Corporación REINICIAR
El exterminio de los militantes y simpatizantes de la izquierda comunista, comenzó antes de que la Unión Patriótica (UP) tuviera su partida de nacimiento en los Acuerdos del 28 de mayo de 1985 entre el Gobierno de Colombia y las FARC.
El exterminio de los militantes y simpatizantes de la izquierda comunista, comenzó antes de que la Unión Patriótica (UP) tuviera su partida de nacimiento en los Acuerdos del 28 de mayo de 1985 entre el Gobierno de Colombia y las FARC.
Desde antes de las conversaciones de paz, se desarrollaban operaciones contra los dirigentes y activistas del partido comunista y de otras fuerzas de oposición del ámbito nacional y regional que se enfrentaban al poder y los privilegios de los terratenientes y las élites locales. En el comienzo de los años 80, varios concejales vinculados a los comunistas en Cimitarra (Santander) fueron objeto de ataques, asesinatos y atentados.
El surgimiento de la UP exacerbó a los enemigos de la democracia y defensores de la exclusión social, política y económica prevaleciente en ese momento que les proporcionaba privilegios de los que no se querían desprender. La cuestión alcanzó ribetes dramáticos después de la primera comparecencia electoral de la UP en 1986, de la cual hacían parte las FARC, pues obtuvieron resultados importantes en cuanto a concejales y diputados, al igual que para el congreso y la votación por el candidato presidencial fue la más alta que hasta ese momento había alcanzado la izquierda en Colombia. Prácticamente la UP multiplicó por cuatro la votación anterior del Partido Comunista.
El exterminio sistemático no se hizo esperar y los planes como el baile rojo, la operación retorno y otros se pusieron en marcha para no solo acabar con los integrantes de la UP y sus simpatizantes, sino para erradicar el comunismo de la faz de Colombia, como se hace con la mala hierba que afecta a los otros cultivos.
Ha sido muy largo y tortuoso que desde el comienzo han debido recorrer las víctimas del genocidio o exterminio de la UP. En 1992 un informe del Defensor del Pueblo, encargado por la Corte Constitucional, recién creada por la Constitución de 1991, al revisar una tutela interpuesta por un militante de la UP, estableció documentadamente 717 casos de homicidios contra miembros de la UP, de los cuales “sólo diez habían sido resueltos en juzgados penales y que en seis de ellos se habían, pronunciado sentencias absolutorias”.
Ante tamaña impunidad las víctimas, lideradas por la Corporación REINICIAR, fundada por defensoras y defensores de derechos humanos desplazados de Barrancabermeja, quienes habían creado la ONG CREDHOS para defender los derechos humanos en esa zona y actuado políticamente con la UP, acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y formularon una denuncia por Genocidio. La CIDH admitió el caso, en 1997, después de una larga batalla con el Estado colombiano que no escatimó esfuerzos para impedir que el caso fuera tramitado ante la CIDH, la Comisión no aceptó el cargo de genocidio, porque dijo: que no había una tipificación de esta conducta que estableciera los motivos políticos, pero, admitió que lo alegado por los peticionarios era una violación múltiple de los derechos reconocidos en la Convención Americana de derechos humanos lo más parecido a ese crimen internacional.
En 1996, comienza el trámite para la búsqueda de una solución amistosa, etapa que es obligatoria en los proceso ante la CIDH y que no pretende transar los derechos sino establecer la restitución integral de los derechos conculcados y la reparación por los daños ocasionados. Fue un largo y difícil camino que se prolongó desde el gobierno de Samper, hasta el primer gobierno de Uribe. Durante la campaña de éste para ser reelegido, una de las cuñas promocionales ponía una voz de un supuesto ex miembro de la UP que decía: que los de la UP, se torcieron y se dedicaron a matar, motivo por el cual él apoyaba a Uribe. Esa gota rebosó la copa de las hostilidades del Gobierno contra los sobrevivientes y sus familias, expresada en todo tipo de ataques, contra la vida y la integridad, de la falta de voluntad y de la descarada enemistad con el movimiento al que le retiró la personería jurídica, pese a que el propio Estado, había aceptado que su exterminio había ocurrido por la acción violenta de sus agentes o de particulares que contaron con su apoyo o fueron tolerados por ellos.
El Gobierno colombiano, lanza su propuesta de paz con los grupos paramilitares y el comisionado de paz negocia con los jefes de estos grupos, a los cuales se unen reconocidos narcotraficantes. Uno de los resultados es la ley de justicia y paz (ley 975), que ofrece penas alternativas a cambio inicialmente de la verdad que cada uno quisiera contar, pero que gracias a la Corte constitucional se transforma en la verdad total de todos los hechos en los que participaron o que conocieron durante su vida criminal.
La mayoría de estos jefes usó al comienzo las versiones libres para justificar sus fechorías y horrendos crímenes, pero cuando empiezan a contar sus nexos con los militares, policías y políticos regionales y la justicia, o más exactamente la Sala Penal de la Corte Suprema acepta sus dichos como pruebas para investigar y enjuiciar a los dirigentes políticos del uribismo, el Gobierno, decide extraditarlos a Estados Unidos al finalizar el primer semestre de este año. Desde ese momento, no ha sido posible que ninguno de los 14 extraditados comparezca ante la justicia colombiana para seguir contando la verdad de sus relaciones con los políticos y funcionarios colombianos. Las promesa que hicieron tanto las autoridades de Colombia como de los Estado Unidos de que el traslado a este país no afectaría los procesos de justicia y paz hasta ahora, ha resultada falaz. Y ahora, cuando el paramilitar desmovilizado Ever Veloza García, alias HH, quien actuó como jefe paramilitar en la zona de Urabá, organización paramilitar que posteriormente a la desmovilización decidieron denominar el “Bloque Bananero”, comienza a contar los múltiples crímenes contra los miembros de la UP en esa región, deciden tramitar su extradición a los Estados Unidos.
HH, confesó su participación en el crimen de Luís Eduardo Cubides, asesinado el 17 de enero de 1996 en el corregimiento del dos del municipio de Turbo, quien se desempeñó como concejal de la UP en este municipio en los años 1994 a 1995 y también la de otros miembros de la UP:
Alejandro Baloyes, Winston Garcés, Vidal Debia Ramírez, Edilberto Cuadrado Llorente, Walter de Jesús Borja Dávila, Arturo Moreno, Julio César Serna, Humberto Carrillo Pacheco, Alfredo Flórez, y Marcelino Blanquicet.
Igualmente ha comenzado a brindar información sobre el caso del asesinado senador Manuel Cepeda, y de los atentados contra Wilson Borja, hoy representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo y antes militante de la UP y de Aída Avella cuando era presidenta de la UP y tuvo que exiliarse después de ser objeto de un ataque con bazuca en plenas calles de Bogotá.
Si HH, es extraditado, no se podrán esclarecer estos hechos y la impunidad seguirá tan campante prevaleciendo en el caso de la UP. Falta mucho por contar y HH, lo ha dicho a diferentes medios de prensa, incluso todo lo que ocurrió cuando él realizaba su carrera criminal en el Urabá antioqueño y Álvaro Uribe, era Gobernador de Antioquia. ¿Será ese uno de los motivos para acallarlo acudiendo a la extradición?
Bogotá, Agosto 8 de 2008
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