El foro público organizado hoy miércoles 29 de abril por el Conejo de Bogotá para discutir alternativas a las alzas que se prevén en las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado como consecuencia de la nueva metodología tarifaria que expedirá la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), planteó un profundo debate acerca de si la prestación del servicio de agua debe ser un negocio con fórmulas de eficiencia puramente económica aplicadas por las empresas del ramo, o un derecho esencial que debe contemplar el acceso universal y las condiciones sociales y de pobreza de la gran mayoría de la población.
A lo largo del foro se escucharon las explicaciones dadas por representantes de la CRA, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quienes centraron sus argumentos en el enfoque de que por encima de todo se debe promover la suficiencia financiera de las empresas prestadoras de este servicio y salvaguardar su rentabilidad. Para ello, la comisión estudia incluir en los factores que configuran la tarifa una combinación de aspectos como el costo de prestación del servicio por parte de las empresas, el índice de precios al consumidor, el ajuste por calidad, el equivalente al monto de la inversión realizada en ampliación o mejoramiento de redes y un porcentaje correspondiente a la productividad o eficiencia alcanzado.
De igual manera, la CRA sustentó su propuesta de eliminar los subsidios al estrato 3, que en Bogotá afectaría a más de 582 mil familias y la posibilidad de establecer tarifas mínimas para garantizar el retorno de la inversión y la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, no se escuchó planteamiento alguno que considere los desfases en la estratificación existentes, ni las reales condiciones de ingreso y capacidad de pago de los usuarios del servicio, hecho que fue duramente criticado por delegados de organizaciones sociales, académicas y ambientales presentes en el Foro.
Del otro lado se ubicaron las intervenciones de los conCejales Jaime Cayedo y Carlos Vicente de Roux, de la bancada del Polo Democrático, quienes oficiaron como promotores del Foro, a más de las intervenciones de los demás representantes de organizaciones sociales. El concejal Caycedo señaló que no se puede olvidar que esta nueva estructura tarifaria se va a formular en un momento de profunda crisis económica mundial y nacional, con grave afectación de las finanzas familiares, y que el modelo privatizador que se ha venido imponiendo en el sector de agua y alcantarillado lo único que defiende es el lucro de las empresas prestadoras, desconociendo de plano el derecho fundamental al agua como bien indispensable para la sobrevivencia humana y de las demás especies vivas.
Aludiendo a las inequidades existentes por cuenta de la estratificación vigente, dijo que las tarifas de servicios públicos no las pagan las residencias o los edificios donde viven los ciudadanos, sino la gente que los habita, por lo cual es indispensable considerar su real situación económica y capacidad de pago. Propuso la congelación de estas tarifas y medidas urgentes para frenar los costos operacionales de la EAAB y contribuir de esta manera a la contención del alza en las tarifas.
Por su parte, el concejal De Roux planteó que el modelo actual, que se mantendrá hacia el futuro, es un instrumento injustificado de transferencia de riqueza de los sectores más pobres hacia los accionistas y dueños de las empresas de acueducto y señaló que en la actualidad los usuarios no sólo pagan el costo del servicio, más la rentabilidad que obtiene el operador, sino que adicionalmente las tarifas financian por aparte los proyectos de expansión de redes y el crecimiento de las empresas, situación que debería ser cubierta por las utilidades de las empresas como ocurre en cualquier otro negocio privado.
Los representantes de organizaciones ambientales y sociales como Ecofondo, los usuarios del acueducto y delegados de la CUT, combatieron las cifras entregadas por la EAAB, según las cuales las tarifas han venido disminuyendo en términos absolutos durante los últimos años, representando erogaciones muy bajas respecto de los presupuestos familiares. De igual manera, denunciaron que la comisión Primera de la Cámara de Representantes desnaturalizó por completo el referendo por el Agua, al convertir una iniciativa que planteaba la defensa del derecho fundamental de los ciudadanos al agua y la protección constitucional contra la privatización de este vital recurso, en un instrumento que promueve y justifica el usufructo privado del líquido, anunciando que estudian por esta razón la posibilidad de retirarlo del estudio del Congreso.
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