Un estado de guerra permanente sostiene Jaime Caycedo

Niko Schvarz
Eso es lo que reina en Colombia: un estado de guerra permanente, contra la insurgencia y también contra la población civil, que vive las dramáticas consecuencias impuestas durante los dos gobiernos de Uribe  y continuadas en sus líneas esenciales por el gobierno de Juan Manuel Santos.
 

Mencionamos ayer la ponencia presentada por el concejal bogotano Jaime Caycedo en la reciente Conferencia Nacional sobre Genocidio y Democracia, en el que traza un balance ceñido y a la vez sobrecogedor por los datos que aporta con una precisa documentación. “Este manejo antidemocrático –señala- tiene su más perverso reflejo en el genocidio y en la desaparición forzada que ya sobrepasa las 50.000 personas (cifras de la Fiscalía General de la Nación), tendencia que se incrementó dramáticamente entre el 1º de enero 2007 y el 21 de octubre 2008, período en que se registraron  7.763 casos”, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. “Este estado de guerra –prosigue- no tiene visos de retroceder, ni siquiera de moderarse, a la luz de lo conocido en los últimos días: 4,9 millones de refugiados internos, eufemísticamente calificados como ‘desplazados’; ocho masacres en la última semana, de acuerdo con el Defensor del Pueblo, situación que incluso el periódico El Tiempo calificó de ‘inaceptable’; el asesinato de 100 líderes de la población en situación de refugio interno en los últimos 6 meses, según el informe presentado a la Conferencia Regional Humanitaria que se desarrolló en Quito; el aniquilamiento de más de 48 líderes campesinos que se acogieron a la restitución de tierras en este gobierno de Juan Manuel Santos; la existencia de poco más de 7.500 presos políticos, prisioneros de guerra o de conciencia, víctimas de los más crudos montajes judiciales; y el mantenimiento del tenebroso promedio de 300.000 personas expulsadas de sus tierras, de sus barrios y de su entorno social, configurando a Colombia como ‘primer país de expulsión de refugiados y desplazados en el mundo’ en palabras del Alto Comisionado para los Refugiados, realidad que se muestra como una crisis humanitaria prolongada, crónica y sostenida”.

A dicha estadística macabra se suma el asesinato de 12 dirigentes del Polo Democrático Alternativo (PDA) en los últimos 6 meses, en lo que se ha dado en llamar la estrategia quirúrgica de exterminio como extensión y consolidación de las doctrinas de seguridad nacional, expresadas en la política de “seguridad democrática” de Uribe, continuada e incluso intensificada por Santos  con su variante de los “cuadrantes de seguridad”. A la vez el gobierno no quiere siquiera hablar de un intercambio humanitario y mucho menos de una negociación política que lleve a la democratización del Estado y a la paz con justicia social.

Colombia vive un proceso de sostenida militarización y paramilitarización de la sociedad. “El creciente proceso de paramilitarización de las ciudades para controlar los barrios populares a través de panfletos de amenaza, de acciones sicariales y operaciones de ‘limpieza social’ ejerce el papel de una policía paralela criminalizada, complementaria y en nexo con los aparatos estatales, que se ensaña principalmente con los jóvenes”, escribe Caycedo. En ese cuadro el ministro de Defensa anuncia que las fuerzas militares y policiales brindarán protección especial a las zonas de producción llamadas ‘locomotoras de  la prosperidad democrática’, mediante la creación de las que él denomina ‘zonas especiales con estándares de seguridad internacional’. Es el preámbulo de una represión antipopular acrecentada en esas regiones y de confinamientos forzados de la población estilo Vietnam.

Sobrevolando esta situación se sitúa la presencia militar de Estados Unidos. “El Comando Sur luce de manera clara y cada vez más desembozada como componente del conflicto”, sostiene Caycedo. Destaca el significado de las bases militares yankis en territorio colombiano y la intervención directa del imperio en la guerra, “no sólo suministrando asesoría y apoyo estratégico sino soportando tecnológicamente las incursiones del ejército colombiano e incluso aportando material de guerra ‘inteligente’ que ha servido a las acciones de bombardeo no sólo contra las fuerzas insurgentes, sino   contra áreas pobladas de civiles en diversas zonas del país”. A su juicio, la presencia de EEUU en la guerra interna es hoy el factor fundamental de escalamiento de la guerra y de su cruel impacto en la población, “pero también el principal obstáculo para una solución política negociada, para una salida clara y definitiva”.

Sin olvidar que un año y medio atrás EEUU anunció el despliegue de su IV Flota naval, que estaba arrumbada desde hace medio siglo, para dedicarla al patrullaje, a la vigilancia y al control del continente latinoamericano.

Publicado en  La República, 25 de noviembre 2010, pág. 12

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