Frank Molano Camargo, Rigoberto Rueda SantosPor su importancia para la comprensión de la actual crisis de la universidad pública en Colombia, reproducimos este artículo de los profesores Molano y Rueda.
1.Informes y lecturas en pugna sobre la universidad pública y sus conflictos
El 15 de diciembre de 2006, la Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como consecuencia del conflicto armado (Sistema de Alertas Tempranas - SAT), dio a conocer un análisis que caracteriza el riesgo por el conflicto armado en las cinco universidades públicas de Bogotá. Al comenzar el 2007 se conoció que sobre el Informe de la Defensoría, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), en el que están el Ministerio del Interior y Justicia y el Ministerio de Defensa, emitió un conjunto de recomendaciones destinadas a las directivas universitarias y que van en contravía de las propuestas y sugerencias de la Defensoría.
La Defensoría plantea que, a pesar de la presencia de expresiones del conflicto armado en las universidades, no es posible desdibujar su carácter público:
“La sociedad colombiana le ha dado a la universidad pública para facilitar el cumplimiento de sus tareas, el derecho a darse y modificar sus estatutos y reglamentos, a gobernarse con autonomía designando desde su propia entraña a sus autoridades académicas y administrativas; es de su propia naturaleza el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra, la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, la creación artística y la controversia ideológica y política, de crear, ordenar y desarrollar sus programas académicos y de extensión, definir y organizar sus políticas y labores formativas, seleccionar a sus profesores y empleados, admitir a sus alumnos y adoptar los correspondientes reglamentos, otorgar títulos, establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus misión social y su función institucional. La autonomía se extiende a la definición de los actos de gobierno de los órganos de la universidad” [1].
En consonancia con esta definición, la Defensoría reconoce que en los últimos tiempos se han intensificado elementos de orden discursivo y regulativo orientados a estigmatizar la divergencia, el pensamiento crítico, la organización y la protesta social en la Universidad.
“…en declaraciones públicas, agentes del estado y sectores de los medios de comunicación han identificado como ilegales las actividades de protesta desarrolladas por sectores de la comunidad universitaria, con el afán de estigmatizarlos públicamente, por el solo hecho de defender el carácter de la universidad, y lo socialmente conseguido para ella. Estas manifestaciones, expresadas en contextos de violencia política, fuerte polarización o alta conflictividad social, emiten un mensaje equivocado a los actores armados ilegales, quienes, hipotéticamente hablando, encontrarían en estas declaraciones razones y justificaciones para determinar equivocadamente que los claustros universitarios son un escenario en disputa o un territorio en guerra, y en consecuencia se sentirían habilitados para atentar contra la población en riesgo…” [2].
Por esto, la Defensoría plantea mecanismos que posibilitan abordar la problemática del conflicto en las universidades, sin menoscabo de su carácter público y autónomo. Esto es evidente en varias de las recomendaciones propuestas por la Defensoría.
“2.- A las autoridades universitarias y de Bienestar Universitario coordinar con las entidades del estado, encargadas de la protección de los derechos fundamentales, adoptar los planes o medidas, previamente concertadas con la comunidad universitaria, para la seguridad de los líderes estudiantiles, trabajadores y docentes.
4.- A las autoridades universitarias para el fortalecimiento institucional: promover escenarios y mecanismos de coordinación interinstitucional, en especial gobierno universitario y ministerio público; adoptar medidas para fortalecer los niveles de autonomía universitaria y la participación democrática de la comunidad universitaria en los asuntos que los afectan; promover programas para la difusión, el respeto y realización de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario.
5.- A la autoridad universitaria, para el fortalecimiento social de la comunidad: Desarrollar procesos participativos con la comunidad universitaria para la elaboración de planes de prevención; implementar acciones de reconocimiento y apoyo a procesos organizativos de la comunidad universitaria; brindar garantías para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la comunidad universitaria; promover mecanismos para la resolución pacifica de conflictos, en especial estimular el fortalecimiento y la creación de espacios que permitan la regulación de conflictos intrauniversitarios [3].
Como respuesta a este informe, el CIAT propuso otro informe y otras conclusiones, orientadas al recorte de la autonomía universitaria y que centran en la aplicación de medidas represivas contrarias a la garantía del derecho a la educación: militarización de las universidades públicas, infiltración de agentes de los organismos de inteligencia, ampliación de la red de informantes entre docentes, trabajadores y estudiantes, sembrando desconfianza y temor y amordazando el pensamiento disidente en el seno de una comunidad deliberativa y crítica por excelencia.
El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, cuestionó estas medidas represivas que desconocen el espíritu del informe de la Defensoría. “Nos preocupó mucho que se pudiera acudir a un mecanismo de esas características, propios de la inteligencia y de algunos organismos del estado, para los centros universitarios” [4].
Pero lo que hace el CIAT es institucionalizar el discurso de estigmatización y las propuestas de represión que desde el presidente y el vicepresidente de la República [5], pasando por las fuerzas de seguridad del estado [6], hasta directivas universitarias comparten.
El Informe del CIAT es sintomático de un plan de largo alcance cuya intencionalidad es el desmonte del proyecto histórico de universidad pública: carácter público, laico, garante de la libertad de cátedra, con autonomía y responsabilidad financiera estatal, defensora del cogobierno y la extraterritorialidad.
2.Dispositivos de desmonte de la universidad pública
El modelo que busca reemplazar la universidad pública es impulsado por dos fuerzas complementarias: el mercado y la “seguridad democrática”. Los dispositivos de desmonte operan como instrumentos y lógicas de ordenamiento y producción de una manera distinta de ser y hacer en la universidad. Tales dispositivos son:
- Criminalización: tratamiento del universitario disidente como enemigo interno, como “otro” peligroso
Este dispositivo descansa en las doctrinas de contrainsurgencia, que consideran que las diversas formas de oposición y crítica al orden imperante son “virus” ajenos a la universidad. La disidencia se entiende como infiltración externa “que provoca en el organismo social un tumor, un cáncer, que debe ser extirpado, es decir, eliminado, suprimido, aniquilado” [7]. Se asume como campo enemigo el espacio universitario y como enemigos internos a los universitarios.
En este sentido, el espacio de la universidad pública, y en general el de los jóvenes, es tratado por las fuerzas de seguridad del estado, por las fuerzas paramilitares y por numerosos directivos universitarios como territorio enemigo, en el que los cuerpos, los gestos, las palabras y el pensamiento disidente deben ser examinados, vigilados y luego expiados (represivamente) de toda culpa. Esto justifica las sanciones disciplinarias para quienes incumplan la normatividad que pasa de la regulación a la represión.
En nombre del orden, la paz y la democracia, se emprende la depuración ideológica a partir del nombramiento de autoridades encargadas de excluir a docentes, trabajadores y representantes estudiantiles; así como las condiciones consideradas propicias al desorden y la subversión (lecturas, actividades culturales, grupos de trabajo e investigación) incrementando, oficialmente, la delación y judicialización de maestros y estudiantes “sospechosos”, y extraoficialmente las amenazas, asesinatos y terror por parte de paramilitares u otras fuerzas de esta índole.
Diversos agentes sociales sugieren que el “territorio enemigo” sea militarizado, y que las dinámicas académicas se desarrollen bajo el ejercicio severo de la vigilancia y la obediencia [8].
- Despolitización: espacios y tiempos universitarios gestionados “eficiente” y tecnocráticamente
Simultáneamente a la criminalización, se produce el desmonte de los elementos críticos construidos en la universidad pública. Esto se logra con la transferencia de las lógicas de la universidad privada a la dinámica de lo público. La despolitización desintegra el proyecto nacional y democrático de universidad pública, impulsando una división entre universidades de excelencia (o de investigación), universidades profesionalizantes y universidades técnicas y tecnológicas, con el argumento de que la tarea básica y única del sistema universitario es aportar a la formación de recursos profesionales que incidan en el desarrollo económico nacional.
Paro esto se copta, como operadores políticos de este tipo de universidad, a docentes y autoridades académicas, que con anterioridad habían manifestado posturas críticas o pertenecían a sectores progresistas. El modelo les ofrece incentivos y seguridades del tamaño de sus ambiciones, que el pensamiento crítico no puede ni aspira a saciar.
La despolitización del espacio universitario y su reemplazo por la eficiencia, reduce la relación social del estudiar al esencialismo instrumental de recibir clase. Por eso se perciben como contrarias a la universidad las posturas críticas, los murales, las asambleas, las marchas.
- Mercantilización: el sistema universitario se convierte en un servicio comercializable
El Plan Nacional de Desarrollo y la “revolución educativa” de Uribe profundizaron el ajuste neoliberal de la universidad pública, defendiendo e implementando las políticas neocoloniales impulsadas por la Organización Mundial del Comercio para la comercialización internacional de los servicios educativos, empezando un giro para convertir las universidades en empresas rentables (o en su defecto inviabilizarlas, cerrarlas y venderlas), autofinanciadas, generadoras de excedentes, cumplidoras de las metas de calidad y cobertura y sometidas a la vigilancia estatal-global del control de estándares de calidad. Esto desnacionaliza la agenda educativa, y con esto se busca que sean las fuerzas del mercado las que orienten, sin ningún cuestionamiento, los procesos académicos, investigativos y administrativos de las universidades.
Un primer elemento de la mercantilización es la reorientación de la financiación del sistema público universitario, la “Visión 2019” de Uribe Vélez afirma que la universidad pública es “financiada atendiendo a criterios históricos, que son insensibles al desempeño de las instituciones, a su grado de eficiencia, a la pertinencia de sus programas, a los resultados de la acreditación o a cualquier otro factor que pudiera inducir a las universidades a mejorar su desempeño. Este financiamiento inercial (con un aumento automático del gasto de año a año, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 30 de 1992) hace que el estado entregue recursos pero no tenga control sobre ellos” [9]. Esto es justificado con el argumento que el sistema de financiación favorece la inequidad: los estratos altos van a las instituciones oficiales y los bajos a las instituciones privadas.
De ahí que la propuesta sea que los nuevos mecanismos de financiación sean:
- la asignación presupuestal según evaluación de la calidad: resultados;
- ampliación del crédito estatal a las instituciones (públicas o privadas), pues esto moviliza recursos hacia el sector privado que está atendiendo a la población pobres;
- retribución de egresados según sus ingresos, y mayor participación de entidades territoriales.
Un segundo elemento de la mercantilización es la creación de un mercado educativo que atienda a las necesidades del empresariado (los grupos monopólicos criollos y multinacionales). La educación superior debe ofrecer programas “como respuesta directa a las necesidades del sector productivo”, estructurando los currículos por competencias en los programas técnicos y tecnológicos. Las áreas claves que le reclama el modelo económico son: biodiversidad y los recursos genéticos, biotecnología e innovación agroalimentaria y agroindustrial, enfermedades infecciosas prevalentes en áreas tropicales, los materiales avanzados y la nanotecnología. También áreas donde se están produciendo grandes transformaciones tecnológicas, como telecomunicaciones, metalmecánica y electrónica.
Aquí se plantea una estructura dual y jerarquizada: por una parte, la universidad de excelencia, encargada de la formación de doctores y la preparación de personas que puedan dedicarse a dichas actividades; por otra parte, la preparación de profesionales, técnicos, tecnólogos y personal calificado que demandará el sector productivo en un contexto de libre comercio internacional.
El tercer elemento de la mercantilización es la gestión eficiente: cumplimiento de estándares, competencias, evaluación, cobertura, autofinanciación.
La tarea es desactivar los dispositivos de desmonte para producir una propuesta de reforma universitaria democrática
La tarea es de trabajo colectivo y el reto es la defensa de la existencia de la universidad como espacio social construido como público, democrático, laico, pluralista, abierto al pensamiento universal y a los otros saberes. Eso es lo que está en juego. Para garantizar su continuidad, se requiere la acumulación de fuerza social universitaria que pueda producir la desactivación de los dispositivos que atentan contra la universidad pública y la construcción de un proyecto alternativo a partir de una reforma universitaria democrática, que propugne por nuevos modelos en la gestión, la academia, la investigación, la relación con la sociedad y el mundo, como postura capaz de confrontar la mercantilización y con la exigencia al estado y a las directivas universitarias del respeto a la vida, a la libertad de pensamiento y a la libertad de organización y movilización.
Bogotá, D.C.
Marzo de 2007
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1] Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Informe de riesgo No. 048-06. Bogotá. D. C. 15 de diciembre de 2006. p. 5.
[
2] Ibid. p. 3.
[
3] Ibid. p. 10
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4] Gobierno estudia propuesta para infiltrar detectives en universidades públicas
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5]“…yo estudié en la universidad pública oyendo a mis profesores marxistas crear esta polarización, infundir estos odios, ¿y entonces que lograron? Cuatro generaciones de colombianos perdidas”. Álvaro Uribe Vélez. Conferencia a estudiantes de la Universidad Javeriana. Mayo 2006.
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6] “En universidades como la Nacional, la Pedagógica y la Distrital se meten unos bandidos que son terroristas y hay que capturarlos”. Jorge Daniel Castro. Director Nacional de la Policía. Declaraciones a la prensa. Mayo. 2006
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7]Ruy Mauro Marini. El Estado de Contrainsurgencia. Cuadernos Políticos, México, Ediciones ERA 1978
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8] En este sentido es alarmante que en la Universidad Pedagógica Nacional, se considere que la garantía de los derechos humanos se puede resolver entregando la seguridad al ejército. “Bajo este entendido y a propósito del informe de riesgo precitado, se debe resaltar que las recomendaciones allí consignadas en materia de seguridad se han concretado en acciones emprendidas por las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, que a través de la comandancia del Batallón de Policía Militar No. 15 Bacatá, ha asumido el conocimiento del asunto tomando medidas específicas respecto al personal que ha requerido la protección de sus derechos…”. Carta de Sergio Pinillos Cabrales, jefe de Oficina Jurídica. Bogotá, 7 de febrero de 2007.
[
9] Ministerio de Educación Nacional. (2006). Visión 2019. Educación Propuesta para discusión. p. 53.
Comisión Colombiana de Juristas insiste ante la Corte Constitucional para que revise tutela que buscaba impedir la extrdición de “Macaco”De esta manera, asegura la organización nogubernamental, se establecería una interpretación constitucional sobre los alcances y límites de los derechos de las víctimas y se resolvería jurídicamente el debate sobre las extradiciones de los paramilitares.