EE.UU. y Colombia esconden atrocidades a través de fosas comunes

Dan Kovalik abogado de derechos humanos y laborales

El mayor escándalo en años sobre los derechos humanos se está desarrollando en Colombia, aunque uno no se daría cuenta por la falta total de cobertura en los medios de aquí. La fosa común más grande en Colombia fue descubierta por accidente el año pasado a las a! fueras de una base del Ejército colombiano en La Macarena, un municipio rural ubicado en el departamento del Meta, al sur de Bogotá. La tumba fue descubierta cuando unos niños luego de beber del agua de un arroyo cercano, comenzaron a enfermarse gravemente.

Estas enfermedades surgieron por la contaminación del agua por un filtrado desde lo que se descubrió que era una fosa común - una fosa marcada sólo con pequeñas banderas con las fechas (entre 2002 y 2009) en la que fueron enterrados los cuerpos.

De acuerdo a una carta del 10 de febrero de 2010 emitida por Alexandra Valencia Molina, Directora de la oficina regional de la propia Procuraduría General de la Nación en Colombia - una agencia del gobierno encargada de investigar la corrupción del gobierno - unos 2.000 cuerpos están enterrados en esta fosa. El Ejército colombiano ha admitido su responsabilidad sobre la fosa, diciendo que habían matado y enterrado allí a supuestos guerrilleros. Sin embargo, los cuerpos en la fosa aún no han sido identificados. Al contrario, en contra de todo el protocolo para el manejo de los restos de alguien asesinado por los militares, especi! almente de las guerrillas, los cuerpos contenidos en la fosa común fueron enterrados en secreto sin el debido proceso de que el gobierno de Colombia certifique que los fallecidos eran de hecho combatientes armados como alega el Ejército.

Y dado el actual escándalo sobre "falsos positivos" que ha envuelto al gobierno del presidente Álvaro Uribe y a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que ahora se postula para suceder a Uribe como presidente, la afirmación del Ejército de Colombia sobre la fosa común es especialmente sospechosa. Este escándalo gira en torno al ejército colombiano, recientemente bajo la dirección de Juan Manuel Santos, que a sabiendas, asesinaba civiles a sangre fría y luego los vestía para que parecieran ser guerrilleros armados con el fin de justificar más ayuda de Estados Unidos. Según Navi Pilay, la Alta Comisionada para l! os Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esta práctica ha sido tan "sistemática y generalizada" como para constituir un "crimen de lesa humanidad". Y tristemente, cuando la Sra. Pilay hizo esta declaración, ella literalmente no sabía ni la mitad de la cuestión.

Hasta ahora, sin contar esta fosa común, ha sido confirmado por fuentes del gobierno colombiano que 2.000 civiles han sido víctimas de los "falsos positivos" desde que el presidente Uribe asumiera el poder en 2002. Si como se sospecha por los grupos colombianos de derechos humanos, tales como la "Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari " y el "Colectivo de Orlando Fals Borda", la fosa común en La Macarena contiene 2.000 víctimas civiles más de este sistema, entonces esto traería el total de las víctimas del escándalo de los "falsos positivos" a por lo menos 4.000 - mucho peor de lo que se creía originalmente.

El hecho de que esa fosa fuera descubierta a las afueras de una base militar colombiana supervisada por asesores militares estadounidenses - EE.UU. tiene alrededor de 600 asesores militares en ese país - es especialmente preocupante, y plantea serias interrogantes sobre la propia conducta de Estados Unidos en ese país. Además, esto pone aún más en duda la conveniencia de un acuerdo del presidente Obama con el presidente Álvaro Uribe el año pasado de permitir el acceso de EE.UU. a 7 bases militares en ese país.

El gobierno colombiano y el ejército están tratando de contener este reciente escándalo, y posiblemente lo traten de hacer a través de más violencia. De hecho, el 15 de marzo de 2010, Jhonny Hurtado, un ex dirigente sindical y Presidente del Comité de Derechos Humanos de La Cantina, quien fuera un individuo clave en revelar la verdad sobre esta fosa común, fue asesinado por soldados de la Brigada 7 colombiana. Una Brigada Móvil patrullaba la zona. Justo antes de su asesinato, Jhonny Hurtado le había dicho a una delegación de par! lamentarios británicos que visitaban Colombia, que él creía que la fosa común en La Macarena contenía los cuerpos de personas inocentes que habían sido "desaparecidas".

El descubrimiento accidental de esta fosa común plantea la posibilidad de que se encuentren más fosas. Sin duda, es el consenso de los grupos de derechos humanos en Colombia que esto es sólo el comienzo. De cualquier modo, el descubrimiento de esta fosa, encima de la gran magnitud del escándalo que ya se sabe de los "falsos positivos", justifica un serio replanteamiento de la política de EE.UU. hacia Colombia - una política conforme a la cual EE.UU. ha enviado más de $7 mil millones de ayuda militar a Colombia desde el año 2000 y se sigue añadiendo. Esta política, que el Presidente Obama profundiza a! ún más, ha continuado la larga práctica de los Estados Unidos de dar ayuda militar a la mayoría de los peores violadores de los derechos humanos. Ahora es el tiempo para descontinuar esta práctica.

Daniel Kovalik es un abogado de derechos humanos y laborales en Pittsburgh. La información de este artículo sobre la fosa común en La Maracena se basó en las investigaciones obtenidas por Justicia para Colombia en Londres y por dos valientes líderes de derechos humanos colombianos, Edinson Cuellar y Carolina Hoyas, que están trabajando sin descanso para difundir la verdad sobre esta fosa común .

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SITP debe priorizar concepto de rentabilidad social sobre el de la lógica del negocio

Boletín de prensa

* El nuevo sistema deberá garantizar también condiciones laborales dignas a los trabajadores que operarán el sistema

Las multimillonarias inversiones que hace la ciudad en la disposición de la infraestructura y el mantenimiento vial para que los operadores privados usufructúen el servicio público de transporte deben retribuirse a través de tasas de retorno justas en función de dicha inversión, señaló el concejal del Polo Democrático Alternativo, PDA, Jaime Caicedo Turriago, al referirse a las proyecciones del nuevo Sistema Integrado de Transporte, SITP.

“Tenemos que aprender de la desequilibrada experiencia de Transmilenio, pues la ciudadanía por medio de impuestos y contribuciones ha hecho un aporte de más de $3 billones para la construcción de la infraestructura y el mantenimiento de las vías por donde circula este sistema, aparte de pagar la tarifa que se fija por el servicio. Sin embargo, el 95% de los ingresos, aproximadamente $2 billones, han ido a parar a las gruesas billeteras de los operadores privados, que no pusieron un solo peso para la construcción, mientras que la ciudad escasamente percibe entre el 5% y el 6% del total de los recursos generados por el mismo, insuficientes para cubrir los costos de administración y vigilancia y que no amortizan la inversión realizada”, indicó.

“Consideremos además, continuó, que el precio de construcción por kilómetro se ha incrementado escandalosamente desde la Fase I a la II, pasando de US$11.3 millones a más de US$38.7, cuando los estimativos que nos vendió el alcalde Peñalosa hablaban de US$5 millones. Todo esto implica mucha más plata del bolsillo de los bogotanos y bogotanas, es decir, más inversión pública. Este desbalance entre inversión y rentabilidad social es a todas luces desproporcionado y la ciudad tiene que luchar por recomponerlo”, dijo Caicedo.

El concejal del PDA afirmó que una forma adicional de retribución a la ciudad por su cuantiosa inversión sería el establecimiento de tarifas diferenciales para poblaciones especiales. “Esto no es ninguna novedad. En casi todos los países del mundo existen tarifas diferenciales para estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad. En Colombia incluso hay normas que obligarían a concedérselas a estas dos últimas categorías poblacionales. Hasta el momento ese mandato se ha burlado”.

El cabildante señaló también que le preocupan las condiciones de contratación de los trabajadores que tendrán a su cargo la operación del Sistema Integrado de Transporte. “Es bien sabido que las condiciones laborales tienen serias implicaciones en la seguridad de la operación de los buses y en el propio bienestar de los pasajeros. Hemos recibido múltiples denuncias de representantes sindicales y de algunos conductores en el sentido de que las jornadas de ocho horas en Transmilenio no se cumplen de manera estricta y que, por lo demás, las empresas han maniobrado siempre para impedir la organización sindical de los trabajadores, lo cual constituye una violación a las normas laborales internacionales”.

Igualmente se refirió a la necesidad de que el SITP observe plenas garantías laborales a los trabajadores, sin intentar desconocer prestaciones y otros beneficios, como viene ocurriendo en Transmilenio. “De acuerdo con la información de la gerencia de esa empresa, hoy cerca del 43% de los trabajadores se encuentran vinculados a través de cooperativas de trabajo asociado o empresas temporales, en todo caso sin contrato estable, hecho que como es obvio no reconoce reales garantías a los trabajadores”, afirmó.

Caicedo acogió varias de las propuestas de los pequeños propietarios, las cuales considera indispensables para salir del atolladero en que se encuentran las conversaciones con la administración distrital. “Tiene que constituirse una instancia de negociación real, ojalá vinculando a la comisión creada por el Concejo de Bogotá como garante. Para democratizar verdaderamente el sistema, hay que conceder créditos a las empresas de propietarios a través de mecanismos como Banca Capital y eliminar varios de los requisitos actuales que impiden claramente la vinculación de los pequeños y medianos transportadores, así como estudiar la posibilidad de que el Distrito facilite los patios y la infraestructura de talleres como parte del capital necesario, retribuible a través de los ulteriores ingresos del sistema. Hay mucho por hacer y el tiempo se acaba”, declaró Jaime Caicedo.

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Discusión no debe ser sobre la licitación del relleno sanitario, sino sobre su reemplazo inmediato

* Es urgente la evaluación de otras alternativas tecnológicas que impliquen aprovechamiento de residuos y eviten la disposición de basuras a cielo abierto.

* Propone Comisión de expertos para recomendar alternativas.

“Lamentablemente la ciudad seguirá manejado en los próximos 11 años la disposición final de las basuras a través del mal llamado relleno sanitario Doña Juana, que en realidad es un botadero que ha generado graves consecuencias ambientales, sanitarias y sociales sobre la población de las localidades aledañas donde éste funciona y en las localidades de la cuenca del Tunjuelo con altísimos costos para la administración y las comunidades”, afirmó el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo Turriago.

Propuso la conformación de una comisión de expertos nacionales e internacionales para que en el menor plazo posible recomienden al gobierno distrital la mejor alternativa para reemplazar el relleno sanitario y dar paso definitivo a la solución de lo que se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para la ciudad y especialmente para un abultado número de habitantes que se ven directamente afectados por este método arcaico de manejo de residuos.

“Es claro que en el mundo entero vienen imponiéndose alternativas distintas para el manejo, disposición y procesamiento de los desechos, con la ventaja adicional de que nos se requieren grandes terrenos y permiten reutilizar grandes proporciones de esos desechos para su reaprovechamiento industrial, disminuyendo sensiblemente las consecuencias ambientales y sociales del manejo de las basuras tal y como se viene dando a través del relleno de Doña Juana”, indicó.

Caicedo Turriago criticó fuertemente a la administración por cuento desoyó el clamor de las comunidades asentadas en las inmediaciones del relleno sanitario que desde hace años vienen planteando el cierre del mismo, al tiempo que han propuesto otras salidas al manejo y disposición final de las basuras. Se cuentan por miles los casos de afectación en la salud de los habitantes y en el equilibro ambiental de la región ocasionados por la administración anti técnica de los residuos.

“No hubo una evaluación a fondo, pública, con presencia y participación de la ciudadanía de lo que ha significado el Relleno Doña Juana, ni del contrato de concesión, el impacto sobre las tarifas, la deuda social y ambiental con las comunidades afectadas, el derrumbe del relleno en 1997, las deficiencias en el tratamiento de los lixiviados, las fallas en la planta de tratamiento de lixiviados, el manejo de los residuos clínicos, hospitalarios y patógenos, los riesgos sobre la salud de los habitantes especialmente el contacto con las aguas contaminadas, el consumo de productos regados por éstas, olores, proliferación de plagas, las serias limitaciones de los programas para “mitigar” los efectos del relleno, la participación de las comunidades en el reciclaje; la viabilidad de las plantas de reciclaje y la plata que se invirtió y se perdió en los estudios, etc.”, señaló el concejal Jaime Caicedo.

Dijo que con la actual licitación en curso, la UESP le entrega a los monopolios privados un jugoso negocio que le ha reportado a los concesionarios sumas multimillonarias a costa de los usuarios que pagan las tarifas que registran altos incrementos en años anteriores. “

Como en todos los contratos de concesión, los grandes beneficiados son los concesionarios. Y al igual que en la licitación para el SITP, la licitación para el manejo del RSDJ favorece a los grandes monopolios”.

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Licitación del relleno sanitario Doña Juana: 11 años mas de daño ambiental, económico y social

Lamentablemente la ciudad seguirá manejado en los próximos 11 años la disposición final de las basuras a través del mal llamado relleno sanitario Doña Juana, que en realidad es un botadero que ha generado graves consecuencias ambientales, sanitarias y sociales sobre la población de las localidades aledañas donde éste funciona y en las localidades de la cuenca del Tunjuelo con altísimos costos para la administración y las comunidades.

La Administración desaprovechó una oportunidad para el cierre y desmonte del RSDJ, ya que, -en vez de evaluar otras alternativas tecnológicas para la disposición final y tratamiento de residuos sólidos como la termólisis, pirolisis, incineración etc. que se vienen utilizando en otras partes del mundo, que no requieren grandes terrenos y permiten aprovechar y reutilizar gran parte de los residuos-, optó por abrir la licitación 001- 2010 para entregar por concesión, una vez mas el manejo del relleno, probablemente a los mismos monopolios privados que lo han administrado desde hace varios años.

La UESP hizo caso omiso de las solicitudes de las comunidades y de diversos sectores de la ciudad que viene clamando desde hace varios años por el cierre del RSDJ, porque este ha afectado la salud, generando enfermedades epidérmicas y respiratorias, continua contaminando con lixiviados- a pesar del tratamiento parcial que se les hace en la planta -, el río Tunjuelo, el Río Bogotá y el Magdalena, con graves efectos ambientales y sanitarios.

No hubo una evaluación a fondo, pública, con presencia y participación de la ciudadanía de lo que ha significado el RSDJ, el contrato de concesión, el impacto sobre las tarifas, la deuda social y ambiental con las comunidades afectadas, el derrumbe del relleno en 1997, las deficiencias en el tratamiento de los lixiviados, las fallas en la planta de tratamiento de lixiviados, el manejo de los residuos clínicos, hospitalarios y patógenos, los riesgos sobre la salud de los habitantes especialmente el contacto con las aguas contaminadas, el consumo de productos regados por éstas, olores, proliferación de plagas, las serias limitaciones de los programas para “mitigar” los efectos del relleno, la participación de las comunidades en el reciclaje; la viabilidad de las plantas de reciclaje y la plata que se invirtió y se perdió en los estudios, etc.

La UESP, que en años anteriores prorrogó en varias ocasiones el contrato de concesión con Proactiva, a pesar de las denuncias sobre presuntas irregularidades incumplimientos y favorecimientos, en el presente año decidió continuar con el RSDJ convocando la licitación 001-2010 que favorece nuevamente un esquema de manejo de las basuras que es contrario a los intereses de la ciudad, de los usuarios y del medio ambiente.

La UESP le entrega con la licitación a los monopolios privados un jugoso negocio que le ha reportado a los concesionarios que lo han manejado sumas multimillonarias a costa de los usuarios que pagan las tarifas que registran altos incrementos en años anteriores.

Como en todos los contratos de concesión, los grandes beneficiados son los concesionarios. Y al igual que en la licitación para el SITP, la licitación para el manejo del RSDJ favorece a los grandes monopolios.

En la licitación se exige como experiencia técnica mínima que el Proponente esté operando o haya operado, como mínimo durante seis meses y en un máximo de dos (2) proyectos, solo o en consorcio o en unión temporal, o en cualquier otra forma de asociación, rellenos sanitarios por 5.000 toneladas/día; y para el tratamiento de lixiviados se exige la operación y mantenimiento de plantas para el tratamiento de lixiviados, con capacidad media de tratamiento igual o mayor a 11 lps (litros por segundo), en máximo dos contratos y durante como mínimo seis meses.

Igualmente se exige en la licitación un capital de trabajo de $ 32.000 millones, un patrimonio de $ 229.000 millones de pesos y para acreditar capacidad financiera el proponente podrá aportar un cupo de crédito por $ 80.000 millones de pesos aprobados por una entidad financiera.

Probamente, estos requisitos solamente los podrán cumplir Proactiva y el actual operador del relleno sanitario- Aguas Bogotá, que son monopolios españoles con alguna participación de capital colombiano.

El valor presente neto aproximado del contrato corresponde a $ 229.742 millones, a pesos de diciembre de 2009. La tasa usada para calcular el mencionado valor es del 13,92% anual en términos reales.

La Remuneración por Disposición Final de los Residuos Sólidos en el RSDJ es de $ 14.525 y de $2.794 por el tratamiento de los lixiviados a precios de 2009, para un total de $17.319 por tonelada. Esto implicaría un incremento de alrededor del 20% en las tarifas y sobre pasa el valor autorizado por la CRA que es de $14.525, según el concejal Carlos Vicente de Roux.

Además de la remuneración que recibe el concesionario por la disposición final y el tratamiento de lixiviados, éste podrá utilizar hasta el 20% de los residuos que ingresan al RSDJ y escasamente deberá pagar $ 573 por cada tonelada ingresada al RSDJ a pesos de diciembre de 2009.

Por el contrario se dice en la licitación que de acuerdo al Decreto 838 de 2005 se prohíbe el desarrollo de las actividades de recicladores en el frente de trabajo de los rellenos sanitarios.

La producción, tratamiento y aprovechamiento de Biogás a partir de los residuos sólidos, solo podrán ser implementados para la producción de la energía requerida para la operación del Sistema de Tratamiento de Lixiviados, es decir para el concesionario.

La concesión dura 11 años, sin embargo se dice que el plazo terminará cuando se haya copado la capacidad de disposición de residuos sólidos y la capacidad adicional que a través de una ampliación ó modificación de la licencia ambiental actual logre el operador sobre los terrenos de propiedad de la UAESP.

La licitación contempla que la UAESP conformará un Comité de Evaluación encargado de evaluar las propuestas, con expertos de la UAESP o externos a la Unidad, nacionales o internacionales. En años anteriores se ha criticado que la dirección de la UAESP quería favorecer la continuidad del contrato de concesión para el manejo del relleno sanitario. Lo aconsejable seria que quien haga la evaluación sean expertos externos de altas calidades morales y profesionales para garantizar la transparencia del proceso de selección del concesionario. Se podría vincular a las universidades a este propósito.

La licitación no contiene indicadores ambientales que permitan controlar en tiempo real durante las 24 horas la operación tanto de la compactación de las basuras como el tratamiento de los lixiviados. Esto es muy importante ya que la calidad de las aguas que se vierten al río tunjuelo una vez pasan por la planta de tratamiento es de calidad inferior a la que exige la norma ambiental y de 20 litros/seg. solo se procesan 8. En años anteriores se impusieron algunas multas irrisorias a los concesionarios, teniendo en cuenta que no se incluyeron indicadores en el contrato en el contrato, ni en los términos de referencia para hacer un control mas real y en consecuencia la interventoria del contrato solo se limita a revisar los reportes de los operadores, lo que impide realizar un en control efectivo.

En conclusión, la administración fue incapaz de evaluar otras alternativas diferentes al relleno sanitario, dejando a la ciudad a merced de los monopolios privados que manejarán el RSDJ en los próximos 11 años lucrándose a costa de las tarifas que pagan los usuarios; sin soluciones para los pobladores de las dos (2) localidades aledañas; y permitiendo que continué el daño ambiental, social y ecológico.

Concejal Jaime Caycedo Turriago

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Sistema integrado de transporte público

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Carta pública al candidato a la presidencia del partido verde

LA UNION SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO USO, manifiesta su desacuerdo frente a los planteamientos expresados por su fórmula vicepresidencial, Dr. SERGIO FAJARDO, en el sentido de vender un 15% de la propiedad de ECOPETROL, con el propósito de destinar estos dineros en la educación.

Fajardo argumenta “… que Ecopetrol es un ahorro de los colombianos, y así como las familias usan el ahorro para educación, propone usar por una vez un 15% del valor de esta empresa para el financiamiento de la investigación, innovación, expansión de la educación”1 Esta propuesta, además de ser contraria al interés nacional, demuestra la poca creatividad de su campaña, pues continua con la política de privatización implementada por el Gobierno de Uribe, que se inició con la autorización de la venta del 20% de ECOPETROL y luego propuso vender un 15% adicional para construir infraestructura vial en el país.

Consideramos que no es conveniente para los colombianos, seguir aplicando la política caduca e ineficaz de la privatización, que en nada ha contribuido a resolver los problemas sociales y económicos del país.

Es inadmisible que se siga utilizando a ECOPETROL como la caja menor, a la que se acude para cubrir el fracaso de las políticas sociales y económicas de los gobiernos de turno, y que se utilice la propiedad estatal para hacer propuestas electorales.

ECOPETROL es la empresa más rentable del país y la que más transferencias le hace a la nación. Sólo en el 2009 las transferencias, fueron de 18,66 billones de pesos2, por concepto de utilidades, impuestos y regalías, convirtiéndose no solo en el soporte de la inversión social de la nación, sino que es la mayor dinamizadora de la economía nacional, con una contribución al PIB de 2,7 puntos.

Sería muy interesante que el Dr. FAJARDO le explicará a los colombianos dentro de su propuesta, lo que representaría para la nación la venta de un 15% adicional de ECOPETROL, puesto que en términos de rentabilidad social, las utilidades futuras de ese 15% irían al bolsillo de los nuevos dueños y no para el beneficio del pueblo colombiano. Para recuperar los ingresos que pierde la nación con esta venta, tendría que utilizarse la fórmula de los gobiernos anteriores: una Nueva Reforma Tributaria, lo que significa un mayor empobrecimiento de los colombianos.

Es mejor para el país reversar la venta que ya hizo este gobierno del 10.1%, para que ECOPETROL vuelva a ser 100% Estatal; fortalecerla y utilizar parte de las transferencias para el desarrollo social que requiere el país, sumándole a este propósito, el presupuesto que hoy se destina para la guerra, el cual en el 2009 fue de 19,2 billones de pesos.

Más Para lo Social, Menos Para la Guerra.


Ver Frente Obrero Junta Directiva Nacional en PDF.

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Fuera de Brasil cualquier base norteamericana

(Nota Política del PCB)
El Partido Comunista Brasileño manifiesta su preocupación y, al mismo tiempo, su repudio vehemente a las negociaciones entabladas por el gobierno de Lula con el gobierno de los Estados Unidos, visando instalar una base militar de inteligencia en Brasil, posiblemente en Río de Janeiro y/o en la región de la Triple Frontera. Su pretexto oficial sería el de auxiliar la vigilancia y el combate al tráfico de drogas y al “terrorismo” en el Atlántico Sur.

Sin embargo, una serie de factores nos lleva a creer que la base no pretende solo alcanzar lo fines oficialmente propuestos. En primer lugar, porque se hizo común que los Estados Unidos intenten encubrir la intervención en otros países para defender sus intereses, con la disculpa de combatir el tráfico de drogas y el llamado terrorismo, concepto en que se incluyen la insurgencia y la autodefensa de los pueblos.

Otro motivo para la instalación de una base militar en territorio brasileño –hecho solo ocurrido en la segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos instalaron una base aérea en Natal para abastecimiento y envío de tropas que combatían el peligro fascista- se inserta en la lógica norteamericana de aumentar la militarización creciente de América Latina, como forma de criminalizar y combatir las luchas populares.

En los últimos años, los Estados Unidos ampliaron su presencia militar en América Latina, a través de la expansión de sus instalaciones militares limítrofes con Venezuela, cercando este país con bases en Colombia, Curazao y las Antillas Holandesas.

Coherente con su política de militarización de América Latina, como forma de frenar las luchas populares y con la mirada en los recursos naturales de la región, Estados Unidos reactivó recientemente su IV Flota Naval, desactivada desde la década de 1950.

Finalmente, será mucha “coincidencia” la posible instalación de una base yanqui en Río de Janeiro, estado en cuya plataforma marítima se localizan las mayores reservas brasileñas de petróleo, incluso de pre sal. Se sabe muy bien que las intervenciones militares norteamericanas han sido motivadas, en muchos casos, por la tentativa de controlar las reservas de petróleo (de las que Estados Unidos son los mayores consumidores y dependientes), cuyas reservas son cada vez más escasas.

Por las razones expuestas, el Partido Comunista Brasileño exige la suspensión inmediata de esa negociación. El gobierno brasileño no puede ceder un milímetro del territorio nacional, sobre todo a una potencia imperialista que, para defender sus intereses, se comporta como la policía del mundo, creyéndose con derecho de invadir países, derrumbar sus gobiernos y expropiar sus riquezas naturales.

El PCB reclama el conjunto de fuerzas y personalidades antiimperialistas brasileñas a sumarse en un expresivo repudio a esta vergonzosa negociación.

Rio de Janeiro, 9 de abril de 2010

PCB – Partido Comunista Brasileño

Comité Central

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