Jaime Caycedo Turriago, secretario General del Partido Comunista de Colombia y Concejal de Bogotá
“Santos representa el continuismo de la política impuesta por la oligarquía colombiana”
Para el líder comunista los logros alcanzados por la administración de Uribe, en cuanto a la disminución en la elaboración y exportación de droga, son escasos. Asegura que en algunos lugares la producción de cocaína disminuyó pero tuvo un fuerte incremento en otras zonas del país, a pesar de contar, durante más de 10 años, con fuerzas militares estadounidenses, las cuales tienen como objetivo “erradicar la manufactura de sustancias estupefacientes” en el vecino país a través del Plan Colombia.
Tras las rupturas de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia se abrió un nuevo escenario político en la región. Al Gobierno venezolano le sorprendió la fugaz denuncia realizada por la Casa de Nariño, donde sus voceros afirmaban que, presuntamente, en territorio venezolano se encontraban instalados supuestos campamentos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Caracas no se inmutó y calificó a las condicionales evidencias como “un show burdo” orquestado con la anuencia de Washington.
Esto trajo como consecuencia que las débiles relaciones, tanto comerciales como políticas, llegaran a su inminente fin.
A muchos llama la atención que la acusación realizada por el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso Hoyos, se formulara en medio de un escándalo político que sacude al país neogranadino: el reciente hallazgo de una fosa común contentiva de más de dos mil cadáveres, ubicada en el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá.
El presidente Álvaro Uribe Vélez entregó el poder a quien en su gobierno fuera Ministro de la Defensa, hoy jefe de Estado, Juan Manuel Santos. El novel mandatario colombiano recibe una administración cargada de conflictos como la “parapolítica”, el narcotráfico y la guerra civil que en ocho años Uribe no pudo resolver.
Algunos analistas coinciden en que las políticas que implementará Santos en Colombia darán continuidad al denominado uribismo, que, entre otras cosas, apostó a la eliminación de los grupos beligerantes con la implementación de hostiles acciones militares. Pese a todo este antecedente, el jefe de las Farc, Alfonso Cano, dejó abierta la posibilidad de establecer un diálogo para solucionar el conflicto interno entre el Gobierno y la guerrilla más antigua del planeta. Para ampliar la realidad política del vecino país, LA CUMBRE entrevistó, vía telefónica, al secretario General del Partido Comunista de Colombia y Concejal de Bogotá, Jaime Caycedo Turriago, quien señala, de manera categórica, que Uribe con sus acciones sólo buscó “el aislamiento en la región”.
Caycedo considera que, a pesar de las adversidades, buscarán la paz a lo interno de Colombia, y que ésta trascienda las fronteras. Espera, asimismo, que las relaciones entre ambos países mejoren siempre que el presidente Santos “respete a la fraterna República Bolivariana de Venezuela y a su Gobierno”.
— ¿Usted cree que el presidente Juan Manuel Santos pueda dar un giro en las políticas implementadas por Álvaro Uribe durante ocho años?
—Yo creo que la política de aislamiento y de confrontación es insostenible para cualquier Gobierno de América Latina, en particular con sus vecinos con los que tiene mayores raíces históricas, económicas, sociales y de cooperación. Es decir, no es una cosa de voluntad del señor Santos o no, es un hecho que va a tener un peso muy grande desde el punto de vista social, y de las presiones políticas desde el movimiento popular y desde el movimiento de los trabajadores.
El nuevo Gobierno tiene que reorientar, de manera total, sus enfoques hacia Venezuela, y de una manera de conjunto hacia América y hacia los organismos colegiados que se han venido construyendo como Unasur, principalmente.
— ¿Qué valoración realiza tras el rompimiento de las relaciones, tanto comerciales como políticas, entre Colombia y Venezuela?
—Hemos señalado que fue totalmente arbitraria la actitud de provocación del Gobierno saliente sobre un tema ya trillado y ya aclarado en otras oportunidades, pero que buscaba crear un ambiente de confrontación que ha tenido las consecuencias que hemos visto.
Creo, igualmente, que fue un gran error del Gobierno colombiano actuar de esa manera porque, de hecho, acentuó su aislamiento ante América Latina. Sólo nos cabe esperar y seguir luchado en Colombia para que el nuevo Gobierno rectifique esa posición y reabra un método de diálogo, acercamiento, cooperación y respeto hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela.
OSWALDO LÓPEZ MARTÍNEZ
“La producción de cocaína hace parte de un negocio del narco-capitalismo que es uno de los factores que el imperialismo y la gran burguesía colombiana han pretendido utilizar y canalizar en el marco de las políticas contrainsurgentes...”
—Teniendo en cuenta los antecedentes guerreristas de Santos, cuando era Ministro de la Defensa, ¿es posible que, ahora como presidente, busque la paz?
—Tengo la convicción de que esto no puede obedecer a caprichos de los gobernantes. Colombia y su pueblo han tenido una lección amarga sosteniendo el Gobierno de Álvaro Uribe por dos periodos que, prácticamente, dejó al país en una situación muy negativa desde todo punto de vista.
Yo pienso que esto es una postura insostenible en el largo plazo y por eso que, de alguna manera, el nuevo Gobierno tendrá que flexibilizar su postura frente a este escenario y escuchar los clamores del movimiento social, de las luchas populares y de las fuerzas democráticas de avanzadas y progresistas de Colombia y de América Latina.
Por otro lado, los propios intereses de la burguesía dominante se han visto seriamente afectados con el rompimiento de relaciones, especialmente en el área de los productos de intercambio comercial, y de las poblaciones que habitan la frontera por las condiciones del desempleo; por eso, más que el propósito caprichoso de un gobernante, aquí se tiene que imponerla sensatez; se tienen que imponer las preocupaciones y angustias que se acumulan por parte del pueblo colombiano.
El nuevo Gobierno tiene que reconsiderar seriamente esa situación altamente irregular con la fraterna República
Bolivariana de Venezuela.
— ¿Santos pudiera cambiar la política guerrerista frente a las Farc?
—Es difícil que se pueda producir de inmediato un cambio en ese sentido. Estos son problemas muy fuertes de la situación interna de Colombia frente a los cuales el Gobierno de Álvaro Uribe marcó una postura absoluta de inflexibilidad, de inamovilidad; rigidez que no necesariamente tiene que ser la única vía ni la única circunstancia. Yo creo que el señor Santos representa el continuismo de las líneas generales de la política de la oligarquía colombiana, pero que no está obligado a seguir las políticas guerreristas que han puesto en riesgo la propia situación de Colombia frente a América Latina. Por lo tanto, mantengo la posición de que no hay que albergar ilusiones, pero hay que continuar en una lucha inmensa y certera en función de que el tema de la paz en Colombia sea una tarea y una consigna de América Latina.
Esto trajo como consecuencia que las débiles relaciones, tanto comerciales como políticas, llegaran a su inminente fin.
A muchos llama la atención que la acusación realizada por el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso Hoyos, se formulara en medio de un escándalo político que sacude al país neogranadino: el reciente hallazgo de una fosa común contentiva de más de dos mil cadáveres, ubicada en el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá.
El presidente Álvaro Uribe Vélez entregó el poder a quien en su gobierno fuera Ministro de la Defensa, hoy jefe de Estado, Juan Manuel Santos. El novel mandatario colombiano recibe una administración cargada de conflictos como la “parapolítica”, el narcotráfico y la guerra civil que en ocho años Uribe no pudo resolver.
Algunos analistas coinciden en que las políticas que implementará Santos en Colombia darán continuidad al denominado uribismo, que, entre otras cosas, apostó a la eliminación de los grupos beligerantes con la implementación de hostiles acciones militares. Pese a todo este antecedente, el jefe de las Farc, Alfonso Cano, dejó abierta la posibilidad de establecer un diálogo para solucionar el conflicto interno entre el Gobierno y la guerrilla más antigua del planeta. Para ampliar la realidad política del vecino país, LA CUMBRE entrevistó, vía telefónica, al secretario General del Partido Comunista de Colombia y Concejal de Bogotá, Jaime Caycedo Turriago, quien señala, de manera categórica, que Uribe con sus acciones sólo buscó “el aislamiento en la región”.
Caycedo considera que, a pesar de las adversidades, buscarán la paz a lo interno de Colombia, y que ésta trascienda las fronteras. Espera, asimismo, que las relaciones entre ambos países mejoren siempre que el presidente Santos “respete a la fraterna República Bolivariana de Venezuela y a su Gobierno”.
— ¿Usted cree que el presidente Juan Manuel Santos pueda dar un giro en las políticas implementadas por Álvaro Uribe durante ocho años?
—Yo creo que la política de aislamiento y de confrontación es insostenible para cualquier Gobierno de América Latina, en particular con sus vecinos con los que tiene mayores raíces históricas, económicas, sociales y de cooperación. Es decir, no es una cosa de voluntad del señor Santos o no, es un hecho que va a tener un peso muy grande desde el punto de vista social, y de las presiones políticas desde el movimiento popular y desde el movimiento de los trabajadores.
El nuevo Gobierno tiene que reorientar, de manera total, sus enfoques hacia Venezuela, y de una manera de conjunto hacia América y hacia los organismos colegiados que se han venido construyendo como Unasur, principalmente.
— ¿Qué valoración realiza tras el rompimiento de las relaciones, tanto comerciales como políticas, entre Colombia y Venezuela?
—Hemos señalado que fue totalmente arbitraria la actitud de provocación del Gobierno saliente sobre un tema ya trillado y ya aclarado en otras oportunidades, pero que buscaba crear un ambiente de confrontación que ha tenido las consecuencias que hemos visto.
Creo, igualmente, que fue un gran error del Gobierno colombiano actuar de esa manera porque, de hecho, acentuó su aislamiento ante América Latina. Sólo nos cabe esperar y seguir luchado en Colombia para que el nuevo Gobierno rectifique esa posición y reabra un método de diálogo, acercamiento, cooperación y respeto hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela.
OSWALDO LÓPEZ MARTÍNEZ
“La producción de cocaína hace parte de un negocio del narco-capitalismo que es uno de los factores que el imperialismo y la gran burguesía colombiana han pretendido utilizar y canalizar en el marco de las políticas contrainsurgentes...”
—Teniendo en cuenta los antecedentes guerreristas de Santos, cuando era Ministro de la Defensa, ¿es posible que, ahora como presidente, busque la paz?
—Tengo la convicción de que esto no puede obedecer a caprichos de los gobernantes. Colombia y su pueblo han tenido una lección amarga sosteniendo el Gobierno de Álvaro Uribe por dos periodos que, prácticamente, dejó al país en una situación muy negativa desde todo punto de vista.
Yo pienso que esto es una postura insostenible en el largo plazo y por eso que, de alguna manera, el nuevo Gobierno tendrá que flexibilizar su postura frente a este escenario y escuchar los clamores del movimiento social, de las luchas populares y de las fuerzas democráticas de avanzadas y progresistas de Colombia y de América Latina.
Por otro lado, los propios intereses de la burguesía dominante se han visto seriamente afectados con el rompimiento de relaciones, especialmente en el área de los productos de intercambio comercial, y de las poblaciones que habitan la frontera por las condiciones del desempleo; por eso, más que el propósito caprichoso de un gobernante, aquí se tiene que imponerla sensatez; se tienen que imponer las preocupaciones y angustias que se acumulan por parte del pueblo colombiano.
El nuevo Gobierno tiene que reconsiderar seriamente esa situación altamente irregular con la fraterna República
Bolivariana de Venezuela.
— ¿Santos pudiera cambiar la política guerrerista frente a las Farc?
—Es difícil que se pueda producir de inmediato un cambio en ese sentido. Estos son problemas muy fuertes de la situación interna de Colombia frente a los cuales el Gobierno de Álvaro Uribe marcó una postura absoluta de inflexibilidad, de inamovilidad; rigidez que no necesariamente tiene que ser la única vía ni la única circunstancia. Yo creo que el señor Santos representa el continuismo de las líneas generales de la política de la oligarquía colombiana, pero que no está obligado a seguir las políticas guerreristas que han puesto en riesgo la propia situación de Colombia frente a América Latina. Por lo tanto, mantengo la posición de que no hay que albergar ilusiones, pero hay que continuar en una lucha inmensa y certera en función de que el tema de la paz en Colombia sea una tarea y una consigna de América Latina.
La solución tiene que venir por la vía de la paz, por una vía democrática, por una vía política, por una vía de entendimiento (…) el nuevo gobierno está en la disyuntiva de asumir la paz o negarla, pero si la niega tendríamos nuevamente cuatro años de nuevas confrontaciones y dificultades. Si no es así, tendríamos unas expectativas positivas y favorables para avanzar hacia la paz en Colombia y en todo el continente.
— ¿Pero qué garantías tienen las Farc para fomentar el diálogo conel nuevo Gobierno?
—Desde luego que tendrían que existir garantías. Todo proceso de acercamiento de entendimiento, que busque una solución pacífica por la vía política, tiene que rodearse de garantías, de facilidades y de respeto. Está en la voluntad del nuevo Estado colombiano considerar esas opciones.
A mí me parece que hay, insisto, un clamor en el pueblo colombiano, en América Latina y a nivel mundial en el sentido de buscar una vía distinta a la confrontación y, sobre todo, a la extensión de este conflicto armado interno, como guerra civil, hacia los países vecinos.
—Sin embargo las siete bases militares estadounidenses aún permanecen en territorio colombiano.
¿Se puede lograr la paz con un aparato bélico de esa magnitud en Colombia?
—El tema de las bases norteamericanas se encuentra en estudio en la Corte Constitucional que ha señalado que el actual tratado, suscrito entre el Gobierno de Uribe y los Estados Unidos, no es válido. Tendría que resolverse la situación de legalidad de la actual concesión del uso de estas bases militares en territorio colombiano.
Nos parece, también, que ese es un tema que debe ser considerado por el nuevo Gobierno. No es posible que el tema de las bases quede como un fundamento de la política exterior del Gobierno de Colombia para un periodo de diez años sin que haya pasado por un debate en el parlamento de la Nación.
En estos momentos el uribismo tiene la mayoría en el parlamento para aprobar esto, pero lo importante es que se abra un debate nacional e internacional que tendrá que desarrollarse con todos los elementos de la lucha política e ideológica, para que el parlamento colombiano se vea obligado a rescindir este tipo de tratados que son violatorios de la soberanía nacional.
—Frente al hallazgo de las fosas comunes en el territorio de La Macarena, ¿qué posición asume el Partido Comunista Colombiano?
—Esta es una de las denuncias más importantes que se han recibido en los últimos tiempos. La presencia de numerosos parlamentarios, de distintas parte del mundo, a puesto en evidencia que esta fosa común, que está adosada a una base militar del Ejército colombiano, representa uno de los hallazgos más significativos en torno a la violación de los derechos humanos fundamentales; se encuentra en el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre las ejecuciones sin orden judicial, llamadas, supuestamente, “falsos positivos”.
Esto hace parte de toda una lucha que se viene librando en el país sobre la responsabilidad del Estado, del Ejército colombiano y, sobre todo, de los comandantes y los gobiernos que han permitido semejantes circunstancias de crímenes continuados. Por lo tanto, esto va a seguir implicando la movilización las consignas de lucha del pueblo por el esclarecimiento pleno y de búsqueda de nuevos hallazgos. Esto es indispensable para la lucha en contra de la burguesía, que ha tomado el poder del Gobierno colombiano, pero que naturalmente representa la reivindicación de quienes han sido asesinados en estas circunstancias de terror fascista. La justicia debe imponerse en este sentido, no solamente la justicia penal colombiana; si ella no funciona apelaremos a la Corte Penal Internacional, no porque nosotros lo decidimos sino porque sería un recurso para el pueblo colombiano exija justicia entorno a estos crímenes promovidos por esta política fascista y profundamente antidemocrática que se ha instaurado en nuestro país.
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