Impunidad de los militares gringos en territorio colombiano "Sí, la violé. ¿Y? ¡Demándeme!"

Azalea Robles
lahaine.org
La firma de inmunidad para los estadounidenses, por parte del Estado colombiano, es impunidad para los violadores… Uno de los violadores gringos le dijo a la madre de la niña violada: “Sí la violé. ¿Y? ¡Demándeme!… a nosotros no nos pueden hacer nada”… Ya van decenas de casos (conocidos) de niñas colombianas violadas por marines USA…en la impunidad.

La lucha de clases en Colombia está en el paroxismo más absoluto. Para preservar los privilegios de la oligarquía, y sobre todo el saqueo de los recursos que perpetran las multinacionales, el Estado colombiano ha implementado la guerra total contra la población: usando la Estrategia paramilitar y el Terrorismo de Estado, para desplazar a millones de personas, y acallar la reivindicación social. La última fase a la que asistimos horrorizados es la implantación de más bases USA en Colombia: 7 bases militares Usa más, que van a agredir aún más al pueblo colombiano, y a cimentar una posición geoestratégica en la región andino-amazónica.

La guerra en Colombia tiene un origen social y económico.

Ante el saqueo y la correlativa represión por parte de las oligarquías, el Estado y las multinacionales, el pueblo colombiano ha resistido durante decenios. Las guerrillas nacieron por la necesidad del pueblo de salir del empobrecimiento, y ante la imposibilidad de reivindicar por la justicia social sin hacerse asesinar por el Estado o sus fuerzas Paramilitares (en los años 1940- 1960, los paramilitares masacraban campesinos para ensanchar los latifundios de la oligarquía, eran llamados los “pájaros”, y ya en aquella época trabajaban con la coordinación del ejército oficial de Colombia, y financiados por multinacionales, oligarcas, y con dinero público).

Durante decenios, el Estado colombiano, en vez de acceder a negociar una reforma agraria, y otros cambios estructurales en la sociedad (el reclamo de la guerrilla es reforma agraria y justicia social) ha preferido profundizar la guerra. Esta opción de profundizar la guerra ha sido una constante actitud de los diversos gobiernos de Colombia, siempre al servicio de los intereses de las multinacionales y la oligarquía, y bajo las directrices de Estados Unidos. La CIA, con formadores estadounidenses y del Mossad, ha implementado en Colombia la Estrategia paramilitar a gran escala. La herramienta paramilitar es utilizada por el Estado y el gran Capital privado para inyectar terror en la población, y paralizar así la reivindicación social, por ello usan métodos horrendos como el desmembramiento público de sus víctimas, para lograr aterrorizar a los supervivientes (1) y (2).

Ahora el gobierno de Colombia le ha dado la venia a USA para instalar 7 bases estadounidenses en Colombia. ¿Y qué más neocolonialismo que un gobierno que ha firmado con USA un tratado según el cual los nacionales de USA no podrán ser perseguidos ante el TPI (Tribunal penal internacional), por sus crímenes cometidos o a cometer en Colombia?

El Terrorismo de Estado en Colombia ha desplazado a más de 4 millones de personas mediante los militares y la Estrategia paramilitar. El Terrorismo de Estado en Colombia ha asesinado a todo un partido político: la Unión patriótica: más de 5000 militantes asesinados por el brazo paramilitar del Estado, o por sus cuerpos oficialmente asumidos. El terrorismo de Estado en Colombia ha encarcelado a más de 7.500 personas, criminalizando la reivindicación social. El Terrorismo de Estado en Colombia ha desaparecido a más de 50.000 personas. Se acaba de descubrir en Colombia la mayor fosa común de la historia reciente del continente, una fosa en la que el ejército colombiano ha estado enterrando personas desde el 2005 hasta hoy: ya se han contado 2000 cadáveres (3). Y es ese Estado Terrorista, quién llama a los marines para ayudarlo a luchar contra el “terrorismo”… es el mundo al revés. Neocolonialismo y Expolio. (4)

A continuación el video “Corriendo Bases”, de Botero y Telesur, que habla de las bases USA, a través de la trágica historia de las violaciones perpetradas por los marines USA en Colombia: http://www.youtube.com/watch?v=FXBw8LbRsT4

El video relata la historia de una niña violada por marines USA, que se la llevaron a la fuerza aérea de Melgar, en una camioneta con placas de la embajada de Estados Unidos: allí la violaron, filmaron un video, y la tiraron “como un perro”, testimonia su madre. La firma de inmunidad para los estadounidenses, por parte del Estado colombiano, es impunidad para los violadores… Uno de los violadores gringos le dijo a la madre de la niña violada:

“Sí la violé. ¿Y? ¡Demándeme!… a nosotros no nos pueden hacer nada”… Ya van decenas de casos (conocidos) de niñas colombianas violadas por marines USA…en la impunidad.

Notas

(1) matar picando campesinos vivos: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3525024
(2) ‘H.H’ confiesa más de 3000 asesinatos; será extraditado para callar los nombres de autores intelectuales http://www.kaosenlared.net/noticia/paramilitar-confiesa-mas-3000-asesinatos-sera-extraditado-para-callar-
(3) http://www.lahaine.org/index.php?p=42954
(4) http://www.kaosenlared.net/noticia/democracia-colombia-bases-militares-usa-neocolonialismo-expolio

Rebelión

Volver a la página principal

La unidad que necesitan los jóvenes para salir de la encrucijada

Por: Giovanni A. Libreros J. Secretario General Juventud Comunista Colombiana, JUCO

Los jóvenes han sido el sector más dinámico en la confrontación con la “era Uribe”. Es apenas lógico. Históricamente han encarnado valores más allá de su tiempo. Ya lo había advertido hace muchos años el inolvidable Salvador Allende: “ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”. Este es un aspecto que el gamonal de sombrero aguadeño y carriel terciado - declarado el “putas de Colombia” por unos cuantos lambiscones en el municipio de Aguadas - nunca ha perdido de vista. Por distintos medios trataron de convencer a la opinión pública de una supuesta identificación de los jóvenes con los valores de tradición, familia y propiedad. Cuan equivocados y que tan rápido tuvieron que archivar esas “prestigiosas investigaciones periodísticas”. No hubo universidad o foro en que el hombre de “inteligencia superior” – según los renombrados asesores de palacio – tuviera que enfrentar la implacable crítica de la juventud. Detrás de las manifestaciones de inconformidad se encuentra todo un sentimiento de rechazo a las políticas de su gobierno. Partiendo de la base que cualquier estadística oficial o no oficial será siempre objeto de controversia, es preciso entrar directo al debate político.

De los 20 millones de pobres y 8 millones de indigentes en nuestro país, los jóvenes representan el 44.4% en pobreza y el 15.3% en indigencia, la más alta de América Latina según cifras de la CEPAL de 2008. Nuestro país ocupa el cuarto lugar del mundo con mayor número de niños, niñas y adolecentes vinculados a una guerra interna después del Congo, Ruanda y Myanmar. La CEPAL asegura que en Colombia las posibilidades para que un joven muera asesinado son cinco veces mayor que el promedio del continente. Muchas de estas muertes están asociadas a las ejecuciones extrajudicionales o mal llamados “falsos positivos”. Del total de muertes violentas en el país, el 20% son jóvenes. El 75% de la mortalidad juvenil está asociada a causas violentas y por lo menos el 15% de los jóvenes en el país ha pensado en quitarse la vida.

No es para menos. La situación de los jóvenes cada vez es más crítica. En cifras de la ONU, en Colombia existen 1.6 millones de niños, niñas y jóvenes por fuera del sistema educativo. El 30% de los bachilleres que se matriculan en estudios de educación superior, sólo el 15% llega a graduarse. Según el DANE el desempleo de la población entre 14 y 26 años es del 23%. Para las mujeres en este rango es del 31%. El 94% de estos jóvenes trabajan en la informalidad. Las tres cuartas partes de los jóvenes que trabajan se les violan sus derechos laborales pagándoles por debajo del salario mínimo. En materia de salud sólo 6 de cada 10 jóvenes se encuentran afiliados al régimen de salud, teniendo en cuenta que los menores de18 años, lo están en calidad de beneficiarios de sus padres. En cuanto a participación política, el mismo estudio de la CEPAL de 2008 asegura que sólo un 6% de los jóvenes participa en algún partido político y un 3% en sindicatos. La política del gobierno en lugar de atacar las causas sociales y económicas de la crisis de la juventud colombiana, perfecciona los instrumentos para la coacción y represión, con medidas como la responsabilidad penal para adolecentes entre 14 y 18 años, establecidas en la ley de infancia y juventud.

Pero la tenaza uribista no se queda ahí. La concepción uribista pretende controlar hasta el libre ejercicio de la sexualidad. Ante el problema del embarazo adolecente en lugar de definir medidas de salud pública, se limita a decir que los jóvenes deben “aguantarse el gustico”, mientras se rehúsa a impartir directrices que obliguen a las instituciones educativas a promover métodos anticonceptivos e informar a las adolecentes sobre los tres casos en que se despenaliza el aborto. En el congreso también se aprobó una reforma constitucional que penaliza el porte y consumo de la dosis mínima de estupefacientes fortaleciendo así las políticas de estigmatización y militarización de la vida juvenil. Pero el fascismo social de Uribe pretende llegar más lejos. Actualmente cursan en el congreso dos iniciativas que aún son más regresivas para los derechos de los jóvenes, como el proyecto de ley sobre toques de queda para jóvenes entre 14 y 18 años, y el proyecto de ley mejor conocido como “anti barras bravas”, que pretende introducir la noción de terrorismo simple para un fenómeno que no puede ser tratado bajo la óptica del prejuicio y la estigmatización. Atravesamos un momento muy interesante para la confrontación contra el proyecto de la ultraderecha colombiana. Uribe aprovechándose de las necesidades de los jóvenes – por cierto generadas por su política – pretende ahora convertirlos en “sapos” de la política de “seguridad democrática”, para vincularlos por esta vía a la defensa de su proyecto facistoide.

Pero la cuestión no termina allí. La crisis de la salud y las universidades públicas sumadas al aumento del desempleo y la informalidad, presionan aspectos muy sensibles de las familias y la ciudadanía en general. No olvidemos las alzas en los alimentos y los servicios públicos que se enlazan peligrosamente con el aumento de los impuestos y el desmonte de los subsidios al combustible. Como telón de fondo se encuentra la agudización del conflicto armado, la entrega de la soberanía con las 7 bases gringas y la preparación de la confrontación bélica con la hermana República de Venezuela. La coalición de gobierno está convencida de que puede sacar adelante este paquete de medidas y ganar la segunda reelección sin problemas. Están obnubilados por las encuestas de popularidad y por la eficacia del efecto teflón demostrado en otras épocas.

Sin embargo el curso de las actuales tendencias parece señalar un rumbo diferente. En el campo de los jóvenes existen realinderamientos y reagrupamientos. Esta situación se ha evidenciado en el marco del debate del Festival Nacional de la Juventud. Se observan tendencias a conciliar la política de juventud con el actual gobierno y otras que se opone abiertamente a ella, más allá de la dualidad izquierda – derecha. Por otro lado emerge un amplio espectro democrático que se agrupa en iniciativas como la Coordinadora Distrital de Juventud en Bogotá y en el Espacio de Coordinación de Iniciativas por una Plataforma Nacional de Juventud. En el año del Bicentenario la apuesta de la unidad está en la movilización social para derrotar el modelo neoliberal, autoritario y guerrerista, y en la reconquista de las libertades democráticas y los derechos de la juventud Colombiana. Se requiere la más amplia unidad, pero al mismo tiempo la más firme decisión de no hacer concesiones a las celadas tendidas por las maniobras uribistas. Como afirmara el gran caricaturista argentino Quino: “ojala algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud”.

Volver a la página principal

Convocatoria inmediata de Comité Distrital Anticorrupción pide el concejal Jaime Caicedo

Boletín de prensa

* En carta a la Veedora Distrital, el concejal del Polo Democrático Alternativo recuerda que existe Acuerdo 202 de 2005 donde se ordena la constitución de ese comité. Pide su inmediata convocatoria.

En comunicación oficial a la Veedora Distrital, María Consuelo Del Río Mantilla, el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo demandó la inmediata convocatoria del Comité Distrital de Lucha contra la Corrupción, creado mediante el Acuerdo 202 del año 2005, al cual deberían asistir delegados de los entes de control locales y nacionales, así como representantes de la sociedad civil.

Conforme a la misiva de Caicedo, “en aras de la necesaria transparencia y con el propósito de honrar los compromisos de la administración distrital en la lucha contra la corrupción, cordialmente le solicito tomar la iniciativa en la conformación del Comité Distrital de Lucha Contra la Corrupción creado mediante el Acuerdo 202 de 2005 del Concejo de Bogotá, el cual está integrado por Usted, el Personero y el Contralor Distrital, al que también pueden asistir delegados de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Cámara de Comercio de Bogotá, los medios de comunicación, las universidades públicas y privadas, las centrales obreras y la Federación Comunal de Bogotá”, con lo cual se tendría una amplia participación social con el propósito de llevar a efecto un control real de la corrupción, si es que existe en la ciudad, además de recomendar medidas preventivas que impidan la ocurrencia de hechos que lesionen el patrimonio del Distrito Capital.

De esta manera, el concejal Jaime Caicedo salió al paso de las insinuaciones hechas por el candidato de su Partido a la presidencia de la República, Gustavo Petro, quien ha señalado que tiene indicios de actos contra el patrimonio público de la ciudad. Por ello, dijo Caicedo en su carta “lo más indicado es recurrir a este instrumento legal creado por el Concejo con el objeto de hacer cumplir sus enunciados esenciales de elaborar un diagnóstico de la corrupción en el Distrito Capital, identificando causas, niveles, tipos y costos; construir un Programa Integral de Lucha Contra la Corrupción; diseñar e implementar estrategias y acciones de prevención, sanción y erradicación de la corrupción; y promover la participación de la comunidad en la identificación de las prácticas corruptas y en la lucha contra la corrupción a nivel distrital y local”.

El comité creado a instancias del Concejo de la ciudad tiene claras funciones y tareas por cumplir, sin que a la fecha se sepa la razón por la cual no se reúne e incumple el mandato de la corporación capitalina. De hecho, el Acuerdo prevé el desarrollo de programas de diversa índole dirigidos a la comunidad, con énfasis en la población escolar, que “promuevan los valores de transparencia y control social”.
Volver a la página principal

Estados Unidos presiona a favor de nuevas sanciones contra Irán

Aumenta la presión internacional a favor de nuevas sanciones contra Irán, luego de que Teherán anunciara más medidas para expandir la producción de combustible nuclear y plantas de enriquecimiento. Estados Unidos, Francia e Israel lideran los reclamos de lo que sería una cuarta serie de sanciones contra Irán. El Pentágono afirma que Estados Unidos quería que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara una resolución sobre el programa nuclear de Irán “en semanas”. El lunes, el embajador iraní ante la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que su país fue obligado a comenzar a refinar uranio a un nivel más alto por culpa de los poderes internacionales, que durante meses ignoraron su propuesta de intercambio de combustibles.

Ali Asghar Soltanieh declaró: “Durante meses estuvimos esperando respuestas a nuestra propuesta. En breve y concluyendo, había un elemento común en ambas propuestas. Este era que Irán estaba listo para enviar material requerido equivalente y recibir simultáneamente el combustible. Deberían haber apreciado esta concesión de Irán y en realidad no queríamos producirlo nosotros, de lo contrario hubiéramos empezado hace ocho meses porque somos expertos en la tecnología de enriquecimiento. Nos obligaron a elegir esta opción, deberían ser responsabilizados quienes nos ignoraron por completo durante los últimos nueve meses o la mayor parte de ese período”.

Fuente

Volver a la página principal

Candente situación en el transporte por incumplimiento de la administración a pequeños propietarios

Boletín de prensa

* En carta a gerente de Transmilenio, concejal Jaime Caicedo pide suspender licitación de las 13 zonas del sistema. “La administración debe honrar su palabra”.

El concejal Jaime Caicedo Turriago alertó hoy a la ciudad sobre la tensa situación que se vive en el sector de los pequeños y medianos transportadores de Bogotá por la insatisfacción reinante frente al proceso de licitación que abrió esta semana la Secretaría de Movilidad para adjudicar las 13 zonas de operación del sistema, ya que los términos no corresponden a sus expectativas ni reflejan los compromisos de la administración para asegurar la democratización del mismo.

El concejal del Polo Democrático Alternativo se manifestó solidario con las demandas de los pequeños y medianos transportadores al enviar esta tarde una carta al gerente de Transmilenio, Fernando Páez, donde se hace vocero de las preocupaciones de los transportistas y solicita, entre otros aspectos, la suspensión del proceso licitatorio por considerarlo sesgado a favor de los intereses de los grandes capitalistas del sector y dejar por puertas a más de 16.000 familias que dependen en forma directa de sus vehículos de transporte colectivo. Se expresó su desacuerdo en lo referente a la licencia de las zonas por el término de 25 años, período que considera exagerado y que sólo busca ganancias extraordinarias para los concesionarios.

De acuerdo con las distintas asociaciones de pequeños transportadores, argumentos que respalda el concejal Caicedo, los pliegos están hechos para que los monopolios del sistema masivo, las grandes empresas y los inversionistas se queden con este jugoso negocio. “Son pliegos excluyentes, que centralizan aun más la propiedad, significan la muerte y expropiación de los pequeños. Por demás, afecta en forma indirecta a repuesteros, vendedores de llantas, conductores, lavaderos de carros, monta llantas y otros actores importantes en el circuito del transporte público”, dijo Caicedo.

“Nada más hay que mirar, continuó Caicedo, el asunto de la rentabilidad que se les ofrece, la cual resulta ridícula: 0,8% mensual, lo que significa menos de un millón de pesos, monto muy inferior a lo que perciben actualmente. Esta propuesta pareciera estar hecha para que los pequeños transportadores digan que no aceptan y que venden sus vehículos. Y allí viene el otro problema: se los comprarían a precio de huevo: un bus modelo 2010, que fue adquirido por $250 millones, sería comprado por $130 millones. Eso es totalmente desequilibrado e injusto. Como quien dice: lo ancho para ellos, lo angosto para los pequeños propietarios”, señaló el cabildante.

“Por lo demás, los pliegos hacen exigencias incumplibles en términos de capital, patrimonio suscrito y certificaciones de crédito muy elevadas, que ninguno de los pequeños propietarios está en condiciones de acreditar. ¿Será esta la visión de democracia en el nuevo sistema y la forma de cumplir los mandatos legales que tiene el señor secretario de la Movilidad?”, increpó Caicedo.

Por ello respaldó las propuestas de los afectados por la licitación, en el sentido de aumentar la rentabilidad mensual a un valor no inferior al 3%, cifra bastante modesta. “Si los propietarios deciden vender sus vehículos, el sistema tiene que ofrecerles valores justos; no se trata de un favor, si no de reconocer la inversión realizada y lo que representa para estas familias. Igualmente, debe incrementarse hasta el 60% como mínimo la participación de los pequeños propietarios en el sistema, de manera que se recoja una buena parte de los actuales transportadores y no se genere una crisis social de grandes proporciones. En fin, hay muchas cosas por cambiar en el proceso de licitación. La administración tiene que honrar su palabra”, señaló el cabildante.

Volver a la página principal

Distrito debe garantizar continuidad de obras en la calle 26 así como blindaje legal

· La ciudad espera explicaciones convincentes sobre las decisiones de contratación con el conglomerado Nule.

Cualquiera sea la decisión que tome la administración distrital en torno al controvertido contrato con el grupo Nule para la construcción de uno de los tramos de Transmilenio por la calle 26, el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo Turriago expresó que su obligación es garantizar la continuidad de las obras y evitar mayores perjuicios a la ciudad.

“De entrada rechazo de plano las amenazas que los señores Nule han hecho en el sentido de demandar al Distrito por cuenta de unos supuestos perjuicios causados en su contra, cuando desde los inicios del contrato han tenido en sus bolsillos casi $100 mil millones por concepto de anticipo. Este cuestionado grupo financiero, con su irresponsabilidad e incumplimiento, ha empujado a la ciudad a una situación de graves consecuencias, toda vez que se encuentra paralizado uno de los más importantes ejes viales y de movilidad. Si la administración tiene la razón en esta disputa, no debe temer la aplicación de las cláusulas que estipula el contrato. Su responsabilidad es blindar a la ciudad contra futuras demandas de este voraz conglomerado y garantizar que las obras se entreguen en el menor plazo posible”, señaló Caicedo.

En todo caso, dijo el cabildante, “estoy pidiéndole a la administración explicaciones convincentes sobre cómo se produjo la selección de las firmas de propiedad del Grupo Nule tanto para la construcción del tramo de la calle 26, como para el mantenimiento de la malla vial de dos de las tres zonas en que el IDU dividió la ciudad”.

“Igualmente, estoy solicitando tanto al IDU como a los entes de control, que informen a la ciudadanía cuál es el estado de cumplimiento de los otros dos contratos. Preocupa mucho que el Distrito Capital haya pasado a formar parte del cuestionado portafolio de negocios del Grupo Nule por cuanto tiene pésimos antecedentes en la contratación a nivel nacional. Obtuvo ilegalmente, con seguridad gracias a sus contactos políticos con el gobierno de Uribe, un préstamo de la Dirección de Estupefacientes por más de $25 mil millones de pesos para financiar una de las obras que el propio Estado les había concedido. Hoy está en mora en el pago de más de $13 mil millones por ese concepto, sin contar los $3 mil millones adicionales que debe a la firma TS Ingeniería, según denunció sus representante legal”, dijo.

Los Nule y su respaldo a la reelección de Uribe

Caicedo fustigó el hecho de que, con fondos del Distrito, se esté financiando la campaña reeleccionista del presidente Uribe Vélez. “Es conocida la declaración de los Nule en el sentido de que han hecho aportes a las campañas de Uribe Vélez y que consideran descaradamente que sus contribuciones a actividades políticas forman parte de su estrategia de negocios. ¿Cuáles son los verdaderos intereses de estos avivatos en el presupuesto del Distrito?”.

Caicedo insistió en que existe una mafia de contratistas que están acaparando sin control todas las grandes licitaciones del Estado, tanto a nivel nacional como local. “La danza de millones sigue su rumbo, sin que la sociedad colombiana ni sus representantes en el gobierno parezcan darse cuenta o finjan no percatarse”, declaró.

En su criterio, “la ciudadanía tiene que levantarse en protesta por este maligno juego con los dineros que todos hemos aportado. No podemos permitir que estos pulpos inescrupulosos incumplan olímpicamente sus obligaciones y terminen de todas formas alzándose con gigantescas sumas de dinero que luego ponen a disposición de quienes quieren perpetuarse en el poder elección tras reelección”, dijo enfáticamente el concejal del Polo Democrático Alternativo.

Volver a la página principal

Denuncia la presencia de asesores colombianos entrenados por la CIA

Comunistas paraguayos denuncian ola represiva contra el pueblo

Asunción TP.- El Partido Comunista Paraguayo denunció en un comunicado publicado este miércoles 27 de enero, en Asunción, que en la cúpula policial de ese país y en el Ministerio de Relaciones Interiores, actúan sectores represores que tratan de aterrorizar al pueblo trabajador, al calificarlo de “ Santuario del terrorismo”.

El documento, firmado por la Comisión Política, y agentes de este mismo cuerpo, en el Ministerio del Interior y en las policías de Paraguay.

Denuncian que en el Ministerio del Interior y en la cúpula policial de ese país permanecen enquistados “enclaves del continuismo dictatorial”, que han desatado una persecución contra los trabajadores.

Estos grupos, de acuerdo con el documento, adelantan la “Operación Yaguareté”, que comporta persecuciones, allanamientos, detenciones, desapariciones y maltratos indiscriminados “a la población campesina trabajadora y especialmente a los luchadores sociales”.

Señalan que el diario conservador ABC, en su editorial del pasado 22 de enero, titulado: Ningún santuario para las brujas, “refleja cínicamente cuál es la política terrorista de los poderes fácticos que todavía controlan los resortes principales del Estado en el Paraguay, contrariando la voluntad de cambios democráticos de nuestro pueblo, expresada en la victoria electoral del 20 de abril de 2008”.

Sostienen que ese periódico, “como vocero de los mercenarios colombianos y de la embajadora yanqui, Liliana Ayalde, exige que la policía investigue a estos dirigentes de asociaciones, movimientos y partidos, que los detenga, los interrogue y se los procese, se los encarcele y se haga todo lo que haya de hacerse para descubrir y sancionar a los “criminales”.

Agrega el documento: “¡Todos somos sospechosos de ser terroristas o cómplices de los terroristas!, según la fórmula de George Bush, que aplica su sucesor, Barack Obama, y sus tembiguai nativos: “Quien no está con los norteamericanos, es terrorista”.

“Condenamos la subordinación de Rafael Filizzola, ministro del Interior, a las órdenes represivas de los interventores yanquis y colombianos”, destaca el documento.

Fuente: ABN

Volver a la página principal