Rechazo y total desacuerdo con la propuesta de la EAAB de incrementar las tarifas del acueducto expresó el concejal Jaime Caycedo Turriago, por cuanto existen múltiples razones que la hacen inconveniente y lesiva a los intereses de los miles de empobrecidos usuarios de este vital servicio. Caycedo le recordó al gerente de la EAAB que existen otras múltiples alternativas para financiar los proyectos de la empresa.
Así lo expresó el concejal en carta al gerente de la empresa, Jorge Enrique Pizano. A continuación el texto de la misiva:
Bogotá DC, mayo 18 de 2009
Doctor
JORGE ENRIQUE PIZANO CALLEJAS
Gerente
EAAB
Respetado doctor Pizano:
Ante las noticias de prensa que reseñan la solicitud que a la CRA ha hecho la empresa bajo su dirección, en el sentido de incrementar en 1,6% en promedio las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado, debo expresar mi rechazo y mi total desacuerdo con una propuesta semejante.
Sobran las razones de todo orden para plantear la inconveniencia de un alza de tarifas. La primera y tal vez la más obvia, es la profunda crisis económica que está azotando sin consideración a todos los sectores sociales, pero muy especialmente a los más pobres, debido al desempleo y los despidos masivos, a la creciente informalización laboral, el descenso real de los ingresos familiares y el desmonte de subsidios acordado por el gobierno nacional.
Conoce usted muy bien esta realidad, ya que las consecuencias de este drama social se vienen reflejando de manera clara en la operación de la EAAB: hemos pasado de 50.402 usuarios desconectados en 1998 de la red por imposibilidad de pago de las altas tarifas, a más de 276.000 en el año 2007, sin contar la disminución en el consumo que muchos usuarios se han visto obligados a asumir gracias a los altos costos del servicio.
A pesar de las alegres cifras que uno de sus funcionarios presentó durante el reciente foro organizado por el Concejo de Bogotá precisamente sobre el modelo tarifario aplicado en la actualidad, según las cuales las tarifas presentan un declive histórico a lo largo de los últimos años, la verdad es que ha ocurrido todo lo contrario; y los usuarios todos así lo afirman y sienten. ¿Son razonables las tarifas actuales de acueducto y alcantarillado, que crecieron en el periodo 1998-2008 en un 137.5% en el estrato 1, 81.73% en el estrato 2 y 65.56 % en el estrato 3? ¿Serán equivocadas y tendenciosas las afirmaciones de Naciones Unidas en torno a la altísima tasa de participación que en los gastos familiares tiene el pago de servicios públicos?
De forma desafortunada y trágica en términos sociales, se ha venido imponiendo el torcido enfoque (prohijado por la Ley 142 de 1994) según el cual los ciudadanos y ciudadanas deben acogerse al concepto de que el servicio público de acueducto y alcantarillado, en tanto responsabilidad y obligación del Estado, ahora debe ser entendido como un negocio bajo simples criterios de eficiencia y suficiencia económica que sólo mira los intereses y beneficios generados a las empresas prestadoras y sus accionistas. Y por si fuera poco, extendiendo sin razón en el tiempo una decisión que en su momento procuró aumentar la capacidad de oferta y cobertura de acueducto en todo el país, el Estado graciosamente le confiere a las empresas como la EAAB la gabela de obtener sobreutilidades con fines de expansión de las redes y los servicios, incorporándolas a las tarifas y ocasionando con ello mayores costos que deben ser pagados sin derecho de réplica por los usuarios.
Debo recordar a usted que La Declaración de Estocolmo define el agua como un bien público fundamental para la vida y para la salud, por lo cual debe ser concebido como un recurso común a todos los ciudadanos. El respaldo ciudadano al referendo por el agua no sólo ratifica esta posición, sino que se convierte en una clara expresión política de importantes núcleos de población a favor de un cambio sustancial en la mirada que tanto la sociedad como el Estado están haciendo de un recurso vital y esencial como es el agua.
Yo lo invito a estudiar creativa pero juiciosamente otras alternativas que no impliquen mayores sufrimientos y angustias para los capitalinos. La EAAB no sólo dispone de utilidades operacionales y financieras notables, a las cuales se suman las sobreutilidades autorizadas por Ley para costear los proyectos de expansión, sino que puede reducir de manera abultada sus costos de operación reversando onerosos contratos, como el de los operadores locales, que bien pueden ser atendidos directamente por la empresa y sus trabajadores a precios muy inferiores.
Puede también la empresa a su cargo reducir ostensiblemente las pérdidas técnicas y comerciales que hoy contabilizan más del 31%, en cuya gestión los gestores zonales no han hecho la más mínima intervención. También podría pensarse en aplazar inversiones que no resultan prioritarias gracias a la gran infraestructura desarrollada por la empresa con los recursos financieros proporcionados por los ciudadanos vía tarifas.
A más de todo esto y considerando la actual discusión de las reformas al POT, la ciudad estaría en la obligación de repensar y remodelar su proceso de crecimiento y extensión, concentrando sus esfuerzos en el desarrollo en altura para evitar nuevos e innecesarios costos de expansión de las redes actuales. Resulta conveniente e inaplazable, a mi modo de ver, evaluar el Plan maestro del sistema de acueducto y alcantarillado para Bogotá que tiene una vigencia hasta el 2015, así como el plan de inversiones de la empresa, para hacer los ajustes del caso de acuerdo con proyecciones realistas de crecimiento de la población y de la ciudad y con las nuevas dimensiones del problema resultantes de procurar una mayor densificación, que no extensión, de los suelos urbanos.
En fin, creo que hay muchas alternativas sobre la mesa y cuya concreción dependen en buena medida de la decisión política de la administración y del Concejo de la ciudad, de forma que evitemos a toda costa el incremento de tarifas. Por el contrario, la ciudad tiene que avanzar rápidamente hacia la garantía de un suministro más barato, eficiente y cumplido a todos los ciudadanos, estudiando y aplicando medidas de gran impacto como la fijación del básico vital y la exigibilidad del agua como un derecho humano esencial. La racionalidad del manejo de este asunto no puede seguir siendo exclusivamente la eficiencia financiera, dejando por puertas la preocupación por las aberrantes condiciones sociales y económicas de la mayoría de la población.
Espero que estas sugerencias y argumentos lleven a la empresa a reversar la solicitud hecha a la CRA y por consecuencia, a buscar y asumir otros métodos para financiar la administración de las PTAR.
Cordialmente,
JAIME CAYCEDO TURRIAGO
Concejal de Bogotá
Volver a la página principal
