Nos quieren meter gato por liebre con el cuento del socio estratégico de ETB

· Proceso de privatización de ETB es casi idéntico al de la Empresa de Energía, en el cual la ciudad no sólo perdió cuantiosos recursos, sino el control de la empresa.

· Debe derogarse la llamada “declaración del socio mayoritario” para que la ciudad retome el control real de la empresa.

“La ETB y el alcalde Samuel Moreno quieren embarcar a la ciudad en un proceso similar al que ya vivimos con la supuesta capitalización de la Empresa de Energía, EEB, el cual terminó en sucesivas descapitalizaciones posteriores que no sólo borraron de un plumazo la promesa de inversiones en esa empresa, sino que llevó a los capitalistas internacionales a controlar la compañía y a recuperar en menos de cuatro años la totalidad de lo que aportaron a la capitalización, a más de multimillonarias utilidades. Eso es meter gato por liebre”, denunció hoy el concejal por el Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo.

De acuerdo con Caicedo y basado en análisis del especialista Diego Otero, en aquella oportunidad los estudios sobredimensionaron la necesidad de las inversiones para mostrar un panorama pesimista, puesto que uno de los argumentos decisivos era que si no se traía capital privado a la EEB, no se podría realizar el programa de inversiones. “Es lo mismo que se argumenta hoy con la ETB. Nos quieren meter los dedos a la boca otra vez”, dijo Caicedo.

“Lo increíble de todo esto, continuó Jaime Caicedo, es que las tarifas de energía que pagan los bogotanos y bogotanas les sirven a los españoles y chilenos para expandir sus propios negocios en el exterior, no para reinvertir en mejores servicios y en tarifas más bajas para los ciudadanos”, indicó.

La capitalización de ETB es ilegal

Caicedo denunció también que la ETB y la administración distrital, en su afán de entregar la empresa al gran capital internacional, están usando argumentos mentirosos que conllevan la ilegalidad del proceso. “La gerencia de la ETB dice que la autorización para capitalizar a través de un socio estratégico está contenida en el Acuerdo 7 de 1998. Falso. Dicho Acuerdo autorizó pro tempore al alcalde de ese entonces para la venta de unas acciones de ETB, estableciendo que los recursos de esa venta ingresarían al presupuesto del Distrito”.

Agregó que “con la capitalización que se pretende ahora, se emiten acciones nuevas que adquiere el socio estratégico y los recursos de esta capitalización ingresan a la caja de la ETB. El Distrito no va recibir un solo peso. Si la ETB considera que ya existe la autorización en el Acuerdo 7 de 1998, ¿por qué no aplica el artículo 7 de esa norma que dice que “los recursos de la venta de las acciones del Distrito Capital en la ETB serán incorporados al presupuesto distrital?”.

En ello coincidió enteramente con el ex alcalde Jaime Castro quien postula que la administración distrital no tiene facultad para adelantar el proceso de vinculación de un socio estratégico al invocar el Acuerdo 7 de 1998 que fue expedido para otros efectos y solamente para una operación financiera que ya se cumplió.

El concejal del Polo Democrático Alternativo demandó del Alcalde Mayor, como representante de las acciones mayoritarias que tiene el Distrito en la ETB, derogue de manera inmediata la llamada “Declaración del accionista mayoritario”, promulgada en contra de los intereses de la ciudad por el entonces alcalde mayor, Antanas Mockus, la cual permite que a pesar de que la ciudad posee la mayoría accionaria, ceda el control de la empresa a los accionistas minoritarios, contraviniendo todo razonamiento ético, administrativo y de gobierno corporativo.

Caicedo señaló que son muchísimos más los argumentos que sirven a la ciudadanía y al Concejo para oponerse a esta entrega descarada de la ETB “pues se trata de ceder el control de un sector absolutamente estratégico que significa la pérdida de un valiosísimo patrimonio público que con un manejo empresarial eficiente y visionario puede llevar a que la ciudad cuente con un recurso indispensable para transformar, modernizar y tecnologizar la vida de la capital. Son varios los proyectos incluidos en el propio plan de desarrollo distrital que la ETB puede desarrollar en los campos de la movilidad, la educación, la medicina, las telecomunicaciones y otros que sería largo enumerar, con lo cual la empresa adquiriría voluminosos recursos que no sólo la fortalecerían económicamente, sino que asegurarían el veloz desarrollo de las comunidades en Bogotá”.

El cabildante preguntó finalmente: “¿Quién dijo que a Bogotá le interesa el “negocio” de las telecomunicaciones? Eso le interesa al gran capital, por lo cual quiere apropiarse de la ETB a cualquier costo. A los bogotanos y bogotanas lo que nos interesa es tener una empresa pública bien administrada que nos preste los múltiples servicios que está en capacidad de ofrecer a costos menores que los que ofrecen las multinacionales de las telecomunicaciones. Es ahí donde radica el quid del asunto”, declaró Jaime Caicedo.

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“En Colombia existe un abismo entre el discurso de derechos humanos y la realidad”

El Gobierno belga rechaza el “Acuerdo de Inversiones” con Colombia

Diario Colombia

La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Bélgica, en una audiencia sobre Colombia a la que fueron invitados entre otros, OIDHACO, los sindicatos belgas ACV-CSC y FGTB-ABVV, Amnistía Internacional, escuchó el 22 de marzo las denuncias de violaciones de derechos humanos, especialmente el asesinato de sindicalistas e indígenas, el desplazamiento forzado y las ejecuciones extrajudiciales, así como el espionaje por parte del DAS a ONGs belgas.

“Como vice-Presidente durante nueve años del comité de expertos sobre la aplicación de normas y recomendaciones de la OIT, sólo puedo comparar el caso de Colombia con Myanmar y Bielorrusia, en términos de seguimiento y conclusiones por parte de la OIT”. Esta afirmación de Luc Cortebeek, presidente de la central sindical cristiana belga, ACV-CSC, causó verdadero impacto en los diputados belgas de la Comisión de Asuntos Exteriores. Se sabe que tanto Myanmar como Bielorrusia son reconocidos en el ámbito internacional por sus elevadísimos índices de violaciones de los derechos humanos. Al respecto, la diputada Juliette Boulet expresó su gran preocupación: “Estoy profundamente impresionada al saber que la situación de Colombia para la OIT es comparable con Myanmar”. Boulet dejó claro que ante los hechos de violaciones en Colombia y la evidencia de las cifras, el gobierno de allí responde con un discurso de impotencia. “Parece muy satisfecho con los avances de la justicia, pero hemos escuchado en esta cámara que el 95% de crímenes contra sindicalistas están en la impunidad”.

Esta audiencia se realiza al mismo tiempo que el Parlamento de Flandes-Bélgica, rechaza que Bélgica firme un “Acuerdo de Inversiones” con Colombia por las violaciones a los derechos humanos y laborales. El Partido Socialista belga (PS), partido que participa en el gobierno belga y en los gobiernos regionales de Bruselas y de Wallonía, rechaza igualmente el acuerdo y anuncia además que se opondrá a la firma del TLC entre la UE y Colombia, según comunicado hecho público el 16 de marzo de 2009.

En el debate en la Cámara belga también se descubrió que el DAS (organismo de inteligencia colombiano que depende directamente de la presidencia) ha realizado espionaje a ONGs belgas y a sus miembros, dentro del seguimiento ilegal que ha emprendido contra sindicalistas, periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, opositores políticos y ONGs de derechos humanos . La cámara tomó atenta nota sobre este tema.

Por su parte, Emmanuel Raison de Oidhaco -Oficina Internacional de Derechos Humanos- Acción Colombia- con sede en Bruselas, expuso la preocupación que existe en su organización, “por la gravedad de la situación en Colombia, donde se ve claramente que existe un abismo entre el discurso del gobierno en el exterior y la realidad de los derechos humanos al interior de su país”.

Amnistía Internacional-Sección Flandes, a través de Sus Van Olmen, dio a conocer algunas cifras sobre esta situación de deterioro, en las que destacó: “1.400 indígenas asesinados desde 2002, 2.077 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército colombiano y, tan solo en 2009, 286.000 nuevos desplazados”. Eddy Van Lancker, secretario federal del sindicato FGTB-ABVV, denunció el asesinato de sindicalistas y recordó a la cámara belga que Colombia es de lejos, el país donde más se asesinan sindicalistas de todo el mundo. “Pero estos asesinatos son apenas la punta del iceberg porque debajo está la persecución, las amenazas, y las violaciones de los derechos laborales”. “No podemos pasar por alto”, subrayó, “que únicamente el 1,2% de los trabajadores colombianos están cubiertos por convenciones colectivas”.

Raison, portavoz de Oidhaco, plataforma que agrupa a más de 30 organizaciones de 10 países de la UE, se mostró satisfecho con la decisión del Parlamento de Flandes-Bélgica, y con la declaración del Partido Socialista belga rechazando el “Acuerdo de Inversiones” entre los Gobiernos de Bélgica y Luxemburgo con Colombia: “Este paso a favor de los derechos humanos en Colombia, debería ser imitado por la UE y por cada uno de los 27 países que la integran”. Recordamos también que los 12 eurodiputados irlandeses han rechazado la firma del TLC en una carta a Ashton de octubre de 2009. “El gobierno flamenco”, añadió Raison, “se ha negado a ratificar el acuerdo entre Bélgica y Colombia, porque, entre otras cosas, en junio de 2009, los gobiernos resultantes de las elecciones de 2009 en Bélgica, se comprometieron a garantizar el respeto a las normas laborales y a los derechos humanos en todo el mundo; y como es evidente en el caso colombiano, el Estado está lejos de generar un mínimo de confianza en el respeto a los derechos sindicales y humanos”.

Oidhaco solicitó a los diputados que “Bélgica ayude a que la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz en Colombia, sean prioritarios para la Unión Europea, por encima de los intereses comerciales”. Esto último, por la inminente rúbrica del TLC entre la UE y Colombia que se firmaría, explicó, “sin tener en cuenta que pasa por encima de los intereses y los derechos de los trabajadores colombianos”.

*La Oficina Internacional de Derechos Humanos -Acción Colombia (OIDHACO) agrupa a más de 30 organizaciones de derechos humanos de diez países europeos.

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SITP: Grandes apetitos económicos en contra de los intereses de la ciudad

Boletín de prensa

* No podemos repetir la historia de Transmilenio: la ciudad aportó todo el capital para la infraestructura y los privados se quedaron con las ganancias. Es inadmisible e inmoral.

“La ciudad no puede permitir que organizaciones monopolísticas privadas terminen imponiendo sus reglas de juego sobre el sistema de transporte público, en contra de los intereses de la capital y de la solución de los verdaderos problemas de movilidad que afrontan los bogotanos y bogotanas”, dijo el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo en el transcurso del debate de control político al proyectado Sistema Integrado de Transporte.

Caicedo denunció que detrás de la Secretaría de Movilidad están los voraces apetitos de las mismas once familias que hoy controlan Transmilenio y que están haciendo todo lo posible para quedarse con el multimillonario negocio del sistema integrado de transporte, calculado en poco más de dos billones de pesos anuales, sin contemplar para nada la honda problemática social que gira en torno al transporte público.

Señaló que el camino escogido por la administración es equivocado. “El señor secretario de Movilidad ha enfocado el sistema como un puro problema de negocio. Me pregunto: ¿negocio para quién? Seguro que no será para la ciudad ni para sus habitantes. La verdadera preocupación de una administración pública, y más si es del Polo Democrático Alternativo, es velar por los intereses generales y por dar solución a la crítica situación de movilidad que afecta a los sectores más pobres. No puede ser que se imponga la lógica del capitalismo salvaje como única alternativa posible, cuando hay ejemplos en el mundo entero y en América Latina que hablan de experiencias exitosas donde prima la solución a las necesidades de la población y no el interés económico de unos pocos”, enfatizó.

El concejal Caicedo trajo a colación la experiencia de Transmilenio como antecedente de lo que terminará ocurriendo con el sistema integrado de transporte de seguir el rumbo que éste trae. “La ciudad financió la totalidad de la infraestructura que requería el sistema masivo para las distintas fases, inversión cuantiosísima que saló del bolsillo de los contribuyentes, para que finalmente sean once accionistas mayoritarios los que se queden con el 93% de las ganancias. Esto es inadmisible e inmoral. Lo peor es que el secretario de Movilidad nos lleva por ese mismo camino”, afirmó.

Cuestionó duramente la negativa de esa entidad a permitir la creación de tarifas diferenciales para discapacitados, estudiantes y personas de la tercera edad, “con el argumento mentiroso de que se nos va a quebrar el sistema. Lo único que apenas se va a rasguñar es la enorme utilidad de los operarios del sistema para beneficiar a miles de ciudadanos y ciudadanas que ven cómo cada día les alcanza menos su disminuido ingreso para pagar el cada vez más costoso transporte. Me pregunto nuevamente en nombre de quién habla el señor secretario de Movilidad: de la ciudad que lo nombró como representante de sus intereses, o de los ricos transportadores que están apoyándolo”.

“El otro aspecto oscuro del sistema tiene que ver con la condición de los trabajadores. De acuerdo con una respuesta del gerente de Transmilenio a un cuestionario que le envié, buena parte de los trabajadores del sistema masivo están vinculados de manera temporal, sin garantías laborales plenas, lo cual en mi criterio atenta contra la propia seguridad de los pasajeros por las ominosas condiciones de contratación que soportan. ¿Eso es lo que quiere el señor secretario de Movilidad para el nuevo sistema de Transporte?”.

Jaime Caicedo también denunció que el acuerdo con los pequeños transportadores como salida al paro que convocaron, “el cual considero apenas justo y que requiere de mayores avances”, se “cocinó” durante una reunión que semanas antes tuvieron el Alcalde Samuel Moreno y los grandes empresarios. “No entiendo cómo y por qué el señor alcalde mayor se sienta a la mesa con los pocos pero multimillonarios transportadores que se van a tomar el sistema integrado de transporte, pero no recibe ni dialoga con los pequeños transportadores que representan el 88% de los operadores del transporte urbano actual”.

Finalmente, insistió en que el Distrito Capital tiene pleno derecho a reclamar una tajada equitativa de las utilidades del sistema Transmilenio y del nuevo sistema integrado de transporte por cuenta de la enorme inversión que los contribuyentes están haciendo para facilitar el negocio de los transportadores privados. “La vocación del gobierno distrital tiene que ser la de defender los intereses de las mayorías, no de las pocas familias que se están embolsillando las fantásticas utilidades del transporte en Bogotá”, culminó.

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Reflexiones del secretario general del PCC.- Jaime Caycedo

A Uribe le preocupa la violación de la ley seca

En un clásico estilo uribista, el gobierno arrecia la presión sobre la Registraduría para imponer su sello a la crisis provocada por los resultados electorales del 14 de marzo.

El pretexto ha sido la lentitud en el flujo de los datos. Es el reflejo del carácter primitivo e ilógico del sistema electoral colombiano, controlado por la derecha, el narcoparamilitarismo y el clientelismo.

El método manual deja en clara evidencia el predominio absoluto del poder del dinero en todas las fases del proceso electoral:

 las inversiones monumentales fuera de control,
 la compra desvergonzada de votos
 la alteración de la voluntad de los ciudadanos con el cambio sistemático de los pliegos,
 las transmisiones telefónicas,
 la manipulación de los resultados.

Estos hechos han escandalizado a los observadores internacionales y al mundo civilizado.
Sin embargo, al presidente y su mininterior les preocupa la violación de la Ley Seca en la Registraduría. Tal hecho sería el responsable de la lentitud en la entrega de los datos. El Consejo Nacional Electoral debió sustituir a la empresa privada realmente causante de la “hecatombe”, por cierto recomendada por el propio gobierno.

Uribe quiere tornar su desgaste en hecatombe.

La palabra hecatombe había sido mencionada, meses atrás, por Uribe para señalar el pretexto para interrumpir la institucionalidad. Es curioso, cuando menos, que se insinúe la hecatombe en un ambiente político caldeado, asociada a las críticas insistentes al registrador nacional, el mismo funcionario que se negó a certificar a favor del frustrado referéndum reeleccionista. Pero, sobre todo, cuando el resultado de las elecciones no es tan favorable a Uribe como han salido a proclamarlo los medios de comunicación afectos al régimen.

Las complejas encrucijadas del continuismo.

Como fenómeno nuevo varios partidos uribistas y tránsfugas individuales se han “encapsulado” en el llamado Partido de la “U”. Es el efecto de la reforma política hecha en función del reagrupamiento de los validos del poder.

Por su parte el PIN, partido de “La Picota”, postula un uribismo atado a sus propios intereses, sobredeterminados por los procesos judiciales y el control de las palancas regionales del poder.

Cambio radical se ha distanciado de Uribe pero ha perdido perspectiva como posibilidad presidencial.

La crisis conservadora, muestra la cruda contraposición entre dos opciones del régimen: la una, instrumental, representada en uribito. La otra, la de Noemí Sanín, revisa y condiciona el continuismo desde las posiciones de la gran burguesía.

Las más recientes jugadas muestran la imposibilidad creciente de un “uribismo sin Uribe”. Uribe sueña un continuismo en donde siga siendo factor decisivo. Un gobierno detrás del trono. Santos representa demasiado poder oligárquico con respaldo de Washington. Uribito es “copia y calco” en cuerpo del partido conservador. Es lealtad proclamada.
¿Qué hacer?
Ante todo hay que liberarse de las ambigüedades y concesiones al régimen. El Polo debe fijar una postura alternativa. Debe diferenciarse en oposición al régimen. Pero, sobre todo, debe reenfocar su campaña presidencial y representar una opción alternativa de izquierda, por lo menos en 4 puntos básicos:

 La paz democrática interna sin bases extranjeras y coexistencia pacífica con los gobiernos vecinos
 Las libertades políticas plenas; depuración de las mafias, la corrupción, el narcoparamilitarismo en el Estado; verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición con todas las víctimas

 Modelo económico y social focalizado en la superación de la miseria, la desigualdad, el desempleo y el hambre; restablecimiento de la responsabilidad del Estado en la salud, la educación, la reforma agraria integral y la vivienda digna.
 Plenos derechos para los trabajadores con punto final a la tercerización laboral; contratación colectiva, estabilidad, seguridad social y pensional y salario digno.

Es correcta la idea de aproximar posiciones, sobre una plataforma programática básica como la arriba señalada para enfrentar la pretensión de Álvaro Uribe de seguir mandando. El diálogo tiene que iniciarse desde ahora, antes de la primera vuelta presidencial para examinar todas las posibilidades de un frente común.

De inmediato Polo, verdes, liberales y compromiso ciudadano pueden configurar un núcleo de diálogo abierto a todos los interlocutores dispuestos a aportar iniciativas para un cambio político por vía democrática. El curso de los hechos abrirá puertas a otros contactos. Los movimientos populares deben actuar en esta dinámica como impulsores de la plataforma unitaria.

No basta esperar los resultados de la primera vuelta presidencial. Es necesario prever en diálogo franco las opciones y las posibilidades. Hay que apoyarse en el nuevo ambiente político que surge del desgaste del régimen y del creciente descontento social. Es la hora de la unidad de acción política para enrutar la salida hacia la democracia, la paz, la soberanía y el bienestar del pueblo.

Jaime Caycedo
Secretario General del Partido Comunista Colombiano
Integrante del PDA.
Bogotá, marzo 18 de 2010

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Elecciones del 14 de marzo pasado.-Vuelve y juega la “parapolítica”

*Los partidos políticos que respaldan al presidente Uribe Vélez obtuvieron la mayoría en las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, son los mismos de la “parapolítica” y la corrupción. Llega el relevo de los 80 congresistas que están en la cárcel o procesados por nexos con paramilitares. El caso del PIN es sencillamente indignante. El PDA se mantiene como una fuerza política nacional, aunque pierde tres senadores

*Redacción Política

Si algo colapsó en las elecciones del domingo 14 de marzo en el país fue el sistema electoral y las condiciones en que se adelantan las campañas electorales. Al cierre de esta edición apenas se conoce el 95 por ciento del escrutinio nacional y en el caso de Bogotá, la capital del país, es más bajo aún. La consulta conservadora, que mantiene en ascuas al partido azul y en agrios enfrentamientos a sus dos principales protagonistas, Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, tendrá resultados definitivos el viernes 19 de marzo próximo.

Pero además, en la campaña primaron la corrupción, la compra de votos, la intimidación paramilitar y todo tipo de fraudes, protagonizados por los partidos del Establecimiento y del uribismo, expresión del sistema antidemocrático electoral, lo cual coloca por delante la necesidad de una verdadera reforma política que haga menos complicado el sistema electoral y que erradique los vicios y el fraude a la decisión democrática de los electores.

Los partidos políticos que respaldan al presidente Uribe Vélez obtuvieron la mayoría, que son los mismos de la “parapolítica” y la corrupción. El Partido de la U, Conservador y Cambio Radical, de los más votados, todos aunque con algunas diferencias y sesgos de la cuerda uribista, son de los que más aportaron a la “parapolítica” y a casos de degradación política en el Congreso. Pero el peor ejemplo es el del PIN, que eligió a los familiares de los ex congresistas presos en La Picota y a otros, inhabilitados por casos de corrupción.

Sin embargo, aunque la “gran prensa” da como ganador de las elecciones al presidente Uribe Vélez, hay que destacar, después de caída la reelección, que los partidos uribistas no están cohesionados y existen contradicciones entre ellos. Cambio Radical, por ejemplo, aunque defiende la “seguridad democrática”, está por fuera del oficialismo y en campaña propia. Lo mismo ocurriría en el Partido Conservador si gana Noemí Sanín la consulta interna. Por esta razón, la U ordenó a sus huestes votar por “Uribito” en la consulta.

No hay cambios

Así las cosas, vuelve y juega la “parapolítica” en el Congreso. No se advierten grandes cambios, conocida la composición, en particular del Senado. Según la Misión de Observación Electoral (MOE) son 35 los senadores que están siendo investigados o condenados por el expediente de la “parapolítica”.

Escrutado el 95 por ciento y con una votación de 13.203.762 personas de un potencial de 29.852.099 votantes, es decir, casi el 60 por ciento de abstención, los porcentajes de votación y las curules asignadas en el Senado de la República, son las siguientes: Partido de la U, 25.18 por ciento y 27 curules; Partido Conservador, 20.64 por ciento y 23 curules; Partido Liberal, 15.84 por ciento y 18 curules; PIN, 8.15 por ciento y 8 curules; Cambio Radical, 7.98 por ciento y 8 curules; Polo Democrático Alternativo, 7.62 y 8 curules; Partido Verde, 4.77 por ciento y 5 curules; Mira, 2.68 por ciento y dos curules. Los demás partidos no lograron el umbral aunque Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo está peleando la última curul.

Los votos nulos son 1.403.913 lo cual pone de relieve el engorroso sistema del tarjetón, cuyo diligenciamiento no es de fácil solución para todos los ciudadanos. Hay también 473.351 tarjetones no marcados y 475.291 votos en blanco. En el caso del Parlamento Andino, donde la votación fue menor, hubo 1.445.616 votos en blanco, mayor que la votación más alta que fue de la U con 1.277.162, por lo cual hay un debate en el Consejo Nacional Electoral y entre expertos sobre la validez o no de la elección. En caso de no ser válida tendría que repetirse.

La votación del PDA

La votación del Polo Democrático Alternativo, faltando el 5 por ciento de los datos, es de 848.905, similar a la de hace cuatro años, que corresponde al 7.62 por ciento. Elige ocho senadores, tres menos de los 11 que tenía, aunque en realidad fueron diez los elegidos en los comicios de 2006, pues el 11 llegó gracias a las demandas de nulidad de elecciones de congresistas proferidas por el Consejo de Estado en los últimos dos años.

En Bogotá, el PDA conserva una importante votación y mantiene los tres representantes a la Cámara (ver recuadro), a saber: Germán Navas Talero, Iván Cepeda y Alba Luz Pinilla. En Valle del Cauca el Polo tuvo buena votación, jalonada por dos senadores elegidos, Mauricio Ospina y Alex López y Wilson Arias, elegido representante a la Cámara. En otras regiones el PDA tuvo importante votación. El Polo tiene presencia aunque impacta la pérdida de curules en ambas cámaras.

Debido a que el senador Jaime Dussán, presidente del PDA, perdió la curul, presentó renuncia a su cargo como cabeza visible de la dirección nacional, más que por un supuesto colapso electoral del partido, como lo aseguran algunos medios de comunicación.

Renuncia de Dussán

“Los informes electorales del día de hoy significan que el partido sigue vivo, nuestras expectativas eran superiores incluyendo mis posibilidades de continuar en el Congreso. Los resultados los asumo con responsabilidad y en consecuencia presento mi renuncia irrevocable a la Presidencia del partido.

“Sugiero que se reúna el Comité Ejecutivo y la Junta Nacional para tomar las decisiones que consideren convenientes.
“El partido no está derrotado y la izquierda democrática sigue vigente.
“Felicito a la inteligencia y la juventud que dirigirá el partido en adelante y les deseo los mejores éxitos”.

El Polo Democrático Alternativo es una realidad nacional pese a la ausencia de garantías electorales, al ventajismo de los partidos de Gobierno y a la campaña sucia que se adelantó contra él y sus dirigentes desde las alturas del Gobierno.

Voz
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Denuncian maniobras para torcer la votaciones en Arauca

• 23 puestos de votación de zonas rurales fueron trasladados a zonas urbanas, con lo cual se impedirá votación de campesinos

• Piden intervención de la misión internacional de observación electoral.

El secretario general del Partido Comunista Colombiano y miembro de la dirección nacional del Polo Democrático Alternativo, Jaime Caicedo, denunció que en el Departamento de Arauca y en la propia capital de ese Departamento, se preparan maniobras sospechosas para evitar que la base votante por ese partido pueda hacer uso de su derecho constitucional el próximo domingo.
De acuerdo con las informaciones recibidas de la dirección regional del PDA en Arauca, a última hora se dio la orden de trasladar 23 mesas que estaban ubicadas en zonas rurales hacia cabeceras municipales, precisamente en muchas de las localidades donde el PDA tradicionalmente ha tenido alta votación, con lo cual se impedirá que la población campesina asista a votar, habida cuenta de las distancias y las dificultades topográficas y de comunicación existentes en esa región del país.

Según las mismas informaciones, sectores oficiales han recibido instrucciones de hacer todo lo posible porque el candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical sea el triunfador este domingo.

Caicedo Turriago cuestionó duramente la conveniente aparición de dos vehículos de gran tamaño cargados con explosivos, los cuales fueron supuestamente detectados por las autoridades. Caicedo señaló que “resulta altamente sospechoso que vehículos tipo camión ingresen al centro mismo de Arauca, cuando para ello deben atravesar siete retenes distintos; finalmente, el primero de los camiones fue estacionado en frente de la Decimoctava Brigada, en horas de la madrugada, aparentemente sin que autoridad alguna lo haya impedido, a pesar de la total militarización de esa ciudad. Esto nos parece muy sospechoso pues resulta la excusa perfecta para amedrentar aun más a la población araucana, frenar la salida a las votaciones y con ello permitir que candidatos de otros partidos puedan aprovechar en río revuelto”, indicó.

El dirigente del Polo dijo que se comunicó telefónicamente con el presidente de esa colectividad, Jaime Dussan, para ponerlo al tanto de la grave situación y solicitar no sólo su intervención, sino también la de la misión internacional de observación electoral a fin de que constate sobre el terreno la difícil situación que allí se vive.

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¿”Regalito” ? de $200 mil millones a nuevo socio estratégico de ETB?

* Presupuesto del Distrito dejaría de recibir $123 mil millones. Quien va a terminar capitalizando a la ETB es el Distrito y no el nuevo socio estratégico.

El concejal del Polo Democrático Alternativo (PDA), Jaime Caicedo Turriago, lanzó una grave señal de alarma ante la pretensión de la junta directiva de ETB de destinar a reservas la totalidad de las utilidades percibidas por la empresa el año pasado, con lo cual el nuevo socio estratégico se embolsillaría más de $200 mil millones sin siquiera mover un dedo, mientras que el presupuesto del Distrito Capital sufriría un recorte de $123 mil millones, así como la Universidad Distrital perdería otros $2.200 millones.

En carta al alcalde Mayor, Caicedo Turriago exigió su urgente y directa intervención en la Asamblea de Accionistas que se verificará a finales de este mes para evitar que se configure un asalto a las finanzas de la ciudad e incluso, detrimento patrimonial al tesoro público. “Hay que recordar que el Contralor General de la República acaba de ordenar investigación por el caso de la entrega de más de $70 mil millones de recursos en caja al nuevo dueño de la Electrificadora de Santander, hecho que el mismo contralor calificó como “regalito” ilegal. ¿El Alcalde Samuel Moreno también quiere entrar en la onda de esta clase de regalitos?”, preguntó el concejal del PDA.

Agregó Caicedo que con la decisión de la ETB, “quedaría desfinanciado el presupuesto del 2010 y la administración tendría que proceder a hacer recorte a los recursos de los proyectos de inversión social, afectando seriamente las metas del plan de desarrollo y la solución de problemas urgentes de las comunidades; o aumentar los impuestos y el endeudamiento. Surge la pregunta de si la Junta Directiva de ETB puede modificar el presupuesto del 2010, cancelando las transferencias por utilidades al Distrito, desconociendo la facultad que tiene el Concejo de Bogotá para hacer modificaciones al presupuesto de la ciudad”.

Continuó diciendo que “si la justificación de la Junta Directiva de la ETB para vincular un socio estratégico se fundó en que éste aportaría recursos frescos, ahora resulta que quien va a capitalizar la ETB privatizada con $123 mil millones va a ser el Distrito, lo que resulta un total contrasentido, constituyendo además una injusticia con los pequeños accionistas quienes legítimamente esperan la retribución de su inversión”.

A esta situación se suma el anuncio hecho en el sentido de acordar con la ETB el multibillonario negocio del recaudo por venta de pasajes, el control de la flota y la información al usuario para el nuevo Sistema Integrado de Transporte, el cual representa más de $2,7 billones de pesos al año. “La propuesta de que ETB se haga cargo del recaudo del SITP sería excelente si no mediara el propósito de su privatización. Ese recaudo debe hacerlo el Distrito Capital y la ETB es el agente adecuado, siempre y cuando se suprima el plan de privatizarla. Si no es así, se juega perversamente mejorando las condiciones para beneficio de los voraces acumuladores privados de capital que quieren apoderarse completamente de un bien público”.

Con todo esto, dijo el concejal Jaime Caicedo “resulta incomprensible e injustificable que el Distrito le entregue en bandeja de plata todo el fantástico negocio de las telecomunicaciones, enormemente lucrativo y promisorio, a los monopolios de las telecomunicaciones para que continúen desbordando sus bolsillos a costa del patrimonio público y de los usuarios. ¿Por qué este desmedido interés en entregar semejante negocio al sector privado y negarle esos mismos beneficios a la ciudad y a los usuarios?”.

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