* Es un claro mensaje al gobierno colombiano en el sentido de que la impunidad no será tolerada internacionalmente.
La sentencia de la Corte Interamericana del Derechos Humanos por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, senador del Partido Comunista Colombiano y dirigente de la Unión Patriótica, se constituye en un hecho histórico, no sólo por ser la primera condena de este organismo al Estado colombiano, sino porque representa la aplicación de la justicia internacional ante crímenes cometidos por servidores públicos que la justicia colombiana no ha perseguido con el rigor exigido.
Así lo declaró el secretario general de ese partido y concejal de Bogotá, Jaime Caicedo Turriago, al manifestar que la sentencia de la Corte Interamericana pone también un punto muy alto en los procesos de esclarecimiento y castigo por el genocidio de más de cinco mil simpatizantes de la Unión Patriótica, agrupación que fue literalmente silenciada a sangre y fuego gracias al contubernio de miembros de las fuerzas armadas y de los grupos paramilitares.
“Manuel Cepeda, al momento de su asesinato, era senador por el Partido Comunista y era un destacado dirigente nacional de la Unión Patriótica. Días antes de su asesinato, Cepeda había denunciado en esa corporación la puesta en marcha de un plan denominado “golpe de gracia” el cual pretendió, lamentablemente con éxito, asesinar masivamente a líderes de izquierda, entre ellos Miller Chacón y el propio Manuel Cepeda. La operación continuó su danza de la muerte por todo el país, con la participación de unidades militares y de los paramilitares”.
Otro aspecto trascendental de la sentencia, continuó Caicedo, es que echó por tierra el perverso y amañado argumento del gobierno de Uribe Vélez que en su alegato de defensa intentó plantear que Cepeda había sido el autor de su propia muerte por ser presunto aliado político de grupos armados. En su momento, Cepeda y los demás miembros de la UP, rotos los acuerdos de paz, declararon públicamente que seguirían el camino como agrupación política civil en la búsqueda de la paz negociada, claramente separada de la vía armada”, declaró Caicedo.
La sentencia del supremo organismo interamericano señala de forma tajante que, de acuerdo con la normatividad internacional suscrita por el Estado colombiano, no es dable la concesión de prebendas procesales o negociación de sentencias en caso de crímenes de lesa humanidad, poniendo límite definitivo a las rebajas de pena y otras ventajas que de manera ilegal se han venido concediendo a quienes han sido autores de delitos de esta categoría como el asesinato del senador Manuel Cepeda, entre otros.
“Sin duda, esta sentencia impone una talanquera de verdad y reparación a las víctimas de crímenes de Estado, señalando al gobierno colombiano que la impunidad que ha prohijado no será tolerada internacionalmente. Así las cosas, los asesinos y criminales tanto incrustados en el Estado como en las fuerzas para estatales tendrán ejemplar castigo, sea por cuenta de la compleja y lenta justicia colombiana, o como en este caso, debido a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Penal Internacional. No vamos a desistir en el empeño de la denuncia internacional acerca de la masacre que ha ocurrido en Colombia durante los últimos años en contra de los líderes y militantes de la oposición civil”, declaró el concejal de Bogotá y dirigente nacional del Polo Democrático Alternativo.
La sentencia de la Corte Interamericana del Derechos Humanos por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, senador del Partido Comunista Colombiano y dirigente de la Unión Patriótica, se constituye en un hecho histórico, no sólo por ser la primera condena de este organismo al Estado colombiano, sino porque representa la aplicación de la justicia internacional ante crímenes cometidos por servidores públicos que la justicia colombiana no ha perseguido con el rigor exigido.
Así lo declaró el secretario general de ese partido y concejal de Bogotá, Jaime Caicedo Turriago, al manifestar que la sentencia de la Corte Interamericana pone también un punto muy alto en los procesos de esclarecimiento y castigo por el genocidio de más de cinco mil simpatizantes de la Unión Patriótica, agrupación que fue literalmente silenciada a sangre y fuego gracias al contubernio de miembros de las fuerzas armadas y de los grupos paramilitares.
“Manuel Cepeda, al momento de su asesinato, era senador por el Partido Comunista y era un destacado dirigente nacional de la Unión Patriótica. Días antes de su asesinato, Cepeda había denunciado en esa corporación la puesta en marcha de un plan denominado “golpe de gracia” el cual pretendió, lamentablemente con éxito, asesinar masivamente a líderes de izquierda, entre ellos Miller Chacón y el propio Manuel Cepeda. La operación continuó su danza de la muerte por todo el país, con la participación de unidades militares y de los paramilitares”.
Otro aspecto trascendental de la sentencia, continuó Caicedo, es que echó por tierra el perverso y amañado argumento del gobierno de Uribe Vélez que en su alegato de defensa intentó plantear que Cepeda había sido el autor de su propia muerte por ser presunto aliado político de grupos armados. En su momento, Cepeda y los demás miembros de la UP, rotos los acuerdos de paz, declararon públicamente que seguirían el camino como agrupación política civil en la búsqueda de la paz negociada, claramente separada de la vía armada”, declaró Caicedo.
La sentencia del supremo organismo interamericano señala de forma tajante que, de acuerdo con la normatividad internacional suscrita por el Estado colombiano, no es dable la concesión de prebendas procesales o negociación de sentencias en caso de crímenes de lesa humanidad, poniendo límite definitivo a las rebajas de pena y otras ventajas que de manera ilegal se han venido concediendo a quienes han sido autores de delitos de esta categoría como el asesinato del senador Manuel Cepeda, entre otros.
“Sin duda, esta sentencia impone una talanquera de verdad y reparación a las víctimas de crímenes de Estado, señalando al gobierno colombiano que la impunidad que ha prohijado no será tolerada internacionalmente. Así las cosas, los asesinos y criminales tanto incrustados en el Estado como en las fuerzas para estatales tendrán ejemplar castigo, sea por cuenta de la compleja y lenta justicia colombiana, o como en este caso, debido a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Penal Internacional. No vamos a desistir en el empeño de la denuncia internacional acerca de la masacre que ha ocurrido en Colombia durante los últimos años en contra de los líderes y militantes de la oposición civil”, declaró el concejal de Bogotá y dirigente nacional del Polo Democrático Alternativo.
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