El gobierno nacional ha llamado a calificar servicios a tres generales, varios oficiales superiores, mayores y suboficiales. Es la más grande medida administrativa de remoción de funcionarios del ejército nacional. La razón: las investigaciones internas debidas a las denuncias de origen ciudadano y de organizaciones de Derechos Humanos, por las desapariciones y ulteriores ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, reportados oficialmente como guerrilleros caídos en combate. Es una decisión importante. Afecta a estructuras de la Séptima División y las Brigadas Móviles 14 y 15, que actúan en operaciones de contrainsurgencia en el nororiente del país, fronteriza con Venezuela.Se trata de crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha presentado un fuerte informe que compromete al Estado. Las movilizaciones indígenas y el paro de corteros de caña en el Valle del Cauca y el Cauca, develaron las mentiras oficiales sobre el tratamiento de guerra a las movilizaciones sociales. En definitiva, no hay nada distinto de cuanto se ha denunciado en los últimos años. Solo que ahora salta al paso una crisis.
A pocos días de la elección presidencial en Estados Unidos es claro que Uribe debe intentar congraciarse con el probable ganador. La ex directora del DAS y los oficiales generales son los chivos expiatorios del momento. La Fiscalía debe asumir sin dilaciones ni equívocos las investigaciones. Deberían abarcar todas las conexiones, relaciones y complicidades que contribuyan a aclarar el grueso volumen desapariciones en distintos otros lugares del país.
La pregunta que surge: ¿Quién asume la responsabilidad política de este desastre humanitario? Hasta el diario El Tiempo habla de que la “seguridad democrática” debe modificarse. Y debe desmontarse la política de guerra, sus modalidades criminales y los aparatos clandestinos que las ejecutan. Deben desmantelarse todos los vínculos, sin excepción, de las estructuras militares con el narcoparamilitarismo.
Estamos ante la crisis de una política irresponsable en la que se ha embarcado el Estado colombiano. El presidente Uribe debería renunciar. No es posible que de cara al mundo su régimen muestre la inhumanidad y la criminalidad, agenciada desde el poder. No es posible que “a sus espaldas”, “sin su conocimiento”, ocurran las cosas que pasan. Que apruebe las mentiras y las rectifique cuando las evidencias destruyen los castillos dorados que los medios reproducen. Seis años de gobierno han costado muchísimos muertos, desapariciones, tragedias, secuestros, que hubieran podido ser evitados, de haber actuado antes el gobierno. Si las destituciones son una rectificación, esta exige cambios en dirección al diálogo para la paz y los acuerdos humanitarios, temas que no se les puede ni mencionar a los jerarcas del uribismo.
Al igual que los familiares de los jóvenes de Soacha sacrificados, el pueblo debe salir a la calle. La paz exige cambio de políticas, pero, sobre todo, un cambio político real.
1 comentario:
¿Quién es el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia? ¿Quién responde por los centenares de ejecutados que han denunciados las ONG? Las atrocidades cometidas por militares y paramilitares indican la desorientación en que se encuentran los "servidores públicos" el desepero en que se encuentran, y un estado mental deterioradísimo y contagiante. Hay que salvarlos y salvar al país de esa sicopatia. Ese terrorismo de Estado de terminar YA para que tengan espacio los trabajadores, los indígenas, campesinos, estudiantes, intelectuales, amas de casa, los sin tierra y sin empleo.
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