BOLETÍN DE PRENSA
Escalada de persecución de organismos del Estado y paramilitares denuncia concejal Jaime Caycedo
* Informes de inteligencia de organismos del Estado sirven de base para perseguir a dirigentes de oposición y defensores de derechos humanos
* Bogotá se ha convertido en el principal centro de desplazamiento de personas, según informe de Codhes
El recrudecimiento virulento de amenazas y persecución por parte de organismos oficiales y de paramilitares tanto en Bogotá como en otras zonas del país, denunció hoy el concejal del Polo Democrático Jaime Caycedo Turriago, respaldado en documentos de diversas organizaciones sociales y de estudiantes de las universidades públicas de Bogotá.
El caso más reciente lo constituyen las amenazas escritas contra estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, distribuidas el pasado 28 de abril, en un texto firmado por el bloque capital de los paramilitares quienes reconocen ser reinsertados del frente capital del bloque centauros, donde declaran objetivo militar a una larga lista de miembros de esa comunidad académica que, según ellos, fue obtenida gracias a “labores de inteligencia” de ese grupo terrorista. “No me parece simplemente coincidente este hecho con el ocurrido hace apenas unas semanas, cuando el DAS solicitó formalmente a las directivas de las universidades públicas, incluida la Nacional, la base de datos completa de estudiantes, profesores y trabajadores”, dijo el concejal Caycedo Turriago.
Caycedo, quien también se desempeña como secretario general del Partido Comunista Colombiano, puso de relieve la grave situación que vienen soportando dirigentes del Polo Democrático, activistas populares y defensores de derechos humanos en Caquetá, por cuenta de un informe de inteligencia de un organismo estatal que los identifica como apoyadores del “frente amazónico de las Farc”. “Entre ellos están dirigentes de los profesores universitarios, dirigentes políticos liberales y del Polo, defensores de derechos humanos y otras personalidades, siguiendo la misma línea de la acusación presidencial contra Colombianos por la Paz, todo esto en plena etapa preelectoral, tratando de cortar a toda costa el camino a la oposición”, dijo enfáticamente.
Expresó también su gran preocupación por el informe dado a conocer por Codhes, el cual indica que Bogotá pasó a ocupar el deshonroso primer lugar en relación con el número de personas desplazadas. “La ciudad ahora no sólo es el principal centro receptor de desplazados, sino que paradójicamente está generando la mayor cantidad de población desplazada, movimiento que no sólo se da entre diversas zonas de la misma ciudad, sino que expulsa pobladores a otras regiones debido a la persecución de grupos ilegales o incluso a la terrible situación económica que soportan las familias objeto de esta cruel realidad. Esto coincide integralmente con las denuncias que hemos venido haciendo en torno al crecimiento de la presencia paramilitar en por lo menos la mitad de las Localidades de Bogotá”, señaló el concejal del Polo Democrático.
“A ello sumamos los tristemente célebres “falsos positivos”, que en la Bogotá han provocado la desaparición y muerte de no menos de 16 jóvenes en situación de pobreza y desempleo; las amenazas directas, personales y presenciales proferidas por paramilitares a grupos de activistas del Modep en plena calle 34 con calle 22, o la más reciente cometida en la carrera 7 con calle 32 contra un grupo de estudiantes de diversos centros educativos; la amenaza de muerte contra Oscar Edgardo Duarte, dirigente de Sintraespublicos de Fusagasugá y negociador del pliego de peticiones de los trabajadores de ese sector; las denuncias concretas contra el rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho Pico, quien aparece como agente de los paramilitares para suministrar información acerca de los líderes estudiantiles, de trabajadores y docentes; el destierro forzado de varios dirigentes campesinos de zonas como Santander y Caquetá, quienes han debido desplazarse a Bogotá para proteger sus vidas; y otros incontables atentados contra la libertad, los derechos civiles y el ejercicio de la oposición contra un régimen que se ha ocupado de proteger preferencialmente a los victimarios, exponiéndolos como héroes para justificar sus crímenes y buscándoles recursos económicos para proporcionarles “decorosas condiciones de vida”, mientras que las víctimas se debaten entre el miedo, la miseria y la persecución”, declaró Jaime Caycedo.
De acuerdo con la posición del concejal Caycedo Turriago, tanto la administración distrital como la sociedad en general deben reforzar las medidas para garantizar la vigencia de los derechos ciudadanos. “La seguridad democrática de Álvaro Uribe está atentando contra la seguridad ciudadana, toda vez que ya se cuentan por miles los casos de gentes del común que se ven obligadas a dejar sus propiedades y pertenencias, cuando no a ofrendar sus vidas como consecuencia del respaldo abierto o velado que la seguridad democrática le da a quienes consideran la protesta popular y la oposición a Uribe como elemento que atenta contra la supervivencia de este régimen inhumano y de espaldas al drama que viven las mayorías”, puntualizó Jaime Caycedo.
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