martes, 8 de junio de 2010

Ahora, cementeras deben reparar a la comunidad por el inmenso daño causado

Foto: Archivo / EL TIEMPO.-Esta imagen, en la que se explota gravilla en el río Tunjuelito

* Concejal Jaime Caicedo aplaude decisión de Secretaría de Ambiente de cerrar y sancionar a cementeras que explotan cuenca del Tunjuelito y propone acción popular para obligar el pago por los daños ocasionados.

* El pasivo ambiental por cuenta de explotación anti técnica sobrepasa los $300 mil millones.

Al expresar su gran complacencia por la decisión de la Secretaría de Ambiente de sancionar ejemplarmente a las cementeras que explotan inmisericordemente la cuenca del rio Tunjuelo y que han ocasionado invaluables daños al ecosistema y a la comunidad que habita esa zona de la ciudad, el concejal Jaime Caicedo insistió en su propuesta de exigir a esas empresas la reparación ambiental, humana y económica a favor de las comunidades que resultaron gravemente lesionadas por su actividad empresarial.

Caicedo había denunciado el año pasado que aparte del daño ambiental ocasionado, las cementeras estaban incurriendo en flagrante evasión de sus obligaciones para con el Distrito Capital, al dejar de pagar más de $3.600 millones al erario por concepto de regalías. “Esta suma apenas representa lo que dejaron de pagar entre 1995 y 2003, sin contar los intereses, de acuerdo con los informes de la Contraloría Distrital. Habrá que contabilizar el comportamiento de estas empresas desde el 2003 para acá, sólo con cargo al rubro de regalías. Sin embargo, lo que ha comprobado finalmente la Secretaría de Ambiente es un daño incalculable no sólo a la estructura del cauce del río, sino lo que ello representa en términos de riqueza ambiental perdida para el Distrito Capital, además de los evidentes daños causados a los más de 900 mil bogotanos y bogotanas que habitan la zona de influencia de estas canteras. Nada más imaginemos lo que le ha costado al sistema de salud la atención de enfermedades respiratorias y otras asociadas a tales explotaciones”, dijo el concejal Caicedo Turriago.

El cabildante recordó que la Contraloría Distrital ha estimado en más de $300 mil millones el costo del pasivo ambiental por cuenta de la explotación anti técnica de las canteras a cielo abierto. “Lo que esto quiere decir es que esta sería la suma aproximada que el Estado tendría que asumir para la recuperación morfológica y ambiental de la zona. Esto resultaría inadmisible y deberán ser las cementeras, únicas causantes de esta tragedia ambiental, las responsables del pago de estas y otras cuentas como consecuencia de su actividad irresponsable”, señaló.

Caicedo propuso la iniciación de una acción colectiva en busca de la reparación de los daños ocasionados por las cementeras. “Cabe la posibilidad de una demanda colectiva o de una acción popular en procura de restablecer el derecho ciudadano a un ambiente sano y en la búsqueda de la reparación debida por los cuantiosos perjuicios sociales que se han provocado”, declaró.


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