MÁS DE 8.000 FAMILIAS SERÍAN LAS PERDEDORAS DEL PLAN AEROPUERTO

BOLETÍN DE PRENSA

MÁS DE 8.000 FAMILIAS SERÍAN LAS PERDEDORAS DEL PLAN AEROPUERTO

· Alcaldía debe presentar sin más dilaciones el proyecto de Acuerdo para reliquidar valorización y gravar al concesionario con impuesto predial.

· Grupos económicos estarían ofreciendo prebendas a líderes comunitarios para desintegrar organización social frente al plan.



La Operación Estratégica del aeropuerto Eldorado parece estar destinada a favorecer con exclusividad los intereses de grandes inversionistas en contra de los derechos al trabajo, la vivienda, el disfrute del territorio y del desarrollo económico de más de 8.000 familias que hoy poseen viviendas o pequeños negocios en Fontibón y Engativá, denunció el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caycedo Turriago en el debate promovido para desentrañar las verdades sociales que implica el famoso plan aeropuerto.



“No nos oponemos al desarrollo urbanístico y económico. Lo que combatimos es que estos avances se hagan en beneficio único de los grandes monopolios nacionales y extranjeros, mientras que a los habitantes históricos de estas dos localidades el destino que parece esperarles es el desarraigo y la quiebra de su patrimonio, toda vez que con los precios que les están ofreciendo los voraces mercaderes de inmuebles no alcanzan a comprar un negocio o una vivienda siquiera parecidos a los que poseen, sin contar con que se ven desplazados a los extramuros de la ciudad en condiciones francamente desmejoradas”, señaló el concejal del Polo.



Uno de los hechos que más preocupa al concejal Jaime Caycedo es que “el papel que el POT, tal como está concebida su orientación política, le da a la administración de la ciudad parece ser simplemente la de facilitarle todo a los privados, dictando las normas de cambios de uso del suelo y fomentando y apoyando la renovación urbana para que monten sus nuevos negocios, dejando desamparados a mas de 8.000 propietarios, de los cuales 5.952 son residenciales”.



Caycedo dijo que si bien los estudios que dan base al plan indican que hay un área adecuada para construir 6.000 viviendas para las familias a reubicar, hoy no se conoce una sola propuesta concreta en este sentido y por el contrario, la política parece ser la de desplazar definitivamente a los habitantes. “No hay un plan cierto de reubicación de este numeroso grupo de personas que aclare en qué condiciones se haría y dónde estarían estas soluciones de vivienda. Mucho menos se ha dicho cómo se va a compensar la pérdida de ingresos de las familias que viven de sus pequeños negocios”, reclamó Caycedo Turriago.



Señaló que también le inquietan las denuncias de pobladores de estas dos localidades en el sentido de que los grupos privados están ofreciendo prebendas económicas a ciertos líderes comunitarios, como viajes a Buenos Aires con todos los gastos pagos, para tratar de minar la organización social de base que reclama sus derechos y mejores condiciones de vida.



Propuestas



El concejal Jaime Caycedo propuso que la expedición del decreto que da vida legal al plan zonal debe aplazarse hasta tanto se produzca la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial por parte del Concejo de Bogotá. “Lo más urgente en este momento es tomar las medidas de carácter social que la población reclama, empezando porque la administración distrital presente sin más dilaciones el proyecto de Acuerdo para reliquidar la valorización local, modificar el plan de obras y gravar al concesionario OPAIN con la valorización y el impuesto predial. También es necesario un plan de empleo para vincular a la población de la zona afectada y desarrollar acciones de mejoramiento de vivienda, vías e infraestructura básica, con el aporte de los gobiernos nacional, departamental y distrital, pues los impuestos generados por el plan aeropuerto van a beneficiar a estos tres niveles”.

Caycedo Turriago también sugirió tener mucho cuidado con las zonas de interés arqueológico que ha definido el ICANH como son las Haciendas La Estancia y El Escritorio en las cuales existen camellones muiscas que datan de más de 600 años. “Todo esto debe partir de un proceso que aun no se adelanta como es la elaboración de un diagnóstico socio económico con participación de la comunidad para medir el impacto económico y social de la renovación urbana a fin de elaborar alternativas ajustadas a las necesidades de la comunidad afectada”.





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