El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” manifiesta su satisfacción por la decisión del día 17 de agosto de 2010 de la Corte Constitucional al declarar que el denominado “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”, suscrito en Bogotá el 30 de octubre de 2009, no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta tanto cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados en forma solemne.
El Colectivo argumentó en la demanda de inexequibilidad, presentada en el mes de febrero, que dicho Acuerdo violaba las obligaciones constitucionales y legales frente a un tratado que compromete la soberanía nacional, constituyendo un desconocimiento más del “principio de separación de poderes y las facultades de cada autoridad de la República para cumplir las finalidades del Estado Social y Democrático de Derecho. El principio de separación de poderes y la vigencia de la Constitución derivada de él, hacen la diferencia en una sociedad, entre el orden y la arbitrariedad”.
Dicho acuerdo compromete la soberanía nacional al establecerse la cesión de porciones considerables y estratégicas del territorio, del espacio aéreo, marítimo y del espectro electromagnético a favor de los Estados Unidos más la concesión irrestricta de un conjunto de prerrogativas no reconocidas a la población nacional.
Al desconocer las obligaciones constitucionales y legales, al comprometer la soberanía nacional, el Presidente Uribe y sus ministros han incurrido en una actuación de hecho al haber procedido arbitraria y unilateralmente, pudiendo subsumirse sus conductas en los punibles de abuso de autoridad ( Título III delitos contra la Administración Pública, capítulo VIII del Código Penal) y traición a la patria ( Delitos contra la existencia y seguridad del Estado, capítulo primero de los delitos de traición a la Patria contemplados en el código penal), y prevaricato por acción, por tanto solicitaremos la investigación respectiva por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y del Fiscal General de la Nación.
El Colectivo de Abogados llama al Presidente Juan Manuel Santos a reconsiderar dicho acuerdo por sus lesivos impactos sobre las relaciones diplomáticas de Colombia en la región, pero sobre todo por la afectación negativa que conlleva de la soberanía nacional y su impacto sobre los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y frente a la necesidad de encontrar una solución política negociada al conflicto armado en Colombia.
Colectivo de Abogados "José Alver Restrepo
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El Colectivo argumentó en la demanda de inexequibilidad, presentada en el mes de febrero, que dicho Acuerdo violaba las obligaciones constitucionales y legales frente a un tratado que compromete la soberanía nacional, constituyendo un desconocimiento más del “principio de separación de poderes y las facultades de cada autoridad de la República para cumplir las finalidades del Estado Social y Democrático de Derecho. El principio de separación de poderes y la vigencia de la Constitución derivada de él, hacen la diferencia en una sociedad, entre el orden y la arbitrariedad”.
Dicho acuerdo compromete la soberanía nacional al establecerse la cesión de porciones considerables y estratégicas del territorio, del espacio aéreo, marítimo y del espectro electromagnético a favor de los Estados Unidos más la concesión irrestricta de un conjunto de prerrogativas no reconocidas a la población nacional.
Al desconocer las obligaciones constitucionales y legales, al comprometer la soberanía nacional, el Presidente Uribe y sus ministros han incurrido en una actuación de hecho al haber procedido arbitraria y unilateralmente, pudiendo subsumirse sus conductas en los punibles de abuso de autoridad ( Título III delitos contra la Administración Pública, capítulo VIII del Código Penal) y traición a la patria ( Delitos contra la existencia y seguridad del Estado, capítulo primero de los delitos de traición a la Patria contemplados en el código penal), y prevaricato por acción, por tanto solicitaremos la investigación respectiva por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y del Fiscal General de la Nación.
El Colectivo de Abogados llama al Presidente Juan Manuel Santos a reconsiderar dicho acuerdo por sus lesivos impactos sobre las relaciones diplomáticas de Colombia en la región, pero sobre todo por la afectación negativa que conlleva de la soberanía nacional y su impacto sobre los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y frente a la necesidad de encontrar una solución política negociada al conflicto armado en Colombia.
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