La Corte Constitucional declaró inconstitucional el referendo re-reeleccionista con votación 7 a 2. Se reafirmaron desde la misma entraña institucional oligárquica las denuncias del movimiento de oposición, que en calles y plazas, que con columnas de opinión y alegatos jurídicos demostró que no era una “iniciativa popular” sino de otra treta de Uribe, justificada con la peregrina tesis del “Estado de opinión” y sus atosigantes maniobras mediáticas.
Fracasó el intento de chantajear a 24 millones de personas con las firmas de 4 millones de uribistas que decidieron llamarse la “mayoría” de un censo electoral de 28 millones de ciudadanos, que forman parte de una población de 44 millones de colombianos.
Según la Corte, la derogada ley de Referendo cae en el exceso del ejercicio del poder de reforma constitucional que llevan a la sustitución y no sólo a la reforma de la Carta, lo cual es un asunto de fondo La investigación de la Corte también estableció que el “Comité de Promotores gastó una suma global que supera más de seis veces lo autorizado por el Consejo Nacional Electoral” y los aportes individuales superaron “hasta casi 30 veces lo permitido”. La Corte encontró irregular la modificación del texto original, que el Congreso excedió las limitaciones que el principio de democracia participativa le impone. Por otro lado, la Corte dictaminó que las sesiones extraordinarias de la Cámara citadas por Uribe a la media noche del 17 de diciembre de 2009, carecía de sustento jurídico. A la cadena se suma que cinco representantes del partido Cambio Radical votaron violando la ley de bancadas, en esa sesión donde un voto “salvó la reforma” del gobierno tramposo.
Ante el mundo queda claro que la Corte Constitucional que se negó a examinar la ilegalidad e ilegitimidad del gobierno, desoyendo el fallo la Corte Suprema de Justicia en el caso de compra del voto de Yidis Medina que salvó la primera reelección; hoy, con su fallo frente a Ley de referendo, por razones políticas inconfesables, esgrime argumentos válidos para anular el referendo re-reeleccionista que pudo usar en el 2005. La felonía, trampas y delitos admitidos hoy por la Corte Constitucional alumbraron la primera elección (2002) y la reelección de Uribe (2006) que esta Corte avaló quebrantando la Constitución del 91. La reciente condena a 40 años por delitos de lesa humanidad del senador Álvaro García Romero, “Barón electoral” de Uribe en Sucre, y la recaptura del parapolítico y socio fundador del partido del Uribe-gobernador de Antioquia, del primo y ex presidente del Senado, Mario Uribe, reafirman la secuencia delictiva del actual gobierno.
Uribe perdió el pulso interno entre las fracciones oligárquicas y desde allí alertaron a los magistrados de la Corte Constitucional sobre el peligro de la nueva reelección de Uribe por su debilitamiento político, por su parcialidad en el manejo del poder, por sus contradicciones con parte de la comunidad internacional. Por resultar incomodo para sus intereses dado el desenmascaramiento permanente al cual se ha visto sujeto por su violación a las libertades ciudadanas y los DD.HH. Por su ligazón con la mafia, el paramilitarismo y las miles de masacres y asesinatos de colombianos, que lo ponen en la mira de la Corte Penal Internacional.
Por los azares para la “gobernabilidad” manifestados con la fuerte movilización de nuevos sectores sociales y de opinión generada por la “emergencia social” con decretos-ley que deterioran más los malos servicios de salud afectando directamente los precarios ingresos de los colombianos y que excluyen a millones de desempleados del servicio de salud. Esos decretos abusivos tocan a todo el pueblo sumándole a la inconformidad por los subsidios para los ricos y otras medidas tributarias y financieras que descargan en las espaldas de los pobres la crisis económica que se agiganta en los países dependientes. Como si fuera poco, el “gran programa de seguridad democrática”, es nave que hace agua, que se puede hundir como el referendo, que el fin del conflicto interno está lejos, y siendo esa la situación, inevitablemente, la credibilidad del “mesías Uribe” seguirá cayendo, favoreciéndose de esta manera la derrota de sus reaccionarias tesis políticas.
El fracasado referendo en sus múltiples alcances, también es un revés del presidencialismo y el autoritarismo fascista del régimen político a cambiar en vez de invitar a fortalecerlo, como lo hacen los ex presidentes y candidatos, así como los pre candidatos Conservadores y Verdes. Igual, es un monumento a la decadencia de los partidos oligárquicos, liberal y conservador, incapaces de canalizar la inconformidad popular que ahora –cuando el “embrujo autoritario” de Uribe no lo es tanto- se disputan el regreso de los politiqueros que emigraron al partido de “La U” y “Cambio Radical” y así perpetuar “el legado de Uribe” desde sus viejas toldas.
El movimiento de oposición ha librado una gran y victoriosa batalla contra el referendo, ahora se depurará de quienes dieron la pelea sólo contra la reelección de Uribe sin combatir sus políticas. Hoy más que antes, es clave persistir en su unidad de propósitos y programa de lucha política para encarar, más y mejor, la continuidad de la lucha social masiva que jaquea al proyecto encabezado por Uribe, así saldrán iniciativas de acción y apoyos para las fuerzas alternativas al sistema en las elecciones parlamentarias del 14 de marzo y las presidenciales del 30 de mayo.
Sí se puede derrotar a un presidente, demoler el régimen político y caminar hacia una Asamblea Nacional Constituyente Democrática y Popular que elabore una Nueva Constitución, elegir un gobierno alternativo y conquistar el poder al servicio del pueblo que cambie el rumbo impuesto a Colombia con políticas pro imperialistas y oligárquicas de sus gobiernos, incluyendo el proyecto “Hacia un Estado Comunitario” convertido en ley del plan y enarbolado por Uribe.
Recordemos que muchos candidatos presidenciales, partidos y movimientos políticos, como lo plantea Uribe, pretenden prolongar su proyecto (“uribismo sin Uribe”) aplicando sus nefastos ejes de “seguridad democrática” (para los dueños de la tierra y el capital, incluyendo bases militares gringas), “confianza inversionista” (del capital multinacional y monopolistas criollos) y “la cohesión social” que mantiene en la miseria y la postración a los beneficiarios de las limosnas del plan asistencialista “Familias en Acción”, contra las cuales el movimiento de oposición debe continuar luchando hasta derrotarlas.
El Polo Democrático Alternativo está en mora de elaborar un programa de gobierno para el pueblo y poner fin a opiniones dispersas y, a veces, erráticas del candidato presidencial, compañero Gustavo Petro. Con esas iniciativas podemos sumar fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda y aprovechar la dispersión y la confusión política en las fuerzas tradicionales. Estas son urgencias de los opositores al régimen pues no es posible “acordar el futuro”, si se trata del futuro popular, con partidos de oligarcas que oprimen, explotan y entregan la soberanía de Colombia y su pueblo.
Movimiento por la Constituyente Popular, MCP-POLO
mcp_adelante@yahoo.com
Bogotá, febrero 27 de 2010
¡Que se vaya Uribe!
MCP-POLO
Coordinador Nacional
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Fracasó el intento de chantajear a 24 millones de personas con las firmas de 4 millones de uribistas que decidieron llamarse la “mayoría” de un censo electoral de 28 millones de ciudadanos, que forman parte de una población de 44 millones de colombianos.
Según la Corte, la derogada ley de Referendo cae en el exceso del ejercicio del poder de reforma constitucional que llevan a la sustitución y no sólo a la reforma de la Carta, lo cual es un asunto de fondo La investigación de la Corte también estableció que el “Comité de Promotores gastó una suma global que supera más de seis veces lo autorizado por el Consejo Nacional Electoral” y los aportes individuales superaron “hasta casi 30 veces lo permitido”. La Corte encontró irregular la modificación del texto original, que el Congreso excedió las limitaciones que el principio de democracia participativa le impone. Por otro lado, la Corte dictaminó que las sesiones extraordinarias de la Cámara citadas por Uribe a la media noche del 17 de diciembre de 2009, carecía de sustento jurídico. A la cadena se suma que cinco representantes del partido Cambio Radical votaron violando la ley de bancadas, en esa sesión donde un voto “salvó la reforma” del gobierno tramposo.
Ante el mundo queda claro que la Corte Constitucional que se negó a examinar la ilegalidad e ilegitimidad del gobierno, desoyendo el fallo la Corte Suprema de Justicia en el caso de compra del voto de Yidis Medina que salvó la primera reelección; hoy, con su fallo frente a Ley de referendo, por razones políticas inconfesables, esgrime argumentos válidos para anular el referendo re-reeleccionista que pudo usar en el 2005. La felonía, trampas y delitos admitidos hoy por la Corte Constitucional alumbraron la primera elección (2002) y la reelección de Uribe (2006) que esta Corte avaló quebrantando la Constitución del 91. La reciente condena a 40 años por delitos de lesa humanidad del senador Álvaro García Romero, “Barón electoral” de Uribe en Sucre, y la recaptura del parapolítico y socio fundador del partido del Uribe-gobernador de Antioquia, del primo y ex presidente del Senado, Mario Uribe, reafirman la secuencia delictiva del actual gobierno.
Uribe perdió el pulso interno entre las fracciones oligárquicas y desde allí alertaron a los magistrados de la Corte Constitucional sobre el peligro de la nueva reelección de Uribe por su debilitamiento político, por su parcialidad en el manejo del poder, por sus contradicciones con parte de la comunidad internacional. Por resultar incomodo para sus intereses dado el desenmascaramiento permanente al cual se ha visto sujeto por su violación a las libertades ciudadanas y los DD.HH. Por su ligazón con la mafia, el paramilitarismo y las miles de masacres y asesinatos de colombianos, que lo ponen en la mira de la Corte Penal Internacional.
Por los azares para la “gobernabilidad” manifestados con la fuerte movilización de nuevos sectores sociales y de opinión generada por la “emergencia social” con decretos-ley que deterioran más los malos servicios de salud afectando directamente los precarios ingresos de los colombianos y que excluyen a millones de desempleados del servicio de salud. Esos decretos abusivos tocan a todo el pueblo sumándole a la inconformidad por los subsidios para los ricos y otras medidas tributarias y financieras que descargan en las espaldas de los pobres la crisis económica que se agiganta en los países dependientes. Como si fuera poco, el “gran programa de seguridad democrática”, es nave que hace agua, que se puede hundir como el referendo, que el fin del conflicto interno está lejos, y siendo esa la situación, inevitablemente, la credibilidad del “mesías Uribe” seguirá cayendo, favoreciéndose de esta manera la derrota de sus reaccionarias tesis políticas.
El fracasado referendo en sus múltiples alcances, también es un revés del presidencialismo y el autoritarismo fascista del régimen político a cambiar en vez de invitar a fortalecerlo, como lo hacen los ex presidentes y candidatos, así como los pre candidatos Conservadores y Verdes. Igual, es un monumento a la decadencia de los partidos oligárquicos, liberal y conservador, incapaces de canalizar la inconformidad popular que ahora –cuando el “embrujo autoritario” de Uribe no lo es tanto- se disputan el regreso de los politiqueros que emigraron al partido de “La U” y “Cambio Radical” y así perpetuar “el legado de Uribe” desde sus viejas toldas.
El movimiento de oposición ha librado una gran y victoriosa batalla contra el referendo, ahora se depurará de quienes dieron la pelea sólo contra la reelección de Uribe sin combatir sus políticas. Hoy más que antes, es clave persistir en su unidad de propósitos y programa de lucha política para encarar, más y mejor, la continuidad de la lucha social masiva que jaquea al proyecto encabezado por Uribe, así saldrán iniciativas de acción y apoyos para las fuerzas alternativas al sistema en las elecciones parlamentarias del 14 de marzo y las presidenciales del 30 de mayo.
Sí se puede derrotar a un presidente, demoler el régimen político y caminar hacia una Asamblea Nacional Constituyente Democrática y Popular que elabore una Nueva Constitución, elegir un gobierno alternativo y conquistar el poder al servicio del pueblo que cambie el rumbo impuesto a Colombia con políticas pro imperialistas y oligárquicas de sus gobiernos, incluyendo el proyecto “Hacia un Estado Comunitario” convertido en ley del plan y enarbolado por Uribe.
Recordemos que muchos candidatos presidenciales, partidos y movimientos políticos, como lo plantea Uribe, pretenden prolongar su proyecto (“uribismo sin Uribe”) aplicando sus nefastos ejes de “seguridad democrática” (para los dueños de la tierra y el capital, incluyendo bases militares gringas), “confianza inversionista” (del capital multinacional y monopolistas criollos) y “la cohesión social” que mantiene en la miseria y la postración a los beneficiarios de las limosnas del plan asistencialista “Familias en Acción”, contra las cuales el movimiento de oposición debe continuar luchando hasta derrotarlas.
El Polo Democrático Alternativo está en mora de elaborar un programa de gobierno para el pueblo y poner fin a opiniones dispersas y, a veces, erráticas del candidato presidencial, compañero Gustavo Petro. Con esas iniciativas podemos sumar fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda y aprovechar la dispersión y la confusión política en las fuerzas tradicionales. Estas son urgencias de los opositores al régimen pues no es posible “acordar el futuro”, si se trata del futuro popular, con partidos de oligarcas que oprimen, explotan y entregan la soberanía de Colombia y su pueblo.
Movimiento por la Constituyente Popular, MCP-POLO
mcp_adelante@yahoo.com
Bogotá, febrero 27 de 2010
¡Que se vaya Uribe!
MCP-POLO
Coordinador Nacional
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