Niko Schvarz
Más allá de la mejora de las relaciones con Venezuela y con Ecuador, que constituye un factor positivo, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (iniciado el 7 de agosto) prosigue la política represiva que caracterizó al gobierno de Álvaro Uribe, expresada en asesinato y persecución de los miembros del Polo Democrático Alternativo (PDA) y de los defensores de DDHH, de las organizaciones sindicales y campesinas, que son víctimas de desplazamientos forzados que afectan a millones de personas, sin hablar de la infamia que supone la expulsión del Senado de Piedad Córdoba, esforzada luchadora por la paz y el acuerdo humanitario. Al mismo tiempo, agentes caracterizados de la represión del gobierno de Uribe, particularmente de los servicios de espionaje gubernamental del DAS, huyen del país por estar requeridos por la justicia y hallan un injustificado asilo político del gobierno panameño de Ricardo Martinelli.
Más allá de la mejora de las relaciones con Venezuela y con Ecuador, que constituye un factor positivo, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (iniciado el 7 de agosto) prosigue la política represiva que caracterizó al gobierno de Álvaro Uribe, expresada en asesinato y persecución de los miembros del Polo Democrático Alternativo (PDA) y de los defensores de DDHH, de las organizaciones sindicales y campesinas, que son víctimas de desplazamientos forzados que afectan a millones de personas, sin hablar de la infamia que supone la expulsión del Senado de Piedad Córdoba, esforzada luchadora por la paz y el acuerdo humanitario. Al mismo tiempo, agentes caracterizados de la represión del gobierno de Uribe, particularmente de los servicios de espionaje gubernamental del DAS, huyen del país por estar requeridos por la justicia y hallan un injustificado asilo político del gobierno panameño de Ricardo Martinelli.
El propio Uribe fue ayer condecorado por el Parlamento del régimen de facto de Honduras, por haber sido uno de los primeros presidentes en reconocer al gobierno de Porfirio Lobo, que asumió el 27 de enero pasado en continuidad con el golpe de Estado del 28 de junio 2009 que derrocó al gobierno constitucional de Manuel Zelaya. El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras (FNRP) expresó en las calles su repudio a la presencia de Uribe, mientras una espuria Comisión de la Verdad justificaba el accionar del usurpador Roberto Micheletti. Ahí estaban todos juntos.
Hace unos días, el 16 de noviembre, fue asesinado Miler Avendaño Peñaranda, coordinador del PDA en el municipio de El Tarra, en Santander Norte fronterizo con Venezuela, líder social y comunitario de 28 años. Con este crimen se eleva nada menos que a 12 el número de asesinatos de miembros dirigentes del Polo Democrático en los últimos 6 meses, que abarcan el final del gobierno de Uribe y el comienzo del gobierno de Santos. En estos crímenes participaban grupos irregulares y bandas de paramilitares, que están muy lejos de haber sido desmanteladas.
El 30 de octubre, defensores de DDHH de Bogotá y de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en el suroeste, entre ellas organizaciones indígenas y de afrodescendientes, así como sindicatos, recibieron mensajes de texto idénticos con amenazas de muerte por parte del grupo paramilitar Águilas Negras, que les decían que se fueran a Venezuela, subrayando que “se van o mueren”. Entre los destinatarios, unas 25 personas y organizaciones, se encontraban el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Otros hechos recientes. Protestas campesinas en Cúcuta fueron salvajemente reprimidas por Escuadrones Antidisturbios de la policía, con saldo de 20 heridos y otros tantos detenidos. En el Bajo Ariari, departamento del Meta, denuncian fumigaciones arbitrarias e indiscriminadas. El 18 de noviembre es detenido por unidades del ejército Wilson José Escamilla, líder campesino y presidente de la Comisión de DDHH de la vereda La Catalina, municipio de La Macarena (donde fueron descubiertas las fosas con más de 200 cadáveres).
Por otro lado, la ex directora del DAS (desde el 23 de agosto 2007 al 23 de octubre 2008) María del Pilar Hurtado, requerida por la justicia por sus actividades en ese órgano de espionaje dependiente de la presidencia, huyó del país hacia Panamá y el gobierno de Martinelli le otorgó el asilo político sin más trámite. Otros 6 altos funcionarios del DAS están buscando asilo para evadir la acción de la justicia. Incluso Uribe fue citado a comparecer ante la justicia estadounidense por el asesinato de sindicalistas bajo su gobierno, pero faltó a la cita.
El secretario general del PC colombiano y concejal por Bogotá, Jaime Caycedo, realizó una síntesis de la situación de su país en una ponencia presentada en una reciente Conferencia Nacional sobre Genocidio y Democracia. En su párrafo inicial expresa que el tema crucial es “cómo ponerle fin al estado de guerra contra la insurgencia y contra la población civil, que se expresa en el desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, en los continuos bombardeos a las zonas pobladas, en la criminalización de los opositores, en las desapariciones y asesinatos de dirigentes agrarios y sindicales, en las amenazas, en el refugio interno masivo y en la pretendida limpieza social, en el acallamiento de líderes políticos populares a través de la Procuraduría, en fin en la acción del poder económico-mediático para fragmentar la oposición democrática al sistema”. Caycedo traza un gran plan de acción de las fuerzas democráticas y populares, y lo precede de un análisis ceñido del estado de guerra permanente que atraviesa el país. Ya lo veremos.
Publicado en La República, 24 de noviembre 2010, pág. 11
Hace unos días, el 16 de noviembre, fue asesinado Miler Avendaño Peñaranda, coordinador del PDA en el municipio de El Tarra, en Santander Norte fronterizo con Venezuela, líder social y comunitario de 28 años. Con este crimen se eleva nada menos que a 12 el número de asesinatos de miembros dirigentes del Polo Democrático en los últimos 6 meses, que abarcan el final del gobierno de Uribe y el comienzo del gobierno de Santos. En estos crímenes participaban grupos irregulares y bandas de paramilitares, que están muy lejos de haber sido desmanteladas.
El 30 de octubre, defensores de DDHH de Bogotá y de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en el suroeste, entre ellas organizaciones indígenas y de afrodescendientes, así como sindicatos, recibieron mensajes de texto idénticos con amenazas de muerte por parte del grupo paramilitar Águilas Negras, que les decían que se fueran a Venezuela, subrayando que “se van o mueren”. Entre los destinatarios, unas 25 personas y organizaciones, se encontraban el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Otros hechos recientes. Protestas campesinas en Cúcuta fueron salvajemente reprimidas por Escuadrones Antidisturbios de la policía, con saldo de 20 heridos y otros tantos detenidos. En el Bajo Ariari, departamento del Meta, denuncian fumigaciones arbitrarias e indiscriminadas. El 18 de noviembre es detenido por unidades del ejército Wilson José Escamilla, líder campesino y presidente de la Comisión de DDHH de la vereda La Catalina, municipio de La Macarena (donde fueron descubiertas las fosas con más de 200 cadáveres).
Por otro lado, la ex directora del DAS (desde el 23 de agosto 2007 al 23 de octubre 2008) María del Pilar Hurtado, requerida por la justicia por sus actividades en ese órgano de espionaje dependiente de la presidencia, huyó del país hacia Panamá y el gobierno de Martinelli le otorgó el asilo político sin más trámite. Otros 6 altos funcionarios del DAS están buscando asilo para evadir la acción de la justicia. Incluso Uribe fue citado a comparecer ante la justicia estadounidense por el asesinato de sindicalistas bajo su gobierno, pero faltó a la cita.
El secretario general del PC colombiano y concejal por Bogotá, Jaime Caycedo, realizó una síntesis de la situación de su país en una ponencia presentada en una reciente Conferencia Nacional sobre Genocidio y Democracia. En su párrafo inicial expresa que el tema crucial es “cómo ponerle fin al estado de guerra contra la insurgencia y contra la población civil, que se expresa en el desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario, en los continuos bombardeos a las zonas pobladas, en la criminalización de los opositores, en las desapariciones y asesinatos de dirigentes agrarios y sindicales, en las amenazas, en el refugio interno masivo y en la pretendida limpieza social, en el acallamiento de líderes políticos populares a través de la Procuraduría, en fin en la acción del poder económico-mediático para fragmentar la oposición democrática al sistema”. Caycedo traza un gran plan de acción de las fuerzas democráticas y populares, y lo precede de un análisis ceñido del estado de guerra permanente que atraviesa el país. Ya lo veremos.
Publicado en La República, 24 de noviembre 2010, pág. 11
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