Pronunciamiento de la JUCO a la opinión pública Nacional e Internacional

En días pasados apareció una amenaza supuestamente de la JUCO, contra el jefe de servicios generales de la Universidad Nacional, sede Medellín, JUAN ESTEBAN RUIZ, donde a través de insultos se le declara OBJETIVO MILITAR. El mensaje aparece firmado como “grupo comunista JUCO”.

La Juventud Comunista Colombiana, JUCO es una organización abierta y legal, miembros del Partido Comunista Colombiano, PCC, e integrantes del Polo Democrático Alternativo, PDA. Nuestra organización ha sido víctima de la estigmatización y de la guerra sucia. La JUCO está amparada por el PROGRAMA DE PROTECCIÓN PCC – UP DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, a raíz del proceso de solución amistosa por el GENOCIDIO CONTRA LA UNIÓN PATRIOTICA, que actualmente se adelanta en la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA.

En Medellín se encuentra en curso un proceso de judicialización contra un importante número de organizaciones sociales y políticas. Dicho proceso se viene adelantado desde la Fiscalía Especializada No. 74, a partir de montajes de la Red Inteligencia Militar Especializada, RIME, la cual busca encarcelar importantes líderes populares, muchos de ellos declarados objetivo militar por parte de las Águilas Negras y reconocidos paramilitares de la ciudad.

Parte de ésta siniestra estrategia consiste en elaborar falsas amenazas de parte de reconocidas organizaciones sociales y políticas, para justificar judicializaciones y asesinatos que puedan ser presentados como vendettas y no como crímenes de Estado. Aclaramos enfáticamente que la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, NO HA PROFERIDO AMENAZA ALGUNA contra el señor JUAN ESTEBAN RUIZ. Exhortamos a la comunidad nacional e internacional permanecer en estado de alerta contra esta serie de hechos que atentan contra las libertades y garantías de la oposición política en Colombia.

COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL

Bogotá D.C. 29 de Agosto de 2009

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Administración ineficiente sirve de excusa para privarizar ETB- dice el Concejal Jaime Caycedo

· Insatisfacción de los usuarios, serias fallas en la calidad del servicio y altísimos gastos en asesorías son responsables de disminución en ingresos operativos y utilidades.

· Mockus privatizó el manejo de la empresa por la puerta de atrás.

Los decaídos indicadores financieros y de operaciones de la ETB, que han sido la excusa para plantear el proceso de privatización, se deben totalmente a las protuberantes fallas en la gerencia de la empresa y a la ineficiencia mostrada hasta el momento, dijo hoy el concejal Jaime Caicedo Turriago.

“La buena gestión de una empresa se evidencia principalmente a través de sus indicadores operativos y este es precisamente el frente flaco de la ETB, lo que muestra a las claras la responsabilidad de la administración en el debilitamiento progresivo de la empresa. En 2007 los ingresos operativos cayeron en 4%, equivalentes a $51.000 millones, mientras que en 2008 la reducción fue de $19.000 millones. Entre tanto, las utilidades tuvieron una dramática caída de $125.000 millones en 2008 respecto de las obtenidas el año inmediatamente anterior. Eso se llama falta de gerencia y no problemas financieros, como se ha querido vender la situación”, puntualizó el concejal del Polo Democrático Alternativo.

“La condición de la empresa se acentúa con los altísimos gastos en que está incurriendo. Hay un chorro de dinero sin control en el área jurídica, con un festín de contratos de asesoría sin objetos contractuales claros y delimitados, cuyas funciones además pueden ser asumidas por el equipo de abogados de planta de la empresa. El presupuesto para asesorías, gastos de representación y viáticos supera los $11.000 millones anuales”, afirmó el concejal Caicedo Turriago. Aseguró que tampoco es claro el uso indiscriminado de una flota gigantesca de vehículos, que bordea los 400, y que genera gruesos gastos de mantenimiento, entre otros factores que incrementan sustancialmente los costos.

“Pero la muestra más evidente del desgreño administrativo y de la falta de gerencia en la ETB son los indicadores de satisfacción al cliente y calidad, donde la empresa ocupa los lugares 25 y 24 respectivamente entre las 25 más grandes prestadoras de servicios de telecomunicaciones del país. Una situación tal provoca más de 440.000 reclamos al año y una desbandada de clientes. Ese es el verdadero origen del futuro no muy claro que los privatizadores le atribuyen a la ETB”, señaló.

Mockus privatizó el manejo de la empresa por la puerta de atrás

Caicedo cuestionó duramente la decisión que tomó el entonces alcalde la de la ciudad, Antanas Mockus, a través de la denominada “Declaración del accionista mayoritario”, la cual cedió graciosamente los derechos de la ciudad a favor de los accionistas minoritarios. “No hay justificación alguna para que la ciudad haya entregado la administración de la empresa a los accionistas minoritarios a cambio de nada. Lo peor es que debido a esa decisión que considero ilegal, uno sólo de los accionistas minoritarios, la Organización Sarmiento Angulo, con un monto ridículo de acciones, controla directamente dos de los asientos en la Junta Directiva y su influencia abarca otros miembros de la misma e incluso la vice presidencia financiera de la empresa, con lo que esto significa en términos del manejo de los multimillonarios flujos de capital de la ETB”, denunció.

Caicedo aprovechó para rebatir las razones de orden tecnológico y de inversión que esgrimen los defensores de la privatización de la ETB. “La tecnología ha venido disminuyendo en su costo. Incluso, la empresa está logrando mayores economías de escala que sus competidores Telmex y Telefónica en el uso de fibra óptica, hecho que comprueba que sí es posible competir. Pero para eso hay que disminuir costos de operación y gastos superfluos y avanzar en alianzas estratégicas que le permitan a la empresa fortalecer su oferta de valor a los ciudadanos y afincarse como líder en la prestación de esta clase de servicios. Además, esto presupone una gerencia comprometida con los intereses de la ciudad, como accionista mayoritario, y no con los de los interesados en la privatización enquistados en la Junta Directiva y la administración, como ocurre hoy”.

Caicedo propuso, entre otras medidas, que la ciudad recupere de inmediato el control de la administración de la empresa que por derecho le pertenece mayoritariamente, echando para atrás la famosa declaración del socio mayoritario. “Por esa vía, un segundo paso podría ser la búsqueda de aliados estratégicos en países del área andina y ampliar la oferta de valor a los usuarios. Tiene que asumirse un plan drástico de disminución de costos operativos y de gastos inoficiosos y por sobre todo, revertir totalmente la tendencia de quejas y reclamos por deficiencias en la calidad del servicio para mejorar la satisfacción del usuario y consolidar la posición actual de la empresa como líder en el mercado”.

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Reflexiones didácticas de Jaime Caycedo

La IV flota

Por Jaime Caycedo
El verdadero enemigo es el imperio

La política del Estado norteamericano hacia el continente se muestra abiertamente agresiva, con elementos del viejo estilo imperialista, como la IV Flota, el golpe de Estado en Honduras, el Plan Colombia y ahora las siete bases.

Estos elementos son indicativos de que Estados Unidos no renuncian a sus propósitos intervencionistas, en particular contra los regímenes disidentes y autonomistas. Honduras demuestra que el propósito de derrocarlos hace parte de la carta de navegación de Washington.

El pretender hacer retroceder la historia señala las dificultades mayúsculas que atraviesan los Estados Unidos como superpotencia. Hay un optimismo forzado que intenta demostrar que la crisis económica ya pasó y que se observan los signos de una recuperación. Estados Unidos recurre a medios extraeconómicos de disuasión precisamente porque su hegemonía, su prevalencia y su autoridad están en retroceso.

El gobierno colombiano acusa en la OEA a Venezuela de intervencionismo para exportar su revolución bolivariana. El sistema mediático transnacional y sus sucursales en Colombia tratan de imponer la idea de una amenaza de Chávez a Colombia, que no existe. Utilizan e interpretan declaraciones de Chávez como directrices contra Colombia. Culpan solo al gobierno venezolano del deterioro de las relaciones bilaterales. Minimizan el significado de las bases yanquis y su repudio en América Latina. Quieren manipular el odio hacia Chávez como una forma de descalificar los procesos latinoamericanos de cambio democrático.

En Colombia, buscan hacer aceptables las bases en nombre de un ultra nacionalismo antivenezolano. La extrema derecha promueve el odio a Chávez para convertirlo en respaldo a la reelección de Uribe. Los sectores más reaccionarios piden abiertamente la alianza con el imperio contra los países hermanos frente al pretendido intervencionismo bolivariano.

La administración y los medios a su servicio han señalado al Polo como supuesto vocero de Chávez y a un conjunto de grupos como presuntos propulsores de la revolución bolivariana. Estos señalamiento son, de por si, en las condiciones colombianas, una forma abierta de persecución política que puede tener consecuencia en la integridad y seguridad de las personas.

El nuevo mindefensa, Silva Luján, alega que en Colombia hay plenas libertades y nadie sufre de persecución política, afirmaciones contraevidentes cuando la Fiscalía y la Procuraduría investigan los seguimientos y el espionaje del DAS, ente adscrito a la presidencia de la republica, contra las Altas Cortes, los dirigentes de la oposición, ante todo los del Polo, los defensores de los Derechos humanos, las comunidades indígenas, los periodistas y el sindicalismo. Según varios organismos humanitarios internacionales, Colombia vive una emergencia en materia de derechos humanos, en especial en relación a los numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), desapariciones y desplazamientos forzados.

La izquierda latinoamericana y colombiana sabe que las revoluciones no se exportan. El Polo no recibe órdenes de ningún gobernante. Sus posiciones emanan de su dirección, su Ideario de Unidad y las orientaciones de su Segundo Congreso. Es un atrevimiento y una infamia la campaña contra el Polo para presentarlo como “antipatria” mientras se presenta como “patriotismo” el arrodillamiento ante el imperio y la utilización de las bases militares destinadas a la defensa de la soberanía de Colombia como instrumento y plataforma de agresión contra gobiernos amigos por cuenta de una potencia extraña.

No existe la pretendida unidad nacional en apoyo a la política aventurera y sumisa que adelanta el gobierno. Las siete y más bases, ilegalmente al servicio del Comando Sur, van a ser utilizadas, en primer término, contra el propio pueblo colombiano en el contexto de la guerra contrainsurgente y la represión política. El régimen gobernante quiere dejarlas como herencia perversa, a manera de camisa de fuerza, para impedir un cambio democrático en Colombia. Los soldados extranjeros gozarán de total impunidad.

A la reproducción forzada del régimen se oponen crecientes fuerzas partidarias del cambio. El Polo encabeza la línea más clara y abierta de alternativa. Todas las vertientes patrióticas y democráticas de la vida nacional tienen que unirse para derrotar el régimen que entrega la soberanía y enajena la independencia nacional al gobierno de los Estados Unidos. El nombre de Carlos Gaviria Díaz, actual precandidato presidencial para la consulta del 27 de septiembre, representa la voz más esclarecida y consecuente en el horizonte del cambio democrático.

Prensa PCC

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Concluyó cumbre social y política-Declaración final

Prensa PCC
Bogotá. Con éxito culminó el sábado 23 de agosto en la sede de la Universidad La Salle, en la capital colombiana, la cumbre de organizaciones sociales y políticas. Mas de mil cien delegados de todo el territorio nacional en representación de sindicatos, organizaciones campesinas, comunitarias, indígenas, afro descendientes, culturales, juveniles, estudiantiles, partidos como el PDA, Liberal, comunistas, socialistas, todos en un solo frente y haciendo un gran esfuerzo unitario, aprobaron la siguiente declaración final:

CUMBRE NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS
BOGOTA, AGOSTO 20, 21 Y 22 DE 2009

AL PUEBLO COLOMBIANO.

Convocatoria a la acción política y movilización social

Esta Cumbre Social y Política, realizada exitosamente en Bogotá del 20 al 22 de agosto con la participación de 1030 delegados de todo el país, marca un punto alto en los pasos que debemos dar para la construcción de la unidad de las fuerzas sociales y políticas, tal como se expresa en los acuerdos alcanzados:

I. Colombia ha sido afectada por la crisis económica mundial pero además, como lo expresamos en la convocatoria a esta Cumbre, sufre cuatro tragedias:

1) la económica signada por los efectos perversos de la aplicación del neoliberalismo, la inequidad económica y la excesiva concentración de la riqueza y de la tierra que nos ha llevado a ser uno de los países en el mundo con mayor desigualdad y exclusión económica y social;

2) la social, marcada por el aumento atroz de la pobreza, la miseria y la exclusión que afecta a gran parte de la población colombiana y más intensamente a mujeres, jóvenes, afro-descendientes e indígenas; marcada también por el crecimiento del desempleo, la pauperización del trabajador colombiano ante la pérdida de garantías laborales, el desmonte sistemático de los derechos pensiónales, el paquete legislativo del gobierno y una criminal política agroindustrial destinada a liquidar al campesinado, desplazarlo por la violencia o a empujarlo a aumentar los cordones de miseria de las grandes ciudades;

3) la humanitaria, con la guerra y las violaciones crónicas a las normas del Derecho Internacional Humanitario que se contabiliza en la última década en más de cuatro millones de personas víctimas del desplazamiento forzado, miles de crímenes de Estado (mal llamados falsos positivos), miles de homicidios entre la población civil, desaparecidos y secuestrados, asesinatos masivos y sistemáticos contra poblaciones indígenas, afro-colombianos, campesinos y pobladores del campo y millares de detenciones masivas y arbitrarias; violaciones aberrantes contra los derechos de las mujeres, niñas y niños en medio del conflicto, persecución y homicidios de líderes sindicales, políticos, comunales, campesinos y defensores de derechos humanos, violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad y confianza inversionista, y

4) la tragedia política, atravesada por la toma del Estado y los partidos por mafias del narcotráfico y paramilitares, hoy llamadas bandas criminales, que han llevado hasta ahora a involucrar a 81 parlamentarios en el proceso de la parapolítica, a tener municipios e incluso departamentos enteros bajo el dominio militar y criminal de las mafias y a infiltrar organismos como el DAS y la fiscalía y ponerlos al servicio del hampa en detrimento de los derechos de los ciudadanos que deberían proteger.

Hemos constatado el incremento de la pobreza y la exclusión que se han extendido con las nefastas políticas neoliberales y el autoritarismo que condensa el proyecto de Estado Comunitario y su seguridad antidemocrática.

La magnitud de las luchas sociales de los pobladores de todos los rincones de Colombia evidencian que éstas siguen su curso ascendente como lo ilustran la resistencia de los corteros de caña del Valle del Cauca, la amplia movilización de la juventud y de la sociedad en contra de la guerra, la Minga Indígena y Popular, las luchas de Asonal judicial, de trabajadores del carbón, campesinos, afro descendientes, educadores, organizaciones de víctimas y muchas otras. Luchas que expresan alto grado de inconformidad con la situación actual y disposición para transformar condiciones de trabajo y vida al mismo tiempo que para lograr los cambios estructurales que necesita el país.

Este ambiente social va en contravía de las encuestas, denota un acelerado desprestigio del gobierno y el mayor conocimiento de las reformas y los cambios estructurales que requiere Colombia, con visión de lo social al servicio de las mayorías y del desarrollo sostenible y equitativo del país.

La crisis económica ha puesto de manifiesto con crudeza los factores esenciales que entraban el desarrollo y generan pobreza. Llamamos desde esta Cumbre a sumar esfuerzos para plantear iniciativas y acciones que pongan a pagar la crisis a sus causantes y a impedir que sus costos se descarguen sobre los sectores populares.

II- Nos ponemos de acuerdo y asumimos compromisos para:

• Construir y aclimatar la paz con justicia social por la vía de la democracia y la equidad. Promover acciones y acuerdos humanitarios y escenarios hacia la solución política del conflicto armado interno y los conflictos sociales y políticos. Apoyar iniciativas como las de colombianos y colombianas por la Paz y otras que propenden por el diálogo por la paz y la democracia, y la búsqueda inmediata de un cese de hostilidades bilateral o simultáneo.
• Asumir con más fuerzas la defensa del medio ambiente y persistir en la búsqueda de la soberanía alimentaria para defender la calidad de vida de todos los colombianos. Apoyar las exigencias de reparación integral a las víctimas y en particular el reclamo por más de 8 millones de hectáreas despojadas mediante la violencia por narcotraficantes, paramilitares y promotores de negocios legales e ilegales.
• Rechazar la presencia de bases extranjeras y la entrega de las bases de las Fuerzas Armadas para operaciones del Comando Sur, que es un camino que escala el conflicto, lo internacionaliza, lesiona la soberanía y la necesidad de la unidad latinoamericana y de una nueva política concertada y multilateral de seguridad en la región.
• Apoyar una agenda de lucha contra el narcotráfico que se aparte de la fracasada “guerra contra el narcotráfico” y privilegie un enfoque de salud y contra los carteles internacionales del tráfico y lavado, rechace la criminalización de los campesinos o de los adictos y consumidores, suspenda la erradicación forzada, las fumigaciones y la utilización de la estrategia antidroga como instrumento de seguridad continental.
• Lucharemos por la generación de empleo digno, por el respecto a las libertades políticas y los derechos humanos defendiendo un plan económico y social de desarrollo democrático que no descargue los costos de la crisis en el pueblo.

Estos objetivos inaplazables nos llevan a pensar y actuar para fortalecer la unidad de acción social, popular y política, a fortalecer el tejido formado por todos los hilos sociales y políticos que surgen del esfuerzo histórico por el progreso y la democracia, por la libertad y la autodeterminación de nuestros pueblos.

Alzamos nuestra voz diciendo que estamos contra el referendo reeleccionista, contra la perpetuación del Presidente Uribe en el gobierno y ratificamos la urgencia de una gran convergencia progresista y democrática que permita elegir en el 2010 un gobierno de carácter democrático y popular, con un programa político, para los cambios de fondo que necesita el país.

III- Para el logro de los propósitos que nos unifican nos comprometemos a sacar adelante las siguientes acciones políticas y de movilización social:

1. Organizar y preparar acciones de protesta y paros cívicos regionales y locales en defensa de los intereses económicos y sociales de todos los sectores del pueblo. Respaldar las movilizaciones convocadas para los próximos meses por el movimiento sindical, indígena y popular, en particular la Jornada Nacional de Lucha convocada por FECODE y la CPC el 26 de agosto; la Movilización Nacional contra las bases norteamericanas el 9 de septiembre y la Jornada Mundial, continental y nacional por el Trabajo Decente el 7 de octubre. La Cumbre compromete su respaldo y solidaridad con las luchas sociales que se libran en el país.
2. Respaldar el llamado de la Gran Coalición Democrática formulado en su Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas del 17 de abril en Bogotá para preparar un paro cívico nacional.
3. Unir esfuerzos para producir un vuelco en la política con una candidatura presidencial que proyecte soluciones de fondo a las angustias crecientes en las mayorías populares.
4. Sumar energías para lograr que el tratado sobre las bases militares norteamericanas en Colombia sea echado atrás y para ello realizar una jornada nacional de lucha el próximo 9 de septiembre.
5. Trabajar por afianzar y fortalecer la unidad de todos los pueblos de nuestra América que hoy siguen levantándose contra la tiranía y la opresión para triunfar como lo hicieron hace 200 años ante el imperio español.
6. Vamos con entusiasmo a realizar en todos los departamentos Cumbres o encuentros de Organizaciones sociales y políticas, para informar del desarrollo y decisiones de esta Cumbre nacional y asumir los compromisos con la movilización social y política.
7. Las conclusiones consensuadas a las que llegaron las mesas temáticas de trabajo en esta Cumbre forman parte de este pronunciamiento y nos comprometen en su desarrollo y ejecución. Ellas sintetizan los acuerdos y el ambiente unitario de esta Cumbre nacional.
8. Las conclusiones de la Cumbre Social y Política y su materialización honran la memoria del compañero Apecides Alvis Fernández quien murió en medio de nuestras deliberaciones cumpliendo con su compromiso unitario. Igualmente honramos la memoria de los dirigentes sindicales, sociales y políticos asesinados y desaparecidos por el autoritarismo del régimen colombiano.

CUMBRE NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS.
Bogotá, agosto 23 de 2009.

Prensa PCC

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Intolerancia política, vía expedita hacia la criminalización de la opiníon- dice el Concejal Jaime Caicedo

BOLETÍN DE PRENSA

• No se pueden censurar y descalificar opiniones razonadas y sustentadas simplemente porque divergen del pensamiento hegemónico que le ha hecho tanto daño al país.

La intolerancia manifiesta en las instancias del poder nacional y en buena parte de los integrantes de los partidos que le dan sustento, pretende imponer una visión unívoca que resulta contraevidente frente a la desastrosa realidad nacional y se convierte en la excusa para la persecución y criminalización de la opinión, dijo el concejal Jaime Caicedo Turriago en el trascurso de un fuerte intercambio de enfoques con representantes del Partido Conservador sobre el crucial tema de la cesión de bases militares colombianas al ejército norteamericano.

Caicedo, haciendo uso de su derecho a opinar sobre asuntos de extrema gravedad que afectan a la comunidad nacional, expuso en un argumentado discurso el porqué la izquierda colombiana rechaza con tanta firmeza la presencia de militares estadounidenses en Colombia y la cesión de territorio nacional para que sirva de base a sus operaciones de infiltración, vigilancia y posible agresión contra estados vecinos, que como Venezuela y Ecuador han expresado abiertamente su independencia frente al poder del imperio y su genuina preocupación respecto de la actitud cómplice del gobierno colombiano al permitir las operaciones norteamericanas desde territorio colombiano, bajo la excusa de la persecución al narcotráfico.

“No estamos tratando con hermanitas de la caridad. Estados Unidos ha demostrado con suficiencia histórica su capacidad maligna para mentir y de esta manera enmascarar su siembra de sangre y muerte en las naciones donde ha osado intervenir, bajo distintos pretextos como la lucha por la libertad, la presencia de armas químicas que a la postre resultan inexistentes y otros argumentos similares, todo con el propósito de asegurar su dominio y el avasallamiento de la soberanía y la dignidad de los pueblos que son sus víctimas y mostrando el más rampante irrespeto por la autodeterminación de esas naciones. Por qué habríamos de creer que esta vez se trata de una misión distinta, máxime cuando estamos hablando de una negociación clandestina que según ha trascendido pretende la cesión no de una, sino de siete bases por parte del gobierno de Uribe. Esto no tiene otra explicación distinta a la de la perspectiva agresiva del imperio”, argumentó Caicedo.

El mentiroso patrioterismo de los áulicos de Uribe

Voceros de la bancada del Partido Conservador arremetieron contra Caicedo, utilizando epítetos descalificadores, señalando que sus denuncias no eran más que una expresión antipatriótica en defensa de gobiernos extranjeros, que además están mostrando su enemistad a través de medidas económicas como el corte del suministro de combustibles a las zonas de frontera y la imposición de aranceles a los productos colombianos.

Al respecto, el concejal del Polo Democrático Alternativo criticó enfáticamente el discurso del que hacen gala por estos días las huestes uribistas. “Bonito patriotismo ese que defiende la presencia de tropas extranjeras en nuestro país, mediante convenio o tratado hecho a espaldas de la Nación y de las instancias legales que deberían conocerlo. Es el mismo patriotismo que han demostrado al permitir que las multinacionales se lleven las utilidades sin generar riqueza para el país, después de explotar inmisericordemente al pueblo colombiano; el que concede abultadas exenciones y subsidios a los capitales foráneos, en desmedro de las finanzas del Estado nacional; el que establece beneficios extra limitados a los capitales multinacionales, con ventaja sideral frente a las condiciones que se les exige a los pequeños y medianos empresarios colombianos; el que se somete a las condiciones leoninas de la banca multilateral y que paga intereses escandalosos, en contra de los intereses nacionales y quitando recursos vitales para solucionar los graves problemas sociales; o el que permite que las multinacionales contraten personal colombiano con salarios irrisorios y bajo condiciones laborales que se pasan por la faja la normatividad internacional”, puntualizó Caicedo Turriago.

Por último, dijo que resulta por lo menos curioso que los que defienden esa extraña y falsa postura “patriótica” acusen de “agresión” a los países hermanos y a sus mandatarios legítimos como enemigos de Colombia. Los que no se someten al pensamiento del régimen son acusados de antipatriotas. “Quienes defendemos el ideal bolivarista de unidad latinoamericana levantamos un patriotismo identificado en la defensa de la soberanía, el no sometimiento a la potencia imperial, justo cuando en el continente ocurren cambios democráticos que apuntan en dirección a una mayor autonomía frente al imperio y se empieza a conmemorar los 200 años de la rebelión anticolonialista que selló nuestra independencia, señaló Caycedo”.

“Estamos a favor del diálogo, de la cooperación económica y fronteriza, de acudir a los medios diplomáticos. Nadie se explica porque el presidente visita siete países y omite hablar directamente con Ecuador y Venezuela. El presidente tiene la facultad de las relaciones internacionales. Pero no puede pasar por encima de la histórica amistad entre nuestros pueblos hermanos, por lo que sectores de la opinión democrática han buscado el acercamiento. Pero, además, los ciudadanos (as) tenemos el derecho soberano de someter a crítica la conducta de los gobernantes que se aparten del mandato constitucional en torno a la paz, la integración latinoamericana, el rechazo al intervencionismo militar del Comando Sur y la necesidad de la coexistencia pacífica, desmilitarizada y respetuosa del principio de autodeterminación de los pueblos”, concluyó Caycedo.
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Felicitaciones por el Blog deste Virginia Estados Unidos

Le estoy mandando este mensaje desde Virginia Estados Unidos

Soy de nacionalidad Ecuatoriana y me gusta la música que ha colocado en su blog .

Para mi a sido una satisfacion enorme el poder encontrar este blog de tan buena calidad con una información completa en el Internet

Le felicito y me gustaria que si fuera posible ahumentara la selecion de canciones. Nuevamente felicitaciones por el buen trabajo que hace y adelante hermano Colombiano

José Antonio G.

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Saludo al Concejal Jaime Caycedo

Señor Concejal Caycedo: Estoy plenamente de acuerdo con sus planteamientos "Esos si Patrioticos de Verdad", no se afane por lo que auyen los miembros de la clase dirigente nacional proclive al imperio. Ya sabemos que los que piensan en el pueblo y en su futuro son los miembros de la bancada de oposicion y en especial los dirigentes del POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO. siga con sus convicciones que el elector y las clases menos favorecidad se lo premiaran.
Rodolfo

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Saludos al concejal Jaime Caycedo Desde España

Dr Caicedo, es un placer tener personas como usted en las charlas, "Democráticas". Ese nacionalismo enfermiso y peligroso que los administradores del estado, acompañado de los medios de comunicación, han querido impregnar a la sociedad colombiana tiene que desenmascarse.
gracias por su gestión y patriotismo

Alex Mañas desde España

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Los hijos del Plan Colombia Programa emitido en Séptimo Día

El domingo 14 de septiembre se emitió en Séptimo Día el primer capítulo del especial ‘Los hijos del plan Colombia’, Ahí se narraba la historia de Ángela, una mujer que se enamoró de Jorge Milla, un militar estadounidense que llegó al país en el marco del Plan Colombia.

De esta unión nació John David, un niño de tres años con epilepsia refractaria. Meses después del parto, Jorge abandonó a Ángela argumentando un traslado laboral. Sin embargo, lo más dramático llegaría cuando Ángela le pide a su ex esposo, quien reside en Texas, que firme un papel que certifica que John David es su hijo, para que pueda salir de Colombia y recibir un tratamiento especial.

Manuel Teodoro estuvo varios meses buscando testimonios de mujeres que pudieran demostrar que habían tenido hijos con militares estadounidenses que trabajaron en el Plan Colombia. Después de acudir a emisoras locales de Girardot y Melgar, Teodoro conoció a Ángela en una fiesta. El periodista se comisionó para encarar a este personaje y solicitarle la firma del papel.

Haciéndose pasar por un amigo de Ángela que le llevaría un regalo, viajó a Texas a encontrarse con Jorge Milla. Armado hasta los dientes, tres lapiceros, el papel traducido en varios idiomas, fotos de su hijo, Teodoro abordó en un centro comercial a Jorge Milla. “¿This is your son?” (¿este es su hijo?)”, le preguntó Teodoro a Milla imitando un inglés básico, “yes, it is” (sí es él)” contestó el militar. Los resultados del encuentro se podrán conocer este domingo a las 7:30 p.m.

El odio por la injusticia es lo que lleva a Manuel Teodoro a abordar en su programa denuncias donde los menos favorecidos son protagonistas. “La existencia de un Estado ineficiente hace que la gente confíe más en un programa de televisión que en las mismas autoridades”, comenta Teodoro, mientras responde una llamada. Es Ángela, lo llama para contarle que su ex marido vio el programa y que está asustado. Teodoro la tranquiliza diciéndole que eso era lo que buscaban. Su misión está a punto de cumplirse.

Árticulo septiembre 17 2008 el espectador

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Concejal Jaime Caycedo adhiere a precandidatura de Carlos Gaviria

En la foto la candidata al Senado Gloria Inés Ramírez y el Concejal Jaime Caicedo

* Gaviria encarna el propósito de amplias masas que reclaman el cambio esencial del rumbo político-económico y la retoma del poder de decisión en manos de quien legítimamente debe estar: el pueblo colombiano.

Al reconocer el liderazgo, la altura intelectual, la sensibilidad y el conocimiento de la problemática nacional, a más de su decidida opción por transformar profundamente la estructura de la sociedad colombiana en la búsqueda de mecanismos que le devuelvan la dignidad y el equilibrio perdido después décadas de gobiernos que representan los intereses de pequeños grupos oligárquicos, el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo anunció públicamente su respaldo a la precandidatura del ex magistrado Carlos Gaviria Díaz.

Caicedo señaló que “Gaviria ha preservado una línea política clara que lo ha puesto del lado de la gran mayoría del pueblo colombiano que se ve ahorcado y acorralado por las nefastas decisiones de la clase dirigente nacional que sólo procura defender los mezquinos intereses de los más ricos, quienes a pesar de la crisis mundial siguen llenándose los bolsillos de manera impúdica, en contravía de la situación de la mayoría que se ve inmersa en la desesperanza y la angustia de no tener lo suficiente para llevar el pan a su mesa y garantizar las más básicas condiciones de dignidad y decencia en su vida cotidiana”.

“Las doce propuestas que Carlos Gaviria está haciéndole al país tocan los aspectos más sensibles y proyectivos de la realidad nacional, empezando por los relativos a la defensa de la soberanía nacional, conculcada por un gobierno entreguista e indigno, pasando por el ejercicio pleno de la democracia para el colombiano común, la existencia cotidiana en condiciones de total dignidad, la generación de puestos de trabajo con apego a las garantías laborales reconocidas internacionalmente y burladas por el actual gobierno, la necesidad de que el ingreso de la sociedad sea redistribuido en beneficio de todos y no de unos cuantos, el establecimiento de acciones reales de promoción de la salud, la educación y los servicios sociales, la protección del ambiente, la lucha contra el narcotráfico y terminando con la estrategia para alcanzar la paz como resultante de la vigencia de los derechos para todos y todas”, indicó el concejal y dirigente nacional del Polo Democrático.

A ello hay que agregar, según dijo Caicedo, la firme postura que asumió el ex magistrado frente al escandaloso asunto de la presencia norteamericana en bases militares colombianas en el sentido de rechazar el doblegamiento de la soberanía nacional, la indelicada actuación del gobierno de Uribe frente a los gobiernos democráticos de América Latina y las consecuencias nefastas previsibles que esta medida traerá al país.

Agregó que “el camino que Gaviria Díaz está recorriendo debe llevarnos a la transformación profunda de una sociedad desequilibrada e injusta y a la construcción de las bases definitivas para que en Colombia los derechos y garantías ciudadanas no sean más letra muerta y se constituyan en acción cotidiana que garanticen la democracia real”.

Finalmente y en su calidad de secretario general de Partido Comunista Colombiano, organización política integrante del Polo Democrático Alternativo, ofreció el trabajo colectivo de su sector “hombro a hombro, en la seguridad de que lucharemos junto a Gaviria y los demás compatriotas que se unan a la causa por la conquista de la independencia, la justicia y la dignidad nacionales”.

Prensa PCC

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La crisis y el movimiento popular

Por: Jaime Caicedo

La crisis de las relaciones entre América Latina y el imperialismo se ha puesto de manifiesto con claridad en el escándalo de las bases militares del que es protagonista el gobierno colombiano. Lo que pretende presentarse como una contradicción entre Colombia y sus vecinos Ecuador y Venezuela en realidad traduce la resistencia de los nuevos procesos democráticos y los pueblos del continente a la pretensión estadounidense de atravesarse a los cambios en curso, acudiendo a los viejos métodos de la desestabilización de los gobiernos, a los golpes de Estado, como lo intentó en Venezuela en 2002 y lo hace descaradamente en Honduras actualmente y al despliegue del poderío militar intervencionista.

Digámoslo de otra manera. La situación interna colombiana ha adquirido una agudización puntual en el impasse de la segunda reelección de Álvaro Uribe. El elemento crítico es que la continuidad del régimen se ha puesto en dependencia casi exclusiva de la necesidad personal del presidente actual de permanecer en el poder. En plata blanca, el tratado militar para las bases es la confesión clara del fracaso de la seguridad democrática y de la guerra civil convertida en política permanente de Estado. Tanto Uribe como el Comando Sur coinciden en el proyecto que prolonga forzadamente la guerra interior en Colombia con el pretexto de la acción antinarcóticos y el antiterrorismo. La grave novedad se configura el último año: se trata de la IV Flota y ahora el paso de Colombia a ser plataforma militar y aeronaval del Pentágono. Por eso, como ha escrito Fidel Castro, “los argumentos utilizados para el establecimiento de siete bases aeronavales en Colombia son un insulto a la inteligencia”.

Uribe busca una falsa “unidad nacional” alrededor de sus propósitos. La presencia en Caracas de colombianos y colombianas por la paz, del expresidentes Samper, del Polo; las inquietudes de los gobernadores de frontera y los graves problemas económicos y sociales puestos sobre la mesa, incluso por sectores de la burguesía, muestran que no hay unidad “nacional” alrededor del aventurerismo guerrerista y de una política de entrega de la soberanía al extranjero. La cautela de UNASUR en la cumbre de Quito no disminuye el aislamiento profundo del gobierno uribista en el continente.

La crisis que se ha revelado en el plano internacional refleja y prolonga la crisis política interna. Algunos precandidatos, candidatos presidenciales y jefes políticos contrarios a la reelección pelaron el cobre y corrieron a apoyar al gobierno, a respaldar las bases y a pedir, como en el caso de Vargas Lleras, un mayor compromiso militar con Estados Unidos. Sin duda la crisis ahonda la polarización sociopolítica pero, a la vez, define campos. Nuevos sectores ven con interés la urgencia de un cambio político y un cambio en el poder. Significa que puede ampliarse el campo de la oposición democrática y popular; puede ampliarse la movilización unitaria; puede crecer la convergencia de fuerzas para la construcción de un gobierno democrático que rescate el compromiso social del poder, la soberanía, la política de paz y, como lo ha planteado Carlos Gaviria Díaz precandidato del Polo, la decencia.

De inmediato la tarea es ganar la calle con la denuncia de las bases militares a la par que contra la política económica a favor de los multimillonarios, contra la intensificación de la guerra y el abandono de la política social. Hoy es posible unir todas las fuerzas dispuestas a derrotar a Uribe y crear un régimen democrático, incluyente, soberano y pacífico.

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Un amarillo esperanza grita en Europa que otra Colombia es posible

Por: Sergio Salazar (Delegado Internacional en la Coordinación Nacional de Jóvenes del Polo Democrático Alternativo).

Mientras el presidente “del segundo país más feliz del mundo” Colombia , anunciaba el establecimiento de cinco bases militares estadounidenses (Hoy se habla hasta de siete) en su territorio, producto de una negociación secreta que atenta contra la soberanía, la autodeterminación y la estabilidad regional, una delegación de 3 jóvenas y 3 jóvenes del Polo Democrático Alternativo (PDA) visitaban varios países del viejo continente denunciando las funestas consecuencias que para el pueblo colombiano -y en especial para los jóvenes- viene causando la llamada política de seguridad democrática implementada desde el 2002 hasta la actualidad por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

A mediados del mes de julio, España fue el primer escenario en el que la delegación juvenil del PDA coincidió con jóvenes y militantes del PDA-España, organizaciones juveniles de izquierda y organizaciones sociales que trabajan solidariamente con el pueblo colombiano, intercambiando experiencias e iniciativas de trabajo.

Dada la invitación especial al Festival Mundial de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas IUSY, la delegación viajó a Zanka (Hungría) donde participaron más de 3000 jóvenes del planeta en una semana de discusiones, seminarios, talleres y actividades bajo el lema “Desarrollo para la Libertad – Nuestra guerra contra la pobreza”. En este espacio los jóvenes del PDA intervinieron de manera activa en los debates políticos relacionados con la crisis económica mundial, la pobreza, conflictos, migraciones, cambio climático, los cambios en América Latina, entre otros, logrando evidenciar que hoy el centro del conflicto en Colombia es la profunda crisis humanitaria, la grave crisis económica, política, social, ambiental; situación hasta ahora ajena para muchas de las organizaciones participantes.

El 22 de julio la delegación visitó París, los anfitriones fueron colombianas y colombianos miembros del PDA-Francia, quienes organizaron una importante agenda de reuniones bilaterales de alto nivel con los partidos de izquierda francesa y algunos de sus gobiernos locales, así como un acto público en las instalaciones de la sede nacional del Partido Comunista Francés. En la ciudad de Berlín igualmente el PDA Alemania los recibió y coordinó reuniones bilaterales con los partidos de la izquierda Alemana y sus organizaciones juveniles, entrevistas a medios de comunicación alternativos, encuentros con diplomáticos latinoamericanos y un acto público masivo cargado de emotividad y esperanza. La gira finalizó en el centro de los asuntos europeos, Bruselas, donde la Asociación de Refugiados Latinoamericanos y del Caribe recibió fraternalmente la delegación y organizó una serie de entrevistas con medios de comunicación, con el reconocido periodista belga Michel Collon y un concurrido acto político público en las instalaciones del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe.

La ciudadanía europea, partidos políticos, organizaciones sociales, medios de comunicación, etc., se han acercado al drama que vive la mayoría del pueblo colombiano en medio de un conflicto armado interno que reporta al día de hoy una de las más grandes crisis humanitarias del mundo, agudizada por el desconocimiento de los problemas estructurales de la sociedad colombiana y el tratamiento equivoco que se les da, por la vía militar con el apoyo y auspicio de distintos gobiernos, principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea.

En cada escenario, la delegación juvenil del PDA aclaró e hizo énfasis sobre el posicionamiento de los grupos paramilitares en territorio nacional bajo el auspicio y complicidad del gobierno colombiano, su falsa “desmovilización” a través de la ley de justicia y paz, su influencia en los procesos electorales bajo la coerción militar, el gran porcentaje de parlamentarios y altos cargos del gobierno Uribe y su conexión con el paramilitarismo y el narcotráfico. El delito de cohecho para la reelección en 2006, las fosas comunes, los hornos crematorios, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las detenciones masivas y arbitrarias, los montajes judiciales a la oposición, las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes conocidas como “falsos positivos”, el nepotismo, los lesivos Tratados de Libre Comercio (TLCs), el destino de los dineros de cooperación y solidaridad internacional, y el sin número de atrocidades cometidas desde el año 2002 por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez contra el pueblo colombiano.

En este marco los jóvenes llamaron a la solidaridad y cooperación para la paz real, es decir a realizar acciones para solventar las profundas raíces de exclusión económica, política y social cimentadas históricamente en la sociedad colombiana, origen y alimento del conflicto armado interno. La delegación llamó la atención sobre la necesidad de Acuerdos Humanitarios urgentes que garanticen los derechos fundamentales de la población inmersa en el conflicto y sobre la necesidad de una Solución Política Negociada al Conflicto de acuerdo a los protocolos internacionales de Derechos Humanos. También se pronunciaron a favor de una integración regional bajo los principios de soberanía y autodeterminación, rechazando toda injerencia de potencias extranjeras a través de acuerdos comerciales como los TLCs o la injerencia militar directa por parte de Estados Unidos. Llamó a estar atentos a la amenaza de las bases militares en territorio Colombiano, a estar observantes a la violación sistemática de los derechos del pueblo colombiano y a rodear tanto los procesos de movilización política y social que se darán a partir del segundo semestre de 2009 como también de los procesos electorales del año 2010.

El trabajo de denuncia y solidaridad que realizan las y los colombianos que viven en el viejo continente por diferentes razones –principalmente por exilio- ha hecho eco con el llamado de la delegación juvenil y han sido escuchados en una sola voz de esperanza que grita que otra Colombia es posible. Se han fortalecido los lazos de fraternidad con organizaciones políticas y sociales, se ha multiplicado la denuncia a diferentes latitudes del planeta y los ojos del mundo apuntan con mas fuerza al rincón noroccidental de Suramérica, la comunidad internacional grita por el final del terrorismo de estado en Colombia reconociendo la importancia de la unidad de la izquierda representada en el Polo Democrático Alternativo junto con los movimientos sociales y populares, tanto para llegar a los anhelados cambios que demanda Colombia urgentemente, como para transitar por la senda transformadora de la gran América de hoy que soñaron Hidalgo, Martí, Bolívar, Sucre, San Martín y los tantos miles y miles de héroes que dejaron y siguen dejando sus vidas por un mundo más justo, libre y en paz.

pcc/Sergio Salazar

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Corte Interamericana pide explicaciones por masacre de Mapiripán (Meta)

La masacre de Mapiripán, Meta, fue llevada a cabo por paramilitares en julio de 1997. Aquí alguna de las víctimas.

El organismo dijo que no se ha reparado a las víctimas de los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, pidió explicaciones a Colombia por el incumplimiento de una sentencia emitida en 2005 por la masacre de campesinos en el pueblo de Mapiripán a manos de paramilitares, cuyo uno de sus ex jefes fue extraditado a EE.UU.

En una resolución de sentencia emitida el 8 de julio pasado y a la que la Agencia Efe tuvo acceso este miércoles, la Corte indica que el Estado colombiano identificó a Salvatore Mancuso como uno de los responsables por este caso y aún así fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

“Al menos uno de los ex jefes paramilitares procesados ha sido extraditado de Colombia hacia otro Estado de la región, aunque pesara en su contra una acusación por diversos cargos en relación con los graves hechos de este caso”, indicó el documento de la Corte, que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Agregó que “la Corte considera que en las decisiones sobre la aplicación de determinadas figuras procesales a una persona, debe prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos” y que “la aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad”.

Seguidamente, el tribunal indicó que “corresponde a Colombia aclarar los mecanismos, instrumentos y figuras jurídicas que serán aplicadas para asegurar que la persona extraditada colabore con las investigaciones de los hechos del presente caso, así como, en su caso, para asegurar su debido enjuiciamiento”.

En el documento de supervisión de sentencia, los jueces solicitan al Estado colombiano que a más tardar el próximo 15 de octubre presente un informe que indique las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas que se encuentran pendientes de cumplimiento.

La Corte también destacó que la Fiscalía colombiana ha logrado la vinculación de 30 personas, 18 acusaciones y 13 condenas relacionadas con el caso en cuestión, así el cumplimiento de varias órdenes incluidas en la sentencia de 2005.

Sin embargo, señaló que aunque “se observa una mayor actividad fiscal y la vinculación de otras personas al proceso penal”, existe “falta de actuaciones concretas dirigidas a la identificación y vinculación de todos los responsables y autores intelectuales de la masacre, particularmente de servidores públicos y miembros de la fuerza pública”.

“La Corte estima que subsiste la impunidad en el presente caso, en la medida en que no ha sido determinada toda la verdad de los hechos, en particular en cuanto a la determinación y eventual sanción de los responsables intelectuales y materiales”, señaló el tribunal.

La masacre de 49 campesinos en Mapiripán, departamento del Meta, 200 kilómetros al este de Bogotá, fue cometida a mediados de 1997 por el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En esa época, ACCU estaba al mando de Carlos Castaño, antiguo jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y cuyo lugar fue tomado luego por Mancuso, a quien también se le vincula con la masacre.

Mancuso está acusado de crímenes de lesa humanidad, entre otros, por haber ordenado las masacres de El Salado en 2000, con 58 personas asesinadas; la de La Gabarra en 1999, con 50 campesinos muertos; y las de Mapiripán y El Aro en 1997, con 49 y 15 víctimas mortales, respectivamente.

Elespectador.com

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Reflexiones didácticas de Jaime Jaime Caycedo

PENSAR LA CRISIS INTERNACIONAL CON CABEZA PROPIA
La crisis internacional desatada por el gobierno colombiano a propósito de las bases militares es vista por la prensa como un cándido incidente y una demostración de firmeza de Uribe. En su interpretación, Uribe responde serenamente a las agresiones de Correa y Chávez. Dos entrevistas del presidente Correa han sido calificadas por el diario El Tiempo como “hostiles a Colombia” y de “agresivas” por otros comentaristas. Debe destacarse, al margen de los enfoques oficiales, la ponderación y la dignidad de las respuestas de Rafael Correa, que contrastan con los despropósitos del general Padilla de León, cuando fungía como canciller, de Juan Manuel Santos como precandidato, desde España y del propio Canciller Bermúdez.

Los medios solo reseñan las opiniones de los voceros del establecimiento. Es una actitud irresponsable que silencia los argumentos críticos con la pretendida “defensa de la patria”. Los partidos del establecimiento, incluida la “oposición” liberal, obran con ese patrón.

Parten de una premisa: rodear al gobierno, sin analizar y menos aún someter a la crítica la política.
¿Están persuadidos de lo que dicen? Los más lúcidos piensan que basta que el presidente salga en su improvisada gira latinoamericana a dar explicaciones. Los más obsecuentes solo repiten las frases del gobierno.

¿Para qué son, realmente, las bases? Ante la oposición de Venezuela y Ecuador el gobierno colombiano no oye razones. Maneja un escalamiento de la retórica ofensiva. La socialdemocracia española, detrás del diario El País, atiza el conflicto. El establecimiento pasa a un nuevo plano: pretende acusar ante tribunales internacionales a Chavez y Correa como “auxiliadores” de las Farc.

Dos hechos merecen tenerse en cuenta: uno, el gobierno colombiano se juega por el derrocamiento de estos presidentes para poner fin a los procesos democráticos en el vecindario, a los que tilda de apoyar al terrorismo y el narcotráfico, con lo que hace el papel de perro de presa del sector más recalcitrante del imperialismo; dos, Uribe no calcula que tiene “rabo de paja”, el relación con el narcotráfico, el paramilitarismo, los “falsos positivos”, la violación de los derechos humanos, los compromisos adquiridos con los países latinoamericano tras la agresión a Ecuador.

Como es de prever, la gira latinoamericana será un fracaso más. Lo que, naturalmente, tiene sin cuidado al gobierno colombiano, empeñado obsesiva y paranoicamente, en la reelección de Uribe. El único camino digno es abandonar el aventurerismo guerrerista que busca trasladar al exterior la crisis interna. Una guerra internacional sería la hecatombe que necesita Uribe para asegurar su reelección, por encima de los impedimentos institucionales.

¿Por qué el gobierno no publica el texto del “tratado”, por qué no es “transparente”, qué quiere ocultar? ¿Por qué tánto secreto? ¿Cuáles son los efectos para el pueblo colombiano? ¿Qué pasa con la impunidad de los militares yanquis en Colombia?
¿Por qué Estados Unidos no da explicaciones? ¿Por qué callan Obama y el departamento de Estado, no es un acuerdo bilateral?

¿Por qué el presidente de Colombia se embarca en un “trabajo sucio” pensando en su interés personalista, en abierto desprecio por el país que representa? ¿Por qué no pensar con cabeza propia y exigir respeto a los gobernantes que tratan a Colombia como una finca y a los colombianos (as) como sus peones?

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El sistema de transporte debe benificiar a los ciudadanos y no lucrar a los monopolios

Concejal Jaime Caycedo

· La intención democratizadora de la propiedad del sistema, según está proyectado, no es más que un saludo a la bandera.

· El sistema tarifario propuesto implicará sobrecostos para los usuarios.

El nuevo sistema de transporte integrado para la capital parece un proyecto direccionado para perpetuar la concentración del capital en las 12 familias que manejan el negocio del transporte en la capital”, dijo el concejal Jaime Caicedo Turriago, al tiempo que advirtió no quedó incluida la tarifa diferencial para estudiantes, adultos mayores y discapacitados.

El concejal del Polo Democrático llamó la atención respecto de que la intención democratizadora del proyectado sistema “no es más que un saludo a la bandera, pues en verdad no existe opción real para que los pequeños propietarios, que son dueños del 92% de todos los vehículos circulantes, puedan entrar como propietarios del sistema y no como simples accionistas. Además, la experiencia de Transmilenio enseña que mediante maniobras de los propietarios del gran capital, con posterioridad serán excluidos a través de los procesos de capitalización”, dijo Caicedo.

El otro lunar está en función de las condiciones en que los trabajadores del sistema quedarán vinculados a las empresas, puesto que en criterio de Caicedo estarán sometidos a los sistemas informales o paralelos de contratación que no garantizan su estabilidad ni los beneficios que la ley laboral prevé.

La tarifas, otra gran preocupación

El esquema tarifario sugerido va a permitir a los usuarios del SITP la utilización de uno o más servicios de transporte, bajo un esquema de cobro diferenciado por tipo de servicio, que incluye pagos adicionales por trasbordo inferiores al primer cobro. Al respecto, el concejal Jaime Caicedo se preguntó si esto “significa que además de pagar el pasaje en Transmilenio, el usuario tendrá que pagar un valor adicional, incrementando el costo de la tarifa”.

Una preocupación adicional es el hecho de que a pesar de que el proyecto defendido por el concejal Caicedo de establecer tarifas diferenciales para estudiantes, adultos mayores y discapacitados fue incluido en el Plan de Desarrollo, “en el diseño del Sistema propuesto por la Secretaría de Movilidad esta no aparece por ningún lado. Ni siquiera se prevé lo ordenado por la Ley 1171 de 2007, que obliga por lo menos a cobrar tarifa diferencial a los mayores de 62 años”.

En su opinión, “existen otros rincones oscuros en el proyecto del sistema integrado de transporte que terminan por reforzar la posición ventajosa de las 12 familias que concentran en sus manos el control del transporte capitalino, a las operadoras de Transmilenio y a las actuales empresas afiliadoras de transportadores, que no son operadoras en realidad, pero que serán favorecidas bajo las condiciones previstas para la convocatoria de las licitaciones de las 13 zonas previstas. Esto sin contar con las posibles exigencias económicas para las empresas que liciten, las cuales de seguro terminarán por sacar del sistema a los pequeños propietarios, generando una situación social dramática para miles de familias que devengan sus ingresos de la operación de uno o dos vehículos de transporte público”, declaró.

Entre las propuestas presentadas por el concejal Jaime Caicedo están la necesidad de “concertar un esquema de operación y administración en función del servicio a los ciudadanos y no de los intereses de los monopolios del transporte. En los pliegos de la licitación se deben establecer claramente condiciones que permitan una democratización real de la propiedad del sistema con presencia real de los pequeños propietarios y conceder un alto puntaje a la experiencia de los transportadores”.

Por otro lado, “deben contemplarse mecanismos financieros para apoyar a los pequeños propietarios en la conformación y sostenibilidad de empresas de transporte, para lo cual pueden emplearse recursos del Fondo Cuenta de Reorganización del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros del Distrito Capital, creado por el Acuerdo 4 del 4 de febrero de 1999, que establece que se debe facilitar la vinculación de los propietarios o de los conductores del transporte colectivo a las empresas operadoras del transporte masivo.

Por último, insistió en la imperiosa obligación del gobierno distrital de poner en funcionamiento la tarifa diferencial para jóvenes, discapacitados y adultos mayores, como una muestra de verdadero compromiso social con las poblaciones más pobres y vulnerables.

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Sociedad civil de Estados Unidos urge al gobierno de su país no internacionalizar conflicto armado

CODHES
21 organizaciones de la sociedad civil estadounidense le pidieron mediante un comunicado al gobierno de su país, que se asegure de que el conflicto armado colombiano“ no se esparza a países vecinos para que no ponga en riesgo la estabilidad de la región”.

También le pidieron al gobierno de Estados Unidos que aumente “su participación y demostrar mayor interés en apoyar las iniciativas de las autoridades colombianas para las personas internamente desplazadas y la de los países vecinos que toman pasos importantes en ayudar a los refugiados”. El siguiente es el texto completo de la declaración:

Declaración y recomendaciones de grupos de sociedad civil EE.UU sobre la crisis de desplazamiento forzado en Colombia
Washington, DC- Julio 2009

Más de 250,000 personas se ven forzadas a desplazarse de sus hogares y tierras de origen cada año para buscar refugio en otras partes del país y fuera del país, debido al conflicto interno armado y la violencia en Colombia.

La crisis del desplazamiento interno en Colombia es la peor en el hemisferio y a nivel mundial solo es superada por el Sudan. El gobierno Colombiano, con el aval del gobierno de los Estados Unidos, agencias de las Naciones Unidas (ONU), y grupos no-gubernamentales nacionales e internacionales, ha creado e implementado varias políticas para mejor la situación de estas personas vulnerables.

Sin embargo, debido al gran numero de víctimas, la cambiante dinámica del conflicto, y la ausencia de una negociación de paz, se requiere de urgente acción para aliviar el sufrimiento de los colombianos que huyen. El gobierno de los Estados Unidos, que ya ha invertido mayores recursos para responder a la crisis humanitaria a corto y a largo plazo de los desplazados internos y refugiados colombianos, debe asegurarse que el conflicto no se esparza a países vecinos para que no ponga en riesgo la estabilidad de la región.

Las organizaciones signatarias urgen al gobierno estadounidense aumentar su participación y demostrar mayor interés en apoyar las iniciativas de las autoridades colombianas para las personas internamente desplazadas (PIDs) y la de los países vecinos que toman pasos importantes en ayudar a los refugiados.

Como parte del dialogo continuo con el gobierno colombiano, los Estados Unidos debería sugerirle a su contraparte que priorice la prevención del desplazamiento, la protección de los desplazados, y la búsqueda de soluciones duraderas y en acorde con los derechos humanos que asistan a los desplazados internos. Así mismo, el gobierno estadounidense debería trabajar en conjunto con los gobiernos vecinos para ayudar a los refugiados.

El 30 de abril Refugiados Internacionales (RI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) realizaron una conferencia que juntó a expertos y autoridades gubernamentales y no-gubernamentales. El objetivo del evento fue de tomar nota de las políticas que han fallado y funcionado para los desplazados y refugiados y de esta manera llegar a un acuerdo de cómo recalibrar las futuras intervenciones y así lograr una política eficaz y sostenible para dichas personas.

La conferencia identifico las siguientes recomendaciones que el gobierno de los Estados Unidos deberá tomar para ayudar a su contraparte colombiano y a gobiernos vecinos en la región para mejorar la protección y asistencia de PIDs y refugiados.

Las organizaciones signatarias recomiendan que, a través de su rol de financiar y apoyar la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina de Población, Refugiados, y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los EEUU y el gobierno estadounidense (USG) debiera:

Prioridades Políticas del Gobierno de los EEUU:

- Seguir cambiando el enfoque de la cooperación bilateral (Plan Colombia) del componente militar y de seguridad hacia un enfoque más humanitario, económico, y social.

- Dentro de la porción de la ayuda de la cooperación internacional (USAID) para Colombia, se debe prestar más atención a programas de prevención que van más allá del Sistema de Alerta Temprana. Esto incluiría identificar comunidades en riesgo de desplazamiento interno aparte de las cinco comunidades predeterminadas por USAID en su Estrategia de la Misión Colombia 2009-2013. Además, el gobierno estadounidense debería insistir que se implementen los derechos humanos en la asistencia militar a Colombia.

- Apoyar y trabajar en conjunto con los países que han recibido a refugiados colombianos para facilitar la tarea de integración. También debería proveer los recursos necesarios para incrementar la presencia de las agencias humanitarias en los territorios fronterizos y apoyar la expansión de las actividades de ACNUR. Prioridades para el programa sobre desplazados internos de USAID

- Reproducir y expandir intervenciones fructuosas a regiones que no han recibido ayuda. La expansión de las actividades de USAID deberá coordinar con el gobierno colombiano, agencias de la ONU, organizaciones no-gubernamentales (ONGs, nacionales e internacionales, grupos religiosos, y asociaciones de PIDs. Apoyo a las Órdenes de la Corte Constitucional Colombiana.

- USAID deberá utilizar la sentencia T-025 de la Corte Constitucional para desarrollar el programa de asistencia para las PIDs. Nos complace saber que USAID ha anunciado que apoyara la Comisión de Seguimiento la Sentencia T-025.

- Deberá apoyar los esfuerzos del gobierno colombiano para adoptar los mecanismos necesarios para satisfacer las recomendaciones de la Corte Constitucional sobre las mujeres internamente desplazadas (Orden 092), los afro-colombianos internamente desplazados, y los indígenas internamente desplazados (Orden 005 y 004,respectivamente). En particular, USAID debería promover una estrategia diferenciada para estos grupos y apoyar planes de emergencia para los 34 grupos indígenas y 72 territorios afro-colombianos que están en riesgo de desplazamiento. Asociaciones de PIDs y organizaciones no-gubernamentales.

- Proveer asistencia técnica y recursos directamente a los líderes de los grupos desplazados o a agencias locales o internacionales con el objetivo de reforzar el liderazgo y estructura organizacional, mejorar el acceso a mecanismos legales para tratar casos de violaciones de derechos humanos, desarrollar talentos en gerencia y organización de proyectos, además de contabilidad. Se les deberá dar prioridad a los grupos de mujeres desplazadas.

- Tomar pasos fuertes para proteger a los líderes y miembros de organizaciones de PDIs; en particular, a los líderes afro-colombianos e indígenas.

- Incrementar el apoyo político hacia estos grupos no-gubernamentales, incluyendo iglesias u organizaciones de acompañamiento como Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Asociación de Reconciliación (FOR). Estas acompañan el retorno de comunidades siempre y cuando el proceso sea voluntario, respetuoso, y en colaboración con los grupos desplazados. La política del gobierno estadounidense hacia la seguridad de los desplazados deberá considerar la información proveída por las organizaciones no-gubernamentales.

- Asegurar que los programas de implementación y los contratistas prioricen las necesidades de las comunidades; finalmente, verificar que los contratistas tomen encuestas para evaluar la efectividad del programa y discutir las alegaciones de pobre uso de los recursos.

Autoridades Locales

- Proveer entrenamiento y apoyo a autoridades locales en municipios con una alta taza de desplazamiento interno. El enfoque del entrenamiento debe ser sobre planeamiento y financiamiento durante emergencia. El entrenamiento también debe mejorar el funcionamiento de políticas existentes y estructuras de coordinación como desarrollo territorial y comités PIDs. ACNUR y Agencias Humanitarias.

- Apoyar la creciente presencia humanitaria cerca de comunidades indígenas y afrocolombianas.

- Incrementar financiamiento de proyectos que asisten el restablecimiento socioeconómico de las familias desplazados, priorizando a los grupos más vulnerables.

- Apoyar la creación de redes de seguridad y ayuda psicológica para hogares de desplazados que son particularmente vulnerables como, por ejemplo, mujeres cabeza de hogares, huérfanos y ancianos.

Prioridades del Gobierno de los EEUU con refugiados colombianos en países vecinos:

- Incrementar recursos para PRM para sustentar el apoyo del 25% de las operaciones de ACNUR en la región.

- Promover una mayor presencia de actores humanitarios internacionales en los territorios fronterizos y proveer los recursos para satisfacer servicios básicos y expansión de infraestructura así beneficiando a comunidades anfitrionas y a refugiados.

- Apoyar reformas públicas sobre refugiados en Ecuador, especialmente el proyecto del Registro Ampliado.

Organizaciones signatarias:

Asociación de Afro-Colombianos Internamente Desplazados (AFRODES) USA Asociación de Reconciliación (FOR) -Observadores Brigada Internacionales de Paz (PBI)-Observadores Center for International Policy (CIP) Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN) Church World Service /Immigration and Refugee Program (CWS) Foro TransAfrica (TAF) Global Rights Iglesia Unida de Cristo Ministerios de Justicia y Testigo (UCC) La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Lisa Haugaard, Directora Ejecutiva, El Fondo de Educación del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF) Lutheran World Relief (LWR) Mennonite Central Committee U.S. Washington Office Pax Christi USA, National Catholic Peace Movement Presbyterian Church, (USA), Washington Office Presbyterian Peace Fellowship Comité de Derechos Humanos en Colombia (CHRC) Refugiados Internacionales Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights Acción Permanente por la Paz U.S. Office on Colombia (USOC).

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¿Cual Soberanía ?

Militares de E.U.

Por: Omar Romero

Cuando el gobierno ecuatoriano tomó la determinación de no permitir la violación de su soberanía y expulso a los militares norteamericanos de la base militar de manta que había sido motivo de constantes protestas populares.

Muchos sectores advertimos del riesgo que corríamos los colombianos de que el gobierno de Álvaro Uribe abriera las puertas para que no sólo violen nuestra soberanía y autonomía, si no para utilizar nuestro territorio para interferir en la autodeterminación de los pueblos vecinos y fue dicho y hecho, hoy encontramos en los diferentes medios de comunicación el anuncio de que además de los militares norteamericanos disfrazados de asesores en nuestro territorio, hoy van ha tener enclaves militares en: Malambo Atlántico, Apiay Meta y Puerto Salgar. El gobierno pretende justificar lo injustificable, con el argumento de que no interfieran en los asuntos internos, bueno y si no es así entonces ¿para que van a estar en nuestro territorio? además avalados por el gobierno que se lo peleo. Lo anterior nos reafirma que no tenemos un gobierno autónomo sino que está para servir de enlace y permitir la intromisión de extranjeros, ya no sólo para que se apoderen de recursos naturales y súper exploten la mano de obra, si no que no le basta con la represión de la fuerza pública interna nacional, a quienes nos oponemos a la políticas regresivas, si no que ya son los extranjeros quienes para garantizar el saqueo tienen a sus militares, además de que también quedamos como uno de los lunares más grandes de América y el Caribe pues mientras en otros países sus gobiernos toman la determinación de apartarse de quienes tienen el mundo en la más profunda crisis, que está dejando miles de miserables y muerte en nuestro país, cada vez no solo somos más dependientes si no que entregan la soberanía.

Lo anterior debe de llamarnos la atención a los trabajadores y demás sectores sociales para que exijamos la salida de tropas extranjeras de nuestro territorio. Pero sobre todo para que no tengamos ninguna duda que el camino son los cambios democráticos profundos que solo se logran siendo consientes que a la hora de elegir quienes dirijan el destino del país, llevemos colombianos que defiendan a su pueblo, colocando los recursos en pleno a la solución del colectivo y a unos cuantos privilegiados que son los que se prestan para entregarle todo a las multinacionales para llenar sus arcas.


PRIMÓ LA VERDAD SOBRE LA MANIOBRA

La corte suprema de justicia archivó el proceso que adelantaba contra la Compañera Gloria Inés Ramírez senadora del Polo Democrático Alternativo, acusada falsamente de ser integrante del movimiento insurgente FARC, con esta determinación se confirmó lo que era un hecho, que esto solo era una maniobra gubernamental para desviar la atención de la parapolítica en la que están involucrados muchos de los más allegados al presidente Uribe. Falta por resolver casos como el del Compañero Wilson Borja y Jorge Robledo representante y senador, y el Compañero Jaime Caicedo, concejal de Bogotá por el Polo y secretario general del Partido Comunista Colombiano.

La verdad siempre será la verdad.


YA NO HAY TIEMPO DE LLORAR.

Los empresarios colombianos, luego de las medidas que han asumido los presidentes de Venezuela y Ecuador en cuanto a los productos de consumo masivo que ingresaban a sus países provenientes de Colombia, ahora derraman lágrimas de cocodrilo. Porque con esa actitud, les dejan de ingresar cerca de diez mil millones de dólares que es lo que Colombia recibía de estos dos países vecinos, fuera de lo que ingresaban por concepto del comercio informal. Por supuesto que eso no es para alegrarse, pues aprovechándose de la situación los mismos empresarios lograron generar más de diez mil nuevos DESEMPLEOS, solo en el último mes. Para rematar el gobierno de Uribe, amplia la base de tributación, para sostener la guerra interna que llaman “Seguridad Democrática”. Ahora, si chillan pero cuando los trabajadores denunciábamos que lo que se avecinaba al país, no era más que un populismo fascista criminal y ominoso que solo dejaría hambre miseria y muerte, semejante, al de Hitler, Mussolini y Franco en el siglo pasado, ellos mismos invirtieron grandes sumas de dinero para mantener a su monarca en el poder a sabiendas que como todos los personajes de esa estirpe siguen pregonando que hay que mantener las consignas “Sangre, dolor y lágrimas”. Ellos también disfrutaron con la privatización de las empresas, con la flexibilización laboral, que, nos arrancó tantos derechos, que los exoneraran de pagar impuestos para educación, la salud y la vivienda a cambio de legalizar dineros, para la guerra. Ahora, con el beneplácito de la clase dominante, tanto política como económica ya le entrega de rodillas, nuestro país al ejército asesino de los Estados Unidos para que monte bases militares y sin el más mínimo asomo de dignidad.

Ahora que está por cumplirse otro aniversario dizque de nuestro “Grito de independencia, no creen ustedes que Simón Bolívar y su ejercito de patriotas, están que se salen de sus tumbas para volver a pelear por una libertad verdadera

Hay que seguir luchando es por la integración latinoamericana, el Alba y el ideal bolivariano.

LUCHEMOS JUNTO PARA CAMBIAR ESTE SISTEMA.

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