Nuevo acto de hostigamiento en su contra denuncia concejal Jaime Caicedo

* Dos hombres que vestían prendas de la policía nacional intentaron ingresar violentamente a su domicilio personal.

Una nueva denuncia por hostigamiento instauró el concejal por el Polo Democrático Alternativo y secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caicedo Turriago, ante el intento de violación contra su domicilio del que fue víctima el pasado jueves 22 de abril.

De acuerdo con el texto de la denuncia puesto en conocimiento del ministro del interior y de justicia, Fabio Valencia Cossio y del Fiscal General de la Nación, el pasado jueves dos individuos que vestían prendas privativas de la policía nacional, sin distintivos de sus rangos ni de sus nombres, llegaron a la residencia del concejal preguntando por su nombre y su cargo.

El informe añade que al llamado de estas personas acudió el dueño de la casa, quien señaló que los uniformados exigieron el ingreso al inmueble argumentando que debían realizar una inspección del apartamento del concejal, ante lo cual él solicitó la orden correspondiente. En ese momento, ambos individuos lo empujaron e ingresaron violentamente, obligándolo a pedir auxilio a gritos a los vecinos del lugar, quienes de inmediato salieron para respaldarlo. Así las cosas y ante la presencia de los habitantes de la zona, ambos uniformados huyeron abordando una motocicleta que tenía cubiertas sus placas de identificación. De forma paradójica, en ese mismo momento el concejal se encontraba en las oficinas de asuntos disciplinarios de la Policía Nacional, ampliando su declaración frente a otro acto de hostigamiento ocurrido en el mes de agosto del año pasado.

Jaime Caicedo indicó que este acto en su contra se suma al evento ocurrido precisamente a mediados del año pasado cuando fue seguido por varios automóviles y motos en el trayecto entre la sede política de su partido y su anterior residencia. Gracias al respaldo de su personal de seguridad, dos de los individuos alcanzaron a ser abordados por el concejal, mostrando documentos que los identificaban como miembros de la Sijin (organismo de inteligencia de la Policía Nacional). La denuncia correspondiente fue presentada ante la dirección de esa institución, como también ante las autoridades judiciales y la Procuraduría General de la Nación, sin que hasta el momento se haya producido pronunciamiento alguno en torno a estos graves acontecimientos.

Semanas después el concejal Caicedo, quien es objeto de medidas de protección emitidas por el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA, declaró públicamente que había sido enterado de la conformación de un grupo paramilitar que presuntamente elaboró una lista de líderes de la oposición política al régimen de Álvaro Uribe, con el propósito de eliminarlos, situación de la que también fue enterada la secretaría de gobierno distrital, así como los organismos judiciales. Tampoco se conoce actuación alguna hasta la fecha. En diciembre del mismo año fue objeto de seguimiento por parte de hombres a bordo de un automotor, quienes tomaron varias fotografías a él y a su vehículo.

Igualmente, Caicedo Turriago aparece como víctima de las “chuzadas” ilegales realizadas por el DAS, cuya investigación está en curso pero que tampoco ha producido resultados concretos en su caso.

Caicedo, en su calidad de concejal de la ciudad y basado en informes de autoridades nacionales y distritales, ha denunciado insistentemente a través de varios debates en el cabildo distrital la presencia de grupos paramilitares en por lo menos la mitad de las localidades de Bogotá. Hoy no se conocen acciones precisas de las autoridades en torno a estas imputaciones.

El cabildante señaló que la persistencia de estos actos de hostigamiento y persecución en su contra “demuestra la existencia de un operativo en marcha de personas desconocidas que utilizan prendas e identificaciones aparentemente policiales y que continúan indagando agresiva e ilegalmente por mi sitio de residencia, arrogándose la función de inspeccionar en mi lugar de habitación”.

Continuó diciendo que “estos delicados hechos encienden nuevamente las alarmas de la amenaza contra mi vida por lo cual reafirmo las denuncias hechas por mí en relación con seguimientos ilegales, interceptación clandestina de comunicaciones y anuncios de eventuales atentados. Reclamo de las autoridades las garantías suficientes para el ejercicio de mi actividad política y civil, como concejal de Bogotá, secretario General del Partido Comunista Colombiano y miembro del Comité Ejecutivo del Polo Democrático Alternativo”, declaró

Boletín de Prensa
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Comunicado de los concejales Álvaro Argote y Jaime Caicedo respecto de las protestas estudiantiles frente a transmilenio

Los suscritos concejales de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo se permiten declarar a la opinión pública:

1. Ante los rumores que circulan en medios de prensa y en instituciones pertenecientes al gobierno distrital en el sentido de que hemos estado promoviendo y auspiciando la protestas ciudadanas contra la empresa Transmilenio, algunas de la cuales han culminado en detenciones de menores de edad y en agresiones a representantes de algunos medios masivos de información, declaramos que tales afirmaciones carecen de toda veracidad. No hemos participado en la organización de tales manifestaciones de protesta.

2. El pasado jueves 22 de los corrientes, una vez se inició la protesta en la calle 32 con Avenida Caracas, voceros de una de las organizaciones estudiantiles convocantes de la protesta se comunicaron telefónicamente con la oficina del concejal Jaime Caicedo, con el objeto de solicitar su presencia a fin de que sirviera de garante ante las autoridades de policía que controlaban el evento para que no se presentaran conflictos ni agresiones. En efecto el concejal, junto con algunos de sus colaboradores, se hizo presente, aunque no fue necesaria su intervención pues la protesta se desarrolló en completa tranquilidad, sin que se presentaran enfrentamientos que lamentar con la fuerza pública. El día de ayer, lunes 26 de abril, a petición del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, me comuniqué telefónicamente con el señor secretario de Gobierno (e), Andrés Restrepo, con el objeto de interceder ante la arremetida de las fuerzas policiales contra grupos de estudiantes, que terminaron en los lamentables y condenables hechos que ya la ciudadanía conoce.

3. Solicitamos a las autoridades civiles y de Policía que, en caso de que existiesen, presenten las presuntas pruebas de nuestra participación en estas protestas en calidad de organizadores, auspiciadores u otra categoría que llegase a comprometer nuestra responsabilidad. Nuestra actuación ha sido en todo momento diáfana y de cara a la ciudad.

4. Rechazamos los métodos agresivos y contrarios a la civilidad empleados por miembros de la fuerza pública en la represión de las protestas estudiantiles, que incluso se extendieron contra representantes de algunos de los medios masivos de información.

5. De tiempo atrás hemos hecho pública nuestra posición en torno a la defensa del derecho ciudadano a reclamar la tarifa diferencial en el sistema público de transporte, con base en el criterio de que existen poblaciones vulnerables y que se encuentran en situación económica claramente desventajosa, como son precisamente los estudiantes, los adultos mayores y las personas discapacitadas. Se trata de una reclamación perfectamente justa, habida cuenta de los cuantiosos ingresos y las abultadas utilidades que los operadores del transporte público perciben, gracias a las tarifas que pagan todos los ciudadanos y a las ingentes inversiones que la ciudad hace en infraestructura de vías para que el transporte público pueda prestar su servicio y ejercer su actividad empresarial.


Bogotá DC, abril 27 de 2010

ALVARO ARGOTE MUÑÓZ

Concejal de Bogotá Concejal de Bogotá

JAIME CAICEDO TURRIAGO

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Se caería privatización de ETB por violación de la Ley de TIC’S

Boletín de prensa

* En carta al Procurador General y al Alcalde de Bogotá, concejales Jaime Caicedo, Fernando Rojas y Laureano García demandan cancelación inmediata del proceso de consecución del socio estratégico.


Un giro inesperado tendría el proceso de privatización de la ETB ante el nuevo argumento jurídico esgrimido por un grupo de concejales del Polo Democrático Alternativo, encabezado por Jaime Caicedo Turriago, en el sentido de que el Alcalde Mayor y la Junta directiva de la ETB violaron el artículo 164 del Decreto Ley 1421 de 1993, que establece la obligatoriedad de la autorización del Concejo de la ciudad para que las empresas de servicios públicos en las que el Distrito tenga capital puedan realizar procesos de vinculación accionaria o financiera con otras personas jurídicas o naturales.

De acuerdo con Jaime Caicedo, la junta directiva de la ETB pasó por alto lo dispuesto por la Ley 1341 de 2009, también conocida como Ley de las TIC’s (tecnologías de información y comunicación), la cual entró en vigencia recientemente. Dicha Ley señala que a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada y larga distancia (como es el caso de la ETB) no le es aplicable la Ley 142 de 1994, salvo lo establecido en los artículos 4, 17, 24, 41, 42 y 43.

“Resulta que para justificar que no se requiere autorización del Concejo Distrital para la capitalización de la ETB, el apoderado de la empresa, doctor Ricardo Hoyos Duque, en respuesta a la Acción Popular interpuesta por Sintrateléfonos, señala que el artículo 164 del Decreto Ley 1421 de 1993 fue derogado tácitamente por el inciso 3 del artículo 18 de la Ley 142 de 1994. Dicho inciso señala que la emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa de ninguna autoridad”, señaló Caicedo.

Continuó afirmando que “el apoderado de la ETB argumenta que el proceso de capitalización que actualmente se adelanta se rige por el artículo 19.10 de la Ley 142 de 1994, que al definir el régimen jurídico de las empresas de servicios públicos señala que la emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa de ninguna autoridad”.

Así las cosas, el concejal Jaime Caicedo sostiene que se configura la total ilegalidad del proceso de privatización de la ETB por cuanto si éste se encuentra regido por la Ley 142 de 1994, como lo sostiene el apoderado de la empresa, los contenidos correspondientes fueron declarados inaplicables para empresas como la ETB por una Ley posterior y actualmente vigente, como lo es la Ley 1341 de 2009. “En consecuencia, lo actuado hasta el momento en cuanto se refiere a la introducción del socio estratégico no tendría validez alguna. El paso subsiguiente es que el Alcalde Mayor proponga un Acuerdo al Concejo de Bogotá, buscando su autorización para adelantar la gestión de capitalización. De esta manera, tanto la ciudad como el Concejo de Bogotá tendrían la oportunidad de debatir ampliamente la conveniencia o no de la privatización de este patrimonio público”, indicó el cabildante.

Dijo que en tal sentido hoy suscribió, junto con los concejales Laureano García y Fernando Rojas, una misiva dirigida tanto al Procurador General de la Nación como al alcalde Mayor de la ciudad, demandando su inmediata intervención a fin de hacer cumplir los mandamientos legales y proteger el patrimonio público. “Mediante este mecanismo, frenaríamos un proceso que a nuestro modo de ver ha sido amañado y realizado a espaldas de la ciudad, en procura de favorecer oscuros intereses económicos de multinacionales y de un determinado grupo financiero que hoy, desafortunadamente, tiene en sus manos el control de la ETB gracias a la graciosa y absurda cesión de derechos que hizo el ex alcalde Antanas Mockus cuando expidió la tristemente famosa “declaración del accionista mayoritario”, la cual considero un verdadero atentado en contra de los intereses de la ciudad en la ETB”, afirmó Caicedo Turriago.

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El ventilador de Mancuso también salpicó a Noguera, ex director del DAS

Ni siquiera el General (r) Montoya se salvó de las sindicaciones del ex paramilitar

El ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Noguera Cotes, suministraba información a las Autodefensas acerca de organizaciones civiles y líderes sindicales que podrían parecer cercanos a grupos insurgentes, según lo manifestó el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso, en declaración desde los Estados Unidos.

Añadió que tuvo conocimiento de las listas entregadas por Noguera a militantes de esa organización armada, como alias "Andrés" y alias "Felipe", al tiempo que precisó que el ex funcionario se convirtió en ficha clave de la seguridad de los ex paramilitares, desde el momento de su desmovilización. Dijo conocerlo en Ralito, cuando permanecía acompañado de Rodrigo Tovar Pupo, "Jorge 40", con quien parecía tener una vieja amistad.

Añadió que la colaboración del DAS, la Policía y el Ejército llegaba hasta el punto de entregar a los paramilitares a supuestos colaboradores de la guerrilla, como ocurrió con el Bloque Capital, cuya conformación fue sugerida por el hoy vicepresidente Francisco Santos Calderón, aseguró.

La constitución de esa estructura armada en Bogotá se habría producido tras un exhaustivo estudio adelantado por el capitán del Ejército Nacional, Jorge Rojas.

De otra parte, dijo que fueron varios los encuentros de los líderes paramilitares con el actual candidato presidencial Juan Manuel Santos quien, según él, muchas veces asistió acompañado por el zar de las esmeraldas, Víctor Carranza.

Santos habría propuesto en uno de esos encuentros propinar un golpe de Estado al presidente Ernesto Samper, amparado en los supuestos vínculos con el narcotráfico que a su parecer lo habían llevado a la jefatura del Ejecutivo.

Elespectador.com

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¿Tenían que morir dos menores para que se decida tarifa diferencial en el transporte?

Boletín de Prensa

* Campaña para promover el respaldo ciudadano a la tarifa diferencial anunció Jaime Caicedo.

El concejal Jaime Caicedo Turriago fustigó duramente la posición asumida por sectores del Concejo de Bogotá y por la administración distrital en el sentido de asumir ahora sí la discusión sobre el establecimiento de la tarifa diferencial a raíz de la muerte de dos estudiantes en las vías de Transmilenio, después que el proyecto presentado a consideración del cabildo se ha hundido cinco veces gracias a argumentos contradictorios y amañados.

“Hemos presentado tanto individualmente como con la bancada del Polo Democrático Alternativo, el proyecto que fija la tarifa diferencial para discapacitados, personas de la tercera edad y estudiantes, en cinco oportunidades a lo largo de los años 2008 y 2009. No obstante, en todas las ocasiones ha sido rechazado por diversas razones, entre ellas una por la ponencia negativa del concejal Orlando Parada y en las otras por las maniobras de la administración para limitar al máximo dicho beneficio”, señaló Caicedo.

En efecto, la posición de la administración distrital ha sido ambigua, por cuanto la primera vez se manifestó proclive al establecimiento de la tarifa, siempre y cuando sólo cobijara a personas mayores de 65 años y estudiantes, ambas poblaciones exclusivamente de los estratos uno y dos. En siguientes oportunidades, especialmente bajo el criterio del actual secretario de movilidad Fernando Álvarez, la administración retiró su apoyo arguyendo distintas razones de “inconveniencia”. Dos posiciones diametralmente opuestas en una misma administración.

Caicedo dijo que ha defendido la implantación de la tarifa para todos los estudiantes de la ciudad, independientemente de su estrato, así como para todas las personas discapacitadas y de la tercera edad, de igual manera sin distingo de estratificación socioeconómica. “Este es un derecho social reconocido prácticamente en todas las latitudes del planeta. Pero aquí, en razón de la protección que se le quiere ofrecer a las altísimas utilidades de los operadores privados del transporte, se habla de limitar este beneficio. Invito a toda la ciudadanía a luchar por su implantación y a presionar a la Alcaldía Mayor para que tome pronta decisión al respecto”, declaró el cabildante.

Añadió que el Distrito está eludiendo el cumplimiento de lo ordenado por la Ley 1171 de 2007, la cual reconoce el derecho a las personas mayores de 62 años a disfrutar de descuentos en las tarifas del transporte público. “Bajo este ordenamiento, la administración debería renegociar los contratos de las fases I y II de Transmilenio e incluir en las licitaciones del Sistema Integrado de Transporte y la Fase III tal exigencia. Hasta el momento no ha existido ninguna manifestación al respecto”, indicó Caicedo Turriago.

El concejal por el Polo Democrático Alternativo denunció que existen presiones, incluso desde la secretaría de Movilidad, para que en caso de que se adopte la tarifa diferencial ésta se haga con cargo a subsidios originados en el presupuesto de la ciudad. “Esto resulta inadmisible, por cuanto los contribuyentes están financiando directamente a los transportadores por doble vía: las tarifas que pagan por el servicio mismo, más las billonarias cifras que por vía de impuestos se han destinado y se destinarán para construir y mantener la infraestructura de transporte, todo para beneficio de los operadores privados. Por eso me opongo rotundamente a que sean los ciudadanos y ciudadanas los que terminen autopagándose la tarifa diferencial por la vía del subsidio estatal. El doctor Álvarez dice que no está claro de dónde pueden provenir los dineros necesarios. Yo digo, por el contrario, que sí está claro: deben venir de los gigantescos ingresos y de las altas ganancias de los operadores del transporte”.

Caicedo anunció que se lanzará a una cruzada ciudadana para que las organizaciones sociales, los padres de familia, los núcleos estudiantiles e incluso los transportadores conscientes respalden masiva y públicamente el establecimiento de la tarifa diferencial. Los lineamientos de esa campaña se darán a conocer en las próximas horas.

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Unir todas las fuerzas para derrotar el continuismo

La coyuntura electoral transcurre sin la opción reeleccionista de Álvaro Uribe, tras la declaratoria de inexequibilidad de la Corte a la ley de referendo. También ha caído la perversa emergencia de la salud y la lucha continúa en contra de su conversión en ley por el parlamento.

Estas derrotas, significativas pero parciales no representan un obstáculo definitivo al continuismo. De hecho, el partido de la U, el PIN, el partido Conservador y Cambio Radical condensan una mayoría parlamentaria de la derecha fiel al régimen. En la lid presidencialista, además de Juan Manuel Santos, candidatos como Noemí Sanín y Vargas Lleras disputan la primera línea de apoyo a la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social, principales consignas del actual gobierno. La honestidad y la legalidad que proclama Mockus son condiciones necesarias pero no suficientes para convertirse en una alternativa democrática que no representa.

Como integrante del PDA, el Partido Comunista Colombiano apoya la candidatura de Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Clara López. Petro ganó la consulta interna del Polo en la que el PCC apoyó el nombre de Carlos Gaviria Díaz quien se ha incorporado activamente a la actual campaña.

El PCC llama a votar por Gustavo Petro y Clara López como un acto responsable de solidaridad con la unidad del Polo.

Respalda los puntos del programa de Petro que se identifican con el Ideario de Unidad.

Destaca, en especial, los siguientes objetivos:

_ La búsqueda de la paz, con defensa de la soberanía nacional , el rechazo a las bases militares de Estados Unidos y la política exterior pacífica, amistosa y de unidad con América Latina

_ La lucha por la defensa, protección y ampliación de los derechos políticos fundamentales

_ Por una política económica de énfasis social que contenga soluciones a los problemas del desempleo, la pobreza, la salud, la educación pública y la reforma agraria

_ Por una reforma laboral que supere la flexibilización, genere trabajo de calidad y salarios dignos

_ Por verdad, justicia y reparación frente al terrorismo de Estado condensado en los mal llamados falsos positivos

El PCC reitera su visión del Polo como proceso unitario de la izquierda, de convergencias plurales y con una dirección única, comprometida con las tareas de la lucha popular. Por eso, porque la lucha habrá de continuar en el corto, mediano y largo plazo, propone que se adopte una sola actitud de consenso del Polo de llegar a darse una segunda vuelta. Un Polo sensible en lo social debe estar a la cabeza de las movilizaciones populares del Primero de Mayo junto a los trabajadores.

En feliz coincidencia con el Bicentenario de la liberación del colonialismo, el PCC celebra los 80 años de su fundación. Con este motivo reafirma su identidad y su proyecto por un cambio democrático pleno que abra el camino a una nueva sociedad para Colombia y América Latina, el socialismo humanista.

Convoca a todas las sensibilidades de la izquierda, a todas las vertientes democráticas, a todos los sectores conscientes de la opinión, a todos (as) los (as) trabajadores (as), a participar en las actividades previstas para adelantar el diálogo más fecundo y constructivo en la perspectiva de fortalecer los caminos de la unidad del pueblo como la mayor contribución política e histórica de las fuerzas avanzadas a la salvación del país.

FUERA BASES YANQUIS DE COLOMBIA

CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE CRÍMENES DE ESTADO

VIVA LA UNIDAD DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

COMITÉ CENTRAL

BOGOTÁ, ABRIL 17 DE 2010
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¿Qué es lo que cambia? Aguda columna sobre el proceso electoral colombiano

Germán Umaña Mendoza
Es interesante ver la evolución de las actuales elecciones presidenciales.

De un lado, está la clase política cerrando filas con el objeto de continuar con el modelo aplicado en los últimos años, basado en las seguridades Democrática y de inversión, sin rechazar nada de lo que se ha hecho en los últimos años: ni la evidente escalada de la corrupción, ni la debacle en materia de empleo, ni en seguridad social, ni los mal denominados 'falsos positivos', ni las chuzadas del 'DAS', ni el aumento indiscriminado del endeudamiento externo e interno, ni el déficit fiscal galopante, ni la espuria composición de un Congreso que en un alto porcentaje fue elegido con prácticas clientelistas, corruptas y ajenas a la democracia.

De otro lado, está la cultura ciudadana, la lucha en abstracto contra la pobreza y el hambre, la continuidad de las políticas de Seguridad Democrática y la inversión, y nada de crítica a las realidades arriba mencionadas. No se plantean cambios sustantivos en la política económica, ni en salud y pensiones. El discurso se apoya en lo que ahora es un mérito, antes una simple obligación, ser honesto y transparente. No hay espejo retrovisor, ni propuestas de futuro que contradigan el modelo.

En ambos lados, con excepción del grado de utilización electoral del marcado antichavismo del pueblo colombiano, no hay nada en política exterior, ninguna referencia a la recuperación de Colombia, y su papel en los foros multilaterales, ni a la integración latinoamericana.

Los derechos humanos son entendidos como simples vaguedades y el derecho internacional humanitario mirado con sospecha en la medida en que no implique, por ningún motivo, reconocer que existe un conflicto en Colombia. Las dos propuestas se la juegan a la derrota militar de las Farc y, ni por asomo, se plantea la posibilidad de adelantar un proceso de paz. Algunos dicen que una es de ultraderecha y, la otra, de derecha.

Las clases medias y, sobre todo los jóvenes se la juegan a la segunda propuesta. Están cansados de la politiquería y la corrupción. Los estratos bajos y los más ricos, unos por el populismo y, los otros, porque mejor no les podía ir, apoyan a los primeros. Es una campaña 'emocional', mucho de mediatismo y poco de contenido.Claro que también está la izquierda, que ha perdido el norte al debilitar el planteamiento ideológico de un cambio profundo y una ruptura con lo dominante en políticas como la económica, la externa y la social, gravemente perjudicadas por el populismo y clientelismo de la antigua Anapo y los discursos de centrismo vergonzante de la presunta nueva izquierda, que nada dice y nada comunica. Deberá recuperar la consistencia en sus propuestas de cambio, a riesgo de perder el poco espacio que se había ganado. ¿Será que me encuentro curado de mediatismos y que he llegado a la etapa de un imperdonable escepticismo? No soy capaz de escoger entre lo malo y lo menos malo. Mi deseo es el de un cambio estructural en las políticas económicas y sociales.

Una paz que no se base en más sepulcros. Una alternativa de conciliación nacional que combata las desigualdades.

Por ahora, continúo persiguiendo la utopía. Sigo pensando que es posible. Supongo que es el colmo de la ingenuidad.
dgumanam@unal.edu.co

Publicado por Portafolio, abril 15 de 2010

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EE.UU. y Colombia esconden atrocidades a través de fosas comunes

Dan Kovalik abogado de derechos humanos y laborales

El mayor escándalo en años sobre los derechos humanos se está desarrollando en Colombia, aunque uno no se daría cuenta por la falta total de cobertura en los medios de aquí. La fosa común más grande en Colombia fue descubierta por accidente el año pasado a las a! fueras de una base del Ejército colombiano en La Macarena, un municipio rural ubicado en el departamento del Meta, al sur de Bogotá. La tumba fue descubierta cuando unos niños luego de beber del agua de un arroyo cercano, comenzaron a enfermarse gravemente.

Estas enfermedades surgieron por la contaminación del agua por un filtrado desde lo que se descubrió que era una fosa común - una fosa marcada sólo con pequeñas banderas con las fechas (entre 2002 y 2009) en la que fueron enterrados los cuerpos.

De acuerdo a una carta del 10 de febrero de 2010 emitida por Alexandra Valencia Molina, Directora de la oficina regional de la propia Procuraduría General de la Nación en Colombia - una agencia del gobierno encargada de investigar la corrupción del gobierno - unos 2.000 cuerpos están enterrados en esta fosa. El Ejército colombiano ha admitido su responsabilidad sobre la fosa, diciendo que habían matado y enterrado allí a supuestos guerrilleros. Sin embargo, los cuerpos en la fosa aún no han sido identificados. Al contrario, en contra de todo el protocolo para el manejo de los restos de alguien asesinado por los militares, especi! almente de las guerrillas, los cuerpos contenidos en la fosa común fueron enterrados en secreto sin el debido proceso de que el gobierno de Colombia certifique que los fallecidos eran de hecho combatientes armados como alega el Ejército.

Y dado el actual escándalo sobre "falsos positivos" que ha envuelto al gobierno del presidente Álvaro Uribe y a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que ahora se postula para suceder a Uribe como presidente, la afirmación del Ejército de Colombia sobre la fosa común es especialmente sospechosa. Este escándalo gira en torno al ejército colombiano, recientemente bajo la dirección de Juan Manuel Santos, que a sabiendas, asesinaba civiles a sangre fría y luego los vestía para que parecieran ser guerrilleros armados con el fin de justificar más ayuda de Estados Unidos. Según Navi Pilay, la Alta Comisionada para l! os Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esta práctica ha sido tan "sistemática y generalizada" como para constituir un "crimen de lesa humanidad". Y tristemente, cuando la Sra. Pilay hizo esta declaración, ella literalmente no sabía ni la mitad de la cuestión.

Hasta ahora, sin contar esta fosa común, ha sido confirmado por fuentes del gobierno colombiano que 2.000 civiles han sido víctimas de los "falsos positivos" desde que el presidente Uribe asumiera el poder en 2002. Si como se sospecha por los grupos colombianos de derechos humanos, tales como la "Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari " y el "Colectivo de Orlando Fals Borda", la fosa común en La Macarena contiene 2.000 víctimas civiles más de este sistema, entonces esto traería el total de las víctimas del escándalo de los "falsos positivos" a por lo menos 4.000 - mucho peor de lo que se creía originalmente.

El hecho de que esa fosa fuera descubierta a las afueras de una base militar colombiana supervisada por asesores militares estadounidenses - EE.UU. tiene alrededor de 600 asesores militares en ese país - es especialmente preocupante, y plantea serias interrogantes sobre la propia conducta de Estados Unidos en ese país. Además, esto pone aún más en duda la conveniencia de un acuerdo del presidente Obama con el presidente Álvaro Uribe el año pasado de permitir el acceso de EE.UU. a 7 bases militares en ese país.

El gobierno colombiano y el ejército están tratando de contener este reciente escándalo, y posiblemente lo traten de hacer a través de más violencia. De hecho, el 15 de marzo de 2010, Jhonny Hurtado, un ex dirigente sindical y Presidente del Comité de Derechos Humanos de La Cantina, quien fuera un individuo clave en revelar la verdad sobre esta fosa común, fue asesinado por soldados de la Brigada 7 colombiana. Una Brigada Móvil patrullaba la zona. Justo antes de su asesinato, Jhonny Hurtado le había dicho a una delegación de par! lamentarios británicos que visitaban Colombia, que él creía que la fosa común en La Macarena contenía los cuerpos de personas inocentes que habían sido "desaparecidas".

El descubrimiento accidental de esta fosa común plantea la posibilidad de que se encuentren más fosas. Sin duda, es el consenso de los grupos de derechos humanos en Colombia que esto es sólo el comienzo. De cualquier modo, el descubrimiento de esta fosa, encima de la gran magnitud del escándalo que ya se sabe de los "falsos positivos", justifica un serio replanteamiento de la política de EE.UU. hacia Colombia - una política conforme a la cual EE.UU. ha enviado más de $7 mil millones de ayuda militar a Colombia desde el año 2000 y se sigue añadiendo. Esta política, que el Presidente Obama profundiza a! ún más, ha continuado la larga práctica de los Estados Unidos de dar ayuda militar a la mayoría de los peores violadores de los derechos humanos. Ahora es el tiempo para descontinuar esta práctica.

Daniel Kovalik es un abogado de derechos humanos y laborales en Pittsburgh. La información de este artículo sobre la fosa común en La Maracena se basó en las investigaciones obtenidas por Justicia para Colombia en Londres y por dos valientes líderes de derechos humanos colombianos, Edinson Cuellar y Carolina Hoyas, que están trabajando sin descanso para difundir la verdad sobre esta fosa común .

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SITP debe priorizar concepto de rentabilidad social sobre el de la lógica del negocio

Boletín de prensa

* El nuevo sistema deberá garantizar también condiciones laborales dignas a los trabajadores que operarán el sistema

Las multimillonarias inversiones que hace la ciudad en la disposición de la infraestructura y el mantenimiento vial para que los operadores privados usufructúen el servicio público de transporte deben retribuirse a través de tasas de retorno justas en función de dicha inversión, señaló el concejal del Polo Democrático Alternativo, PDA, Jaime Caicedo Turriago, al referirse a las proyecciones del nuevo Sistema Integrado de Transporte, SITP.

“Tenemos que aprender de la desequilibrada experiencia de Transmilenio, pues la ciudadanía por medio de impuestos y contribuciones ha hecho un aporte de más de $3 billones para la construcción de la infraestructura y el mantenimiento de las vías por donde circula este sistema, aparte de pagar la tarifa que se fija por el servicio. Sin embargo, el 95% de los ingresos, aproximadamente $2 billones, han ido a parar a las gruesas billeteras de los operadores privados, que no pusieron un solo peso para la construcción, mientras que la ciudad escasamente percibe entre el 5% y el 6% del total de los recursos generados por el mismo, insuficientes para cubrir los costos de administración y vigilancia y que no amortizan la inversión realizada”, indicó.

“Consideremos además, continuó, que el precio de construcción por kilómetro se ha incrementado escandalosamente desde la Fase I a la II, pasando de US$11.3 millones a más de US$38.7, cuando los estimativos que nos vendió el alcalde Peñalosa hablaban de US$5 millones. Todo esto implica mucha más plata del bolsillo de los bogotanos y bogotanas, es decir, más inversión pública. Este desbalance entre inversión y rentabilidad social es a todas luces desproporcionado y la ciudad tiene que luchar por recomponerlo”, dijo Caicedo.

El concejal del PDA afirmó que una forma adicional de retribución a la ciudad por su cuantiosa inversión sería el establecimiento de tarifas diferenciales para poblaciones especiales. “Esto no es ninguna novedad. En casi todos los países del mundo existen tarifas diferenciales para estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad. En Colombia incluso hay normas que obligarían a concedérselas a estas dos últimas categorías poblacionales. Hasta el momento ese mandato se ha burlado”.

El cabildante señaló también que le preocupan las condiciones de contratación de los trabajadores que tendrán a su cargo la operación del Sistema Integrado de Transporte. “Es bien sabido que las condiciones laborales tienen serias implicaciones en la seguridad de la operación de los buses y en el propio bienestar de los pasajeros. Hemos recibido múltiples denuncias de representantes sindicales y de algunos conductores en el sentido de que las jornadas de ocho horas en Transmilenio no se cumplen de manera estricta y que, por lo demás, las empresas han maniobrado siempre para impedir la organización sindical de los trabajadores, lo cual constituye una violación a las normas laborales internacionales”.

Igualmente se refirió a la necesidad de que el SITP observe plenas garantías laborales a los trabajadores, sin intentar desconocer prestaciones y otros beneficios, como viene ocurriendo en Transmilenio. “De acuerdo con la información de la gerencia de esa empresa, hoy cerca del 43% de los trabajadores se encuentran vinculados a través de cooperativas de trabajo asociado o empresas temporales, en todo caso sin contrato estable, hecho que como es obvio no reconoce reales garantías a los trabajadores”, afirmó.

Caicedo acogió varias de las propuestas de los pequeños propietarios, las cuales considera indispensables para salir del atolladero en que se encuentran las conversaciones con la administración distrital. “Tiene que constituirse una instancia de negociación real, ojalá vinculando a la comisión creada por el Concejo de Bogotá como garante. Para democratizar verdaderamente el sistema, hay que conceder créditos a las empresas de propietarios a través de mecanismos como Banca Capital y eliminar varios de los requisitos actuales que impiden claramente la vinculación de los pequeños y medianos transportadores, así como estudiar la posibilidad de que el Distrito facilite los patios y la infraestructura de talleres como parte del capital necesario, retribuible a través de los ulteriores ingresos del sistema. Hay mucho por hacer y el tiempo se acaba”, declaró Jaime Caicedo.

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Discusión no debe ser sobre la licitación del relleno sanitario, sino sobre su reemplazo inmediato

* Es urgente la evaluación de otras alternativas tecnológicas que impliquen aprovechamiento de residuos y eviten la disposición de basuras a cielo abierto.

* Propone Comisión de expertos para recomendar alternativas.

“Lamentablemente la ciudad seguirá manejado en los próximos 11 años la disposición final de las basuras a través del mal llamado relleno sanitario Doña Juana, que en realidad es un botadero que ha generado graves consecuencias ambientales, sanitarias y sociales sobre la población de las localidades aledañas donde éste funciona y en las localidades de la cuenca del Tunjuelo con altísimos costos para la administración y las comunidades”, afirmó el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo Turriago.

Propuso la conformación de una comisión de expertos nacionales e internacionales para que en el menor plazo posible recomienden al gobierno distrital la mejor alternativa para reemplazar el relleno sanitario y dar paso definitivo a la solución de lo que se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para la ciudad y especialmente para un abultado número de habitantes que se ven directamente afectados por este método arcaico de manejo de residuos.

“Es claro que en el mundo entero vienen imponiéndose alternativas distintas para el manejo, disposición y procesamiento de los desechos, con la ventaja adicional de que nos se requieren grandes terrenos y permiten reutilizar grandes proporciones de esos desechos para su reaprovechamiento industrial, disminuyendo sensiblemente las consecuencias ambientales y sociales del manejo de las basuras tal y como se viene dando a través del relleno de Doña Juana”, indicó.

Caicedo Turriago criticó fuertemente a la administración por cuento desoyó el clamor de las comunidades asentadas en las inmediaciones del relleno sanitario que desde hace años vienen planteando el cierre del mismo, al tiempo que han propuesto otras salidas al manejo y disposición final de las basuras. Se cuentan por miles los casos de afectación en la salud de los habitantes y en el equilibro ambiental de la región ocasionados por la administración anti técnica de los residuos.

“No hubo una evaluación a fondo, pública, con presencia y participación de la ciudadanía de lo que ha significado el Relleno Doña Juana, ni del contrato de concesión, el impacto sobre las tarifas, la deuda social y ambiental con las comunidades afectadas, el derrumbe del relleno en 1997, las deficiencias en el tratamiento de los lixiviados, las fallas en la planta de tratamiento de lixiviados, el manejo de los residuos clínicos, hospitalarios y patógenos, los riesgos sobre la salud de los habitantes especialmente el contacto con las aguas contaminadas, el consumo de productos regados por éstas, olores, proliferación de plagas, las serias limitaciones de los programas para “mitigar” los efectos del relleno, la participación de las comunidades en el reciclaje; la viabilidad de las plantas de reciclaje y la plata que se invirtió y se perdió en los estudios, etc.”, señaló el concejal Jaime Caicedo.

Dijo que con la actual licitación en curso, la UESP le entrega a los monopolios privados un jugoso negocio que le ha reportado a los concesionarios sumas multimillonarias a costa de los usuarios que pagan las tarifas que registran altos incrementos en años anteriores. “

Como en todos los contratos de concesión, los grandes beneficiados son los concesionarios. Y al igual que en la licitación para el SITP, la licitación para el manejo del RSDJ favorece a los grandes monopolios”.

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Licitación del relleno sanitario Doña Juana: 11 años mas de daño ambiental, económico y social

Lamentablemente la ciudad seguirá manejado en los próximos 11 años la disposición final de las basuras a través del mal llamado relleno sanitario Doña Juana, que en realidad es un botadero que ha generado graves consecuencias ambientales, sanitarias y sociales sobre la población de las localidades aledañas donde éste funciona y en las localidades de la cuenca del Tunjuelo con altísimos costos para la administración y las comunidades.

La Administración desaprovechó una oportunidad para el cierre y desmonte del RSDJ, ya que, -en vez de evaluar otras alternativas tecnológicas para la disposición final y tratamiento de residuos sólidos como la termólisis, pirolisis, incineración etc. que se vienen utilizando en otras partes del mundo, que no requieren grandes terrenos y permiten aprovechar y reutilizar gran parte de los residuos-, optó por abrir la licitación 001- 2010 para entregar por concesión, una vez mas el manejo del relleno, probablemente a los mismos monopolios privados que lo han administrado desde hace varios años.

La UESP hizo caso omiso de las solicitudes de las comunidades y de diversos sectores de la ciudad que viene clamando desde hace varios años por el cierre del RSDJ, porque este ha afectado la salud, generando enfermedades epidérmicas y respiratorias, continua contaminando con lixiviados- a pesar del tratamiento parcial que se les hace en la planta -, el río Tunjuelo, el Río Bogotá y el Magdalena, con graves efectos ambientales y sanitarios.

No hubo una evaluación a fondo, pública, con presencia y participación de la ciudadanía de lo que ha significado el RSDJ, el contrato de concesión, el impacto sobre las tarifas, la deuda social y ambiental con las comunidades afectadas, el derrumbe del relleno en 1997, las deficiencias en el tratamiento de los lixiviados, las fallas en la planta de tratamiento de lixiviados, el manejo de los residuos clínicos, hospitalarios y patógenos, los riesgos sobre la salud de los habitantes especialmente el contacto con las aguas contaminadas, el consumo de productos regados por éstas, olores, proliferación de plagas, las serias limitaciones de los programas para “mitigar” los efectos del relleno, la participación de las comunidades en el reciclaje; la viabilidad de las plantas de reciclaje y la plata que se invirtió y se perdió en los estudios, etc.

La UESP, que en años anteriores prorrogó en varias ocasiones el contrato de concesión con Proactiva, a pesar de las denuncias sobre presuntas irregularidades incumplimientos y favorecimientos, en el presente año decidió continuar con el RSDJ convocando la licitación 001-2010 que favorece nuevamente un esquema de manejo de las basuras que es contrario a los intereses de la ciudad, de los usuarios y del medio ambiente.

La UESP le entrega con la licitación a los monopolios privados un jugoso negocio que le ha reportado a los concesionarios que lo han manejado sumas multimillonarias a costa de los usuarios que pagan las tarifas que registran altos incrementos en años anteriores.

Como en todos los contratos de concesión, los grandes beneficiados son los concesionarios. Y al igual que en la licitación para el SITP, la licitación para el manejo del RSDJ favorece a los grandes monopolios.

En la licitación se exige como experiencia técnica mínima que el Proponente esté operando o haya operado, como mínimo durante seis meses y en un máximo de dos (2) proyectos, solo o en consorcio o en unión temporal, o en cualquier otra forma de asociación, rellenos sanitarios por 5.000 toneladas/día; y para el tratamiento de lixiviados se exige la operación y mantenimiento de plantas para el tratamiento de lixiviados, con capacidad media de tratamiento igual o mayor a 11 lps (litros por segundo), en máximo dos contratos y durante como mínimo seis meses.

Igualmente se exige en la licitación un capital de trabajo de $ 32.000 millones, un patrimonio de $ 229.000 millones de pesos y para acreditar capacidad financiera el proponente podrá aportar un cupo de crédito por $ 80.000 millones de pesos aprobados por una entidad financiera.

Probamente, estos requisitos solamente los podrán cumplir Proactiva y el actual operador del relleno sanitario- Aguas Bogotá, que son monopolios españoles con alguna participación de capital colombiano.

El valor presente neto aproximado del contrato corresponde a $ 229.742 millones, a pesos de diciembre de 2009. La tasa usada para calcular el mencionado valor es del 13,92% anual en términos reales.

La Remuneración por Disposición Final de los Residuos Sólidos en el RSDJ es de $ 14.525 y de $2.794 por el tratamiento de los lixiviados a precios de 2009, para un total de $17.319 por tonelada. Esto implicaría un incremento de alrededor del 20% en las tarifas y sobre pasa el valor autorizado por la CRA que es de $14.525, según el concejal Carlos Vicente de Roux.

Además de la remuneración que recibe el concesionario por la disposición final y el tratamiento de lixiviados, éste podrá utilizar hasta el 20% de los residuos que ingresan al RSDJ y escasamente deberá pagar $ 573 por cada tonelada ingresada al RSDJ a pesos de diciembre de 2009.

Por el contrario se dice en la licitación que de acuerdo al Decreto 838 de 2005 se prohíbe el desarrollo de las actividades de recicladores en el frente de trabajo de los rellenos sanitarios.

La producción, tratamiento y aprovechamiento de Biogás a partir de los residuos sólidos, solo podrán ser implementados para la producción de la energía requerida para la operación del Sistema de Tratamiento de Lixiviados, es decir para el concesionario.

La concesión dura 11 años, sin embargo se dice que el plazo terminará cuando se haya copado la capacidad de disposición de residuos sólidos y la capacidad adicional que a través de una ampliación ó modificación de la licencia ambiental actual logre el operador sobre los terrenos de propiedad de la UAESP.

La licitación contempla que la UAESP conformará un Comité de Evaluación encargado de evaluar las propuestas, con expertos de la UAESP o externos a la Unidad, nacionales o internacionales. En años anteriores se ha criticado que la dirección de la UAESP quería favorecer la continuidad del contrato de concesión para el manejo del relleno sanitario. Lo aconsejable seria que quien haga la evaluación sean expertos externos de altas calidades morales y profesionales para garantizar la transparencia del proceso de selección del concesionario. Se podría vincular a las universidades a este propósito.

La licitación no contiene indicadores ambientales que permitan controlar en tiempo real durante las 24 horas la operación tanto de la compactación de las basuras como el tratamiento de los lixiviados. Esto es muy importante ya que la calidad de las aguas que se vierten al río tunjuelo una vez pasan por la planta de tratamiento es de calidad inferior a la que exige la norma ambiental y de 20 litros/seg. solo se procesan 8. En años anteriores se impusieron algunas multas irrisorias a los concesionarios, teniendo en cuenta que no se incluyeron indicadores en el contrato en el contrato, ni en los términos de referencia para hacer un control mas real y en consecuencia la interventoria del contrato solo se limita a revisar los reportes de los operadores, lo que impide realizar un en control efectivo.

En conclusión, la administración fue incapaz de evaluar otras alternativas diferentes al relleno sanitario, dejando a la ciudad a merced de los monopolios privados que manejarán el RSDJ en los próximos 11 años lucrándose a costa de las tarifas que pagan los usuarios; sin soluciones para los pobladores de las dos (2) localidades aledañas; y permitiendo que continué el daño ambiental, social y ecológico.

Concejal Jaime Caycedo Turriago

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Sistema integrado de transporte público

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Carta pública al candidato a la presidencia del partido verde

LA UNION SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO USO, manifiesta su desacuerdo frente a los planteamientos expresados por su fórmula vicepresidencial, Dr. SERGIO FAJARDO, en el sentido de vender un 15% de la propiedad de ECOPETROL, con el propósito de destinar estos dineros en la educación.

Fajardo argumenta “… que Ecopetrol es un ahorro de los colombianos, y así como las familias usan el ahorro para educación, propone usar por una vez un 15% del valor de esta empresa para el financiamiento de la investigación, innovación, expansión de la educación”1 Esta propuesta, además de ser contraria al interés nacional, demuestra la poca creatividad de su campaña, pues continua con la política de privatización implementada por el Gobierno de Uribe, que se inició con la autorización de la venta del 20% de ECOPETROL y luego propuso vender un 15% adicional para construir infraestructura vial en el país.

Consideramos que no es conveniente para los colombianos, seguir aplicando la política caduca e ineficaz de la privatización, que en nada ha contribuido a resolver los problemas sociales y económicos del país.

Es inadmisible que se siga utilizando a ECOPETROL como la caja menor, a la que se acude para cubrir el fracaso de las políticas sociales y económicas de los gobiernos de turno, y que se utilice la propiedad estatal para hacer propuestas electorales.

ECOPETROL es la empresa más rentable del país y la que más transferencias le hace a la nación. Sólo en el 2009 las transferencias, fueron de 18,66 billones de pesos2, por concepto de utilidades, impuestos y regalías, convirtiéndose no solo en el soporte de la inversión social de la nación, sino que es la mayor dinamizadora de la economía nacional, con una contribución al PIB de 2,7 puntos.

Sería muy interesante que el Dr. FAJARDO le explicará a los colombianos dentro de su propuesta, lo que representaría para la nación la venta de un 15% adicional de ECOPETROL, puesto que en términos de rentabilidad social, las utilidades futuras de ese 15% irían al bolsillo de los nuevos dueños y no para el beneficio del pueblo colombiano. Para recuperar los ingresos que pierde la nación con esta venta, tendría que utilizarse la fórmula de los gobiernos anteriores: una Nueva Reforma Tributaria, lo que significa un mayor empobrecimiento de los colombianos.

Es mejor para el país reversar la venta que ya hizo este gobierno del 10.1%, para que ECOPETROL vuelva a ser 100% Estatal; fortalecerla y utilizar parte de las transferencias para el desarrollo social que requiere el país, sumándole a este propósito, el presupuesto que hoy se destina para la guerra, el cual en el 2009 fue de 19,2 billones de pesos.

Más Para lo Social, Menos Para la Guerra.


Ver Frente Obrero Junta Directiva Nacional en PDF.

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Fuera de Brasil cualquier base norteamericana

(Nota Política del PCB)
El Partido Comunista Brasileño manifiesta su preocupación y, al mismo tiempo, su repudio vehemente a las negociaciones entabladas por el gobierno de Lula con el gobierno de los Estados Unidos, visando instalar una base militar de inteligencia en Brasil, posiblemente en Río de Janeiro y/o en la región de la Triple Frontera. Su pretexto oficial sería el de auxiliar la vigilancia y el combate al tráfico de drogas y al “terrorismo” en el Atlántico Sur.

Sin embargo, una serie de factores nos lleva a creer que la base no pretende solo alcanzar lo fines oficialmente propuestos. En primer lugar, porque se hizo común que los Estados Unidos intenten encubrir la intervención en otros países para defender sus intereses, con la disculpa de combatir el tráfico de drogas y el llamado terrorismo, concepto en que se incluyen la insurgencia y la autodefensa de los pueblos.

Otro motivo para la instalación de una base militar en territorio brasileño –hecho solo ocurrido en la segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos instalaron una base aérea en Natal para abastecimiento y envío de tropas que combatían el peligro fascista- se inserta en la lógica norteamericana de aumentar la militarización creciente de América Latina, como forma de criminalizar y combatir las luchas populares.

En los últimos años, los Estados Unidos ampliaron su presencia militar en América Latina, a través de la expansión de sus instalaciones militares limítrofes con Venezuela, cercando este país con bases en Colombia, Curazao y las Antillas Holandesas.

Coherente con su política de militarización de América Latina, como forma de frenar las luchas populares y con la mirada en los recursos naturales de la región, Estados Unidos reactivó recientemente su IV Flota Naval, desactivada desde la década de 1950.

Finalmente, será mucha “coincidencia” la posible instalación de una base yanqui en Río de Janeiro, estado en cuya plataforma marítima se localizan las mayores reservas brasileñas de petróleo, incluso de pre sal. Se sabe muy bien que las intervenciones militares norteamericanas han sido motivadas, en muchos casos, por la tentativa de controlar las reservas de petróleo (de las que Estados Unidos son los mayores consumidores y dependientes), cuyas reservas son cada vez más escasas.

Por las razones expuestas, el Partido Comunista Brasileño exige la suspensión inmediata de esa negociación. El gobierno brasileño no puede ceder un milímetro del territorio nacional, sobre todo a una potencia imperialista que, para defender sus intereses, se comporta como la policía del mundo, creyéndose con derecho de invadir países, derrumbar sus gobiernos y expropiar sus riquezas naturales.

El PCB reclama el conjunto de fuerzas y personalidades antiimperialistas brasileñas a sumarse en un expresivo repudio a esta vergonzosa negociación.

Rio de Janeiro, 9 de abril de 2010

PCB – Partido Comunista Brasileño

Comité Central

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