QUIEN DEBE RENUNCIAR ES URIBE

El gobierno nacional ha llamado a calificar servicios a tres generales, varios oficiales superiores, mayores y suboficiales. Es la más grande medida administrativa de remoción de funcionarios del ejército nacional. La razón: las investigaciones internas debidas a las denuncias de origen ciudadano y de organizaciones de Derechos Humanos, por las desapariciones y ulteriores ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, reportados oficialmente como guerrilleros caídos en combate. Es una decisión importante. Afecta a estructuras de la Séptima División y las Brigadas Móviles 14 y 15, que actúan en operaciones de contrainsurgencia en el nororiente del país, fronteriza con Venezuela.

Se trata de crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha presentado un fuerte informe que compromete al Estado. Las movilizaciones indígenas y el paro de corteros de caña en el Valle del Cauca y el Cauca, develaron las mentiras oficiales sobre el tratamiento de guerra a las movilizaciones sociales. En definitiva, no hay nada distinto de cuanto se ha denunciado en los últimos años. Solo que ahora salta al paso una crisis.

A pocos días de la elección presidencial en Estados Unidos es claro que Uribe debe intentar congraciarse con el probable ganador. La ex directora del DAS y los oficiales generales son los chivos expiatorios del momento. La Fiscalía debe asumir sin dilaciones ni equívocos las investigaciones. Deberían abarcar todas las conexiones, relaciones y complicidades que contribuyan a aclarar el grueso volumen desapariciones en distintos otros lugares del país.

La pregunta que surge: ¿Quién asume la responsabilidad política de este desastre humanitario? Hasta el diario El Tiempo habla de que la “seguridad democrática” debe modificarse. Y debe desmontarse la política de guerra, sus modalidades criminales y los aparatos clandestinos que las ejecutan. Deben desmantelarse todos los vínculos, sin excepción, de las estructuras militares con el narcoparamilitarismo.

Estamos ante la crisis de una política irresponsable en la que se ha embarcado el Estado colombiano. El presidente Uribe debería renunciar. No es posible que de cara al mundo su régimen muestre la inhumanidad y la criminalidad, agenciada desde el poder. No es posible que “a sus espaldas”, “sin su conocimiento”, ocurran las cosas que pasan. Que apruebe las mentiras y las rectifique cuando las evidencias destruyen los castillos dorados que los medios reproducen. Seis años de gobierno han costado muchísimos muertos, desapariciones, tragedias, secuestros, que hubieran podido ser evitados, de haber actuado antes el gobierno. Si las destituciones son una rectificación, esta exige cambios en dirección al diálogo para la paz y los acuerdos humanitarios, temas que no se les puede ni mencionar a los jerarcas del uribismo.

Al igual que los familiares de los jóvenes de Soacha sacrificados, el pueblo debe salir a la calle. La paz exige cambio de políticas, pero, sobre todo, un cambio político real.

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COMUNIDADES Y CONCEJO ANALIZARÁN PROPUESTAS CON MIRAS AL NUEVO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

BOLETÍN DE PRENSA

COMUNIDADES Y CONCEJO ANALIZARÁN PROPUESTAS CON MIRAS AL NUEVO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

*Foro y Seminario-Taller, organizado por la mesa directiva del Concejo de Bogotá, se realizará en la sede del IDRD el próximo 6 de noviembre

*Convocatoria abierta a la participación de todas las organizaciones comunitarias y sociales.

Con la celebración de un foro público, donde participará el Concejo en pleno y representantes de las comunidades, este 6 de abril se dará inicio al Seminario-Taller La ciudad en la globalización: Elementos hacia la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, que se realizará en las instalaciones del Instituto de Recreación y Deporte, a partir de las 8 de la mañana, evento que servirá como abrebocas a la discusión y presentación de propuestas con miras a la formulación del próximo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Con el auspicio de la Mesa Directiva de la corporación y por iniciativa del concejal Jaime Caicedo Turriago, segundo vicepresidente de la entidad, ese día se darán cita cerca de 200 representantes de diversas organizaciones comunitarias, asociaciones barriales y de vecinos, juntas de acción comunal, investigadores sociales sobre la problemática urbana y la plenaria del Concejo con el objeto de debatir públicamente las distintas visiones de ciudad, las problemáticas de ocupación y de desarrollo que actualmente afectan a Bogotá y las alternativas que los distintos sectores sugieren para superar los cuellos de botella que en múltiples planos afloran en el escenario bogotano.

De acuerdo con el concejal Jaime Caicedo, "el POT es un instrumento indicativo de las políticas espaciales, de uso y desarrollo estructural de la ciudad, en el largo plazo. Ahora que se presenta la oportunidad de reformular este plan, es necesario no sólo democratizar su discusión, sino procurar que su diseño se ajuste a los reales requerimientos de una ciudad compleja que exige que primen los derechos fundamentales y el interés colectivo en contraposición a los apetitos privados, los cuales hoy por hoy son los que vienen marcando los derroteros del crecimiento y del desarrollo de Bogotá", dijo.

El seminario-taller, que contará con la participación de expertos como el investigador Jaques Aprile-Gniset, los secretarios de Planeación de Bogotá, Oscar Molina, y Cali, Johanio Marulanda, importantes analistas de la problemática urbana como el arquitecto Germán Cobo, Darío Fajardo, Rafael Colmenares, Hernando Gómez Serrano y Carlos Becerra, entre otros, abordará la problemática de la ciudad inscrita en el fenómeno de la globalización pensando que nuestra estructura económica, social y política puede ser examinada a la luz de los fenómenos contemporáneos en un esfuerzo por comprender las realidades existentes en la ciudad de Bogotá.

"La globalización impone efectos en lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural, que necesitan ser reconocidos y analizados en una forma integral, con el objeto de sujetar a la observación y al control social su impacto y delinear medidas que protejan los derechos fundamentales de los habitantes", complementó el concejal Caicedo Turriago.

El concejal del Polo Democrático Alternativo señaló que el evento busca asimismo "contribuir a elevar la calidad y eficiencia de la labor misional del Concejo, representada en la expedición de "normas para promover el desarrollo integral de la ciudad y sus habitantes, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho". En este sentido, el correcto desarrollo de los temas propuestos como ejes centrales del seminario deberá contribuir a la mejoría de las condiciones de vida de los bogotanos y bogotanas".

En el seminario-taller podrán participar las organizaciones sociales, barriales y comunales que previamente se inscriban a través de las líneas telefónicas 208 8222 y 208 8223, o escribiendo al correo electrónico tallerciudad@concejobogota.gov.co.


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Ponencia del abogado Miguel González en el seminario sobre el caso de la UP celebrado en Barcelona el 25 de Octubre

Mecanismos de impunidad aplicados en Colombia frente al genocidio político contra la UP
Hablar del genocidio contra la Unión Patriótica, organización política sui géneris en el contexto político colombiano, en tanto su surgimiento, se produce en el marco de un proceso de negociación entre el Estado y una de las organizaciones insurgentes existentes en el país desde la década de los 60, es decir las FARC, nos obliga necesariamente a caracterizar el tipo de Estado prevaleciente en Colombia en las últimas décadas.

Efectivamente en el país predominaba a mediados del siglo XX, un régimen de democracia restringida, caracterizado por el bipartidismo excluyente de los partidos tradicionales de la elite gobernante, el partido liberal y el partido conservador, los cuales mediante un acuerdo plebiscitario en los años cincuenta del siglo pasado, habían pactado la alternación presidencial por 20 años a la par con la implementación de un sistema milimétrico de cuotas burocráticas y de representación partidista en los órganos del poder público especialmente en el poder ejecutivo y desde luego también en el poder judicial.

De la misma manera, no se nos debe olvidar que mediante dicho acuerdo o pacto bipartidista, una vez depuesto el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla en 1957, en tanto en ese preciso momento la dictadura militar no era ya funcional ni políticamente favorable a los intereses de la oligarquía liberal-conservadora; razón por la cual ésta optó entonces por las mencionadas reformas constitucionales las que le posibilitaron a su vez entre otros aspectos la profundización del ejercicio excluyente y hegemónico del poder político y la implementación durante las siguientes tres décadas del Estado de sitio o Estado de excepción de manera permanente y casi ininterrumpida, como forma autoritaria y despótica del ejercicio del poder en el marco de un Estado formalmente democrático y representativo, con elecciones presidenciales y parlamentarias cada cuatro años.

Conocido es de otra parte, que tradicionalmente el bloque dominante de poder en Colombia a recurrido a la violencia sistemática contra los sectores populares y sus opositores políticos. El empleo de formas violentas de ejercicio del poder es una constante en el acontecer nacional desde hace más de un siglo. El anterior marco histórico esbozado de forma sintética y si se quiere esquemático, nos permite sin embargo en buena medida explicar y comprender el fenómeno del Terrorismo de Estado, su carácter consustancial al régimen político diseñado por los sectores gobernantes y trágicamente vivido y padecido por los más amplios sectores sociales excluidos y perseguidos.

El régimen presidencialista oligárquico y bipartidista, encontró a su vez, sustento ideológico y teórico en las concepciones de la Seguridad Nacional y del enemigo interno diseñadas en la Escuela de las Américas y en el Comando Sur de los Estados Unidos, las cuales como se conoce fueron aplicadas por todas las dictaduras militares del continente, y por las fuerzas reaccionarias y militaristas que en Centroamérica también delinearon la guerra contrainsurgente contra el pueblo y los sectores opositores. En ese sentido documentos como Santa fe uno, dos y tres no sirvieron para otra cosa distinta que para reafirmar y consolidar el proyecto contrainsurgente y reaccionario en Colombia.

La práctica sistemática y generalizada del Terrorismo de Estado en el caso colombiano, explica el por qué del genocidio contra la Unión Patriótica y los sectores políticos y sociales que de manera entusiasta y combativa adhirieron a su ideario y convocatoria, en la perspectiva de lograr cambios avanzados y salidas democráticas a la recurrente crisis institucional y social que el país ha vivido en todos estos años. Desde luego se trataba de la materialización, mediante el más vasto apoyo popular, de un proyecto trasformador que le permitiera salir al país de su secular atraso y que permitiera a la vez, abrir las compuertas y superar el régimen antidemocrático y hegemónico del bloque de poder a la vez dependiente y servil a los intereses del imperialismo norteamericano y de su política de dominación.

Es precisamente en tal contexto que el genocidio contra la Unión Patriótica y el partido comunista se convierte en el objetivo político determinante de la oligarquía colombiana en la década de los ochenta. Recordemos como por ejemplo, el laboratorio inicial del paramilitarismo prohijado por el bipartidismo y las sucesivas administraciones norteamericanas, fueran ellas de origen demócrata o republicano, encontró su tubo de ensayo en el proyecto contrainsurgente implementado a fines de los años setenta en la basta y rica región del Magdalena medio.

Efectivamente en esa zona geográfica asentaron sus dominios luego de sucesivas masacres contra simpatizantes de la Unión Nacional de Oposición UNO, los núcleos iniciales del paramilitarismo contrainsurgente estrechamente ligado a los latifundistas y ganaderos, llamados en su momento Muerte a Secuestradores MAS, comandados políticamente por connotados dirigentes liberales de la zona como es el caso del en ese momento senador Pablo Emilio Guarín. Menester es recordar como estos grupos fueron militarmente adiestrados por el tristemente celebre mercenario Israelí Jhair Klein hoy privado de la libertad y condenado por la justicia Rusa luego de haber sido probados sus estrechos nexos con la poderosa mafia de ese país.

Luego del experimento inicial se regó como mancha por toda la geografía nacional el proyecto contrainsurgente de origen paramilitar que en el fondo y contrariamente a lo señalado por distintos analistas del régimen, no buscaba enfrentar militarmente a la insurgencia en sus zonas de dominio, sino por el contrario, destruir y aterrorizar el movimiento popular y sindical en auge en ese periodo.

Posteriormente con el avance electoral de la Unión Patriótica en las elecciones presidenciales y parlamentarias la guerra sucia contra el proyecto upecista se consolidó en amplias zonas agrarias de dominio político del naciente movimiento. Bástenos recordar tan solo los casos de Antioquia, el Meta, Córdoba, Cundinamarca, entre otros departamentos.
El fenómeno de la impunidad es consustancial al régimen de terrorismo de estado imperante en Colombia.

El análisis socio-histórico esbozado en precedencia nos permite asegurar de manera categórica que el fenómeno de impunidad que ha caracterizado el genocidio contra la Unión Patriótica, es un rasgo consustancial al régimen de terrorismo de Estado implementado en el país.

Si bien es cierto que el sistema judicial en Colombia se caracteriza por su paquidermia y altos índices de ineficacia e inoperatividad reflejados en cifras contundentes de fenómenos de impunidad como quiera que más del 90% de los procesos judiciales avocados por los jueces terminan sin sentencias judiciales, y no obstante que las cárceles están hoy atiborradadas de presos y crece día a día en ellas el fenómeno del hacinamiento, muy a pesar del eficientismo penal preconizado con la aplicación reciente del modelo adversarial o sistema acusatorio implementado en los procesos penales a partir de la promulgación de la Ley 906 de 2004.

Sistema judicial que por cierto ha sido financiado por USAID agencia de cooperación norteamericana implicada en la política de desestabilización de Cuba y en el apoyo financiero a connotados grupos contrarrevolucionarios y de extrema derecha en diversas regiones del mundo.

Vistas así las cosas tenemos que señalar, que el genocidio perpetrado contra la dirigencia y parte de la membresía upecista, jamás fue asumida por el aparato judicial como una investigación integral y como parte de un proceso judicial único tendiente a dar con los determinadores, los autores materiales y partícipes de un delito que por sus connotaciones sociales y políticas habría no solo ameritado tal investigación, sino igualmente por que el despliegue de medios científico-técnicos y judiciales en una investigación sin precedentes en los anales de la investigación judicial del fenómeno conocido como la violencia en Colombia, encuentra en este caso concreto su mayor riqueza y complejidad.

Resulta evidente en este punto que nunca existió una voluntad política de parte del establecimiento para investigar el holocausto y dar con el paradero de sus responsables, de sus mentores ideológicos y políticos. Por el contrario, se actuó de manera tal para que la investigación fuera imposible y para que el paso inexorable del tiempo permitiera borrar las huellas que condujeran a establecer un mínimo de verdad y de justicia en este caso.

La razón desde luego salta a la vista y es muy sencilla: porque los responsables del genocidio son los mismos detentadores del poder, los mismos que orientan y determinan la composición del aparato judicial, los mismos que hegemonizan desde antaño la conducción y dirección del Estado prevalidos de su poder e influencia económica en el conjunto de la sociedad. En tal sentido podríamos afirmar que la condición de clase del aparato jurisdiccional en esencia y de partida impedía el desarrollo de una investigación integral de los hechos ocurridos en relación con la UP.

Todo ello explica en buena parte por qué todos los Fiscales Generales elegidos luego de la promulgación de la Constitución Política de 1.991 jamás asumieron dicho reto, por el contrario, cada uno de ellos a su manera crearon obstáculos, o simplemente se hicieron los de la vista gorda frente a la magnitud y gravedad de dicha problemática.

El caso del genocidio político sufrido por la UP., el es típico caso del fenómeno tipificado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como un caso de denegación de justicia. Eso precisamente es lo que ha ocurrido con la UP., este caso ejemplariza la máxima denegación de justicia, en el sentido de que los mecanismos del derecho interno, por las razones que hemos mencionado anteriormente, fueron incapaces de actuar, de producir resultados tangibles desde el punto de vista jurídico en un Estado que paradójicamente en el preámbulo de su Constitución es definido como un Estado Social y Democrático de Derecho.

Estas seguramente han sido entre otras las razones fundamentales tenidas en cuenta por las organizaciones peticionarias y por las víctimas del genocidio para accionar los mecanismos internacionales concretamente el sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Téngase en cuenta además la circunstancia conocida en el sentido de que las organizaciones peticionarias cuando presentaron la demanda ante el Tribunal Interamericano para que allí se surtiera el requisito de procedibilidad conocido como de solución amistosa, escasamente lograron recolectar información parcial de menos de mil casos de los cinco mil o más que se afirman han ocurrido.

Diez años después cuando las mismas organizaciones peticionarias y frente a los escandalosos y provocadores mensajes publicitarios pautados durante la campaña para la reelección del presidente Uribe Vélez, que en la práctica justificaban el genocidio, decidieron poner terminó a la etapa previa para que se surtiera entonces el proceso contencioso ante la Corte Interamericana, y no obstante el hecho, que en buena parte de ese lapso de tiempo funcionó de manera irregular una comisión interinstitucional, conformada entre otros organismos por la propia Fiscalía General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, así como por representantes de las organizaciones peticionarias, sin que la verdad sea dicha, se hubiera avanzado en la investigación de los casos, incluidos los de más repercusión e impacto social, por la calidad y la condición de los dirigentes asesinados, esto es, dos candidatos presidenciales, amén de los senadores, representantes, diputados alcaldes y concejales, todos ellos desde luego, pertenecientes a la UP.
Dicha comisión interinstitucional recibió múltiples recomendaciones en el sentido de que se exigiera al gobierno la creación de una Unidad Especializada de la Fiscalía para que se encargara de esos procesos, y que la misma fuera dotada de un número de Fiscales acorde a la naturaleza del proceso con un mínimo de condiciones logísticas para su funcionamiento.

En el mismo sentido se demandó el desarchivo de las escasas investigaciones iniciadas, y la reasignación a la justicia ordinaria de los procesos que en ese momento absurdamente eran de conocimiento de la justicia penal militar. Y como era obvio tales recomendaciones jamás fueron tenidas en cuenta.

A pesar del esfuerzo realizado por las organizaciones peticionarias y las víctimas y luego de la ruptura de la etapa previa y el inicio del proceso ante la Corte Interamericana, el número de casos debidamente documentados no ha pasado de una cifra cercana a los mil setecientos.

En resumen podemos concluir el tema, reafirmando la hipótesis de que frente al genocidio contra la Unión Patriótica el Estado colombiano en ningún caso a manifestado voluntad política para llevar hasta las últimas consecuencias la investigación judicial y sociológica que permita a la sociedad colombiana desentrañar la verdad en torno al horror sufrido por miles de compatriotas víctimas de crímenes de lesa humanidad, cuyo único y exclusivo delito lo constituyó el enarbolar banderas de unidad, de cambio y de trasformaciones sociales y democráticas para una sociedad necesitada de ellas.

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Seguimiento e intimidación sobre hija de dirigente campesino del Sumapaz

Seguimiento e intimidación sobre hija de dirigente campesino del Sumapaz

Agencia Prensa Rural / Lunes 27 de octubre de 2008

A continuación reproducimos la denuncia pública formulada por Alfredo Díaz, docente y directivo del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz), en el Distrito Capital, en la que da cuenta del seguimiento e intimidaciones de las que ha sido víctima su hija, Angie Natalia, en días anteriores.

Yo, Nestor Alfredo Díaz Benítez denuncio el seguimiento e intimidación en contra de mi hija, Angie Natalia Díaz Poveda, presentados en los siguientes hechos:


* El día miércoles 8 de octubre, cuando mi hija Angie Natalia, se dirigía de su residencia ubicada en Kennedy barrio Villa Anita a la Universidad Santo Tomás en donde adelanta estudios de sociología, haciendo uso del transporte público, cuando se iba a bajar en la calle 51 con carrera séptima, un poco antes de la 7 de la mañana; un sujeto de contextura delgada, bajo de estatura, tez morena, cabello negro lizo, quien había abordado la buseta seguramente, una cuadra siguiente a donde Natalia espera y toma por costumbre esta ruta, en el barrio Roma, salida a la avenida primero de mayo, se dirigió en acento “costeño” para decirle: “mona, la tengo en la mira”, esto en tono amenazante.

* Al día siguiente, jueves 9 de octubre, asumiendo alguna precaución, Angie Natalia, salió una hora mas tarde que de costumbre, pero tomó la misma ruta; sucediendo que en mismo sitio (Roma), abordó el sujeto en mención y a la altura de la calle 45, aprovechando que la silla contigua a la que viajaba Natalia quedó vacía, se sentó y de forma muy disimulada volvió a dirigirse para decirle: “mona queda advertida, yo se quien es su papá, Alfredo se llama y se qué hace”. En el mismo tono amenazante le habló. Natalia tomó la decisión de bajarse una cuadra antes de lo habitual, dada la angustia que le causó la situación. El sujeto continuó su recorrido en la buseta.

* Al individuo de las amenazas, Natalia lo había visto en ocasiones anteriores como un pasajero más, toda vez que vestía prendas de trabajador de la construcción y portaba una maleta clara pendiendo al cruzado.

* Esta situación hace caer en la cuenta que en dos ocasiones anteriores a estos hechos descritos, al salir de la Universidad Santo Tomás, en la carrera 13 con calle 51, Natalia en compañía de su grupo de amigos, observaron una camioneta cuatro puertas cerrada de color gris, circulando por más de tres veces por el frente de ellos, y su conductor dirigiendo la mirada hacia mi hija en particular.

* Dada la gravedad de lo sucedido, nos han obligado a acudir a partir del día viernes cambiar la normalidad y a vivir la incertidumbre que afecta la salud mental de la familia, toda vez que acuden a mi hija para mencionar mi nombre, cuando yo me desempeño como educador con cargo directivo de la SED, en la localidad de Sumapaz Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela y por naturaleza, allí se ejerce un liderazgo social inocultable y por el cual, no había tenido ninguna amenaza ni advertencia de manera directa o expresa.

Petición:

Orientar y garantizar por parte del estado, las medidas de protección hacia mi hija, quien a todas luces es víctima de un burdo plan de intimidación. Esta acción de manera inmediata.

Ordenar a quien corresponda adelantar las investigaciones para establecer de quién se trata y qué persiguen con estas acciones amenazantes.

Con toda consideración;

Néstor Alfredo Díaz.


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Entre asesinatos y atropellos avanza Minga Indígena en Colombia

Llegará este sábado a Cali
Entre asesinatos y atropellos avanza la movilización indígena en Colombia

Juan Alberto Sánchez Marín
Yvke

La masiva movilización congregará unos 30 mil indígenas que, desde la semana pasada, han sido víctimas de asesinatos y abusos por parte de la Fuerza Pública. La marcha busca atención frente a los acuerdos burlados por el gobierno y detener el asesinato de los líderes indígenas. La protesta, que se ha extendido a 16 de los 32 departamentos, ha sido criminalizada por el gobierno. Marlitt Pusecc, Consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca, habló con YVKE, y alertó sobre el riesgo de un genocidio.

En Colombia, como en el resto de América Latina, los indígenas no sólo han sido excluidos, expropiados y vejados. Ellos, sobre todo, han hecho parte del olvido. Un olvido conveniente y estratégico. Una desmemoria absoluta y malintencionada, que permite que los indígenas no existan para el resto de la sociedad.

Aunque estaban acá primero, no lo recordamos. Aunque a lo largo de 516 años casi los extinguimos, la historia ayer y los medios hoy lo explican y validan como algo natural, una forzosa medida frente a los salvajes. Aunque los convertimos a una fe infame con un cielo sin puertas, no nos percatamos del infierno en el que los dejamos.

A pesar de que acá y ahora son y siguen estando, desterrados en sus resguardos, no los vemos, no los oímos, no nos importan.

En otras partes de la región, muchos pueblos originarios han venido elevando su voz y haciéndose sentir. En Bolivia, un indígena rige los destinos del país, claro está, en medio de la oposición más férrea. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, es un ejemplo de resistencia, y con sus movilizaciones masivas ha puesto y depuesto presidentes. En un país en el que las voces disidentes, distintas o minoritarias son negadas a sangre y fuego, los desgraciados indígenas colombianos han sido víctimas del asesinato selectivo de sus líderes, de las masacres y de la violencia de los actores armados de un conflicto consuetudinario, que campea por sus territorios.

“NO MÁS”

Después de mucho silencio y de aguantar tanta miseria, los indígenas en Colombia están diciendo “no más”. No más incumplimiento por parte del gobierno a los acuerdos logrados, no más violación de sus territorios por parte de las multinacionales y del propio gobierno, no más asesinatos, atropellos ni sindicaciones. Basta de Plan Colombia, Plan Patriota, o más planes apátridas.

“Son muchas cosas, muchos incumplimientos y problemas, los que han llevado al movimiento indígena a decir “no más” y a levantarnos nuevamente”, afirma Marlitt Pusecc, consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRI), en entrevista concedida a YVKE.
“Y por querer defender nuestros derechos, hemos sido atropellados por la fuerza pública y por el propio presidente, cuando en un consejo comunitario manifiesta que los indígenas somos terroristas. A partir de esa sindicación, han sido asesinados muchos líderes”.

PRONTURARIO DE ASESINATOS

Más de 1200 indígenas han sido asesinados durante los 6 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuya relación exacta, con nombres y fechas, esperan poder leerle al presidente el próximo lunes, o cuando se digne recibirlos, si lo hace. 17 de esos crímenes fueron cometidos durante el último mes. Hace apenas 20 días, fue asesinado un exconsejero del CRI. Según indagaciones hechas por los propios indígenas, ocho de esos crímenes han sido cometidos por la fuerza pública, cuatro por los paramilitares, uno por la guerrilla, los otros por autores desconocidos. Las llamadas fuerzas oscuras, que son tan claras.Sólo durante este mismo gobierno, se estiman en 55 mil los indígenas desplazados, 400 mil sin acceso a tierras y 18 pueblos enteros en peligro de extinción.

LA MINGA INDÍGENA NACIONAL

La Minga Indígena Nacional no pretende otra cosa que avanzar hacia el país posible y necesario. Se trata de un mecanismo, “para establecer un camino sólido, desde los pueblos, para construir y desarrollar una agenda de unidad, desde la diversidad y el respeto”.

La Minga es un grito desesperado para la defensa de la vida y los derechos territoriales, políticos, ambientales y alimentarios de las comunidades indígenas.

Unos diez mil indígenas y campesinos, partieron desde el sitio La María, en el municipio Piendamó, en el departamento del Cauca, al sur occidente del país, hacia Cali, una de las ciudades más importantes de Colombia, capital del vecino departamento del Valle del Cauca. En el camino han seguido sumándose miles de indígenas, en una audiencia que crece más y más, y que espera reunir finalmente más de treinta mil indígenas.

“La marcha que estamos realizando la hacemos también para dar a conocer el atropello de que somos víctimas por defender nuestros derechos. ”, señaló Marlitt Pusecc a YVKE. “Queremos llamar la atención de la opinión pública sobre el trato que nos están dando, como terroristas, y denunciar que va a haber un genocidio acá en Colombia contra nosotros los indígenas”.

Los días 14, 15 y 18 de este mes, la fuerza pública arremetió de una manera desmedida y brutal contra los indígenas congregados en La María. Como parte de la movilización, los indígenas bloquearon la vía Panamericana, que conduce de la ciudad de Popayán, capital del Cauca, a Cali. Lo que era una marcha pacífica, se volvió una batalla campal, cuando la policía intentó desalojar la vía por la fuerza.

“En el momento contamos con 120 heridos, la mayoría con arma de fuego, y dos compañeros muertos, también con arma de fuego. Seis compañeros perdieron la vista. Y ocho familias, indígenas y campesinas, fueron desalojadas por la fuerza pública. Quemaron sus viviendas y lo que tenían, y quedaron en total desamparo”, dice Marlitt.

Víctor Meléndez, delegado de la Defensoría del Pueblo en el Cauca, calificó de “desproporcionada” la actitud de la fuerza pública.

LA PALABRA ACORRALADA A esta represión abierta, y al hermetismo y las tergiversaciones de los poderes mediáticos, se agrega el modo torpe con el que se trató de silenciar los exiguos medios de comunicación del movimiento indígena. “Cuando hubo más abuso de la autoridad, y estábamos pidiendo solidaridad, nos quitaron la energía en La María y en los sectores desde donde tratábamos de difundir lo que estaba pasando”, afirma Marlitt Pusecc. “Nuestras páginas en Internet se cayeron. Los correos electrónicos y los celulares fueron bloqueados. Nos querían dejar incomunicados”.





La situación motivó un comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en el que expresaba su preocupación por estos hechos, y solicitó a las autoridades “que se aclare lo sucedido con los medios comunitarios del Cauca”.


EL FONDO DE LA RESISTENCIA

Un punto fundamental del reclamo de los indígenas tiene que ver con el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos adquiridos previamente.

“Han habido masacres cometidas por la fuerza pública, llevadas a instancias nacionales e internacionales, que obligan al gobierno a cumplir con indemnizaciones a las familias y a las comunidades, y el gobierno no ha cumplido”, expresó Marlitt Pusecc. No se trata, en esencia, como lo explica la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en un documento reciente, “de negociar nada nuevo, sino de que se dé cumplimiento a lo convenido”.

Frente a masacres cometidas por el propio estado, entre 1991 y 2005, se celebraron 13 Acuerdos, en los que el Estado Colombiano se comprometió a reparar, individual y colectivamente, a las víctimas y al pueblo Nasa del Norte del Cauca. El Presidente Ernesto Samper pidió perdón público por la masacre de El Nilo. Una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia a la que los indígenas tuvieron que recurrir al no lograr justicia en el país y ante el asesinato de abogados, jueces y testigos, recomienda al Estado, desde el año 2000, cumplir con los compromisos relativos a la reparación integral.


El propio gobierno actual se comprometió, en 2005, a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años.

Pero la larga lista de masacres continúa sin enmienda. Masacres como, por ejemplo, la de la Hacienda El Nilo, con 20 indígenas masacrados, en 1991; la del río Naya (límites entre los departamentos de Cauca y Valle), con más de un centenar de muertos, la mayor parte indígenas, en 2001; la de Gualanday (municipio de Corinto), con 13 indígenas asesinados, en 2001, o la de San Pedro (municipio de Santander de Quilichao), con 7 indígenas asesinados, también en 2001.
El gobierno del presidente Uribe no sólo no ha cumplido con los acuerdos, sino que ha promulgado leyes en contravía de los mismos, y se ha valido de toda clase de artilugios para desautorizar cualquier reclamo de las comunidades indígenas.Otro punto de la agenda tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. “Sabemos que en este momento el TLC está en manos del Congreso de los Estados Unidos, por lo que proponemos mecanismos de interlocución frente al Congreso de ese país”, sostienen los indígenas.


La denominada “Legislación de Despojo” es otro tema de la agenda. La misma Corte Constitucional declaró inexequible la Ley Forestal. Los indígenas exigen que el Estatuto Rural, el código de Minas, los Planes de Aguas, y todas las leyes que han debido ser sometidas a consulta previa, sean derogadas. Un verdadero desafío para el presidente Uribe, y, como lo señala el columnista Alfredo Molano, “el mayor alzamiento que haya cuestionado sus políticas —de seguridad democrática, tierras y aguas— y sus planes electorales”.




Ante la amenaza que les significa el propio estado, los indígenas plantean la necesaria intervención y la presencia de una comisión internacional, que pueda asumir funciones concretas, para que se dé respuesta real a su gravísima situación, y solicitan la coordinación del Relator Especial para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

ATENTADOS CONTRA LA DIGNIDAD

“Y le pedimos al presidente el resarcimiento del buen nombre del movimiento indígena. Que no nos nombren como terroristas, ni nos vinculen con los grupos guerrilleros. Queremos dejar esto muy en claro, porque no es así. Y hoy las vidas de quienes representamos a las comunidades están amenazadas, nos sentimos en peligro. Somos un movimiento donde velamos por los derechos de quienes representamos. Que nos traten con la dignidad y el respeto que nos merecemos”, terminó indicando la Consejera del CRI, Marlitt Pusecc.

La Organización Nacional Indígena de Colombia y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca han presentado una acción de tutela contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, el Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, y el General Freddy Padilla de León, como comandante del Ejército, por la violación de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la protección de la honra y la dignidad de los pueblos indígenas que participan en la Minga.


El manejo autoritario de esta crisis y el trato déspota hacia unos interlocutores a los que se subestima o considera indignos, se ejemplifica en los continuos palos de ciego dados por el ministro de defensa, Juan Manuel Santos, adalid de la oligarquía colombiana, y personaje muy estimado y querido para los Estados Unidos.


En la misma tónica en la que el ministro sale apresurado a calificar de atentados de las Farc los “falsos positivos” del estamento militar que él mismo orienta, Juan Manuel Santos sembró en el aire la duda de que estas marchas eran financiadas con recursos internacionales.


A esto, señala Marlitt Pusecc, que “claro que nosotros hemos pedido y estamos pidiendo solidaridad. Necesitamos que nos colaboren con recursos, víveres, agua, medicamentos, que es lo que esencialmente necesitamos. Son 6 días y una cantidad grande de personas marchando. Así que, aunque la responsabilidad de la marcha está en las propias comunidades, pedimos la solidaridad de instituciones y de ONG´s, del país o de afuera”.



Y en verdad que no puede ser de otra manera. No se trata de las marchas uribistas, en las que, al igual que en las campañas presidenciales, van y vienen, y a montones, los dineros lícitos y más bien ilícitos de los grupos económicos, de la oligarquía, del paramilitarismo, y, mejor dicho, del uribismo.


Estamos hablando de marchas indígenas, mejor dicho, de marchas de pobres. Pobres entre los más pobres. En una condena irremediable para el campo, los campesinos y con ellos los indígenas, a la que el propio Juan Manuel Santos contribuyó desde su posición como ministro de Hacienda, durante el gobierno de Andrés Pastrana, y durante 9 años como delegado en Londres ante la Organización Internacional del Café (OIC), poniendo en marcha las políticas neoliberales que ahora escandalizan a sus mismos responsables.

El ministro Santos, en otro ex abrupto, sin que le temblara un músculo de la cara, le exigió a los indígenas disculpas ante los policías heridos en los enfrentamientos. Bien lo respondió el diario colombiano “El Espectador”, en su editorial del domingo anterior, al sostener que “iguales razones, pensarán, tienen ellos (los indígenas) para exigir disculpas de parte de quienes los confrontan violentamente y estigmatizan”.

Y LA MINGA SIGUELa marcha continúa ahora, en medio de los abusos de la Fuerza Pública, cuyos coroneles pregonan la orden de no abrir fuego, aunque los videos caseros de los celulares evidencien otra cosa. Los indígenas siguen adelante, avanzando masivamente por el Sur Occidente, hacia el propio corazón de Colombia, aunque la mayor parte de los medios masivos vuelvan sus titulares hacia “la realidad del país”, donde ellos irremediablemente no figuran. O se los reseñe apenas para afirmar que se están matando ellos mismos, como en el caso de Elver Ilitro, citando la incuestionable Agencia Nacional de Noticias Policiales (Annp). Una agencia independiente, de policías inocentes.


En la Minga, los indígenas le apuestan cada paso a este lema: ¡El estado de conmoción no apagará la voz del pueblo y el clamor de la madre tierra! Y uno no puede dejar de pensar: Ojalá no tengan que apostarle también la vida que les queda.
Las Crónicas de Indias sólo tuvieron la mirada de los conquistadores. ¿Hasta cuándo la conquista y la colonización que aún se hace de los territorios indígenas seguirá teniendo apenas la perspectiva de Uribe y sus congéneres?

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ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS SOLICITARON A LA CIDH, INSTAR AL GOBIERNO COLOMBIANO PARA QUE SUSPENDA LAS EXTRADICIONES DE PARAMILITARES

(Colombia) (Autor: ccajar)
La suspensión de las extradiciones de las personas que tienen investigaciones abiertas pendientes por violaciones a los derechos humanos, fue una de las principales solicitudes realizadas el día de hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH -, por un grupo de organizaciones sociales, entre las que se encuentra el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”. Esta petición se realizó en el marco de las audiencias de seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia, realizada por la CIDH, en su 133º período de sesiones.

Esta solicitud urgente, se realizó aclarando que ello debía realizarse “sin perjuicio de extradiciones que puedan ser solicitadas por tribunales internacionales o por la jurisdicción universal, cuando el Estado no cumpla con su deber de investigar, procesar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos”. Para las organizaciones solicitantes, esta medida podría aportar a las garantías efectivas de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, actualmente vulnerados con las decisiones de extradición.

Igualmente, solicitaron se mantenga la competencia de la jurisdicción Colombiana sobre las personas vinculadas a violaciones a los derechos humanos, hasta tanto se concluyan las investigaciones y se garantice a las víctimas el acceso efectivo a la justicia. Para las organizaciones sociales presentes, es claro, frente a este punto, que “La solución no es sustraer de la jurisdicción interna a las personas que no cumplan con los requisitos exigidos por la ley de justicia y paz, sino aplicar los recursos internos del caso”.

En tercer lugar requirieron a la Comisión exhortar al gobierno colombiano para que éste adopte “medidas necesarias y eficaces de carácter judicial, administrativo o de cualquier índole, que permitan a las víctimas y a la sociedad, no obstante la extradición de los comandantes paramilitares, a acceder al derecho a la verdad y a la justicia”, por cuanto en su opinión es indispensable que se acuda a la indagación de los combatientes rasos y demás desmovilizados de los grupos paramilitares que actualmente no se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley 975 de 2005.

Pero quizás uno de las solicitudes más enfáticas realizadas ante la CIDH, fue la que tiene que ver con el debido proceso y con el acceso de las víctimas y sus representantes a las diligencias judiciales de jefes paramilitares que se efectúan en Estados Unidos, lo que es considerado una prioridad, máxime si se tiene en cuenta que el convenio de colaboración judicial entre Estados Unidos y Colombia es por ahora, según ellas solo “un cruce de cartas”

No obstante estas solicitudes sustentadas en derecho, el Gobierno colombiano, en cabeza del embajador ante la Organización de Estados Americanos - OEA - Camilo Ospina, indicó que ya el Estado había adoptado medidas orientadas supuestamente a garantizar los derechos de las víctimas y que para Colombia la extradición es un mecanismo de lucha contra el crimen organizado.

Es de destacar que para la Comisión Interamericana el proceso de extradición implicó un cambio abrupto que a su vez generó un nuevo escenario que exige la adopción de medidas especiales para la protección de los derechos de las víctimas, que hasta el momento no se ha ejecutado.

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MANIOBRAS DEL ACUEDUCTO PARA INCREMENTAR TARIFAS, DENUNCIA CONCEJAL JAIME CAYCEDO

BOLETÍN DE PRENSA

MANIOBRAS DEL ACUEDUCTO PARA INCREMENTAR TARIFAS, DENUNCIA CONCEJAL JAIME CAYCEDO

*"Rechazo de plano el incremento de tarifas" dijo el concejal Caycedo.

* Consumidores de agua deberán pagar sobrecostos de $18.476 millones anuales

El concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caycedo Turriago denunció que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado planea incrementar las tarifas del servicio de alcantarillado en Bogotá hacia febrero del próximo año, con el objeto de cubrir los $18.476 millones que vale el mantenimiento de la Planta de Tratamiento El Salitre, dineros que venían siendo aportados directamente por la administración central.

De acuerdo con las informaciones que tiene en su poder el concejal Caycedo Turriago, el Confis distrital, en su reunión del pasado dos de octubre, ordenó que los recursos para la operación y el mantenimiento de esta planta deberían provenir de fuentes distintas al presupuesto de la Secretaría de Hacienda. "La solución que encontró el señor gerente de la Empersa de Acueducto y Alcantarillado, EAAB, fue presentar a la Junta Directiva de la misma la propuesta de incluir en la tarifa cobrada a los usuarios este nuevo costo, distribuido entre todos los estratos, afectando principalmente a los más pobres", señaló el concejal del PDA.

"Todo está listo para que la EAAB presente a la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, la propuesta de modificar la fórmula tarifaria, de forma que quede autorizada a expedir la nueva resolución de incremento de tarifas, la cual quedaría en vigencia hacia el 26 de febrero próximo", dijo Caycedo. Agregó que no entiende por qué la Secretaría de Hacienda no continúa asumiendo los costos del mantenimiento de la planta en cuestión para evitar el incremento de las tarifas.

Afirmó que tan pronto como se enteró de la situación, dirigió una carta al gerente de la empresa donde cuestionó el ajuste y le solicitó precisar a la mayor brevedad el impacto real que este nuevo costo implicaría para todos los usuarios en cada uno de los estratos.

Sin embargo, Caycedo rechazó de plano tal posibilidad y dijo que la administración central debe seguir asumiendo el mantenimiento y operación de la planta de EL Salitre, toda vez que la situación económica de la población bogotana no aguanta un sobrecosto más. "La condición económica de la mayoría de la población, incluso de estratos como el 4 y el 5 que se caracterizan por cobijar familias de clase media, no soporta un incremento más. Advertí al señor secretario de Hacienda, desde inicios de la administración cuando se vislumbró la famosa reforma tributaria, que me opondría a cualquier alza. Daré la batalla para evitar esta situación, para lo cual invito a todos los bogotanos y a las diversas bancadas en el Concejo a mantener los ojos abiertos y evitar nuevas cargas al menguado presupuesto familiar de los bogotanos", indicó.

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¿La Hora del Polo?

. Gabriel Becerra

Atropellado por los acontecimientos de la crisis internacional y nacional, el PDA celebra las delegad@s elecciones internas para elegir su segundo Congreso Nacional y al primer Congreso Nacional del Polo Joven. La agotadora e inevitable tarea electoral, hasta ahora principal combustible del debate interno, ha tenido que enfrentarse a la cascada de los acontecimientos de los últimos días, donde golpea con más fuerza la pregunta ineludible: ¿Cuál es la salida democrática que el Polo está proponiendo y construyendo, para superar la crisis del establecimiento reaccionario que poco a poco estalla a lo largo y ancho del país?.

Las respuestas y las propuestas son urgentes a riesgo de terminar siendo simples espectadores de los hechos o protagonistas marginales de las resistencias y las luchas populares que despiertan. El cambio no vendrá tranquilamente, ni como consecuencia lógica del evidente fracaso de la receta Uribista. Menos aún, de formulas o pactos por arriba con quienes hoy oportunistamente se presentan como demócratas, pero tienen en su haber la responsabilidad de gobernar el país con las mismas fórmulas antisociales y guerreristas que con amnesia hoy critican.

Para el cambio se necesitan además de principios y acuerdos programáticos mínimos, que no son sinónimo de sectarismo sino de coherencia, una visión realmente renovada que no desprecie el papel decisivo de los pueblos que luchan y resisten con o sin el Polo en la defensa de la educación y la salud pública; en el movimiento indígena; entre los trabajadores del Estado; con el movimiento de derechos humanos; entre el campesinado y los pequeños productores. Significa decir NO al poder corruptor que seduce y compra. No a la política en la que todo cambia pero en el fondo todo sigue igual.

Alguna enseñanza debemos extraer de la experiencia latinoamericana para el proceso interno, sin pretender adoptarlas mecánicamente. Fácilmente son identificables por lo menos tres factores decisivos.

Primero, ante el fracaso de los proyectos de las oligarquías hubo fuertes y masivas movilizaciones y luchas de masas, convertidas en algunos casos, como en Bolivia, en verdaderas insurrecciones populares. No hay ningún proceso de cambio en Latinoamérica que haya surgido de los pactos o los acuerdos entre cúpulas o sanedrines.

Segundo, procesos políticos unitarios, amplios y complejos, unidad de unidades, que supieron tramitar sus diferencias y canalizar electoralmente el descontento social para mantenerse como proyectos alternativos en disputa permanente con las oligarquías.

Tercero: programas de gobiernos renovadores, antiimperialistas y democráticos, orientados especialmente en la región Andina, hacia procesos Constituyentes que han propuesto rehacer sus instituciones bajo las premisas de la soberanía, la paz y la justicia social.

Unas y otras enseñanzas son validas para Colombia, y especialmente para el Polo, sobre todo cuando asistimos al desbarajuste del proyecto de la derecha, se reaviva la lucha social y se amplían las posibilidades para materializar un proyecto democratizador de la vida nacional. Ojalá esta crisis ayude a madurar el proceso para hacer de ella la hora del cambio que el Polo debe liderar

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A SANCIÓN DEL ALCALDE, ELECCIÓN DE JUECES DE PAZ

BOLETÍN DE PRENSA

A SANCIÓN DEL ALCALDE, ELECCIÓN DE JUECES DE PAZ

La elección se realizará dentro de un período máximo de seis meses después de sancionado este Acuerdo

Gracias a una iniciativa del concejal del Polo Democrático Alternativo, Jaime Caycedo, respaldada inicialmente por más de 36 concejales, la ciudad podrá contar nuevamente con sus jueces de paz y de reconsideración mediante proceso eleccionario que se convocará próximamente.

El Concejo de Bogotá aprobó este lunes, en segunda vuelta, el proyecto de Acuerdo que convoca a elecciones de los jueces de paz y de los jueces de reconsideración en el territorio del Distrito Capital. De esta manera, se da piso legal piso legal y viabilidad política y financiera al proceso de elección de estos colaboradores ad honorem de la justicia, quienes juegan un papel de gran importancia en la solución amigable de conflictos entre miembros de la comunidad, contribuyendo a la descongestión de los estrados judiciales

La distribución de la presencia de los jueces de paz y de reconsideración quedó prevista en el Acuerdo que sancionará el Alcalde Mayor, por cuanto se elegirá como mínimo un juez de paz por cada círculo de paz, el cual equivale a uno por cada UPZ de la ciudad. Así mismo, se elegirán dos jueces de reconsideración como mínimo por cada Distrito de Paz, el cual corresponde al territorio de cada localidad; estos últimos actúan como segunda instancia de las decisiones tomadas por los jueces de paz.

El gobierno distrital reglamentará este proceso electoral y además, será responsable de la organización del mismo, tomando en consideración las necesidades de divulgación, capacitación, infraestructura y demás aspectos organizativos del proceso. Igualmente, la administración apropiará los recursos necesarios para su realización

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El concejal de Bogotá por el Polo, Jaime Caycedo, se solidariza con los trabajadores azucareros

El concejal de Bogotá por el Polo, Jaime Caycedo efectuó en octubre 11 una visita de solidaridad a los trabajadores azucareros en huelga de los ingenios Pichichí, Providencia, Mayagüez y María Luisa. En la foto aparece en compañía del asesor sindical Omar Romero, de la Central Unitaria de Trabajadores del Valle y compañeros corteros del ingenio Central Castilla. Hizo entrega a la tesorería del movimiento de un aporte económico recolectado entre profesores de la Universidad Nacional, sede Bogotá.

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El polo democrático de Alemania - entrevista a Jaime Caicedo

*Pregunta 1: PDA ALEMANIA: Compañero Jaime Caicedo, muchos hablan de unidad, incluso muchos planteamientos en torno a la unidad no se deslindan unos de los otros. Fuera de lo retorico de los discursos, puede comentar, que es lo que realmente seresuelve en el Segundo Congreso del PDA? que es lo que tanto está en juego? Cuales son las cuestiones centrales que se van a decidir en febrero de 2009en el Congreso en Bogotá?

Respuesta1.- Lo que se juega es el carácter del Polo y su papel como fuerza propulsora de la unidad para el cambio democrático. Hay quienes piensan que “la izquierda no debe insistir en cambiar las cosas”. Este fatalismo de tercera vía no tiene ya más qué hacer en la lucha popular en Colombia. El segundo congreso del Polo debe definir qué tipo de poder democrático propone al pueblo, cuál plataforma de prioridades, cómo es el compromiso con la búsqueda de la paz y los acuerdos humanitarios. Un tema central: cómo es una respuesta avanzada a la crisis del capitalismo globalizado y a la crisis del régimen sociopolítico interno, gravemente cuestionado por las luchas huelguísticas de masas y la movilización indígena.

*Pregunta 2: PDA ALEMANIA: La izquierda colombiana viene desarrollando unaescuela de democracia, muy importante además, con esto de las consultas paraelegir candidatos, delegados, etc. Es un proceso realmente amplio ydemocrático? Hay reglas claras? El proceso electoral corresponde a lasexpectativas? Donde se presentan los problemas?

Respuesta: 2.- Es una escuela afirmativa. Es un aprendizaje de la opción de compartir en plural y sostener acuerdos fundamentales para la resistencia democrática y la elaboración de propuestas hacia el cambio político. De momento, es un escenario para el debate de ideas e iniciativas. Todavía hay mucho por hacer. El Polo sigue siendo un proceso en construcción y eso es muy importante. Significa que la unidad es mucho más un proceso que un estado de quietud. La forma actual de este proceso podrá ser superada por nuevas experiencias. Lo más importante, es aprovechar estos tramos para formar políticamente a nuevos sectores del pueblo que se incorporan a la unidad. Se trata de crear la conciencia de que el cambio es necesario, que es inevitable y que debe ser orientado hacia una revolución democrática que Colombia no ha conocido hasta ahora.

*Pregunta 3: PDA ALEMANIA: Colombia cuenta con una alta migración decolombianos en el exterior, cuatro millones de compatriotas. Desde el Poloen el exterior, se viene reflexionando esa problemática desde hace más dedos años, pero no se ha avanzado más allá de acertar que representamos unaparte muy numerosa de la sociedad colombiana en el exilio y de presentarpropuestas que muchos ni le paran bolas. Como se puede revertir esasreflexiones en procesos más concretos?

Respuesta:3.- Los colombianos (as) en el exterior son una parte de la patria en el exilio, así hayan salido por razones socioeconómicas. El régimen expulsa a sus nacionales en la medida que les quita espacio, oportunidades, o los persigue y margina. Tenemos que crear conciencia, como Polo, de que la propuesta de cambio democrático debe ofrecer alternativas de vida, de retorno, de aportación creativa a los (as) compatriotas migrantes. Por eso tiene sentido su incorporación a eventos como el segundo congreso. Sus reivindicaciones son las del conjunto, pero tenemos que recoger sus reclamos específicos y sus denuncias contra la discriminación, el señalamiento y el maltrato a que se les somete en el exterior, incluso por parte de las propias autoridades diplomáticas colombianas, orquestadas por el militarismo y la politiquería uribista.

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Así vamos trabajando la agenda

Así vamos trabajando la agenda

[ 10/20/2008] [ ] [ Autor: ACIN]

El Gobierno Colombiano menciona la existencia de la agenda de movilización de los pueblos. En este texto, avanzamos con un análisis serio de lo que esta implica y propone y lo sometemos a la consideración d ela opinión pública.

En la edición matinal del Noticiero de Caracol Televisión, el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias finalmente reconoce a nombre del Gobierno Nacional, los cinco temas de la agenda de la Minga de los Pueblos. Aunque la presenta de manera displicente y distorsionada, este es un avance significativo frente a la actitud y declaraciones de los últimos días. Respondemos a este hecho avanzando con unas explicaciones y claridades para que la opinión pública comprenda lo que estamos proponiendo. En estas líneas hacemos una lectura exclusivamente desde los pueblos indígenas, para ilustrar el análisis de la temática, entendiendo que aplican con especificidades a otros asuntos, pueblos, sectores y procesos.

1. Es claro que nuestra lucha, en el aspecto reivindicativo, incluye el tema de tierras que es trascendental para los pueblos indígenas. Pero lo reiteramos para que quede claro, no exigimos que se cumplan convenios y se resuelvan necesidades y derechos solamente en el tema tierras; el tema tierras no es un problema exclusivo de los pueblos indígenas ni se trata de una exigencia solamente para el Cauca. Sobre este tema seguiremos profundizando nuestras propuestas desde la abundante experiencia, evidencia y documentación que existe de modo que superemos los planteamientos superficiales que viene haciendo el Gobierno desde el propio Presidente. En esencia se trata de que el Gobierno cumpla con compromisos adquiridos que debe conocer la opinión pública. Dado que ya existen acuerdos y convenios, no buscamos negociar nada nuevo por el momento, sino que se de cumplimiento a lo convenido.

2. Frente al tema de los Tratados de Libre Comercio. En primer lugar reiteramos con toda claridad que sí es un tema trascendental de nuestra agenda de movilización y que debe ser abordado. Le recordamos al Gobierno Nacional que el TLC con los Estados Unidos ya cumplió su trámite en Colombia y ha sido aprobado por el Congreso de Colombia. Aunque tenemos reparos serios frente a todo el proceso de negociación, al carácter inconsulto del mismo y al trámite de aprobación, en este momento el TLC está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Reconociendo esta realidad, proponemos mecanismos de interlocución frente al Congreso de los Estados Unidos. No tiene ninguna utilidad debatir el tema con el Gobierno de Colombia. Los motivos para rechazar este tratado y otros similares han sido planteados ampliamente y los reiteramos. Recordamos además que realizamos consultas populares transparentes, internacionalmente verificadas y democráticas en las que el 98% de los votantes dieron un rotundo NO al TLC.

3. El tema que hemos denominado “Legislación de Despojo” es ejemplificado por el Estatuto Rural o Ley 1152 de 2007. Tomamos como precedente la Sentencia C-030 de 2008 de la Honorable Corte Constitucional que declaró inexequible la Ley Forestal1 . En ese sentido exigimos que el Estatuto Rural, el código de Minas, los Planes de Aguas y todas las leyes que han debido ser sometidas a consulta previa según lo ordena el Acuerdo 169 de la OIT, Ley 21 de 19912 . Frente a esta demanda, exigimos que se deroguen de inmediato estas leyes (empezando por el Estatuto Rural) y se sometan proyectos de Ley al Congreso, que las sustituyan y que contemplen claramente los resultados y contenidos de un proceso apropiado y democrático de consulta previa.

4. En cuanto al tema de “Seguridad Democrática”, terror y guerra, repudiamos el repetitivo asesinato de indígenas, en promedio más de 100 por año durante los 6 años de presidencia del doctor Álvaro Uribe Vélez, 17 crímenes de los cuales han sido cometidos entre el 17 de septiembre de 2008 y el día de hoy, ocho (de ellos por la fuerza pública, uno (1) por la guerrilla, cuatro (4) por los paramilitares y dos (2) por autores aun no conocidos. La ONIC ha estado elaborando reportes sobre violaciones de derechos humanos de manera seria y sistemática, sin que se haya logrado un compromiso serio y eficaz por parte del Gobierno Nacional para que se detenga la guerra sucia y el terror contra los indígenas, se investiguen los hechos y no queden en la más absoluta impunidad y se establezcan garantías para la vida y seguridad de personas y colectivos en coordinación con los pueblos y autoridades indígenas. El record del Gobierno Nacional frente a los pueblos indígenas es vergonzoso. El diagnóstico y las recomendaciones hechas por el Relator Especial para los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, sigue siendo válido. Hay evidencia de un franco deterioro que apunta hacia el etnocidio y genocidio e inclusive la extinción de varios pueblos. A esto se suma el tratamiento criminal y de guerra que se le dio a la presente movilización, lo que amerita una investigación y documentación que conduzca a procesos de verdad, justicia y reparación integral a la vez que a la protección real de los pueblos indígenas en tanto pueblos y culturas y sujetos de derechos. En este momento, como consecuencia de los señalamientos fabricados y falsos que nos ha hecho el Gobierno y la fuerza pública como terroristas y manipulados por las FARC, nos ha involucrado directamente en el conflicto armado y en razón de esto, ha provocado un riesgo inminente de ataques contra la integridad, bienestar y seguridad individual y colectiva de todos los que hemos tomado parte en la Minga de los Pueblos.

Responsabilizamos al Gobierno Nacional de haber creado esta situación de riesgo y de inminente amenaza contra nuestros pueblos. El propio Estado que debe protegernos, nos amenaza. En consecuencia, se hace necesaria la intervención y presencia inmediata de una comisión internacional que pueda asumir funciones concretas para que se de respuesta real a esta gravísima situación. Comisión para la que solicitamos la presencia y coordinación de James Anaya, Relator Especial para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

Durante la presente movilización, al igual que durante todo su mandato, el Presidente Uribe y su Gobierno, han asumido una actitud particularmente preocupante frente a los pueblos indígenas, insistiendo en negarnos los derechos específicos que debe reconocernos y garantizarnos por mandato constitucional y legal. Insiste en presentar estos derechos como privilegios inmerecidos o abusos, en el propósito de generar resentimiento y promover conflicto con otros sectores sociales. Llamamos la atención sobre esta actitud y políticas peligrosas y amenazantes, que van generando discriminación y promoviendo prejuicios.

El Presidente y el Ministro de Agricultura manipulan cifras e interpretan diversos hechos de manera distorsionada para que otros sectores y la ciudadanía en general perciban que recibimos privilegios inmerecidos o que, peor aún, somos culpables de sus problemas y dificultades. Esto es falso y no tiene sustento en la realidad. La pobreza y la injusticia social nos afectan y son responsabilidad de las políticas de Estado de las que somos víctimas.

Afirmamos nuestro compromiso con el bienestar de todos los pueblos, con la equidad y la justicia social y lo hacemos como pueblos ancestrales y originarios. En consecuencia, exigimos que el Gobierno cese en su empeño de confundir la garantía de derechos colectivos, justicia social y equidad, obligaciones permanentes postergadas y negadas desde el Estado, con el derecho a la diferencia y el respeto por la diversidad.

Como pueblos indígenas, exigimos que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sea ratificada por el Estado Colombiano como Ley de la República. De la misma manera, respaldamos los derechos específicos de los demás pueblos y sectores sociales, siempre dentro un marco de justicia social y equidad. Lo que es aberrante y debe desaparecer es la concentración de tierras y riquezas y la legislación que garantiza beneficios y privilegios a gamonales, terratenientes, estratos altos y transnacionales a costa de la pobreza y explotación de la mayoría.

Una vez que nuestra agenda sea reconocida, comienza un proceso ya postergado de manera excesiva e innecesaria para abordarla y resolverla de manera integral y seria. Ello impone transformaciones profundas, no solo frente a los pueblos indígenas, sino para todos los sectores y todo el país. Se requiere asumir esta realidad de la manera más seria y madura posible. Seguir postergando estas transformaciones es irresponsable y está sumiendo al país en una sin salida que hasta ahora beneficia algunos intereses particulares, pero que resulta insostenible en el corto plazo, aún para quienes han acumulado beneficios. Transformar la institucionalidad Colombiana para beneficio de toda la sociedad, es necesario, posible e inevitable.

El manejo irresponsable que le da el Gobierno y los medios comerciales de comunicación a estos temas, requiere de la movilización consciente de amplios sectores y de la consolidación y desarrollo práctico de una agenda nacional en Minga para avanzar hacia el país posible y necesario. Esta Minga se propone establecer un camino sólido desde los pueblos para construir y poner en marcha una agenda de unidad, desde la diversidad y el respeto, a partir de sentir y compartir el dolor para que se haga camino de vida y libertad.

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACINACIN – Cxab Wala KiweSantander de Quilichao, Octubre 20 de 2008.

1. Dice la sentencia literalmente_AA_CoLoN_ “Para que se hubiese cumplido con el requisito de la consulta habría sido necesario, poner en conocimiento de las comunidades, por intermedio de instancias suficientemente representativas, el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo. Ese proceso no se cumplió, razón por la cual la Corte concluye que, dado que la ley versa sobre una materia que se relaciona profundamente con la cosmovisión de esas comunidades y su relación con la tierra, y que, por acción o por omisión, es susceptible de afectarlas de manera directa y específica, no hay alternativa distinta a la de declarar la inexequibilidad de la ley.

2. Por todo lo anterior, la Corte declarará la inexequibilidad de la Ley 1021 de 2006 “Por la cual se expide la Ley General Forestal”.


Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN Telefax: 0928 - 290958 - 293999 Email: acincauca@yahoo.es Web: http://www.nasaacin.org/Santander de Quilichao Cauca -Colombia

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SOLIDARIDAD DE BOGOTANOS ANTE ARREMETIDA CONTRA INDÍGENAS Y CORTEROS PIDE CONCEJAL JAIME CAYCEDO

BOLETÍN DE PRENSA

SOLIDARIDAD DE BOGOTANOS ANTE ARREMETIDA CONTRA INDÍGENAS y CORTEROS PIDE CONCEJAL JAIME CAYCEDO

*Conmoción interior se convirtió en instrumento de aniquilamiento de la protesta social

*Solidaridad material, económica y política requieren corteros de caña e indígenas

Al criticar duramente la convocatoria de la conmoción interior hecha por el gobierno nacional y exigir su inmediato desmonte, el dirigente del polo Democrático Alternativo y concejal de Bogotá Jaime Caycedo Turriago, solicitó a los bogotanos expresar con urgencia su solidaridad frente a la tragedia que viven los indígenas en los departamentos de Cauca, Risaralda y Caldas, y los corteros de caña en el Valle del Cauca.

Caycedo, quien visitó el pasado fin de semana a los trabajadores de los ingenios azucareros en huelga y ha seguido de cerca la situación en el Cauca, dijo que la situación social y económica de estas familias es muy grave. “Es inaudito que el gobierno nacional arremeta con toda su fuerza contra la protesta social y esgrima como argumento la inexistente infiltración de la guerrilla, cuando en realidad lo que ocurre es que estas familias se encuentran en las más dramáticas condiciones de alimentación, vivienda e ingresos y lo único que reclaman es un tratamiento justo en función del esfuerzo que realizan para producirle riqueza a los empresarios y al país”.

“Debe levantarse de inmediato el estado de conmoción. Nada lo justifica. Nada justifica la violenta represión en curso”, dijo Caycedo.

Respecto de las justas reclamaciones de los indígenas, 400.000 de los cuales no tienen tierras actualmente a pesar de las leyes y acuerdos suscritos por distintos gobiernos, incluido del de Uribe Vélez, Caycedo señaló que su situación también es crítica. “Los medios masivos han reflejado la condición de desnutrición de muchas de las comunidades indígenas del país. En lo corrido del gobierno de Uribe Vélez, van 1.247 indígenas asesinados en circunstancias no aclaradas. Resulta increíble que, 520 años después de la llegada de los españoles a América, se continúe aniquilando a los indígenas mediante distintos mecanismos y que sus reclamos por las tierras que históricamente les pertenecen sean burlados año tras año y a cambio reciban la represión violenta del Estado”, señaló Caycedo Turriago.

Ante la grave situación, Caycedo llamó a la solidaridad de los bogotanos y de todos los colombianos y colombianas expresada mediante apoyo material, económico y político a favor de estas causas populares y exijan al presidente Uribe Vélez cumplir sus compromisos y cesar la represión de la protesta social. “Este tiene que convertirse en un compromiso colectivo en defensa de los legítimos derechos de ciudadanos y ciudadanas, que como los corteros y los indígenas, están en una situación social lamentable producto de la insensibilidad y voracidad del gran capital y de la política oficial que incumple sistemáticamente sus obligaciones legales y constitucionales”, declaró el dirigente del Polo Democrático.

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El país real está provocando la crisis de la política uribista

SOLUCIONES REALES EN LUGAR DE CONMOCIÓN INTERNA

El PCC exige el levantamiento inmediato del estado de conmoción decretado por el gobierno.

Bajo el consejo del gran capital financiero, Uribe pretende dar respuesta autoritaria a los conflictos huelguísticos de la rama judicial y los trabajadores azucareros que han expresado reivindicaciones justas y legítimas, en contravía de la política neoliberal del Estado.

Peor aún. El gobierno descarga la represión contra las movilizaciones de los pueblos indígenas, en el Cauca, Risaralda y otros departamentos. Confirma su reiterada actitud de incumplimiento de los acuerdos pactados en anteriores movilizaciones.

No basta el levantamiento del estado de conmoción. Se hace necesaria una real voluntad de encontrar soluciones a los problemas generados por el fracaso del intento de violentar la división de poderes en la república, con la pugna del poder ejecutivo contra la rama judicial; la evidente crisis de la política laboral, especialmente la llamada “flexibilización” uribista; y los efectos iniciales de la crisis capitalista global, que encuentra mal parqueado al país, en dependencia arrodillada frente a la economía estadounidense y la decadente administración Bush.

El país real está provocando la crisis de la política uribista, en el momento en que esta se prepara para imponer la reelección, el continuismo, el más de lo mismo. La movilización popular puede romper esta aparente cadena fatal.

El PCC llama a la mayor unidad y a la mayor solidaridad política, social, material y económica con los movimientos en lucha. Esta solidaridad es urgente con los pueblos indígenas y los corteros de caña. Convoca a todas las fuerzas democráticas, a manifestar cohesión y voluntad de actuar por un cambio político avanzado, que nos acerque a la paz democrática, a los acuerdos humanitarios y a la justicia social.

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
Integrante del Polo Democrático Alternativo


Bogotá, Octubre 15 de 2008

Jaime Caicedo

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SARMIENTO ANGULO NO TIENE AUTORIDAD MORAL PARA LLAMAR A LA REPRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES

BOLETÍN DE PRENSA

SARMIENTO ANGULO NO TIENE AUTORIDAD MORAL PARA LLAMAR A LA REPRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES

*Las huelgas son consecuencia directa de la política neoliberal aplicada sin compasión y sin medida

*Colombia, entre la crisis de la opulencia y la crisis de la explotación laboral

La solicitud de convocatoria al estado de conmoción interior como medida para reprimir y controlar las manifestaciones de protesta de los trabajadores hecha por el propietario mayoritario del sector financiero colombiano, Luis Carlos Sarmiento Angulo, fue calificada como inmoral por el concejal de Bogotá y dirigente del Polo Democrático Alternativo, Jaime Caycedo Turriago.

"No hay derecho a que un financista que obtiene al año más de un billón de pesos de utilidades producto del escandaloso negocio financiero, que además se aprovecha de uno de los más altos márgenes de intermediación del mundo en detrimento de los ingresos de los clientes del sistema bancario, salga ahora a pedir que el Estado haga uso de su más dura batería de facultades represivas para perseguir y acallar las justas demandas laborales de los trabajadores del sector judicial y de los corteros de caña", dijo el dirigente de izquierda.

"Ambas protestas son totalmente legítimas y obedecen a los desequilibrios propios de una sociedad donde prima la aplicación descarnada de la política neoliberal que beneficia prácticamente sin medida a los más ricos, cuyos apetitos por utilidades multimillonarias no parecen tener límite en contraste con el desempleo, la pobreza y la malnutrición generalizadas que afectan al grueso de la población", afirmó Caycedo Turriago.

Llamó la atención respecto de la situación de los corteros de caña quienes, según calificó, se encuentran en condiciones laborales cuasi esclavistas propias del siglo XVII "sin contrato de trabajo, sin prestaciones sociales, prácticamente sin seguridad social y percibiendo ingresos miserables a cambio de jornadas de trabajo de 12 y 14 horas diarias en las más crudas condiciones ambientales". Respecto de las demandas de los trabajadores judiciales afirmó que son perfectamente justas, pues se trata de una nivelación salarial ofrecida, aprobada y birlada desde hace más de una década.

Arremetió contra Sarmiento Angulo al rebatir el planteamiento hecho por éste último en el sentido de culpar a los trabajadores judiciales por la inoperancia del sistema de justicia en Colombia. "No faltaba más que los trabajadores resulten ahora responsables por las fallas de un sistema judicial que ha sido decidido a su amaño por el Congreso de la República, dominado por las fuerzas más retardatarias del país. Los trabajadores judiciales aplican la Ley que existe, en los plazos que ella establece y con los resultados que ese sistema pegado con babas puede entregar", indicó el dirigente Jaime Caycedo.

Finalmente, llamó a todos los colombianos y colombianas a cerrar filas en apoyo de los trabajadores en huelga, bajo el entendimiento de que sus reclamaciones no sólo son justas, sino que ponen en evidencia el enorme desequilibrio social existente en Colombia y que afecta a por lo menos 7 de cada 10 ciudadanos.

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Alcalde de Bogotá urge al Ejército claridad sobre los desaparecidos de Soacha

Por Caracol Radio

El alcalde mayor de la ciudad, Samuel Moreno Rojas, en el marco del debate sobre seguridad cumplido en la Comisión Primera del Senado, sostuvo que las Fuerzas Militares tienen la obligación de hacer claridad sobre los once jóvenes que desaparecieron en el municipio de Soacha y que después fueron encontrados en fosas comunes en Norte de Santander.

Moreno Rojas dijo que no se entiende como los jóvenes desaparecieron y con solo 48 horas de diferencia aparecieron en la morgue de Ocaña, Norte de Santander.

"Eso no puede ser general", sostuvo el alcalde al referirse al comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, quien se encontraba en el recinto.

Reclamó un compromiso serio por parte de todos los organismos de inteligencia y anotó que de todo lo que se ha dicho se necesita una importante respuesta por parte de la fuerza pública.

El Alcalde se defiende

Así mismo se defendió de los cuestionamientos que hicieron sobre las cifras de inseguridad los senadores Héctor Heli Rojas, del partido liberal, y Gina Parody, del Partido de la U.

Dijo que no es cierto que en Ciudad Bolívar se presenten cuatro muertes diarias de jóvenes y que entre enero y septiembre se registraron 134 homicidios, 57 de ellos entre los 14 y 26 años, es decir hay una muerte violenta pero cada dos días.

"Ni siquiera en Bogotá hay cuatro muertes diarias. Son 50 y no 20 las familias desplazadas que llegan a la capital del país diariamente" sostuvo.

Expresó que entre el 2007 y el 2008 se redujeron los homicidios en un 22 por ciento y que en Bogotá se registran 18 homicidios por cada cien mil habitantes en comparación con los de otras capitales.

Explicó que en Cali se presentan 70 homicidios por cada cien mil habitantes, en Medellín 35 y Barranquilla 32.

En comparación con Caracas se presentan 133 muertes por cien mil habitantes, en Guatemala, 103 y en Sao Paulo 55.

La ilustración es de Notimundo.

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ONU pide mecanismos para denunciar las detenciones ilegales

Por: Agencia EFE/ El Espectador

Los principales expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron a los Estados que garanticen a los presos un trato de respeto y dignidad, y que se garanticen los mecanismos para denunciar las detenciones ilegales.

Trece expertos en derechos humanos de Naciones Unidas publicaron en Ginebra una declaración, con motivo de la Semana de la Dignidad y Justicia para los Detenidos, en el que denuncian nuevos métodos de tortura y maltrato.

Los expertos basan sus conclusiones en una serie de visitas realizadas a centros de detención en varios países del mundo, que no citaron.

Según la declaración, hay centros de detención en los que no existen registros apropiados de los prisioneros o "peor que eso, el hecho de estar detenidos en lugares que no son reconocidos oficialmente".

Otros, agrega, son víctimas de detenciones arbitrarias, además de aquellos que están en aislamiento por disposiciones ajenas al sistema de Justicia penal, como los inmigrantes irregulares.

Los trece relatores de la ONU denuncian en su declaración haber sido testigos de distintas formas de maltrato en sus visitas a prisiones en diferentes partes del mundo.
Entre las formas de torturas y maltrato, el comunicado se refiere a las palizas, electrochoques en varias partes del cuerpo, posiciones estresantes, la colocación de agujas por debajo de las uñas, simulación de ahogo y violencia sexual.

Otro hecho, según pudieron comprobar, es que los pobres "sufren de manera desproporcionada de hacinamiento y su acceso a los alimentos y atención médica se reduce frecuentemente al mínimo".

En tanto, afirman que las mujeres corren un riesgo mayor de ser víctimas de abusos sexuales o prácticas que pueden equipararse a la esclavitud dentro de los establecimientos donde están detenidas.
"En vista de que la violación de los derechos de los detenidos tiene lugar detrás de los muros y, en muchos casos, no existen canales eficientes para denunciarlos, la injusticia generalmente queda impune", lamentaron.

Trece relatores de la ONU cuyos mandatos están de una u otra manera vinculados a la situación de los detenidos firmaron la declaración.

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Colombia se moviliza para exigir justicia sobre desapariciones

El legislador local Jaime Caicedo consideró en un mensaje al fiscal general, Mario Iguarán, que "sería gravísimo" la reaparición de esta práctica (limpieza social) y la pretendida justificación en "antecedentes judiciales de las víctimas".

TeleSUR _

La comunidad de Soacha, localidad del sur de Bogotá, se unió para exigir a las autoridades colombianas, resultados en las investigaciones sobre la desaparición y muerte de jóvenes.

Durante la movilización se denunció que en cinco años han desaparecido por lo menos 300 personas en circunstancias extrañas. La comunidad exigió respeto por la vida de sus niños y de sus jóvenes.

El escenario de estas manifestaciones fue el parque principal de Soacha, donde desaparecieron 23 muchachos este año. Sus cadáveres fueron hallados en una fosa común en Ocaña, a 800 kilómetros de distancia.

"Esto se ha vuelto en una constante. Son 23, pero en cinco años son más de 300 jóvenes que han desaparecido. Dicen que es la limpieza social, un término que rechazamos. "Estamos muy tristes", manifestó Nicolás López, miembro de la Mesa Autónoma de Jóvenes Soacha.

El legislador local Jaime Caicedo consideró en un mensaje al fiscal general, Mario Iguarán, que "sería gravísimo" la reaparición de esta práctica (limpieza social) y la pretendida justificación en "antecedentes judiciales de las víctimas".

"Nada puede justificar los crímenes de lesa humanidad", agregó el concejal del Polo Democrático Alternativo (PDA), para quien el problema puede ser peor si se confirma la vinculación de funcionarios del Estado con estos hechos.

Extrañas muertes, que según la Fiscalía y la Vicepresidencia de la República son investigadas, sin resultados hasta el momento.

Caicedo no encuentra una explicación lógica en el hecho de que personas que se alejan de su domicilio por razones económicas, legítimas o no, se conviertan en pocas horas en combatientes que, inexorablemente y sin excepciones, mueren en combate.

En este contexto, recordó que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo ante estos hechos que ha escuchado que en ciertos sectores de la Fuerza Pública se exigen cadáveres como muestra de los resultados de sus operaciones.

"La pena de muerte no existe en Colombia", enfatizó el concejal, quien apuntó que es urgente "poner fin a esta terrible amenaza a la seguridad ciudadana".

Caicedo también exigió a la Fiscalía General que ofrezca cuanto antes un informe sobre las investigaciones de mil quince casos de desaparición forzada de ciudadanos que están registrados en la entidad y con los cuales están implicados 685 militares.

Aunque los interrogantes continúan, las hipótesis son las mismas, el reclutamiento o ejecuciones extrajudiciales.

Por su parte, la secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara Rojas, indicó que no van a permitir que siga sucediendo esto con los jóvenes, pero "no entendemos cómo es que se los llevan para reclutarlos y en 24 horas los entrenan, combaten y mueren".

A algunas madres ya les entregaron los restos de sus hijos. Otras, aún los esperan.

Frente a esta situación, María, madre de un desaparecido, se revela en espera, con profundo temor y dolor, los resultados de pruebas científicas para saber si un cadáver, también hallado en una fosa común en Ocaña es Jaime Estiben, su pequeño de 17 años.

"Es lo que estamos esperando, no sé, espero que lleguen las huellas digitales", manifestó María.

Entre tanto, las autoridades del municipio de Soacha anunciaron medidas de seguridad para proteger a los menores de edad, como el toque de queda en algunos barrios a partir de las 9 de la noche.

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