lunes, 19 de octubre de 2009

Concejal Jaime Caicedo denuncia agresión presidencial a la Universidad Nacional



· Testimonios de docentes y estudiantes que presenciaron los eventos en la Universidad Nacional, indican que la policía irrumpió por orden presidencial después de que se había llegado a un acuerdo.

El concejal Jaime Caicedo Turriago, quien se ha desempeñado por largos años como docente de la Universidad Nacional, denunció que el presidente Uribe dio la orden de invadir el campus a sabiendas de que ya se había llegado a un acuerdo, dando tratamiento de terrorismo a un conflicto puramente académico y de defensa de la universidad pública ante la desidia de su gobierno y la profunda crisis financiera que afronta la educación superior pública.

Según docentes y estudiantes que participaron en los hechos, no hubo situación alguna que pudiera calificarse como secuestro del rector de la Universidad Nacional, Moisés Waserman. “De hecho, hubo declaraciones de algunos decanos presentes, que no retransmitieron los medios masivos de comunicación, que dieron fe de la actitud pacífica y tranquila de los estudiantes y docentes y que niegan rotundamente que se hubiese tratado de un rapto o secuestro, como afirma Waserman”.

Caicedo señaló de manera enfática que “la tesis de Waserman de que se trató de un secuestro es mendaz y a todas luces indigna de un rector universitario. Pretender que los incidentes estuvieron acompañados de armas, agresiones o violencia no es más que un embuste, desmentido por todos los presentes. Esta es la obvia consecuencia de la negligente actitud de un rector que rehúye el diálogo con la comunidad académica y que desoye sus genuinas y fundadas preocupaciones, cuando se requieren precisas explicaciones en medio de una crisis de la Universidad pública, cuyo origen es el abandono por el Estado de sus responsabilidades. La orden de Uribe es un acto claro de abuso de poder. Por instigación del presidente desde el avión presidencial, según sus propias declaraciones en la rueda de prensa, Waserman se prendió de la absurda teoría del secuestro para justificar el ingreso injustificable del Esmad y la policía motorizada con las consecuencias que el país hoy lamenta en términos de heridos y detenidos, muchos de los cuales ni siquiera estaban presentes en el diálogo con el rector”, señaló Caicedo.

El incidente del rector, el carro blindado y los estudiantes tuvo mediaciones importantes gracias a los dirigentes del movimiento, los decanos, la guardia indígena que estaba presente en los predios de la universidad por razones distintas, los representantes profesorales y la asociación sindical de profesores. Hubo una convergencia de pareceres por una solución. “Como concejal de Bogotá y profesor de la UN también actué en esa dirección desde afuera del Campus”.

El concejal de Bogotá destacó como digna y consecuente la posición asumida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá y por la propia Policía Metropolitana, quienes en todo momento mantuvieron una actitud serena y negociadora. Finalmente un acuerdo con el rector fue posible. El rector abandonó el Campus e ingresó a su oficina en el edificio Uriel Gutiérrez. “Es en ese momento cuando la provocación preparada desde la presidencia se desencadena: el cerco al Campus se abre para el ingreso del Esmad. Es la orden de Uribe la que crea un manejo de orden público donde nunca hubo nada distinto a un incidente académico interno”, indicó Caicedo.

“En su delirio autocrático Uribe acusó de secuestradores a los estudiantes y pidió su judicialización en su rueda de prensa del 16 de octubre en la noche desde la oficina rectoral de la Universidad Nacional. En el Consejo comunitario del 17 dijo que se trató de “un acto terrorista con fines de homicidio”. Semejantes declaraciones dignas de un maniático fueron desmentidas por la vida misma. Los diecisiete estudiantes detenidos fueron liberados en la UPJ de Bogotá: ninguno figuraba en los videos policiales y ninguno había sido detenido en flagrancia”.

Caicedo finalizó señalando que la obvia conclusión de este incidente es que “lo que quería el gobierno nacional era ocupar policialmente el Alma Mater, sentar el precedente de imponer su voluntad por encima de la Alcaldía Mayor y tender una cortina de humo sobre la crisis presupuestal de las universidades que no se propone resolver, mientras dedica recursos a sus amigos del Agroingreso seguro, a la adecuación de bases militares para un ejército extranjero y la entrega de notarías a sus socios pro-reelección, entre otros enredos que se niega explicar al pueblo colombiano, en un momento de movilización indígena, estudiantil, magisterial y universitaria”.

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