una forma de dominación arbitraria. La actitud del gobierno denota la arrogancia prepotente de la presidencia, devenida en poder personalista y tiránico. Muestra el desgaste evidente del autoritarismo confrontado al poder judicial, uno de los componentes de la crisis en curso. Desenmascara la disposición a sostenerse en el mando a cualquier precio, pasando por encima de la propia legalidad existente.
Aún en una democracia tan limitada como la colombiana, el delito no puede generar legitimidad, como pretenden Uribe y su camarilla. El conjunto de hechos que se agolpan, comprueban que el régimen uribista está montado sobre la trampa, el fraude, el actuar mafioso y la corrupción y que, por lo tanto, no puede seguir gobernando el país. Ante esta realidad, Uribe intenta precipitar la situación hacia el auto golpe, como salida reaccionaria y autocrática a la crisis.
Para el pueblo colombiano se pone en el orden del día la exigencia de la renuncia de Álvaro Uribe a la presidencia, una transición con participación del movimiento popular y la oposición, para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La intervención popular es el eje principal en la materialización de una salida progresista. Ella exige la movilización de masas unitaria y la convergencia de todas las vertientes políticas descontentas con el continuismo, la política contra los trabajadores, la mafia narcoparamilitar, la represión, el belicismo y el arrodillamiento frente a Bush y su Comando Sur. Es el momento de la lucha por un cambio avanzado, que incluya una reforma política y electoral; una nueva orientación económica del país; una reforma agraria democrática integral; los pasos conducentes al diálogo para una solución política del conflicto armado, con acuerdos humanitarios; y hacia una actitud amistosa y de paz con relación a los vecinos bolivarianos y demás Estados latinoamericanos. El Partido Comunista Colombiano, integrante del Polo Democrático Alternativo, hace un llamado a dinamizar la movilización del pueblo, por la defensa de sus derechos esenciales, las libertades y garantías públicas y la paz democrática con justicia social.
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO / PDA
Comité Ejecutivo
Bogotá, junio 27 de 2008
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