viernes, 30 de octubre de 2009

Campesinos de Bogotá proponen creación de reservas campesinas



* Durante el encuentro campesino de Bogotá-región se analizará problemática y se propondrán alternativas para la soberanía alimentaria de la ciudad.

Una estrategia que procure la consolidación de un cinturón de seguridad y soberanía alimentaria para Bogotá y que al mismo tiempo garantice incentivos a la producción agropecuaria e ingresos estables para los campesinos que habitan las zonas rurales próximas a la ciudad, será lanzada mañana durante el Encuentro campesino de Bogotá-región “Por la identidad y dignidad del territorio campesino”.

El evento se realizará en el Colegio Agropecuario El Destino, de la Localidad de Usme, a partir de las ocho de la mañana del sábado 31 de octubre y para ello han sido convocados los habitantes de las zonas rurales de la capital y todas las organizaciones cívicas y populares que tienen preocupaciones en torno al desarrollo territorial de la ciudad y de la soberanía alimentaria, como parte de una decisión estratégica que asegure a la ciudad el aprovisionamiento constante de alimentos y disminuya sus costos al consumidor, preserve los ingresos al productor y disminuya la dependencia de los canales de intermediarios que encarecen el producto final.

Un objetivo central de la propuesta de Reservas Campesinas, según señalan los organizadores del encuentro, está relacionado con el cuidado ambiental de las extensas y ricas áreas rurales que posee Bogotá dentro de su territorio, el cual se constituye en factor clave para la preservación ecológica y para asegurar que dichos recursos naturales puedan ser disfrutados por las generaciones futuras. “Los recursos naturales, la biodiversidad existente y en especial el agua son elementos cuya planificación y desarrollo no pueden deslindarse de los planteamientos relacionados con la ocupación del territorio, y por consecuencia su presente y su futuro tienen que formar parte dela discusión del Plan de Ordenamiento Territorial”, dijo el concejal Jaime Caicedo, quien actúa como coadyuvante de la convocatoria al encuentro.

Agregó que el tema de la soberanía alimentaria “no es un asunto de poca monta en función, por una parte, del ciclo de crecimiento de los centros urbanos, de sus demandas y necesidades, y por otra de la desestabilización cada vez mayor de los sectores rurales como consecuencia de la contrarreforma agraria que se viene aplicando por cuenta de las políticas adversas del gobierno nacional que empujan la expulsión de campesinos para dar paso al latifundio improductivo o a cultivos extensivos con destino casi exclusivamente a la producción de agro combustibles. La pregunta que nos debemos hacer es cómo vamos a revertir este lesivo proceso y cómo vamos a garantizar el suministro fluido, permanente y barato de los alimentos”, señaló el concejal del Polo Democrático Alternativo.

El encuentro campesino, que es patrocinado por la Alcaldía Mayor de la ciudad a través de la Secretaría Distrital de Planeación, discutirá otros temas álgidos como el del hábitat y el reconocimiento social de la vida campesina, la necesidad de la participación social y popular organizada para la ocupación del territorio y la necesidad de la integración de lo que se denomina Bogotá-región para responder a las demandas sociales crecientes en todos los campos, especialmente en el tema alimentario.

Los organizadores han previsto rutas de buses para que quienes deseen asistir puedan hacerlo si contratiempos. Dichas rutas partirán de los siguientes puntos:



* Usme Los soches Aula Ambiental
* Unión Chisacá Iglesia
* Mochuelo Alto y bajo Ciudad Bolívar y Pasquilla del Acueducto de Aguas Caliente
* Bosa Parque Principal
* Chorrillos Entrada a Segundo Sector Vía Cota
* Vereda Los Verjones Alto y Bajo y Cerros Orientales en Verjon Alto
* Villeta Y Subachoque

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Firmado acuerdo militar entre Colombia y EE.UU.



Bogotá. (PL) Colombia y Estados Unidos firmaron hoy un controvertido acuerdo militar, por el cual tropas de la nación norteña harán uso de bases estratégicas en el territorio nacional, lo que es visto por varios países como una amenaza a la región.

El documento fue rubricado por el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos aquí, William Brownfield, en un acto privado que se cumplió en la sede de la Cancillería local.

A juicio del comandante de las Fueras Militares colombianas, general Freddy Padilla, la materialización de dicho acuerdo es muy positivo y una necesidad para este país y aseguro que "la región tiene beneficios también", aunque no entro en detalles al respecto.

Contrarias a las declaraciones del general Padilla, varias voces del espectro político nacional, incluido partidos, ven en el citado pacto una violación a la soberanía colombiana y una amenaza a la estabilidad y la paz en la región.

En virtud del mismo -hasta donde han informado Washington y Bogotá- habrá permanentemente en Colombia por lo menos mil 400 soldados estadounidenses, 800 de manera directa y otros 600 bajo condición de contratistas, lo cual es considerado por varios países como un peligro real para el hemisferio.

Colombia y Estados Unidos sostienen que este acuerdo está dirigido a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, argumento que muchos consideran, incluido gobiernos vecinos, como un pretexto para encubrir las verdaderas intenciones geopolíticas del Pentágono en la región.

En tanto, hasta el momento no se conocen detalles del acuerdo y crecen las preocupaciones en tono al tema de la inmunidad, aspecto sensible para muchos colombianos, toda vez que son conocidas las prácticas de los militares estadounidenses en sus bases desplegadas por el mundo.

Desde que se anunció este acuerdo militar entre Estados Unidos y su principal aliado en Suramérica, Colombia, en la región se levantó una ola de rechazo por las implicaciones que entrañan la presencia de tropas norteñas al sur del río Bravo, en un contexto donde se producen cambios sustanciales y progresistas en varios países del área.

De acuerdo con analistas latinoamericanos, esos cambios no parecen que son vistos con buenos ojos por las elites de poder en Washington, pues contravienen sus pretensiones hegemónicas en lo que siempre han considerado su traspatio.

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Espionaje colombiano atiza diferendo con Venezuela


Por Waldo Mendiluza

Caracas. (PL) Nuevas revelaciones sobre las actividades de espionaje y subversión colombianas en Venezuela complican hoy las tensas relaciones bilaterales, afectadas además por la injerencia estadounidense en la región.

La víspera, el ministro venezolano del Interior, Tareck El Aissami, presentó ante la Asamblea Nacional un documento que confirma los planes desestabilizadores contra este país, enmarcados en una operación de inteligencia llamada Falcón.

Recopilación de informaciones sobre el presidente Hugo Chávez y otros dirigentes, búsqueda de datos militares, sobornos a funcionarios y captación de figuras de la oposición conforman la iniciativa denunciada.

De acuerdo con El Aissami, el texto en su poder pertenece al Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), entidad subordinada directamente al mandatario neogranadino, Álvaro Uribe.

En una investigación interna a partir de una presunta fuga de información de ese órgano, varios agentes fueron sometidos a interrogatorios que sacaron a relucir el proyecto Falcón. Según el titular del Interior, detrás de las acciones subversivas del plan anti-venezolano está la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, la cual actúa con libertad en la vecina nación.

La CIA opera abiertamente en Colombia, donde incluso paga el arrendamiento de instalaciones fachada vinculadas con la citada iniciativa, advirtió.

Apenas unos días antes de las revelaciones, autoridades venezolanas habían detenido in fraganti a dos espías colombianos involucrados en la búsqueda de informaciones militares e intentos de soborno.

Aunque la primera reacción de Bogotá fue negar el hecho, una declaración de la Cancillería admitió que uno de los capturados en Maracaibo pertenecía al DAS.

Respecto al documento denunciado por El Aissami, el gobierno neogranadino reconoció su autenticidad pero cuestionó a Caracas por tenerlo en su poder.

El escenario bilateral presentaba desde hace meses puntos incendiarios, a partir de la decisión de Uribe de ampliar el acceso de Estados Unidos a bases militares de su país (hasta llegar a 10), cuestión considerada por Venezuela y otras naciones de la región un acto de guerra.

Por si fuera poco, el ex directivo del DAS Rafael García y paramilitares colombianos señalaron su participación o el conocimiento de planes contra el gobierno de Chávez, incluyendo el asesinato del líder.
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jueves, 29 de octubre de 2009

Veeduría Nacional e Internacional para Sumapaz pide Concejal Jaime Caicedo


· “El objetivo es garantizar a toda costa la protección de la población civil y mantenerla al margen del conflicto”.

· Apoyo a la propuesta del “Pacto por Sumapaz” hecha por el Alcalde Mayor.

Ante el recrudecimiento del conflicto en el área de Sumapaz, que ya ha cobrado las vidas de tres ediles y de varios pobladores inermes, el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo Turriago propuso a la Alcaldía Mayor la designación de comités nacionales e internacionales de veeduría que comprueben en el terreno la protección de la vida y la integridad de la población civil y hagan acompañamiento permanente a la población en el cumplimiento de los postulados del derecho internacional humanitario, especialmente en lo atinente a los contenidos del artículo tercero del protocolo II de Ginebra.



La propuesta, que complementa la idea del Alcalde Mayor de construir el “Pacto por Sumapaz”, se conoció durante la reunión que la bancada del Polo sostuvo con el Alcalde Mayor Samuel Moreno para discutir temas centrales de la agenda legislativa del Concejo de Bogotá y algunos de los problemas cruciales de la capital, entre ellos los acontecimientos ocurridos en la Localidad de Sumapaz. “No podemos permitir bajo ningún pretexto que la guerra invada a una localidad que ha sido hasta el momento ejemplo de convivencia, entendimiento pacífico y progreso. Hay que recordar que esta localidad se ha distinguido por sus casi inexistentes índices de delincuencia, gracias a los acuerdos realizados entre las fuerzas políticas presentes en la región, la población civil y las organizaciones sociales. Los habitantes de Sumapaz están altamente organizados a través de múltiples formas sociales”, señaló Caicedo Turriago.

Señaló que en su criterio “el compromiso de la administración y del Concejo de la ciudad tiene que ser la protección de los ciudadanos y ciudadanas inermes que habitan la zona desde hace varios lustros contra las provocaciones provenientes de diversos sectores. Dicha protección se entiende tanto desde el punto de vista de su aislamiento de las fuerzas en combate, como desde la óptica de la continuación y profundización de los proyectos productivos y de preservación ambiental que las últimas alcaldías han venido desarrollando con la cooperación de las fuerzas políticas y de la sociedad en general”.

Aprovechó para proponer la conformación de las denominadas “Reservas Campesinas”, iniciando por Sumapaz como localidad piloto. “Estas reservas apuntan a consolidar un área en torno a la capital que brinde condiciones para el indispensable desarrollo de la soberanía alimentaria y ambiental para la ciudad, además de asegurar un escenario de productividad e ingresos a los campesinos que producen la mayoría de los alimentos que consumen las grandes urbes, a quienes también deben otorgarse todas las garantías para su permanencia segura en sus territorios actuales”, indicó.

Respecto de la decisión de construir una base especial para la policía en San Juan de Sumapaz o Nazareth, dos de los cascos urbanos de la región, Caicedo señaló que está en total desacuerdo con el desarrollo de semejante idea. “Adicionar la policía nacional a los tres batallones de las fuerzas armadas presentes en la localidad no agrega nada nuevo a la estructuración de un territorio que ha demostrado poder de asociación para preservar su seguridad y su convivencia. Adicionalmente, habría que decir que instalar bases en medio de los cascos urbanos va en contravía de los protocolos internacionales, especialmente los preconizados por el artículo tercero del protocolo II de Ginebra”.

Caicedo concluyó manifestando que si bien Sumapaz representa una de las riquezas naturales más importantes del país, por lo cual hay que cuidar el páramo y sus recursos, lo más importante ahora es la gente que habita desde hace décadas la región. “Su protección se impone por encima de toda consideración, lo cual no contradice en manera alguna el desarrollo de los proyectos ambientales y productivos que están en marcha. Bogotá debe sentirse afortunada de tener en su territorio una población y una región ambiental sin igual. Por ello, debe protegerla y rodearla contra las amenazas y provocaciones”.

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Las bases militares yanquis en Colombia



LA BASE MILITAR DE PALANQUERO

En el afán de involucrar a los países vecinos para que actúen de su lado en el desenvolvimiento del conflicto político-social interno, el gobierno fascista de Álvaro Uribe Vélez ha generado un ambiente de hostilidad respecto a países que, como Venezuela y Ecuador, no se prestan para sus juegos de guerra ni comparten su visión militarista que incluye un concepto tiránico –ordenado por Washington– de extraterritorialidad de su política represiva de “Seguridad Democrática”, o renovada vieja Doctrina de Seguridad Nacional, la cual comprende la llamada “lucha antiterrorista” y la falaz “lucha contra el narcotráfico”.

Es un hecho que el conflicto interno de Colombia se ha regionalizado, incluso se ha internacionalizado, generando inestabilidad sobre todo en América Latina.

Entre altos y bajos, con más tormentas que calmas, se han desenvuelto, especialmente, las relaciones colombo-venezolanas y las colombo-ecuatorianas, quedando finalmente la plena impresión de que el ejercicio diplomático no ha sido más que la práctica coyuntural de posturas de conveniencia, que no pasan de ser más que “paños de agua tibia”, puestos sobre heridas que cada vez se profundizan más por cuenta de la irresponsabilidad de un régimen pendenciero, como el de Uribe, que sólo busca complacer a Washington en sus afanes expansionistas y re-colonizadores sobre Nuestra América.

Siendo realistas, deberá admitirse que ningún esfuerzo de reconciliación manado de los presidentes Chávez y Correa, o de cualquier otro jefe de Estado o grupo de mandatarios que alienten la reconciliación, tendrá un resultado duradero, si se toma en cuenta que lo que está en desenvolvimiento es la estrategia imperialista yaqui. Ésa que apunta a tomar los recursos naturales del continente, contando en primera instancia con el Estado colombiano, y particularmente con mandatarios lacayos como el de Álvaro Uribe, que hacen las veces de perros de presa de la empresa de re-colonización y saqueo.

Por todo ello, acciones y frases de buena voluntad que procuran hermanación, o al menos distención, que aleje las amenazas de guerra, como muchas en las que se ha esforzado con sinceridad el Presidente Chávez, sólo son causa de burla para el basilisco yanqui-uribista, que sabe bien hacia donde apuntan sus malignas intenciones. Recordemos, por ejemplo, aquélla en la que se expresó “Hemos decidido dar la vuelta a la página. Venezuela es una nación que lucha contra el terrorismo cualquiera que sea su rostro, disfrácese como se disfrace, vístase como se vista”. Voltear la página significaba hacer un gran sacrificio de comprensión respecto a crímenes internacionales, a los que ya está habituado protagonizar el uribismo sin que ninguna efectiva disuasión y freno opere contra él.

En la total impunidad han quedado hechos graves como el secuestro de Rodrigo Granda por comandos armados colombianos, con la colaboración de funcionarios descompuestos y traidores del Estado venezolano, en pleno centro de Caracas; o la penetración de más de un centenar de paramilitares, también en las adyacencias de la capital venezolana, con el fin de asesinar al Presidente Chávez. Valga decir que éstos son sólo algunos pocos de los hechos más notorios de una cadena de situaciones, en las que se cuentan violaciones del espacio aéreo por aeronaves de guerra tripuladas y no tripuladas, adentramientos de unidades paramilitares y militares en zonas diversas de Zulia y Táchira y la presencia misma de esbirros en puntos diversos del país que incluyen a Caracas…

Suficientemente descritas están las circunstancias de tiempo, modo y lugar que respecto a estas afirmaciones hace el ex funcionario del DAS, Rafael García, quien ha develado con pelos y señales el entramado siniestro de narcotráfico, corrupción, impunidad y todo tipo de conspiraciones que existen en el seno del Estado colombiano con el auspicio principal del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Así que no es cosa diferente al cinismo la respuesta que a Chávez dio Uribe cuando expresó en la sede del gobierno bolivariano que “No veía la hora de venir, pues el diálogo entre hermanos hay que mantenerlo y profundizarlo” (El Tiempo, Bogotá, 16 de febrero de 2005, pág. 1-3).

Lo que ha profundizado es su puñalada trapera y venenosa; lo que ha diseminado no es un diálogo entre hermanos, sino sucia farsa en la que pululan los más abominables planes criminales que, sin duda, incluyen como víctima también al Presidente Correa, sobre todo desde el primero de marzo de 2008, día en que se produjo el ataque de las fuerzas militares cipayas de Colombia, con la asesoría total del Pentágono y el Mosat israelí, sobre territorio ecuatoriano, al campamento del comandante Raúl Reyes, integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP. Desde entonces, el Presidente del Ecuador –quien ya era mal visto por Bogotá y Washington por su determinación de no permitir más la presencia de militares gringos en la Base de Manta– es objeto también de la furia guerrerita de Uribe Vélez, el perro de presa más “fiel” a Washington.

No como una derivación de estos específicos conflictos, sino como determinación que tiene que ver con la estrategia de re-colonización, es que el imperio define instalar por lo menos otras siete bases suyas –tomando instalaciones de bases colombianas–, varias de las cuales se proyectan sobre infraestructura que, de una u otra forma estaba ya bajo su control y mando, pero que ahora, de manera más abierta, asumen como espacios desde donde operará lo que está concebido como bases móviles también.

Lo que, desde dichos escenarios bélicos, se ejecutará son funciones estratégicas de las que el Pentágono realizaba desde la base de Manta, y más, mucho más, para someter a quienes en Colombia se resistan al saqueo de las trasnacionales y para apuntar contra los objetivos vecinos donde está el petróleo, los depósitos acuíferos más importantes, la biodiversidad y recursos naturales en general; es decir, para desarrollar el instructivo de dominación imperialista definido en el documento Santa Fe Cuatro, que incluye también el propósito de control de mercados y la coetánea determinación de aniquilar obstáculos principales que ve en la insurgencia y proyectos de emancipación bolivarianos.

Desde el Comando Sur, con sede antes en Panamá, el gobierno yanqui ha contado con uno de los cinco centros militares más importantes del mundo, mediante el cual sostenía control de vigilancia y espionaje, sobre al menos 19 países de América Latina, lo cual, en lo fundamental, manejaba de manera más o menos centralizada hasta el año 2000, que es la época en que, al salir de Panamá, el Pentágono establece un nuevo esquema de control a través de las llamadas bases militares que enclava en diversos puntos del continente.

La salida del istmo se produce como consecuencia del tratado Carter-Torrijos de 1997, lo cual implicó el traslado de la sede de la base a Miami. En este momento, se opta por crear los llamados Puntos de Avanzada de Operación (Forward Operation Location), como puntos de operaciones militares diseñados para ser “centros de movilidad estratégica” y de “usos de fuerzas decisivas en guerras relámpago”, mediante bases y tropas aerotransportadas de “despliegue rápido”, que contarán con las fuerzas armadas sumisas que las oligarquías locales en el poder ponen a su servicio, activando, sobre todo, a los elementos torturadores, asesinos y lacayos formados en la Escuela de las Américas, y por las diversas misiones que han hecho la instrucción, la formación –o mejor, la deformación–, de miles de estos esbirros en la doctrina del “enemigo interno”.

Instalar más bases en el continente es, entonces, llevar a realización la determinación abierta del expansionismo y el sometimiento imperial, que cuenta con el apoyo de los sectores más reaccionarios de la derecha latinoamericana, los cuales dependen de las migajas que, por su actitud vende patria, les deja compartir su amo.

Dentro de esta determinación, el Comando Sur puso sus ojos sobre la Base Militar de Palanquero, por ejemplo; desplegando su robustecimiento, el cual trata de disimular con el taparrabo de que se trata del desarrollo de un “viejo acuerdo de seguridad y cooperación con Colombia”. Pero el objetivo de fondo, al crear lo que han llamado una “localidad de cooperación en seguridad”, es tener un punto de control continental mediante la supremacía aérea, con ventajas estratégicas que se resumen en que desde allí se pueda sobrevolar, en condiciones regulares, con aviones C17, modernas máquinas de ingente poderío bélico y actitud ofensiva, la mitad del continente, sin hacer reabastecimientos en bases alternas; esto, dentro de una circunstancia en que, poseyendo un combustible adecuado, el aparato podrá cubrir todo el continente, excepto su extremo sur sur, en el cabo de Hornos.

Ahora Palanquero será también epicentro de las operaciones de los C17 que además cuentan con suficientes equipos de inteligencia militar. La infraestructura de la Base tendrá capacidad para albergar a 60 aviones, con una pista de 3500 metros que permite el despegue simultaneo de tres aeronaves.

Pero hasta el día del anuncio de la instalación de las fuerzas yanquis, la base Aérea Germán Olano, conocida desde el principio como Palanquero y denominada también como Comando Aéreo de Combate No. 1, tenía ya un perfil de guerra definido como ofensivo: Casa del piloto Caza, le llamaban a la base los militares que allí operan. Ubicada cerca a La Dorada y Puerto Salgar, ha contado con Escuadrones de Combate de Mirage y K-fir, y en sus instalaciones se especializaban los pilotos de todas las unidades de combate de la Fuerza Aérea Colombiana, adiestrándose en el combate aire-aire, tanto para operaciones diurnas y nocturnas como en combate aire-tierra en las mismas condiciones y en niveles que les llevan a jactarse de ser los mejores en América Latina.

El historial de Palanquero comprende participación en el conflicto colombo-peruano de 1932, que es el año en que se propulsa la creación de la base aérea como base militar, con el carácter o la pretensión de que se convirtiera en “faro estratégico” en el centro del país, y así, según palabras de sus propios impulsores “el rugir de los motores y destellos de las luces de las aeronaves, se hiciera sentir en el corazón de todos los colombianos”. Por entonces, Palanquero era sólo una inmensa hacienda, en gran medida selvática, surcada por el río Magdalena, que fue adquirida y transformada por la empresa colombo-alemana Scadta, para operar una empresa de aviación con pilotos alemanes, a finales de 1919.

De tal manera que los creadores de Palanquero, desde los orígenes, traían puestas las rodilleras de la sumisión al imperialismo, pues recordemos que esos mismos pilotos alemanes de la compañía comercial Scadta, al mando del piloto Herbert Boy, con la complacencia dócil del gobierno colombiano, participaron con sus aeronaves en el conflicto fronterizo colombo-peruano. Desde entonces, se prosiguió la construcción de la base militar, a instancias del Decreto No. 357 firmado por el presidente Marco Fidel Suárez, el 11 de marzo de 1920, el cual enmarcaba la organización de la actividad aérea y proyectaba la construcción de los primeros aeropuertos. Por entonces, los amos de Scadta adquirieron los terrenos donde con el tiempo iría a emplazarse Palanquero, ya con la contextura plena de una base militar, con cuarteles, hangares de estructura metálica, pista y una plataforma de concreto a orillas del río con algunas avenidas bordeadas de árboles; todo con diseño alemán.

En agosto 27 de 1933, se hizo la ostentación de fuerza aérea más grande que hasta el momento conociera el país: 45 aviones Junker, K-43, Ju-52 Osprey, Hamilton y el Hawks, sobrevolaron los cielos ante la vista del presidente Enrique Olaya Herrera.
El diario capitalino El Tiempo del lunes 28 de agosto de 1933 tituló: "La revista de Palanquero constituye una importante demostración de poderío aéreo". Y en concepto del Presidente Olaya Herrera: "Este día y este acto han de ser un símbolo en los destinos de la nación". Atrás quedó el lento vuelo de los aviones T-33. En adelante, lo que vendría para los habitantes próximos a la base sería la vibración de la post combustión y el estampido de la onda de choque rompiendo la barrera del sonido y de paso los cristales y cerámicas de las humildes casas de la región.

En la década de los ochenta adquieren equipos que colocan a la aviación colombiana de combate en lo que se conoce como el nivel de tercera generación, lo cual implicó cambios en la infraestructura de Palanquero y la centralización de actividades en el llamado Grupo Técnico que es parte de la nueva infraestructura organizativa de los Comandos Aéreos de Combate de comienzos de 1989, momento en que se inicia el desarrollo de las teorías de la producción aeronáutica, mantenimiento y abastecimiento. En el marco del programa Shibolet, se adquieren, entonces, los aviones K-fir, comprados al gobierno de Israel. Algunos llegan modernizados dentro de los lineamientos de la llamada tercera generación y otros para ser adecuados por el Escuadrón de Mantenimiento de Palanquero, con instrumentos electrónicos, lo más moderno en sistematización, mecanismos de reabastecimiento en vuelo, la entrega de armas en forma automática, control de precisión a través de un moderno sistema de navegación y mejor maniobrabilidad, etc.

A finales del Siglo XX, la base cuenta con helicópteros, aeronaves T-37, AC-47T, M5 y K-Fir C-7, con apoyo tecnológico-administrativo profesional compuesto por especialistas civiles y con rangos militares, cumpliendo también labores de planeación estratégica. Y ya para inicios del nuevo milenio, desde mediados de 2002, Palanquero termina la construcción del “Banco de Control de Pruebas y Reglajes universal y numérico, o Banco Polivalente”, que, al parecer, es la primera versión de ese tipo en América Latina. Se implementan como elementos comunes las tarjetas electrónicas, adaptables a las pruebas de varios tipos de motores a reacción, con sólo la ejecución de un nuevo software según las características del motor a probar. Es decir, que el desmadre del gasto militar en detrimento de la inversión social en Colombia permite al régimen guerrerista, que desenvuelve la estrategia militarista conveniente a Washington, asumir la utilización de alta tecnología que aumenta la capacidad para realizar operaciones de rapidez y precisión, en la tarea de las pruebas de las turbinas de los aviones a reacción, principalmente para los turbo-reactores J79 y ATAR 09C. Todo en función de la guerra irregular contra la insurgencia bolivariana que resiste al intervencionismo imperial, como en función de la guerra regular prevista para continuar la expansión colonialista sobre el continente.

A casi 80 años de la fundación de Palanquero, su historial fluye por el arcaduz del deshonor apátrida, hacia la entrega de la soberanía y el destino libre de la América Nuestra, en la medida en que el régimen fascista de Uribe Vélez se somete con total descaro a los designios de Washington, sirviéndole de peón de la re-colonización, en momentos en que desde todos los puntos cardinales de la América meridional y caribeña se levantan oleadas emancipatorias que reivindican los sueños de los próceres independentistas.

Pero como si les pareciera poco, y como lo han dicho las FARC, no son sólo siete puñales los que se han de clavar en el corazón de la América Nuestra. “Pueden ser más, si se tiene en cuenta que la base aérea de Tres Esquinas (sur de Colombia) es, desde hace algún tiempo, otra base militar yanqui encubierta, sospechosamente ubicada donde comienza la Amazonía” (FARC-EP, en mensaje a Unasur y al Alba. Septiembre de 2009).

Y en efecto, en desarrollo del plan expansionista de EE. UU., existen, pongamos por casos, bases como Alberto Powells, para la operación de aviones que se destinan a la acción contrainsurgente, en la que se emplazan aviones P3 Orión y aviones espía, especialmente; la Base de Apiay, como centro de despliegue de las aeronaves Awak, y donde actuarán, hasta donde se sabe, las naves de reconocimiento aéreo; es decir, los aparatos que en sí son radares aéreos con enorme autonomía de vuelo y cubrimiento; la Base de Bahía Málaga, para el despliegue de embarcaciones de guerra que ejercerán la interdicción marítima en el Pacífico y la coordinación con los aviones Orión, con el propósito de tener el control de la costa occidental colombiana a fin de que puedan maniobrar sin contratiempos las tropas marítimas en caso de una posible invasión masiva.

Debemos entender, entonces, que la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico es una simple excusa intervencionista que no delimita para nada el accionar militarista yaqui, respecto al cual el pentágono ha dejado suficientes muestras en cuanto a que no permite interferencias en su aplicación contra el país que se le antoje.

Muerte y desolación es lo que promete la diseminación de estas nuevas bases, con un ejército y funcionarios, al lado de un cuerpo de marines descompuestos, que además contarán con la llamada inmunidad que le propicia el lacayismo oligarca en Colombia.

Se trata de la estructura militar necesaria para sostener la explotación económica, el saqueo y el aplastamiento de quienes opongan la dignidad y los sentimientos patrios. Cuentan para la ejecución de sus crímenes, también y de manera principal, con la jauría mediática para la desinformación y colonización de las conciencias en desenvolvimiento de estrategias de captación o de disuasión y, si fuere el caso, utilizando métodos de terror como los que ya se han aplicado torturando, asesinando, desapareciendo, encarcelando, a quienes se le opongan.

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Fracasa política universitaria uribista

Por: Guillermo Baquero

La crisis de la universidad pública colombiana, obliga a ensanchar la mirada sobre los elementos que desbordan su delicada situación económica – financiera, que es una de las secuelas más sensibles del fenómeno desarrollista que ha impuesto en la última etapa el gobierno de Uribe Vélez a la Universidad. Los postulados de la revolución educativa encaran una supuesta modernización de la educación Superior, soportada en los pilares de la Cobertura, la Calidad, la pertinencia y la eficiencia, desde la premisa de hacer más con menos, donde las universidades puedan autofinanciar integralmente sus gastos y logren ser, uno de los principales eslabones productivos del mercado en Colombia (Modelo universidad-Empresa), como el lamentable caso de la Universidad de Pamplona, que en tres años, pasó de ser el ejemplo de ese modelo al colapso, y su única salida según el Gobierno, es transitar por el mismo sendero que el de la Universidad del Atlántico, que bajo la aplicación de la ley de quiebras, hoy se encuentra al borde de la liquidación.

No podríamos limitarnos a valorar cuantitativamente las presiones generadas por esta política en el presupuesto de las universidades, donde las nuevas obligaciones, como el pago de la producción intelectual, el incremento desaforado de cobertura, la acreditación de programas, la cualificación docente, la regionalización, el pasivo pensional, la sistematización y otras responsabilidades, han generado un déficit acumulado que sobrepasa los 158.000 millones y unos gastos de personal que superan los 469.000 millones de pesos con corte a diciembre de 2007 y a pesos del mismo años.

El fondo de la crisis, en esencia expresa el fracaso de un modelo de sociedad excluyente que destina más del 20% del PIB a la guerra y un 0.4% a la educación superior, pero además, un modelo que financia la demanda educativa desde el crédito de ICETEX, siendo éste, la versión de Agro Ingreso Seguro en el sector educativo. Este modelo autoritario de educación, asume la universidad como estricto escenario para la instrucción laboral, desde la apología de las competencias, liquidando las libertades democráticas, la construcción de pensamiento crítico, la reflexión, el dialogo y cualquier posibilidad de cualificación de los conflictos sociales, principios desde donde se nutre, la naturaleza de una universidad en razón de la sociedad y no del mercado.

La movilización de miles de jóvenes universitarios, otros sectores sociales y el apoyo parlamentario, logro arrancar algunos recursos de la seguridad democrática, que no pretendían otorgar a las universidades, aunque estos, no son suficientes para sortear la delicada situación financiera, y por otro lado, su distribución será hecha por el ministerio de educación, bajo los criterios que han conducido a la universidad a tan grave situación. La decisión incondicional del movimiento estudiantil y el proceso desarrollado, demostró la posibilidad de alterar desde la movilización, no solo la distribución del presupuesto nacional, sino de cualquier intención de suprimir los derechos fundamentales del pueblo colombiano.

Los retos del movimiento estudiantil y universitario, se suscriben a la necesidad de defender radicalmente el derecho a una educación verdaderamente pública, gratuita, democratizadora y para la transformación. No es la defensa de esta educación del saber hacer, es lucha por la educación del ser, donde los hombres y las mujeres seamos piedra angulas del desarrollo humano de la sociedad y no objetos con los únicos derechos de comprar y vender. Pero además, los universitarios debemos forjar desde nuestros escenarios de construcción colectiva, herramientas para la articulación con otros sectores sociales y populares, que desborde en un gran proceso de reforma democrática de la universidad colombiana.

La unidad y la organización sin vacilación del movimiento estudiantil, podrá lograr arrastrar a un estadio distinto, la cruel realidad que padece el país, su rebeldía y sus pasos sin temores, tiene el deber de romper con la imposición del silencio y las cadenas del terror; tiene la fuerza suficiente, para despojar a esta generación del vergonzoso lastre del estado comunitario.
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lunes, 26 de octubre de 2009

Por el derecho a la paz y la protección a la población civil


El Partido Comunista Colombiano, integrante del Polo Democrático Alternativo, expresa a la opinión pública nacional e internacional:

1. Su rechazo y condena por los lamentables hechos ocurridos el 18 de octubre de 2009 en el corregimiento de Nazaret de la localidad 20 del Sumapaz de Bogotá, donde fueron asesinados los ediles MARIA FANNY TORRES RAMIREZ y FERNANDO MORALES PABON, miembros del Partido Liberal y la retención de dos ediles del PDA, junto con un contratista de la alcaldía local, presuntamente por miembros del frente 53 de las FARC, quienes además preguntaron insistentemente por la alcaldesa de la localidad REINERE JARAMILO HERRERA, conocida defensora de los derechos humanos.

2. Estos hechos ocurren en un territorio del distrito capital que se ha convertido en teatro de operaciones militares como consecuencia de la “política de seguridad democrática”. Con una de las mayores ocupaciones militares del país en comparación con su población, tal presencia ha sido incapaz de preservar la vida e integridad física de tres ediles, así como las amenazas a la administración local.

3. Paralelamente, las comunidades han denunciado transgresiones al Derecho Internacional Humanitario, por efecto de los continuos operativos militares acompañados de ametrallamientos, bombardeos y campos minados, a lo que se añaden violaciones de los Derechos Humanos expresadas en el asesinato de tres jóvenes, la desaparición de otros tres desde hace más de dos años, más las detenciones arbitrarias y judicializaciones en contra de dirigentes populares de reconocida presencia en la región.

4. A pesar de ser la principal área rural y campesina del distrito, productora de alimentos para la ciudad, la región de Sumapaz constituye hoy una zona con profundas desigualdades sociales y económicas. Sin embargo, la grave situación que se describe no es efecto de la delincuencia sino de la política de guerra del gobierno nacional que se impone para avasallar los esfuerzos de la comunidad y la administración distrital por consolidar la institucionalidad, elevar la equidad social, preservar el medio ambiente y el patrimonio hídrico, y desarrollar modalidades civilistas de seguridad ciudadana.

5. Sumapaz ha sido una región pacífica, fruto de la lucha del movimiento agrario que ha desarrollado organizaciones de masas, comunales y veredales, al tiempo que ha formado consciencia para avanzar hacia cambios democráticos, entre los que se incluye la necesidad de una profunda reforma agraria en el país. Es un objetivo justo preservar la convivencia, con base en el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, el mejoramiento continuo de las condiciones de vida y de trabajo, el entendimiento entre las fuerzas políticas y el respeto por las organizaciones sociales.

6. Al mismo tiempo, el Partido Comunista Colombiano como miembro del Polo Democrático Alternativo, ratifica su indeclinable voluntad por la búsqueda de una solución política y negociada al conflicto armado; exige el respeto a los derechos humanos y las garantías ciudadanas en la región; llama a denunciar el clima de provocación que pretende imponerse para justificar mayores medidas castrenses; reclama la aplicación urgente del derecho internacional humanitario para la protección de la población campesina como prioritaria obligación de las autoridades mientras subsista el estado de militarización actual.

6. Expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas asesinadas y los integrantes del Partido Liberal. Pide rodear a la Alcaldesa de la localidad, a la Junta Administradora Local, a las organizaciones populares y llama a unir todos los esfuerzos para defender la región y trabajar en la búsqueda de la paz.

Bogotá, 22 de octubre de 2009.
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miércoles, 21 de octubre de 2009

Ya expuse la preocupación por bases en Colombia, afirma Lula



Brasilia. (PL) El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy que ya expuso su preocupación por el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, que le permitirá a las tropas norteamericanas utilizar siete bases en la vecina nación.

En conferencia de prensa en Sao Paulo, tras sostener conversaciones oficiales con su homólogo de Colombia, Alvaro Uribe, y asistir a la clausura de un encuentro empresarial entre los dos países, Lula indicó que manifestó sus preocupaciones al presidente Uribe y al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Después, prosiguió, el mandatario colombiano visitó Brasil, tuvimos un encuentro de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y conversé con Obama en Italia. "Pienso que nosotros vamos a encontrar una solución", apuntó Lula.

El presidente brasileño refirió confiar en la palabra de Uribe y en la de Obama, lo cual espera ver reflejado en el acuerdo que en breve debe firmar con Colombia sobre ese asunto.

Pero que más allá de la cuestión bilateral, destacó la necesidad de que haya transparencia entre todos los países de América del Sur en cuanto a las cuestiones estratégicas.

Proponemos, señaló, una reunión del Consejo de Defensa de UNASUR donde todas las naciones miembros expongan sus acuerdos militares con otros países, ya que -subrayó- no debe haber secretos en el proceso de integración que están haciendo.

Por su parte, Uribe apuntó que Colombia no tiene inconveniente a hacer todo lo necesario para que no haya un sólo motivo de desconfianza y espera que en los próximos días sea aprobado el acuerdo de cooperación en términos de seguridad entre los dos países para ayudarnos mutuamente. Nosostros necesitamos la ayuda de Brasil para enfrentar el narcotráfico en la región amazónica. Queremos tener esa integración con Brasil, claro que hemos expresado toda nuestra voluntad para que haya la más sólida confianza, agregó el presidente colombiano, quien realiza una visita de menos de 24 horas a Brasil.
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Bases en Colombia dan a E.U. capacidad de acción en toda Suramérica, dice Rafael Correa


Según el presidente ecuatoriano a la posibilidad de acción en el continente hay que sumarle la reactivación de la IV Flota. "Son cosas que preocupan", agregó.

"Dicen que los bases van a estar bajo el mando colombiano. ¿Cuándo los norteamericanos se han dejado controlar?. Nosotros hemos tenido una base norteamericana diez años bajo control ecuatoriano (en Manta), incluso en cada vuelo tenía que ir un oficial ecuatoriano, y tenemos graves denuncias de actos que se están investigando que eran imposibles de controlar", dijo.

"Se han esgrimido argumentos que no resisten el menor análisis. Decir que eso es un problema soberano de Colombia es como si yo pongo ojivas nucleares en Ecuador y como es mi territorio digo que es un problema soberano del Ecuador. Eso no resiste el menor análisis", agregó.

Correa también cuestionó el argumento de que se trata de la lucha contra el narcotráfico.

"Es la nueva muletilla; antes era la lucha anti comunista, ahora es contra el narcotráfico. ¿Pero qué definirán como narcotráfico?", se preguntó.

"Ya el embajador norteamericano en Bogotá (Willian Brownfield) dijo que como la Farc eran narcotraficantes, también era la lucha contra la Farc. Más tarde como Correa es narcotraficante hay que bombardear a Ecuador. Entonces es realmente peligroso", agregó.

La anunciada autorización de Colombia a que EEUU utilice siete bases en su territorio ha generado fuertes críticas, las más virulentas de ellas de sus vecinos Ecuador y Venezuela, cuyos gobiernos de izquierda señalan que el acuerdo supone una amenaza para la estabilidad regional.

Brasil, otro vecino de Colombia, también expresó su preocupación y pidió garantías de que las misiones que se efectúen en el marco de ese acuerdo no desborden el territorio colombiano.


La Marina de Estados Unidos anunció el restablecimiento de su Cuarta Flota, a partir del 1 de julio pasado para dirigir una mayor presencia naval estadounidense en el Caribe y América Latina.

La Cuarta Flota fue creada en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial como refuerzo de bloqueos y defensa contra ataques de aviones y submarinos, pero fue disuelta tras el conflicto bélico, en 1950.

El tiempo
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Por ’falso positivo’, detenidos 15 miembros del Batallón Calibío


La juez 28 penal municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, ordenó ayer dictar medida de aseguramiento, con detención preventiva, contra 15 miembros del grupo contraguerrilla ’los Aniquiladores’, perteneciente al Batallón Calibío, adscrito a la Brigada 14, con sede en Cimitarra (Santander).

La medida afecta al teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, comandante de ese grupo; al mayor Carlos Eduardo Rodríguez Ávila, jefe de operaciones; al capitán Javier Enrique Alarcón, en cargado de la inteligencia de esa unidad; al teniente Javier Danilo Páez; al cabo Silvio Sánchez Ocoro y a 10 soldados.

Todos son señalados por la Fiscalía como presuntos coautores materiales de homicidio agravado en persona protegida, concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad ideológica y peculado.

Tal como lo anticipó EL TIEMPO el pasado domingo, los hechos que se les imputan están relacionados con la muerte de dos jóvenes -Javier Leonardo Franco Carvajalino y Robinson Antonio Trujillo Márquez-, en la Laguna del Miedo, vereda de Yondó (Antioquia), en enero del 2008.

En la audiencia pública, que duró casi siete horas, la Fiscalía presentó evidencia que apunta a que se trató de dos ejecuciones extrajudiciales y no de un enfrentamiento con bandas emergentes, como se dijo inicialmente. Es más, los investigadores, incluidos miembros de la Procuraduría, hablan de un ’plan criminal’ preconcebido y acordado con un reclutador: Jaime Aldana, ’el Mocho’.

Militares se defienden

La defensa de los uniformados niega los cargos y asegura que serán desvirtuados a lo largo del proceso. Y manifestó su malestar por la publicación de esta historia y amenazaron con demandas.

Sin embargo, en el caso de la Laguna del Miedo, pruebas técnico-científicas señalan que no hubo combate y que la escena de los hechos fue alterada. Además, testigos y evidencia demuestran que ’el Mocho’ trabajó por años como informante del Ejército y aparece cobrando recompensas.

Ahora, la Fiscalía indaga si otros cinco procesos que hacen curso en la Unidad de Derechos Humanos, y en los que también están implicados miembros de ese batallón, tienen algún hilo conductor.

Por el momento, los fiscales de esos casos -en donde los muertos superan la decena- intercambiarán información.

Varios de ellos, incluido el de la Laguna del Miedo, venían siendo denunciados desde hace 20 meses por familiares de las víctimas y por la ONG Credhos, quien le confirmó a este diario parte de la historia que hoy retoma la justicia.

Aplazan audiencia del caso Soacha

Un juez de Bogotá decidió ayer aplazar de nuevo la audiencia en la que el defensor de dos de los militares involucrados en los ’falsos positivos’ de Soacha solicitaba la libertad de los uniformados por vencimiento de términos. El defensor del cabo segundo Wilson Virgilio Suárez Gaitán y del sargento segundo Jáder Alvarado Sequea alegaron que uno de sus clientes debía asistir a una diligencia de exhumación de la mamá. Es la tercera vez que esta audiencia no se realiza. El pasado 29 de julio y el 4 de agosto, no se pudo llevar a cabo por la inasistencia de una de las partes.

Eltiempo

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lunes, 19 de octubre de 2009

Concejal Jaime Caicedo repudia asesinato de dos Ediles y secuestro de otros dos



* Califica los lamentables acontecimientos como una provocación inexplicable y expresó solidaridad con los familiares de los ediles asesinados, los habitantes de Sumapaz y el Partido Liberal.

* “El área rural de Bogotá está en proceso de convertirse en teatro de operaciones militares, ante lo cual los demócratas debemos expresar nuestro rechazo”.

El concejal del Polo Democrático Alternativo, Jaime Caicedo, repudió enfáticamente el asesinato de los ediles de Sumapaz, afiliados al partido liberal, María Fanny Torres Ramírez y Fernando Morales Pabón, así como el secuestro de dos ediles más del Polo Democrático Alternativo, Alexander Guzmán y Carlos Suárez, junto con una funcionaria de la Alcaldía Mayor, quienes asistían a una reunión de Asojuntas en una vereda en jurisdicción de Nazareth, Localidad de Sumapaz, al tiempo que exigió de las autoridades competentes el esclarecimiento pronto y total de los hechos y las motivaciones que llevaron a la muerte de los ediles y expresó su firme condena a los autores de estos crímenes, vengan de donde vinieren.

Caicedo señaló que resulta sumamente preocupante la repetición de esta clase de actos, ya que en diciembre del año pasado fuera asesinado en oscuras circunstancias otro edil del Partido Liberal después de permanecer varias semanas secuestrado por un grupo ilegal. “Además debemos denunciar que los autores del asesinato de los ediles, aparte de secuestrar a dos ediles más y a funcionarios del Distrito, preguntaron por la presencia de la alcaldesa local, amenazando con su secuestro. Todo esto parece tener visos de estrategia fríamente calculada para crear una situación política de desequilibrio e incertidumbre en una localidad que se ha distinguido desde hace varios años por su tranquilidad, gracias a la intervención directa de la comunidad, las organizaciones sociales y de las fuerzas políticas presentes en la región. Históricamente hemos dado una batalla democrática por preservar la paz en esta localidad, en un trabajo conjunto entre el Partido Liberal y las demás fuerzas políticas que tenemos representación es esta importante región”.

El concejal del Polo Democrático Alternativo recordó que, con anterioridad a los asesinatos de líderes políticos de esa Localidad, ocurrieron allí las desapariciones de varios jóvenes campesinos, sumadas a la retención arbitraria de un tercer campesino que posteriormente apareció muerto, sin que hasta la fecha haya claridad de los motivos y autores de estos execrables hechos.

“Estos graves acontecimientos generan una serie de cuestionamientos e inquietudes por parte de los habitantes de Sumapaz y del propio Polo Democrático Alternativo, ya que es virtualmente imposible circular por esa importante zona rural sin que las autoridades militares lo detecten. A estas alturas y desde hace varios meses, la presencia militar es muy fuerte y numerosa, a tal punto de que existen poco más de tres soldados por cada habitante a lo largo y ancho de Sumapaz”, declaró Caicedo.

Agregó que es evidente que la política de seguridad democrática, como política de guerra permanente, no ha logrado consolidar una política de paz. “Por lo contrario, lo que ha hecho es agravar la situación de conflicto y violencia. Esto tiene que llevar al conjunto de la sociedad a una profunda revisión de estas políticas y para encontrar reales soluciones a una guerra que arrasa sin miramientos al pueblo colombiano. El problema no se resuelve acallando la guerra con más guerra”.

Propuso al Concejo de Bogotá y a la administración distrital un debate con la presencia del ministro de la Defensa y de la Alcaldía Mayor de Bogotá para adelantar una detallada revisión del apoyo que la ciudad está otorgando a las fuerzas militares y de policía a través de los cuantiosos recursos financieros que se han aprobado. “Estos hechos demuestran que muy a pesar de este respaldo, lejos de conducir a la ciudad hacia caminos de seguridad ciudadana, de paz y estabilidad, estamos recorriendo un camino peligroso que implica la desaparición de dirigentes políticos y de ciudadanos inermes en medio de este huracán violento que asola al país y que parece tener intenciones de asentarse con nuevos bríos en la ciudad”.

En su opinión, la administración de la ciudad, las fuerzas sociales y la comunidad deben estar muy atentas a los desarrollos de la situación en Sumapaz. “No sólo se trata de una región que ha soportado históricamente los golpes sistemáticos de la violencia, por medio de una tarea de amedrentamiento y propagación del terror entre sus pobladores. También Sumapaz es una de las fuentes de agua más importantes del planeta. Recordemos que en el resto del país han ocurrido hechos similares de violencia que han antecedido la ocupación de territorios caracterizados por sus riquezas naturales. Habría que investigar cuál es el real origen y significado de estos repudiables asesinatos, secuestros y desapariciones”, advirtió el dirigente político.
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Concejal Jaime Caicedo denuncia agresión presidencial a la Universidad Nacional



· Testimonios de docentes y estudiantes que presenciaron los eventos en la Universidad Nacional, indican que la policía irrumpió por orden presidencial después de que se había llegado a un acuerdo.

El concejal Jaime Caicedo Turriago, quien se ha desempeñado por largos años como docente de la Universidad Nacional, denunció que el presidente Uribe dio la orden de invadir el campus a sabiendas de que ya se había llegado a un acuerdo, dando tratamiento de terrorismo a un conflicto puramente académico y de defensa de la universidad pública ante la desidia de su gobierno y la profunda crisis financiera que afronta la educación superior pública.

Según docentes y estudiantes que participaron en los hechos, no hubo situación alguna que pudiera calificarse como secuestro del rector de la Universidad Nacional, Moisés Waserman. “De hecho, hubo declaraciones de algunos decanos presentes, que no retransmitieron los medios masivos de comunicación, que dieron fe de la actitud pacífica y tranquila de los estudiantes y docentes y que niegan rotundamente que se hubiese tratado de un rapto o secuestro, como afirma Waserman”.

Caicedo señaló de manera enfática que “la tesis de Waserman de que se trató de un secuestro es mendaz y a todas luces indigna de un rector universitario. Pretender que los incidentes estuvieron acompañados de armas, agresiones o violencia no es más que un embuste, desmentido por todos los presentes. Esta es la obvia consecuencia de la negligente actitud de un rector que rehúye el diálogo con la comunidad académica y que desoye sus genuinas y fundadas preocupaciones, cuando se requieren precisas explicaciones en medio de una crisis de la Universidad pública, cuyo origen es el abandono por el Estado de sus responsabilidades. La orden de Uribe es un acto claro de abuso de poder. Por instigación del presidente desde el avión presidencial, según sus propias declaraciones en la rueda de prensa, Waserman se prendió de la absurda teoría del secuestro para justificar el ingreso injustificable del Esmad y la policía motorizada con las consecuencias que el país hoy lamenta en términos de heridos y detenidos, muchos de los cuales ni siquiera estaban presentes en el diálogo con el rector”, señaló Caicedo.

El incidente del rector, el carro blindado y los estudiantes tuvo mediaciones importantes gracias a los dirigentes del movimiento, los decanos, la guardia indígena que estaba presente en los predios de la universidad por razones distintas, los representantes profesorales y la asociación sindical de profesores. Hubo una convergencia de pareceres por una solución. “Como concejal de Bogotá y profesor de la UN también actué en esa dirección desde afuera del Campus”.

El concejal de Bogotá destacó como digna y consecuente la posición asumida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá y por la propia Policía Metropolitana, quienes en todo momento mantuvieron una actitud serena y negociadora. Finalmente un acuerdo con el rector fue posible. El rector abandonó el Campus e ingresó a su oficina en el edificio Uriel Gutiérrez. “Es en ese momento cuando la provocación preparada desde la presidencia se desencadena: el cerco al Campus se abre para el ingreso del Esmad. Es la orden de Uribe la que crea un manejo de orden público donde nunca hubo nada distinto a un incidente académico interno”, indicó Caicedo.

“En su delirio autocrático Uribe acusó de secuestradores a los estudiantes y pidió su judicialización en su rueda de prensa del 16 de octubre en la noche desde la oficina rectoral de la Universidad Nacional. En el Consejo comunitario del 17 dijo que se trató de “un acto terrorista con fines de homicidio”. Semejantes declaraciones dignas de un maniático fueron desmentidas por la vida misma. Los diecisiete estudiantes detenidos fueron liberados en la UPJ de Bogotá: ninguno figuraba en los videos policiales y ninguno había sido detenido en flagrancia”.

Caicedo finalizó señalando que la obvia conclusión de este incidente es que “lo que quería el gobierno nacional era ocupar policialmente el Alma Mater, sentar el precedente de imponer su voluntad por encima de la Alcaldía Mayor y tender una cortina de humo sobre la crisis presupuestal de las universidades que no se propone resolver, mientras dedica recursos a sus amigos del Agroingreso seguro, a la adecuación de bases militares para un ejército extranjero y la entrega de notarías a sus socios pro-reelección, entre otros enredos que se niega explicar al pueblo colombiano, en un momento de movilización indígena, estudiantil, magisterial y universitaria”.

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sábado, 17 de octubre de 2009

Presidente Uribe auspicia violencia contra estamentos universitarios


Prensa PCC

Bogotá. La orden de ingreso de la Policía Nacional y sus cuerpos represivos como el ESMAD a los predios de la Universidad Nacional UN dada por el mandatario colombiano auspicia la violencia, los señalamientos y la estigmatización contra los estamentos de las universidades públicas del país que reclaman mayor presupuesto para el funcionamiento. En tal sentido se han expresado voceros de las organizaciones de profesores, trabajadores y estudiantes universitarios tras la acción represiva ordenada por el ejecutivo nacional para reprimir las protestas que en la UN y diversos centros de educación pública se desarrollan en los últimos días.

En la UN los estudiantes habían convocado para el viernes 16 de octubre a un foro con la presencia del rector Moisés Wasserman para que explicara la profundidad de la crisis financiera del alma mater, el funcionario se negó a asistir, los estudiantes se percataron que si había cumplido a una reunión en otro sitio de la universidad por lo que fueron en su búsqueda reteniéndole pacíficamente dentro del vehículo durante tres horas. Entre tanto, funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y de la Defensoría del Pueblo cumplían su papel de mediación para una solución pacífica de la situación. Al caer la tarde se logró arreglar el caso y el rector pudo movilizarse sin complicaciones. A partir de ese momento ingresan abusivamente los policías del ESMAD y detienen a 22 jóvenes, deportistas que jugaban un partido de futbol, miembros de grupos evangélicos y transeúntes que son capturados a varias cuadras de la UN como lo denunciaron sus padres. Varios jóvenes son puestos en libertad a pocos minutos por las autoridades por ser menores de edad.

Jaime Caicedo, concejal del Polo Democrático Alternativo y secretario general del Partido Comunista, calificó la actitud del Presidente de la República, Álvaro Uribe, de violación a la constitución colombiana, pues las ordenes y la jefatura general de la policía metropolitana de Bogotá recae sobre el Alcalde Mayor, Samuel Moreno Rojas.

Denuncia Caicedo que de la misma manera se pisotea el principio constitucional de la autonomía universitaria.
Uribe pretende ocultar la aguda crisis financiera de las universidades públicas, dijo Caicedo.

Por su parte, la vice rectora de la UN, Beatriz Sánchez señaló que la orden presidencial de ingreso de la policía a los predios de la universidad se dio por encima de lo planteado por autoridades universitarias que a esa hora insistían y reconocían los avances en los diálogos adelantados para acordar una reunión el próximo lunes en la que se hará el debate solicitud por los estamentos de la UN.

La funcionaria reconoce la gravedad de la crisis financiera de universidad pública y entiende las inquietudes de los estamentos al interior de la universidad.

“La situación es crítica y si esto no se corrige la universidades públicas van a colapsar" dijo la vice rectora de la UN.
Irregularidades en detención a jóvenes en UN

En las instalaciones de la UPJ en la Localidad Teusaquillo permanecían detenidos 12 jóvenes a la espera de la liberación. Sus padres y familiares sostienen que existe total irregularidad para impedirles su libertad. Aseguran que no hacían parte de dichas protestas. A pesar de esa situación el presidente Uribe y el comandante de la Policía, Cesar Augusto Pinzón, pretenden que a los jóvenes se les judicialice por secuestro simple. Ante estos atropellos nuevamente se levantan las voces en rechazo a los señalamientos y estigmatización contra las luchas de los estamentos universitarios en Colombia.

“Estas protestas y movilizaciones de los universitarios se realizan porque de otra forma no les escuchan las autoridades sordas existentes en el país. No hubo secuestro, es una forma pacífica de exigir dialogo a un rector que no da la cara ni escucha a los estamentos de la UN” narró a la prensa un padre de familia.

A las 8:30 de la mañana del sábado 17 de octubre comenzó a caer la patraña oficial y empiezan a ser puestos en libertad varios jóvenes que pasaron la noche detenidos en las instalaciones de la UPJ, al comprobarse que en la gran mayoría de los casos eran personas que los policías cogieron en las afueras de la UN y eran integrantes de una congregación religiosa que preparaban una reunión en las afueras del claustro universitario.

Prensa PCC

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martes, 13 de octubre de 2009

Se lo dan a Obama, se lo niegan a Piedad


Por:Atilio Boron

Premio consuelo

En una insólita decisión el Comité Nóbel de Noruega puso fin a siete meses de búsqueda entre los 205 nominados para el Premio Nóbel de la Paz y se lo confirió a Barack Obama. En el camino quedó nuestra entrañable senadora colombiana Piedad Córdoba, cuyos esfuerzos en pro de la paz en su desgarrado país merecían con creces ser recompensados con el Premio adjudicado al presidente norteamericano. Este fue nominado, y no es un dato menor, cuando apenas se cumplían dos meses de su ingreso a la Casa Blanca. ¿Qué hizo por la paz mundial en ese breve plazo? Pronunciar lavados discursos y formular nebulosas exhortaciones. En cambio la senadora lleva años exponiendo su integridad física detrás de sus palabras y sus acciones a favor de la pacificación de Colombia. Pero el Comité noruego no lo entendió así y Piedad fue una vez más postergada. Mujer, negra, de izquierda, latinoamericana: demasiados defectos para los prudentes integrantes del Comité, siempre “políticamente correctos”, eternos “bienpensantes” que sólo por equivocación elegirían a un personaje público cuyas luchas por la paz no sean aceptables para el imperio. El Dalai Lama lo es; Piedad no. Para aquél el Premio; para ésta el ninguneo.

Por eso no sorprende que la decisión del Comité noruego haya provocado reacciones muy diversas en el sistema internacional: desde el estupor hasta una gigantesca risotada. Las declaraciones del presidente de ese órgano, Thorbjorn Jagland, no tienen desperdicio: “es importante para el Comité reconocer a las personas que están luchando y son idealistas, pero no podemos hacer eso todos los años. De vez en cuando debemos internarnos en el reino de la realpolitik. Al fin de cuentas es siempre una mezcla de idealismo y realpolitik lo que puede cambiar al mundo.” El problema con Obama es que su idealismo se queda en el plano de la retórica, mientras que en el mundo de la realpolitik sus iniciativas no podrían ser más antagónicas con la búsqueda de la paz en este mundo.

Según informa Robert Higgs, un especialista en presupuestos militares del Independent Institute de Oakland, California, la forma como Washington elabora el presupuesto de defensa oculta sistemáticamente su verdadero monto. Al analizar las cifras elevadas al Congreso por George W. Bush para el año fiscal 2007-2008 Higgs concluyó que ellas representaban poco más de la mitad de la cifra que sería efectivamente desembolsada, llegando por eso mismo a superar la barrera, impensable hasta ese entonces, de un billón de dólares. Es decir, de un millón de millones de dólares. Y esto es así porque, según Higgs, a la suma originalmente asignada al Pentágono es preciso sumar los gastos relacionados con la defensa que se ejecutan por fuera del Pentágono, los fondos extraordinarios demandados por las guerras de Irak y Afganistán, los intereses devengados por el endeudamiento en que incurre la Casa Blanca para afrontar estos gastos y los que se originan en la atención médica y psicológica de los 33.000 hombres y mujeres que sufrieron heridas durante las guerras de Estados Unidos y que requieren un abultado presupuesto de la Administración Nacional de Veteranos. Obama no ha hecho absolutamente nada para detener esta infernal máquina de muerte y destrucción; al contrario, bajo su gestión este presupuesto se incrementó, de modo que aquella barrera del billón de dólares ya quedó bien atrás. Por eso resulta sumamente irritante que cuando por boca de su Secretaria de Estado la Casa Blanca denuncia los “gastos desproporcionados en armamentos” en lugar de ver la viga que tiene en su propio ojo el blanco de sus críticas no sea otra que ¡la Venezuela bolivariana!

El flamante Premio Nóbel de la Paz aumentó el presupuesto para la guerra en Afganistán al paso que contempla incrementar el número de tropas desplegadas en ese país; sus tropas siguen ocupando Irak; no da señales de revisar la decisión de George Bush Jr. de activar la Cuarta Flota; avanza en un tratado todavía secreto con Álvaro Uribe para desplegar siete bases militares norteamericanas en Colombia, y se habla de cinco más que estarían a punto de confirmarse, con lo cual está preparando (o se convierte en cómplice) de una nueva escalada guerrerista en contra de América Latina; mantiene su embajador en Tegucigalpa, cuando prácticamente todos se marcharon, y de ese modo respalda a los golpistas hondureños; mantiene el bloqueo en contra de Cuba y ni se inmuta ante la injusta cárcel de los cinco cubanos encarcelados en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. Claro, el Comité noruego sufre periódicamente algunos desvaríos –no se sabe si ocasionados por su ignorancia de los asuntos mundiales, presiones oportunísticas o las delicias del acquavit noruego-, lo que se traduce en decisiones tan absurdas como la actual. Pero, si en su momento le concedieron el Premio Nóbel de la Paz a Henry Kissinger, correctamente definido por Gore Vidal como el mayor criminal de guerra que anda suelto por el mundo, ¿cómo se lo iban a negar a Obama, sobre todo después del desaire que sufriera a manos de Lula en Kopenhagen? La realpolitik exigía reparar inmediatamente ese error. Porque, al fin y al cabo, como lo declaró el propio presidente de Estados Unidos al enterarse de su premio, éste representa la “reafirmación del liderazgo norteamericano en nombre de las aspiraciones de los pueblos de todas las naciones.” Y, en un súbito ataque de “realismo”, los compañeros del Comité noruego pusieron su granito de arena para fortalecer la declinante hegemonía estadounidense en el sistema internacional. Se sospecha que por esta ayudita ellos también, en su momento, serán debidamente recompensados.

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El diario El País de España le canta la tabla a Uribe

Uno de los periódicos más influyentes de Iberoamérica critica severamente los escándalos del gobierno de Uribe del cual dice, entre otras cosas, que los “desaguisados (barbaridades) del mandato de Uribe, harían sonrojar hasta a un dictador. Enumerarlos es como una visita al museo de los horrores”. También critica que a pesar de los múltiples escándalos tenga tanto favoritismo para reelegirse

Bajo el título, “Colombia no se mira al espejo”, el diario español El País, registra este lunes en su página internacional, parte de los escándalos políticos y criminales que han rodeado a la “Casa de Nari”, en cabeza del presidente Uribe, uno de los gobernantes más corruptos, que ha padecido Colombia en toda su historia.

Sin embargo la lista de barbaridades que menciona El País se queda corta. Se le quedaron por fuera inumerables desaguisados, entre ellos, por ejemplo, el enrriquecimiento ilícito de sus hijos o el escándalo de moda: Agro Robo Seguro, indudablemente craneado por el jefe de la “Casa de Nari” y su banda.

Como un servicio a nuestros lectores, prensa PCC transcribe a continuación el texto en su integridad, aclarando que la ilustración es una foto autentica de una valla que le colocaron al frente de la sede de Andrés Felipe Arias .


Es el culebrón más largo de la historia de los medios de comunicación colombianos: ¿será Álvaro Uribe candidato a tercer mandato y segunda reelección? El mandatario repta desde hace meses hacia una declaración que casi todos dan por afirmativa, mientras él dejaba que calara la idea de que no podía pronunciarse porque si lo hiciera se convertiría en un pato cojo, como los presidentes estadounidenses que en los últimos meses de su mandato apenas acarrean poder ante seguidores y adversarios.

Pero hay otras razones. El líder colombiano no quiere comprometerse mientras no sea seguro que pueda presentarse, y una serie de obstáculos legales, tanto de calendario como constitucionales, pueden hacer que eso no ocurra hasta marzo de 2010, en vísperas de las elecciones legislativas, fecha también para el referéndum que legalizaría su candidatura.

De entre todas las personalidades directa o indirectamente consultadas solo el ex presidente Belisario Betancur afirma que Uribe no piensa presentarse; el aspirante del partido liberal a las presidenciales de mayo próximo, Rafael Pardo, explica con conocimiento enciclopédico cómo es imposible que se presente porque la Corte Constitucional le negará el permiso, pero no duda que el presidente bien quisiera hacerlo;

y la práctica totalidad de las voces políticas lo dan por presentado, como Carlos Gaviria, candidato del Polo en 2006, que, aunque fue fácilmente batido por Uribe con el 22% de los sufragios, obtuvo la más alta votación de todos los tiempos a una izquierda que no trata de disimular que lo es; y en ello coincide el aspirante oficial de esa izquierda para 2010, Gustavo Petro, partidario de sacar votos hasta de los sumideros para frenar a Uribe.

Colombia, como Dorian Grey, no quiere mirarse al espejo porque la lista de desaguisados que amojonan el segundo mandato presidencial, haría sonrojar hasta a un dictador. Enumerarlos es como una visita al museo de los horrores: más de medio centenar de diputados uribistas procesados o en la cárcel, la mayoría por conexiones con los paramilitares;

espionaje telefónico del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) sobre todo el que se mueva; compra de votos a la vista del público para cambiar la Constitución; adjudicación de notarías a cambio de apoyo parlamentario;

legitimación del transfuguismo masivo, como ocurrió en la aprobación de la ley del referéndum ya citado, sobre el que el Ejecutivo estudia la reforma del censo para que la cifra de siete millones y pico de votantes, mínimo exigible para que valga la consulta y que son la cuarta parte del electorado, quede en poco más de cuatro millones, con lo que a Uribe le bastarían dos para ser candidato;

el caso más egregio de todos, los dos mil y pico falsos positivos -eufemismo por asesinato- de otros tantos campesinos perpetrados por el Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros, sobre los que Uribe no reconoce responsabilidad ni conocimiento.

Y la última bofetada, la certificación estadounidense de que Colombia coopera en la lucha contra la droga -especialmente, cediendo el uso de siete bases a Estados Unidos- cuyo texto está concebido en lenguaje de potencia protectora a tribu protegida.

Washington afirma, entre otros descaros, que "facilitará el diálogo entre el Gobierno colombiano y los cuerpos sociales", dando por sentado que Bogotá necesita que la estimulen. Y nadie protesta.

Pero esa letanía no parece contar para lo que se llama en Colombia opinión pública que, en realidad, se reduce a poco más de un tercio de 44 o 45 millones de habitantes, que son los que votan, los que tienen voz, y a los que el presidente tiene convencidos, seducidos, o simplemente, favorecidos por su mandato.

Sobre esa base el uribismo gubernamental ha incluso teorizado. Esa masa constituye un Estado de Opinión, superior incluso al Estado de Derecho, y sobre el que voces áulicas se apoyan para decir que si el pueblo lo quiere no puede haber inconveniencia legal que se interponga.

Las espadas en alto se expresan en un escueto binomio: elecciones con o sin Uribe; si es con parece difícil que el movimiento TCU (Todos contra Uribe) pueda lograr su propósito; excepto un puñado de intelectuales y sindicalistas, el resto de las clases ilustradas vota arrastrando a su clientela por un presidente gracias al cual ven la luz al final del túnel, un país del que las FARC, marxistas quizá, terroristas seguro, hubieran desaparecido exterminadas por el ángel vengador, del que pudieran disfrutar comiéndose el ajiaco en su segunda residencia;

y si es sin, todo vale desde la victoria del que unja Uribe como delfín, para lo que hay más aspirantes que partidos, hasta una tupida nómina de opositores que van desde el uribismo antireeleccionista -Germán Vargas Lleras; el partido liberal y el Polo;

algún girón conservador con la ex embajadora en España Noemí Sanín; los llamados tres tenores del partido Verde -que podría ser de cualquier otro color- los ex alcaldes de Bogotá, Lucho Garzón, Antanas Mockus, y Enrique Peñalosa, de los que este último es ya precandidato;

y hasta un candidato sin partido, pero asimilable a varias de las formaciones anteriores, Sergio Fajardo, antioqueño como el presidente, Álvaro Uribe Vélez, que en ese caso improbable dejaría el poder. Hay quien dice que hay túnel, pero lo que falta es luz.

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