CONSTANCIA DEL CONCEJAL JAIME CAICEDO SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA POSITIVA
Quiero dejar la siguiente constancia que recoge mis inquietudes y preocupaciones sobre algunos impactos del plan sobre la población bogotana.
El plan de desarrollo prioriza los sectores educación, salud e integración social, que suman el 58% de la inversión a realizar en el cuatrienio, lo que demuestra la orientación social de la Administración. Asimismo el plan contempla proyectos estratégicos para la ciudad como la construcción del metro, que contribuirá a mejorar la movilidad de la ciudad.
Hay que resaltar el objetivo general del plan que busca que se mejore la calidad de vida de la población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos, en el marco de una ciudad incluyente, justa y equitativa, participativa, en la que todos y todas disfruten de los beneficios del desarrollo. Sin embargo, esta visión de ciudad no se aviene con el modelo de ordenamiento neoliberal vigente, que se consolida como quedó aprobado en el artículo 10 del plan de desarrollo. El POT se ha convertido en un instrumento de desplazamiento forzado de la población, de enriquecimiento de grandes propietarios de la tierra urbana y de inversionistas extranjeros y nacionales que pretenden montar sus negocios inmobiliarios, comerciales y de servicios, en concordancia con el modelo de ciudad de que se viene implementando desde el año 2000.
El plan de desarrollo contempla como metas poner en operación el macroproyecto urbano regional del área de influencia del aeropuerto el Dorado, renovar 50 hectáreas en el marco del Plan Centro, implementar el proyecto Ciudad Salud, la III fase de Transmilenio por la calle 26 y carrera 10, la construcción de 2 plataformas logísticas en el marco del plan maestro de abastecimiento, continuando de esta manera con la ejecución del modelo de ordenamiento, sin tener en cuenta la situación de la población afectada (habitantes del plan centro, Fontibón y Engativa, pequeños propietarios de vehículos de transporte publico, campesinos, etc., ) y las alternativas que han presentado para evitar el desplazamiento, contradiciendo de esta forma el discurso sobre la ciudad de derechos.
El tema de la paz, los acuerdos humanitarios y la solución política al conflicto colombiano, no constituye un propósito o una estrategia de la Ciudad de Derechos, sino solo un programa. Resulta exótico comprometer recursos de los ciudadanos para adquirir equipos de inteligencia, de comunicación, servicios especiales, materiales de uso exclusivo de la Brigada XIII y para la ampliación, dotación y dotación de infraestructura física de los batallones de PM N° 13 y 14, adscritos a la misma brigada del ejército, cuyo financiamiento corresponde al gobierno nacional. ¿Se prepara la ciudad para la guerra o para la paz?
La política laboral y la protección de los derechos y garantías de los trabajadores no quedaron, específicamente, en el plan de desarrollo a pesar de los acuerdos firmados por el Alcalde Mayor y las organizaciones sindicales.
En materia de vivienda el plan de desarrollo no responde al déficit cualitativo y cuantitativo existente, y apenas se traza como meta una reducción del 12% a través de varios proyectos de vivienda y el otorgamiento de 26.400 subsidios y 7.000 microcreditos y la construcción de 20.000 viviendas de interés social en Soacha.
La estrategia financiera también resulta preocupante, ya que se incluyó como fuentes de financiación, la opción del cobro a los ciudadanos del alumbrado público; el cobro de la valorización por $ 1.7 billones, a pesar de todas las inconsistencias, errores, e irregularidades en el cobro de la I fase; la nivelación tributaria que conllevará incrementos en los impuestos distritales, como el predial; la actualización catastral de 2.350.363 predios, bajo la concepción injusta de acercar valor catastral de los predios residenciales al valor de mercado, como si la vivienda para la gran mayoría de la población fuese una mercancía que se negocia a diario y no un derecho protegido constitucionalmente.
En cambio, nada se dice del cobro de las plusvalías ni de la valorización y el impuesto predial a los concesionarios privados del aeropuerto y demás convenios de usufructo con particulares.
Los recursos de capital de las empresas industriales y comerciales del distrito en los cuatro años disminuyen de 1 billón 86.151 millones en el 2008 a $ 85.231 millones en el 2012, lo que puede indicar que se va a producir la privatización de alguna de la empresas públicas, lo que sería muy grave para el patrimonio del distrito y para los usuarios.
Sobre el endeudamiento de la ciudad, el plan propone unos recursos del crédito por más de 2.1 billones para la administración central, lo que despierta varios interrogantes sobre la estabilidad de las finanzas distritales, ya que la deuda actual interna y externa supera los 2.2 billones.
Voto afirmativamente, sin renunciar al derecho a la crítica, al control político y a la exigencia de las bases populares para que el PDD se acerque más al Ideario de Unidad del Polo y menos a los compromisos con los poderosos y mezquinos dueños del capital y de la ciudad.
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