miércoles, 14 de julio de 2010

Concertación entre pobladores de la candelaria, camino para acuerdos y soluciones


Comunicado

El malestar que se ha generado en distintos sectores de pobladores y comerciantes de La Candelaria, específicamente de la UPZ 094, por cuenta del ordenamiento y de los usos del suelo urbano que prohíben el expendio de bebidas alcohólicas en más del 90% de la Localidad, deberá tener una salida consensuada que satisfaga tanto a los residentes como a quienes perciben su ingreso de los negocios instalados en la zona.

Cabe señalar que el decreto 190 de 2004 establece los ocho sectores en que se divide la Localidad de La Candelaria y asigna los usos del suelo para cada uno de ellos, con base en el cuadro de usos que fija el Plan de Ordenamiento Territorial. En tal legislación es explícito el hecho de que los negocios dedicados al expendio y consumo de licor quedan clasificados como de alto impacto. Precisamente el uso del suelo es el primero de los requisitos que un establecimiento debe cumplir para poder ejercer su derecho comercial. Es entendible que la Alcaldía Local haya procedido de acuerdo con las normas vigentes y en cumplimiento de las decisiones predefinidas en primera y segunda instancia de los procesos que vienen en curso desde el año 2002.

Por otra parte está la posición de un grupo importante de residentes, quienes se quejan de presuntos abusos por parte de algunos de los expendios de licor, por cuanto dicen causar molestias debido al ruido que producen y a las alteraciones de la tranquilidad por efecto de malos comportamientos de los clientes. Estos residentes también están en su legítimo derecho de reclamar condiciones de vida dignas para ellos y sus familias.

No obstante, la casi totalidad de los comerciantes afectados por los cierres reclaman su derecho al trabajo y alegan que no tienen otro medio de subsistencia, por lo cual se genera una situación social y económica que no sólo golpea a dichos comerciantes, sino que incide en la caída de la producción bruta de la Localidad e incluso en los ingresos inmediatos y futuros de la administración distrital.

En mi carácter de representante de la sociedad y en ejercicio del control político que se me asigna, me dirigí por escrito a las distintas autoridades distritales que tienen que ver con las decisiones que hoy enfrentan a diversos sectores de la Localidad. En respuesta, la directora de Apoyo a Localidades de la Secretaría de Gobierno ha reconocido la “existencia de contradicciones entre la normatividad expresada en el POT y la realidad económica de la ciudad”, por lo cual dicha entidad solicitó a la Secretaría Distrital de Planeación un espacio de reflexión que permita la revisión de las UPZ donde haya conflicto. En efecto, se anuncian convocatorias a la participación ciudadana con este fin, por lo cual las comunidades y las organizaciones sociales deben estar atentas, de forma que sean escuchadas e incluidas las preocupaciones y propuestas de los diversos sectores, antes de que se produzcan las posibles modificaciones a la UPZ 094.

Considero que existe voluntad de diálogo y concertación tanto en la Alcaldía Local, los organismos superiores de la administración distrital, la Personería de Bogotá y representantes del Concejo de la ciudad, como en los residentes y comerciantes, circunstancia que debe ser aprovechada de inmediato para obtener consensos que lleven a plantear soluciones que alivien la tensión existente.

Además, hay experiencias previas en la propia Localidad, como la ocurrida recientemente con los joyeros instalados en la UPZ 094, quienes lograron concertar con la administración la modificación del decreto que delimitó la zona que podrían ocupar. Esto fue posible gracias a que los joyeros, mancomunadamente, realizaron un estudio con el rigor metodológico y normativo exigido por Planeación Distrital que permitió argumentar tales cambios.

Esta puede ser otra salida a la encrucijada actual de los comerciantes. La Alcaldía Local se ha mostrado dispuesta a apalancar tal estudio y a apoyar su desarrollo, el cual debe ser liderado por los comerciantes afectados.

En todo caso, los residentes deberán recibir plenas seguridades y garantías de que los establecimientos dedicados al expendio y consumo de licores tomarán todas las medidas de autocontrol y corresponsabilidad ciudadana que lleven a la protección de la tranquilidad de los vecinos, impedir la propagación de ruidos molestos y garantizar el control, junto con las autoridades de policía, de brotes de indisciplina o violencia de los ciudadanos que hagan uso de sus negocios.

Por mi parte, me comprometo a continuar el seguimiento de la situación y a servir como garante de los procesos de concertación social que deben darse en las próximas semanas a fin de encontrar la solución que todos los habitantes y comerciantes necesitan para poder continuar ejerciendo sus derechos y convivir en paz y cooperación mutua.

JAIME CAICEDO TURRIAGO

Concejal de Bogotá DC

Polo Democrático Alternativo

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