martes, 12 de enero de 2010

Concejal Jaime Caicedo, firme defensor de los intereses populares

• Jaime Caicedo es reconocido en el Concejo de Bogotá por sus firmes posiciones en contra de los abusos del poder y en defensa de los intereses de los más pobres.

La gestión adelantada por el concejal Jaime Caicedo en el Concejo de Bogotá a lo largo de 2009 estuvo signada por las firmes posturas que asumió en defensa de los intereses de la ciudadanía de la capital en temas cruciales como la privatización de la ETB, las alzas en los servicios públicos domiciliarios, la denuncia contra el creciente fenómeno del paramilitarismo y por la plena vigencia de los derechos humanos, la lucha contra la estigmatización ejercida contra la juventud, la preocupación por el efecto social de los planes de ordenamiento territorial y por la democratización del sistema de transporte que Bogotá asumirá próximamente.

Caicedo se ha constituido en el más invariable opositor al proceso de privatización de la ETB, aun en contra de la opinión de la administración distrital en cabeza de Samuel Moreno. “La privatización y venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, disfrazada de búsqueda de un socio estratégico, afectará seriamente el patrimonio público de todos los bogotanos en beneficio de los monopolios transnacionales y constituye una especie de golpe de estado a la propuesta política que ganó las últimas elecciones en Bogotá”, señaló el cabildante, al tiempo que cuestionó duramente la gestión de la gerencia de la empresa por cuanto ésta ha terminado por servir a los argumentos de quienes quieren privatizarla.

“Hay claros indicios de la responsabilidad de la administración en el debilitamiento progresivo de la empresa. En 2007 los ingresos operativos cayeron en 4%, equivalentes a $51.000 millones, mientras que en 2008 la reducción fue de $19.000 millones. Entre tanto, las utilidades tuvieron una dramática caída de $125.000 millones en 2008 respecto de las obtenidas el año inmediatamente anterior. Eso se llama falta de gerencia y no problemas financieros, como se ha querido vender la situación. La condición de la empresa se acentúa con los altísimos gastos en que está incurriendo. Hay un chorro de dinero sin control en el área jurídica, con un festín de contratos de asesoría sin objetos contractuales claros y delimitados, cuyas funciones además pueden ser asumidas por el equipo de abogados de planta de la empresa. El presupuesto para asesorías, gastos de representación y viáticos supera los $11.000 millones anuales. Además, la gerencia de manera intencional evadió las disposiciones legales e hizo del Concejo Distrital un convidado de piedra en este cuestionado proceso”.

Otro tanto ocurrió en los debates y foros promovidos por el concejal en relación con el espinoso tema de las tarifas de acueducto y alcantarilladlo. “El monto que pagan los ciudadanos por este servicio ha venido incrementándose de forma exagerada en los últimos diez años debido al desmonte de los subsidios aplicado por el gobierno nacional. Para el estrato 1 el aumento ha sido del 137%, para el 2 de 81.7%, para el 3 de 65.56% y para el 4 de un 3.97%. Si las reliquidaciones que se tienen previstas no tienen en cuenta las circunstancias económicas y sociales por las que atraviesa la población, agravarán sustancialmente la estabilidad financiera de las familias bogotanas, por lo cual se hace necesario que la metodología para el ajuste de las tarifas considere razones de equidad y justicia social de forma que el impacto sea el menor posible”, planteó el concejal Caicedo.

Por estas razones, defendió como ponente del proyecto presentado por varios concejales, incluido Caicedo, la posibilidad de aumentar el subsidio para el estrato tres, propuesta que se malogró ante la negativa de la administración distrital. La propuesta de Caicedo se fundamentó en que la financiación de este rubro podía ser cubierta con las utilidades de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado con el fin de proteger a un sector de la población bogotana que está siendo duramente golpeado por la crisis económica y que además representa el 38% de total de suscriptores de la empresa, es decir, más de 576 mil usuarios. “El modelo privatizador que se ha venido imponiendo en el sector de agua y alcantarillado lo único que defiende es el lucro de las empresas prestadoras, desconociendo de plano el derecho fundamental al agua como bien indispensable para la sobrevivencia humana y de las demás especies vivas”, señaló.

El concejal del Polo Democrático Alternativo defendió también el justo anhelo de los pobladores que habitan en la zona de influencia del Relleno de Doña Juana quienes vienen exigiendo su cierre definitivo, así como el cambio radical de la política distrital en materia de basuras que lleve a transformar el modelo hacia una propuesta moderna, eficiente y rentable para la ciudad que reprocese los residuos para la producción de energía y abonos, proteja la cuenca del río Tunjuelo y garantice el derecho al trabajo asociativo de los actuales recicladores, auspiciando su empresarización en contra de los voraces apetitos de los hijos de Uribe Vélez y demás capitalistas que se están aprovechando del potencial que tienen las basuras para su industrialización.

Cerco político al narcoparamilitarismo

Jaime Caicedo se constituyó en el único concejal de la ciudad que no sólo le ha venido tomando el pulso regular al avance del narcoparamilitarismo en la ciudad, sino que de manera decidida asumió la denuncia pública al respecto. “Hemos venido revelando desde marzo del año pasado el copamiento progresivo de los bordes de Bogotá por parte de diversas fuerzas paramilitares, que ha llevado a su presencia creciente en por lo menos la mitad de las Localidaddes de la ciudad. Esta aseveración no es simplemente un asunto de percepción personal, sino que se fundamenta en las respuestas oficiales que distintos organismos de control han dado a los cuestionarios que personalmente les envié para tratar de establecer cuál es la verdadera situación de la ciudad en esta materia”.

Sus valientes cuestionamientos públicos en esta materia tuvieron serias consecuencias, al develarse recientemente un plan paramilitar para asesinarlo, junto con otros dirigentes de la izquierda democrática.

El fenómeno del desplazamiento forzado, a cuyas víctimas Caicedo prefiere llamar refugiados internos, también ha ocupado tiempo en los debates y diversas intervenciones en el Concejo de Bogotá. “La gente se inquieta acerca del porqué Bogotá está siendo afectada de manera tan directa por la llegada masiva de colombianas y colombianos desplazados desde múltiples regiones campesinas, cuyo número viene aumentando progresivamente a lo largo de los últimos cinco años hasta sobrepasar los 40.000 hogares. Hay que decir que esta es una de las terribles consecuencias de la guerra interna que el presidente Uribe ha decidido convertir en política permanente de Estado y que cuenta con la financiación directa y el respaldo político del gobierno norteamericano, a través de los dineros destinados al Plan Colombia y a otras múltiples formas de intervención que ese país ejerce en el conflicto colombiano”, argumentó el concejal Caicedo.

Igualmente, ha venido defendiendo la tesis de que es necesaria la aplicación de los protocolos de Ginebra para frenar el involucramiento de la población civil de la zona de Sumapaz en el conflicto interno. Complementariamente, propuso la designación de veedores nacionales e internacionales para proteger la vida y la integridad de la población civil y hacer acompañamiento permanente en el cumplimiento de los postulados del derecho internacional humanitario.

Desarrollo urbano no puede ser excusa para expulsar población

Dentro de la agenda del concejal se presentaron sendas proposiciones que el Concejo de la ciudad respaldó para celebrar foros locales en torno a la problemática del ordenamiento territorial de la ciudad. De esa manera se llevaron a cabo encuentros comunitarios para debatir el denominado “plan centro”, la situación de los servicios públicos y los perjudiciales desarrollos de la cuenca del río Tunjuelo en el marco del “Foro Sur”. Caicedo también acompañó la realización del foro público sobre el proyecto “Ciudad Salud”, que se reunió en el Barrio Policarpa en el mes de noviembre y participó activamente en la organización del encuentro sobre el “Plan aeropuerto Eldorado”.

El centro del debate planteado por Jaime Caicedo está en el hecho de que el desarrollo urbanístico no puede significar el desplazamiento masivo de los habitantes que históricamente han ocupado los territorios que ahora son objeto de estos planes y que en el fondo pretenden abrir paso sin control ni medida al gran capital inmobiliario y comercial, dejando a la administración de la ciudad el lánguido papel de expedidora de normas para el usufructo capitalista.

Caicedo defendió firmemente ante el cabildo y la administración distrital la exigencia al consorcio Opain, beneficiario de la multimillonaria y cuestionada concesión uribista para la ampliación y reestructuración del aeropuerto Eldorado, en el sentido de que debía ser sujeto activo del cobro del impuesto predial ya que no sólo se lucra por cuenta de la concesión misma, sino como consecuencia de las grandes inversiones que la ciudad está haciendo para habilitar las zonas aledañas al terminal aéreo, hecho que quedó plasmado en el proyecto de Acuerdo que presentó la administración en este sentido.

Así mismo, ha debatido el papel que el gobierno distrital asume en función de la protección de los derechos de los ciudadanos afectados por estos planes parciales, puesto que los habitantes se encuentran expósitos frente a las presiones del gran capital. “No nos oponemos al desarrollo urbanístico y económico. Lo que combatimos es que estos avances se hagan en beneficio único de los grandes monopolios nacionales y extranjeros, mientras que a los habitantes históricos de estas localidades el destino que parece esperarles es el desarraigo y la quiebra de su patrimonio, toda vez que con los precios que les están ofreciendo los voraces mercaderes de inmuebles no alcanzan a comprar un negocio o una vivienda siquiera parecidos a los que poseen, sin contar con que se ven desplazados a los extramuros de la ciudad en condiciones francamente desmejoradas. El Distrito prepara las condiciones normativas, cambia los usos del suelo y hace las obras de infraestructura, todo para facilitar el negocio de los inversionistas privados, quienes obtendrán fabulosas ganancias por los negocios que montarán”, señaló el concejal del Polo.

Caicedo ha planteado la realización de constituyentes locales como mecanismo de veeduría e intervención directa de las comunidades en el desarrollo de estos planes y en el ordenamiento final del territorio. “Los habitantes deben ser los primeros beneficiados por el desarrollo, no lo primeros afectados”.

En extensión de sus argumentos al respecto, Jaime Caicedo ha denunciado los enormes perjuicios sociales, ambientales y económicos que acarrea el “modelo” de desarrollo de la cuenca del Tunjuejo, la cual tiende a convertirse en una gran cantera de explotación de recursos mineros a cielo abierto, precisamente en medio de una de las zonas más densamente pobladas de la Bogotá. “La ciudad tiene que definirse: o defiende los intereses de los explotadores de los recursos naturales o defiende a los más de dos millones de habitantes de la zona. Estas dos alternativas son totalmente excluyentes. Nosotros le apostamos sin vacilaciones al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del sur de la ciudad”.

En relación con las extensas áreas rurales del Distrito Capital, Caicedo ha mostrado su acuerdo con la propuesta de la creación de las llamadas “reservas campesinas”, defendidas tanto por las organizaciones campesina como por investigadores de la problemática rural. “Bogotá tiene que avanzar hacia la soberanía alimentaria, de forma que se disponga de un sistema de producción y abastecimiento de alimentos que dé vía libre al flujo permanente y barato de productos y cree las condiciones para el mejoramiento de los ingresos de los campesinos y por ende, se eleve sustancialmente su calidad de vida”.

Desempleo y criminalización juvenil: dos caras de una misma moneda

“La información estadística de que disponemos muestra claramente una tendencia creciente en las tasas de desempleo, subempleo y de homicidios a partir del año 2006, por lo cual podemos inferir que el incremento del desempleo y el subempleo generan mayores niveles de inseguridad, que se expresan en el aumento de los homicidios”, dijo el concejal Jaime Caicedo Turriago en el marco de un crucial debate en el Concejo de Bogotá sobre el tema de la amenaza paramilitar, la inseguridad ciudadana y los crímenes de que son víctimas los jóvenes en la ciudad.

“El rango de edad de los hombres y mujeres en el cual se presentó el mayor número de víctimas por homicidios, oscila entre los 20 y 29 años. Igual situación ocurre en el campo de las lesiones personales ya que en 2008 la población ubicada en ese mismo rango de edad fue la más afectada por esta causa: de los 2.967 casos, 2.245 fueron hombres y 722 mujeres”, complementó el concejal del Polo Democrático Alternativo.

“Todo esto debe correlacionarse con la curva de empleo, especialmente entre la población joven de la ciudad, la cual representa el 22.1% del total de fuerza laboral. Los datos indican que los jóvenes sin empleo representan el 41,5% del total de desocupados de la ciudad, hecho que tiene que llamar al conjunto de la sociedad, el gobierno y el empresariado a decisiones urgentes si es que queremos de verdad revertir el rumbo siniestro de la relación profunda entre este fenómeno y la criminalidad que parte de la ciudadanía acusa como uno de los principales problemas de la ciudad”, dijo Caicedo Turriago.

Mostró también su desacuerdo con las medidas tomadas por la administración en torno al toque de queda nocturno establecido para los jóvenes en algunas zonas de la ciudad. Caicedo Turriago se preguntó si esta clase de decisiones tienen algún impacto en la formación de los jóvenes “pues no veo qué carácter pedagógico puede tener que los muchachos sean objeto de detenciones masivas arbitrarias, como en efecto son estas batidas. Finalmente, tal aconductamiento la sociedad termina delegándolo en la policía, abriendo la puerta a abusos ignominiosos como el ocurrido con los dos niños que fueron quemados en un cuartel. No hay mucha diferencia con la lógica de los paramilitares que exigen que la gente tiene que cortarse el cabello o que debe acostarse a determinadas horas porque si no lo “acuestan” definitivamente, disposiciones que pertenecen francamente a la órbita del nazismo”.

Caicedo se enfrentó públicamente al presidente Uribe Vélez y desmintió al rector de la Universidad Nacional Moisés Waserman con ocasión de la tristemente célebre invasión del campus por parte de la fuerza pública. “El presidente Uribe dio la orden de invadir el campus a sabiendas de que ya se había llegado a un acuerdo, dando tratamiento de terrorismo a un conflicto puramente académico y de defensa de la universidad pública ante la desidia de su gobierno y la profunda crisis financiera que afronta la educación superior pública”.

Democratizar el sistema integrado de transporte

El concejal del Polo Democrático Alternativo viene manteniendo una sólida posición de respaldo tanto a los pequeños propietarios de buses, busetas y colectivos, como a los conductores y trabajadores de base, frente a las pretensiones de la administración, en cabeza del secretario de la Movilidad, de montar un gigantesco negocio para beneficio de las mismas siete familias que controlan el transporte de la ciudad. “Seguimos exigiendo con vehemencia que las condiciones de los prepliegos para el sistema integrado de transporte sean modificadas para dar cabida real y democrática a los pequeños transportadores. Igualmente, hemos planteado la necesidad de que la ciudad los apoye financiera y empresarialmente para que puedan organizarse y participar en igualdad de condiciones en el proceso licitatorio. Los conductores y trabajadores de base deberán ver reflejadas en el sistema plenas garantías laborales y condiciones dignas de trabajo”.

A lo largo del año 2009, Jaime Caicedo fue un caracterizado defensor de los intereses de las grandes masas desposeídas ante las constantes arremetidas de los sectores más retardatarios de la ciudad.

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