Por Waldo Mendiluza
Caracas. (PL) Nuevas revelaciones sobre las actividades de espionaje y subversión colombianas en Venezuela complican hoy las tensas relaciones bilaterales, afectadas además por la injerencia estadounidense en la región.
La víspera, el ministro venezolano del Interior, Tareck El Aissami, presentó ante la Asamblea Nacional un documento que confirma los planes desestabilizadores contra este país, enmarcados en una operación de inteligencia llamada Falcón.
Recopilación de informaciones sobre el presidente Hugo Chávez y otros dirigentes, búsqueda de datos militares, sobornos a funcionarios y captación de figuras de la oposición conforman la iniciativa denunciada.
De acuerdo con El Aissami, el texto en su poder pertenece al Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), entidad subordinada directamente al mandatario neogranadino, Álvaro Uribe.
En una investigación interna a partir de una presunta fuga de información de ese órgano, varios agentes fueron sometidos a interrogatorios que sacaron a relucir el proyecto Falcón. Según el titular del Interior, detrás de las acciones subversivas del plan anti-venezolano está la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, la cual actúa con libertad en la vecina nación.
La CIA opera abiertamente en Colombia, donde incluso paga el arrendamiento de instalaciones fachada vinculadas con la citada iniciativa, advirtió.
Apenas unos días antes de las revelaciones, autoridades venezolanas habían detenido in fraganti a dos espías colombianos involucrados en la búsqueda de informaciones militares e intentos de soborno.
Aunque la primera reacción de Bogotá fue negar el hecho, una declaración de la Cancillería admitió que uno de los capturados en Maracaibo pertenecía al DAS.
Respecto al documento denunciado por El Aissami, el gobierno neogranadino reconoció su autenticidad pero cuestionó a Caracas por tenerlo en su poder.
El escenario bilateral presentaba desde hace meses puntos incendiarios, a partir de la decisión de Uribe de ampliar el acceso de Estados Unidos a bases militares de su país (hasta llegar a 10), cuestión considerada por Venezuela y otras naciones de la región un acto de guerra.
Por si fuera poco, el ex directivo del DAS Rafael García y paramilitares colombianos señalaron su participación o el conocimiento de planes contra el gobierno de Chávez, incluyendo el asesinato del líder.
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La víspera, el ministro venezolano del Interior, Tareck El Aissami, presentó ante la Asamblea Nacional un documento que confirma los planes desestabilizadores contra este país, enmarcados en una operación de inteligencia llamada Falcón.
Recopilación de informaciones sobre el presidente Hugo Chávez y otros dirigentes, búsqueda de datos militares, sobornos a funcionarios y captación de figuras de la oposición conforman la iniciativa denunciada.
De acuerdo con El Aissami, el texto en su poder pertenece al Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), entidad subordinada directamente al mandatario neogranadino, Álvaro Uribe.
En una investigación interna a partir de una presunta fuga de información de ese órgano, varios agentes fueron sometidos a interrogatorios que sacaron a relucir el proyecto Falcón. Según el titular del Interior, detrás de las acciones subversivas del plan anti-venezolano está la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, la cual actúa con libertad en la vecina nación.
La CIA opera abiertamente en Colombia, donde incluso paga el arrendamiento de instalaciones fachada vinculadas con la citada iniciativa, advirtió.
Apenas unos días antes de las revelaciones, autoridades venezolanas habían detenido in fraganti a dos espías colombianos involucrados en la búsqueda de informaciones militares e intentos de soborno.
Aunque la primera reacción de Bogotá fue negar el hecho, una declaración de la Cancillería admitió que uno de los capturados en Maracaibo pertenecía al DAS.
Respecto al documento denunciado por El Aissami, el gobierno neogranadino reconoció su autenticidad pero cuestionó a Caracas por tenerlo en su poder.
El escenario bilateral presentaba desde hace meses puntos incendiarios, a partir de la decisión de Uribe de ampliar el acceso de Estados Unidos a bases militares de su país (hasta llegar a 10), cuestión considerada por Venezuela y otras naciones de la región un acto de guerra.
Por si fuera poco, el ex directivo del DAS Rafael García y paramilitares colombianos señalaron su participación o el conocimiento de planes contra el gobierno de Chávez, incluyendo el asesinato del líder.
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