viernes, 23 de mayo de 2008

En Colombia gobierno pretende judicializar a opositores

Bogotá- Todo indica que el presidente Álvaro Uribe Vélez quiere judicializar a sus opositores con el pretexto de supuestos vínculos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias –FARC-, aseguró Jaime Caycedo Turriago, Secretario General del Partido Comunista Colombiano –PCC- y miembro de la dirección ejecutiva nacional del Polo Democrático Alternativo.

Precisó que una situación como esa no ocurre en los regímenes democráticos, sino en las más oprobiosas dictaduras militares donde imperó el fascismo.


La declaración de Jaime Caycedo, quien actúa como segundo vicepresidente del concejo de la capital colombiana, tiene que ver con el anuncio de la investigación sobre la supuesta relación de varios parlamentarios, políticos, periodistas, representantes de ONG con las insurgentes FARC. El dirigente de izquierda admitió que la dirección del Partido Comunista se encuentra a la expectativa de saber cuales son los fundamentos de las acusaciones de los cuerpos investigativos.


“Es muy extraño todo esto, sobre todo cuando observamos que se investiga a quienes han hecho muchos esfuerzos por el acuerdo humanitario que permita que personas privadas de la libertad vuelvan a sus hogares, además de muchas acciones para avanzar en acercamientos para alcanzar la paz por vías negociadas entre los representantes del gobierno y las FARC”, señaló.


Caycedo dijo que esta era una situación que se veía venir y que tiene una larga preparación por parte de los organismos de inteligencia del estado. “El ministro de defensa, Juan Manuel Santos y el propio presidente Álvaro Uribe Vélez han señalado a varias de estas personalidades, por anticipado, como terroristas” indicó.
La Fiscalía General de Colombia reveló este jueves 22 de mayo una lista de personajes públicos que estarían involucrados en el fenómeno catalogado como Farcpolítica, es decir, presunta vinculación con el grupos alzado en armas. El organismo investigador compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a los congresistas Piedad Córdoba (Partido Liberal), Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático Alternativo) por material encontrado en los computadores de 'Raúl Reyes', cuya autenticidad y veracidad ha sido duramente cuestionada.



Entre las otras personas que serán investigadas se encuentran los periodistas William Parra, Canal Telesur y Carlos Lozano, director del Semanario Voz, al ex candidato presidencial conservador Álvaro Leyva Durán y a Lázaro Viveros, ex Asesor de paz del presidente Andrés Pastrana Arango. Además se ordenó investigar a cuatro extranjeros: los ecuatorianos María Augusta Calle e Iván Larrea, el venezolano Amilcar Figueroa y el profesor norteamericano James Jones.


PCC reclama objetividad y plenas garantías


Jaime Caycedo Turriago, Secretario General del Partido Comunista Colombiano –PCC- comentó que las cortes y la Fiscalía General de Colombia no tienen que estar sometidas a esa actitud y pretensión del ejecutivo nacional y es por eso que reclaman de estos organismos adelantar el estudio objetivo y con plenas garantías para un total esclarecimiento de la situación.


El dirigente revolucionario hizo un llamado a la unión de los sectores demócratas, revolucionarios y progresistas del país para impedir que este proceso político pueda convertirse en una “cacería de brujas” o una reedición de lo sucedido con el Partido Unión Patriótica, el cual fue víctima del mas terrible genocidio político.




1 comentario:

Wálter Mondragón Delgado dijo...

Ayuda a ilustrar la visión de quienes ejercen el poder político y economico la sentencia C-177/01 donde se evidencia la creencia que se pueden exterminar "legalmente" grupos humanos con el argumento de que son ilegal o que se encuentran al margen de la ley. La judicialización es una forma de persecución reiterada, que constituye la revictimización de los sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, al continuar la estigmatización __cacería de brujas o "pescas milagrosas" en la nueva política de "seguridad democrática". En el actual gobierno lo nuevo es la masificación de las retenciones arbitrarias tantas veces denunciadas a nivel nacional e internacional. Esa persecución, previa estigmatización señalando a los integrantes de la oposición como relacionados con la subversión es de vieja data, ahora solo quieren presentarla como novedad cambiándole el nombre. Sigamos llamándola, cacería de brujas, estigmatización, macartización. Siempre se ha judicializado y perseguido a la oposición, no inicia ahora, esta en la historia de la Unión Patriótica y demás organizaciones populares colombianas. Requiérese solidaridad, denuncia y unidad.