Colombia sigue padeciendo un régimen torturador
El 90.1 por ciento de los casos documentados fueron cometidos por agentes del Estado y paramilitares, mientras que en el 9.8 por ciento están comprometidas las guerrillas
Por Camilo Raigozo. Voz
La Coalición Colombiana Contra la Tortura, integrada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Asociación Minga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Corporación Avre, Corporación Reiniciar, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Fcspp), Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) y Terre des Hommes Itali, dio a conocer a la opinión pública el pasado 3 de julio los resultados del seguimiento que realizó el año pasado sobre la materia.
Según el estudio, la Coalición logró documentar 97 casos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, de los cuales, en 27 las víctimas fueron torturadas y dejadas con vida, mientras que en 43 casos, las víctimas fueron torturadas y luego asesinadas por los victimarios. Formaron parte de las personas martirizadas 11 niños y 18 mujeres.
En el 90.1 por ciento de las torturas que se lograron documentar está comprometido el Estado. Por acción directa de sus agentes en el 70.4 por ciento y por el uso de la estrategia paramilitar en el 19.7 por ciento. Mientras tanto, las guerrillas están comprometidas en el 9.8 por ciento de los casos documentados.
Algunos ejemplos
El 26 de marzo de 2007 al municipio de Bello (Antioquia), llegaron paramilitares autodenominados “Águilas Negras”. Los criminales hirieron a dos niñas de diez años y violaron sexualmente a una de ellas de nombre Gabriela Alzate Perea*. Cuando las niñas pidieron auxilio, acudió inmediatamente José Mendieta, quién por este acto fue asesinado por los ‘paras’. Mendieta y las dos niñas vivían en el asentamiento de desplazados Altos de Oriente, ubicado en la vereda Granizal, del municipio de Bello.
El 25 de junio de 2007 en el municipio de Tulúa (Valle), fueron torturadas y violentadas sexualmente por miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, Vilma Helena Márquez* y Martha Eulalia Márquez*. Los militares ingresaron a la casa en la que ellas se encontraban junto con los campesino Alcides Granada Durango y Gerson Ladino Suárez..
El teniente Manotas agredió y acusó a Vilma Helena de ser guerrillera y la obligó a un interrogatorio a solas apuntándole con un arma. Cuando ella se quejó de un agudo dolor estomacal, el teniente le preguntó sí estaba embarazada y la golpeó brutalmente en el vientre ocasionándole desmayo y sangrado vaginal.
Posteriormente alias “Bombas”, otro militar de la misma operación, interrogó a Martha Eulalia agrediéndola y amenazándola con un cuchillo. Le exigió la entrega de unas armas que no existían y la obligó a quitarse el brasier para luego cogerle y apretarle los senos y las nalgas, sin ningún respeto por la dignidad de la persona.
Otro militar agredió y amenazó a las dos mujeres con violarlas. Los campesinos que acompañaban a las damas fueron brutalmente golpeados por los uniformados, quienes antes de ponerlos en libertad los fotografiaron y les abrieron procesos por narcotráfico.
Niños y mujeres entre las víctimas
El 7 de junio de 2007, en el municipio de Toribío (Cauca), dos niñas indígenas de 12 y 14 años fueron víctima de violencia sexual por parte de miembros del Ejército Nacional, cuando se dirigían a estudiar al colegio Eduardo Santos ubicado en la vereda Berlín. Los uniformados las obligaron a apartarse del camino y luego a que se quitaran la ropa Las niñas lograron escapar y llegar hasta el colegio.
El 23 de diciembre del mismo año, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue torturada y asesinada por miembros del Ejército Nacional, María Margarita Giraldo Usura, perteneciente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Los militares entraron disparando a la vivienda de la víctima, poniendo en riesgo la vida de las dos hijas de María Margarita a quién se llevaron junto con algunos bienes de la desdichada mujer.
Al día siguiente María Margarita fue reportada por el Ejército como “guerrillera dada de baja en combate” y remitida a la sede del Instituto de Medicina Legal del municipio de Turbo (Antioquia). El cadáver de la víctima presentaba señales de tortura.
El 23 de noviembre de 2007, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue detenido y torturado tanto física como psicológicamente el niño Efrén Espinoza Goes, de 10 años, por miembros del Ejército Nacional quienes lo golpearon por más de 15 minutos. Los uniformados amenazaron con cortarle los dedos y matarlo, acusándolo de ser guerrillero. El rostro y la cabeza del niño quedaron destrozados.
Los casos anteriores forman parte de los 97 que pudieron ser documentados por la Coalición, los cuales son una ínfima parte de las cifras reales, ya que muchas víctimas se abstienen de denunciar debido a las dificultades para acceder a la justicia, al temor a los victimarios y la ausencia de mecanismos de protección a víctimas y testigos, así como también a la invisibilidad de este crimen a nivel nacional.
Cerca del cien por ciento de los casos conocidos están en la impunidad.
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