lunes, 3 de mayo de 2010

Licitación del relleno sanitario Doña Juana: 11 años mas de daño ambiental, económico y social


Lamentablemente la ciudad seguirá manejado en los próximos 11 años la disposición final de las basuras a través del mal llamado relleno sanitario Doña Juana, que en realidad es un botadero que ha generado graves consecuencias ambientales, sanitarias y sociales sobre la población de las localidades aledañas donde éste funciona y en las localidades de la cuenca del Tunjuelo con altísimos costos para la administración y las comunidades.

La Administración desaprovechó una oportunidad para el cierre y desmonte del RSDJ, ya que, -en vez de evaluar otras alternativas tecnológicas para la disposición final y tratamiento de residuos sólidos como la termólisis, pirolisis, incineración etc. que se vienen utilizando en otras partes del mundo, que no requieren grandes terrenos y permiten aprovechar y reutilizar gran parte de los residuos-, optó por abrir la licitación 001- 2010 para entregar por concesión, una vez mas el manejo del relleno, probablemente a los mismos monopolios privados que lo han administrado desde hace varios años.

La UESP hizo caso omiso de las solicitudes de las comunidades y de diversos sectores de la ciudad que viene clamando desde hace varios años por el cierre del RSDJ, porque este ha afectado la salud, generando enfermedades epidérmicas y respiratorias, continua contaminando con lixiviados- a pesar del tratamiento parcial que se les hace en la planta -, el río Tunjuelo, el Río Bogotá y el Magdalena, con graves efectos ambientales y sanitarios.

No hubo una evaluación a fondo, pública, con presencia y participación de la ciudadanía de lo que ha significado el RSDJ, el contrato de concesión, el impacto sobre las tarifas, la deuda social y ambiental con las comunidades afectadas, el derrumbe del relleno en 1997, las deficiencias en el tratamiento de los lixiviados, las fallas en la planta de tratamiento de lixiviados, el manejo de los residuos clínicos, hospitalarios y patógenos, los riesgos sobre la salud de los habitantes especialmente el contacto con las aguas contaminadas, el consumo de productos regados por éstas, olores, proliferación de plagas, las serias limitaciones de los programas para “mitigar” los efectos del relleno, la participación de las comunidades en el reciclaje; la viabilidad de las plantas de reciclaje y la plata que se invirtió y se perdió en los estudios, etc.

La UESP, que en años anteriores prorrogó en varias ocasiones el contrato de concesión con Proactiva, a pesar de las denuncias sobre presuntas irregularidades incumplimientos y favorecimientos, en el presente año decidió continuar con el RSDJ convocando la licitación 001-2010 que favorece nuevamente un esquema de manejo de las basuras que es contrario a los intereses de la ciudad, de los usuarios y del medio ambiente.

La UESP le entrega con la licitación a los monopolios privados un jugoso negocio que le ha reportado a los concesionarios que lo han manejado sumas multimillonarias a costa de los usuarios que pagan las tarifas que registran altos incrementos en años anteriores.

Como en todos los contratos de concesión, los grandes beneficiados son los concesionarios. Y al igual que en la licitación para el SITP, la licitación para el manejo del RSDJ favorece a los grandes monopolios.

En la licitación se exige como experiencia técnica mínima que el Proponente esté operando o haya operado, como mínimo durante seis meses y en un máximo de dos (2) proyectos, solo o en consorcio o en unión temporal, o en cualquier otra forma de asociación, rellenos sanitarios por 5.000 toneladas/día; y para el tratamiento de lixiviados se exige la operación y mantenimiento de plantas para el tratamiento de lixiviados, con capacidad media de tratamiento igual o mayor a 11 lps (litros por segundo), en máximo dos contratos y durante como mínimo seis meses.

Igualmente se exige en la licitación un capital de trabajo de $ 32.000 millones, un patrimonio de $ 229.000 millones de pesos y para acreditar capacidad financiera el proponente podrá aportar un cupo de crédito por $ 80.000 millones de pesos aprobados por una entidad financiera.

Probamente, estos requisitos solamente los podrán cumplir Proactiva y el actual operador del relleno sanitario- Aguas Bogotá, que son monopolios españoles con alguna participación de capital colombiano.

El valor presente neto aproximado del contrato corresponde a $ 229.742 millones, a pesos de diciembre de 2009. La tasa usada para calcular el mencionado valor es del 13,92% anual en términos reales.

La Remuneración por Disposición Final de los Residuos Sólidos en el RSDJ es de $ 14.525 y de $2.794 por el tratamiento de los lixiviados a precios de 2009, para un total de $17.319 por tonelada. Esto implicaría un incremento de alrededor del 20% en las tarifas y sobre pasa el valor autorizado por la CRA que es de $14.525, según el concejal Carlos Vicente de Roux.

Además de la remuneración que recibe el concesionario por la disposición final y el tratamiento de lixiviados, éste podrá utilizar hasta el 20% de los residuos que ingresan al RSDJ y escasamente deberá pagar $ 573 por cada tonelada ingresada al RSDJ a pesos de diciembre de 2009.

Por el contrario se dice en la licitación que de acuerdo al Decreto 838 de 2005 se prohíbe el desarrollo de las actividades de recicladores en el frente de trabajo de los rellenos sanitarios.

La producción, tratamiento y aprovechamiento de Biogás a partir de los residuos sólidos, solo podrán ser implementados para la producción de la energía requerida para la operación del Sistema de Tratamiento de Lixiviados, es decir para el concesionario.

La concesión dura 11 años, sin embargo se dice que el plazo terminará cuando se haya copado la capacidad de disposición de residuos sólidos y la capacidad adicional que a través de una ampliación ó modificación de la licencia ambiental actual logre el operador sobre los terrenos de propiedad de la UAESP.

La licitación contempla que la UAESP conformará un Comité de Evaluación encargado de evaluar las propuestas, con expertos de la UAESP o externos a la Unidad, nacionales o internacionales. En años anteriores se ha criticado que la dirección de la UAESP quería favorecer la continuidad del contrato de concesión para el manejo del relleno sanitario. Lo aconsejable seria que quien haga la evaluación sean expertos externos de altas calidades morales y profesionales para garantizar la transparencia del proceso de selección del concesionario. Se podría vincular a las universidades a este propósito.

La licitación no contiene indicadores ambientales que permitan controlar en tiempo real durante las 24 horas la operación tanto de la compactación de las basuras como el tratamiento de los lixiviados. Esto es muy importante ya que la calidad de las aguas que se vierten al río tunjuelo una vez pasan por la planta de tratamiento es de calidad inferior a la que exige la norma ambiental y de 20 litros/seg. solo se procesan 8. En años anteriores se impusieron algunas multas irrisorias a los concesionarios, teniendo en cuenta que no se incluyeron indicadores en el contrato en el contrato, ni en los términos de referencia para hacer un control mas real y en consecuencia la interventoria del contrato solo se limita a revisar los reportes de los operadores, lo que impide realizar un en control efectivo.

En conclusión, la administración fue incapaz de evaluar otras alternativas diferentes al relleno sanitario, dejando a la ciudad a merced de los monopolios privados que manejarán el RSDJ en los próximos 11 años lucrándose a costa de las tarifas que pagan los usuarios; sin soluciones para los pobladores de las dos (2) localidades aledañas; y permitiendo que continué el daño ambiental, social y ecológico.

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