Bogotá- La junta directiva del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia –CPDH- calificó de “monstruoso montaje judicial” y una maniobra política oficial el anuncio en las últimas horas por el Fiscal General, Mario Iguarán, en el que se trata de vincular a los congresistas Piedad Córdoba, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez en una suerte de retaliación por haber adelantado debates sobre la para-política. “Igualmente se trata de involucrar al ex candidato presidencial Álvaro Leyva, el ex asesor de paz, Lázaro Vivero; el director del semanario Voz, Carlos Lozano y al periodista William Parra, todos ellos por tratar de impulsar iniciativas a favor de la paz y los acuerdos humanitarios, en contravía del ánimo guerrerista del gobierno”, sostiene el organismo defensor de los derechos humanos presidido por el DR. Jairo Ramírez.
La siguiente es la declaración:
El gobierno fabrica monstruoso montaje judicial contra la oposición
Unos computadores que aparecen y otros que desaparecen, según conveniencia del Presidente Uribe.
El Senador Gustavo Petro, refiriéndose al párrafo 91, página 33 del informe de Interpol sobre los llamados "computadores de Reyes, ha exigido al Ministro de Defensa que explique porqué entre el 1 y 3 de marzo de 2008, fueron creados, abiertos, modificados o suprimidos por el Ejército de Colombia, 48.055 archivos, en contradicción con otra parte del informe que asegura que: "el portátil de 'Reyes' no sufrió manipulación y que la agencias de seguridad y civiles que tuvieron en poder el computador respetaron la cadena de custodia".
El Senador Gustavo Petro, refiriéndose al párrafo 91, página 33 del informe de Interpol sobre los llamados "computadores de Reyes, ha exigido al Ministro de Defensa que explique porqué entre el 1 y 3 de marzo de 2008, fueron creados, abiertos, modificados o suprimidos por el Ejército de Colombia, 48.055 archivos, en contradicción con otra parte del informe que asegura que: "el portátil de 'Reyes' no sufrió manipulación y que la agencias de seguridad y civiles que tuvieron en poder el computador respetaron la cadena de custodia".
Con la extradición de 14 jefes paramilitares a EE.UU. en momentos que estos comenzaron a involucrar con la parapolitica al Vicepresidente Francisco Santos, al Ministro de Defensa Juan Manuel Santos y al Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, cercanos funcionarios al Presidente Álvaro Uribe; el gobierno a pretendido tender una cortina de humo para desviar la atención de los escándalos por vínculos criminales con el paramilitarismo y la corrupción manifestada en la llamada "Yidis-política".
Con la maniobra política, anunciada en las últimas horas por el Fiscal MARIO IGUARAN, se trata de vincular a los congresistas Piedad Córdoba, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez en una suerte de retaliación por haber adelantado debates sobre la para-política. Igualmente se trata de involucrar al ex candidato presidencial Álvaro Leyva, el ex asesor de paz, Lázaro Vivero; el director del semanario Voz, Carlos Lozano y al periodista William Parra, todos ellos por tratar de impulsar iniciativas a favor de la paz y los acuerdos humanitarios, en contravia del ánimo guerrerista del gobierno.
Nuevamente se pone de manifiesto el carácter ilegal del Estado Colombiano, responsable del genocidio de la Unión Patriótica y de miles de crímenes contra el movimiento popular. Ahora pone en curso una nueva fase: abrir procesos judiciales con la pretensión de encarcelar a los líderes de la oposición que sobrevivieron a las matanzas oficiales, tal es el caso de Wilson Borja quien sufrió un atentado o de Piedad Córdoba quien estuvo secuestrada por Carlos Castaño.
De esta forma el Uribismo trata de establecer una especie de desesperada simetría con el escándalo de la parapolítica que tiene a 32 parlamentarios de la bancada uribista presos, entre ellos a su primo Mario Uribe; y vinculados a embajadores, ministros, gobernadores y altos mandos militares.
Tenemos la certeza que la rama judicial actuará en derecho y se alejará de las burdas maniobras del poder ejecutivo, que no solo a pretendido estorbar los procesos adelantados por la Corte Suprema de Justicia, sino que ahora quiere criminalizar la acción legítima de la oposición, para tener el camino despejado para perpetrar su hegemonia autoritaria.
JUNTA DIRECTIVA
Bogota, mayo 22 de 2008
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