Concejal Jaime CaicedoA través de canales no institucionales ni oficiales, hemos sido notificados el día de ayer de un nuevo hecho irregular que se suma a la cadena de acontecimientos ocurridos a lo largo de los últimos meses que tienden a demostrar un sistemático hostigamiento en mi contra, que incluye amenazas telefónicas, seguimientos que a la fecha no se han probado legales por parte de efectivos de la fuerza pública, intentos de allanamiento ilegal de mi domicilio particular en cabeza de individuos que portaban uniformes de la Policía Nacional, publicación de listas con amenazas de muerte donde aparece mi nombre y otros sucesos de similar talante que configuran para mí un ambiente permanente de inseguridad, con riesgo para mi vida.
El pasado sábado fue detenido en un centro comercial de Bogotá un individuo que portaba escondidas en su vehículo particular dos armas de fuego sin registro, una de ellas con silenciador. El lunes de esta semana, un juez de garantías le dictó medida de aseguramiento con beneficio de casa por cárcel. Resultó que tal personaje es un agente de la Policía Nacional destacado para prestar seguridad en mi residencia, precisamente como consecuencia de hechos que denuncié en abril pasado ocurridos allí mismo y que gracias al auxilio prestado por los vecinos, desembocó en la huída de los asaltantes vestidos con prendas de la institución policial.
Más allá de la denuncia pública de esta situación que me afecta personalmente, así como a la vocería que ejerzo de un sector político abiertamente opuesto al actual régimen, y que además pone en duda la condición y el profesionalismo de algunos integrantes de la fuerza pública, esta constancia desea hacer un llamado de atención a la administración distrital, al Concejo de Bogotá y a la ciudadanía respecto de la necesidad de que, hoy más que nunca, tenemos que unir esfuerzos y voluntades para poner fin a la oscura noche que cubre a la Nación entera amenazada por grupos que intentan imponer sus designios a fuerza de la actividad delictiva e irracional y que agazapados tras una presunta cobertura para estatal, tratan por distintos medios de copar el Estado y de amedrentar a la población y a sus representantes.
Se impone la imperiosa decisión de depurar las instituciones, incluidas la fuerza pública, los organismos de inteligencia y las propias fuerzas armadas, para que respondan al difícil momento que atraviesa Colombia y asuman con legitimidad el papel que la Constitución y la ley les asigna, cual es la protección de la integridad, la honra y la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Reconocemos que en dichas instituciones aun existen personas dignas y consecuentes con el mandato de la Nación, pero resulta más que evidente que otros de sus integrantes no parecen estar al servicio de esa misma causa, quienes terminan convirtiéndose en instrumentos de la amenaza, el chantaje y la ilegalidad.
Estas anómalas situaciones no sólo atentan contra la integridad personal de un concejal y un dirigente político, sino que se traducen en claras cortapisas al libre juego democrático, a la libertad de opinión y al ejercicio indispensable del debate público acerca del rumbo de la ciudad y del Estado mismo. Este camino de la civilizada discusión de ideas es el que los comunistas colombianos hemos decido seguir cuidadosamente a lo largo de los 80 años de existencia de nuestro partido, ahora integrado al Polo Democrático Alternativo.
A pesar de las insistentes denuncias presentadas ante los organismos de investigación, hoy no se ha esclarecido uno sólo de los criminales hechos conocidos públicamente y que han llegado incluso al atentado directo contra mi vida en varias oportunidades. No obstante, perseveramos en el sendero democrático e instamos a todas las fuerzas políticas aquí presentes y a las demás que no tienen representación parlamentaria, a aunar nuestras energías y nuestras capacidades en procura de la depuración de las instituciones que a pesar de sus imperfecciones y contradicciones, intentan algunas garantías para el debate democrático y el desarrollo de voluntades libres y críticas de su entorno y su realidad.
Bogotá DC, agosto 26 de 2010
Volver a la página principal
El pasado sábado fue detenido en un centro comercial de Bogotá un individuo que portaba escondidas en su vehículo particular dos armas de fuego sin registro, una de ellas con silenciador. El lunes de esta semana, un juez de garantías le dictó medida de aseguramiento con beneficio de casa por cárcel. Resultó que tal personaje es un agente de la Policía Nacional destacado para prestar seguridad en mi residencia, precisamente como consecuencia de hechos que denuncié en abril pasado ocurridos allí mismo y que gracias al auxilio prestado por los vecinos, desembocó en la huída de los asaltantes vestidos con prendas de la institución policial.
Más allá de la denuncia pública de esta situación que me afecta personalmente, así como a la vocería que ejerzo de un sector político abiertamente opuesto al actual régimen, y que además pone en duda la condición y el profesionalismo de algunos integrantes de la fuerza pública, esta constancia desea hacer un llamado de atención a la administración distrital, al Concejo de Bogotá y a la ciudadanía respecto de la necesidad de que, hoy más que nunca, tenemos que unir esfuerzos y voluntades para poner fin a la oscura noche que cubre a la Nación entera amenazada por grupos que intentan imponer sus designios a fuerza de la actividad delictiva e irracional y que agazapados tras una presunta cobertura para estatal, tratan por distintos medios de copar el Estado y de amedrentar a la población y a sus representantes.
Se impone la imperiosa decisión de depurar las instituciones, incluidas la fuerza pública, los organismos de inteligencia y las propias fuerzas armadas, para que respondan al difícil momento que atraviesa Colombia y asuman con legitimidad el papel que la Constitución y la ley les asigna, cual es la protección de la integridad, la honra y la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Reconocemos que en dichas instituciones aun existen personas dignas y consecuentes con el mandato de la Nación, pero resulta más que evidente que otros de sus integrantes no parecen estar al servicio de esa misma causa, quienes terminan convirtiéndose en instrumentos de la amenaza, el chantaje y la ilegalidad.
Estas anómalas situaciones no sólo atentan contra la integridad personal de un concejal y un dirigente político, sino que se traducen en claras cortapisas al libre juego democrático, a la libertad de opinión y al ejercicio indispensable del debate público acerca del rumbo de la ciudad y del Estado mismo. Este camino de la civilizada discusión de ideas es el que los comunistas colombianos hemos decido seguir cuidadosamente a lo largo de los 80 años de existencia de nuestro partido, ahora integrado al Polo Democrático Alternativo.
A pesar de las insistentes denuncias presentadas ante los organismos de investigación, hoy no se ha esclarecido uno sólo de los criminales hechos conocidos públicamente y que han llegado incluso al atentado directo contra mi vida en varias oportunidades. No obstante, perseveramos en el sendero democrático e instamos a todas las fuerzas políticas aquí presentes y a las demás que no tienen representación parlamentaria, a aunar nuestras energías y nuestras capacidades en procura de la depuración de las instituciones que a pesar de sus imperfecciones y contradicciones, intentan algunas garantías para el debate democrático y el desarrollo de voluntades libres y críticas de su entorno y su realidad.
Bogotá DC, agosto 26 de 2010
Volver a la página principal
No hay comentarios:
Publicar un comentario