LA IZQUIERDA EN LA CRISIS DE LA GUERRA URIBISTA
La crisis regional desatada tras el ataque en el que perecieron veinticinco personas, de las cuales el vocero internacional de las Farc, Raúl Reyes, revela el alto grado de aislamiento del gobierno colombiano en el ámbito internacional. Haber contado en la OEA solo con el apoyo de Bush y haber recibido en la Cumbre del grupo de Rio la asoleada de todos los presidentes, es un record. La enseñanza es doblemente clara: de un lado, el régimen uribista no puede continuar la guerra sobre la base de la violación de los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano; de otro lado, la “doctrina Bush” de defensa anticipada, persecución al terrorismo violando la soberanía de los estados y de vergonzosas recompensas mercenarias, ha obtenido su primera derrota política en el continente.
El debate abierto de Santo Domingo desnudó las posiciones. Uribe acusó a los presidentes de “nostálgicos del comunismo” y éstos colocaron en su lugar, uno tras otro, a Uribe. Allí no hubo empate posible. Entre tanto, un factor en apariencia secundario, desplegaba sus efectos. Las marchas multitudinarias del 6 de marzo, pusieron, a la manera popular, también en su lugar, al régimen uribista. Una onda de simpatía, no propiamente con el régimen, se explayó nacional e internacionalmente. Sin publicidad, sin “pre-pago”, sin multinacionales haciendo promociones, con muy pocos medios de comunicación, las gentes cubrieron el país y se expresaron en numerosos otros lugares del mundo. Mostraron que la homogeneidad de las encuestas no expresa la realidad compleja del pueblo. A los ojos del mundo, fracturaron el unanimismo y mostraron el país victimizado y perseguido que se levanta a favor de la verdad, la justicia, la reparación, la no continuación y la no repetición de la iniquidad reinante. El cuarto Encuentro Nacional de Víctimas de crímenes de Estado ratificó la voluntad de otro rumbo, democrático y de paz, como un rumbo posible. Los organizadores, hoy bajo amenaza, anuncian que la unidad volverá a marchar el 9 de abril.
Como de costumbre, la burbuja mediática ha pretendido seguir escondiendo lo que pasó, cambiar la derrota en victoria. Por su parte, el gobierno intenta proseguir una escalada de represión antipopular, detenciones masivas y amenazas como una continuación de los duros operativos militares contra las Farc. Especialmente grotescas son las expresiones de Uribe, en el consejo comunal de Popayán del 15 de marzo. Con sorna, amenaza a los indígenas y campesinos de ofrecer recompensas, en el modelo criminal que costó la vida a Iván Ríos. Frente a esto deben abrir los ojos las fuerzas democráticas, no dejarse intimidar ni asustar con la arrogancia oficial. Pero, la vez, no bajar la guardia.
De la guerra real y virtual.
La idea de que la alta popularidad de Uribe se origina en la existencia y actividad de las Farc da pié al mito de que el pueblo es esquivo a la izquierda. El procedimiento ideológico consiste en invertir un efecto en causa. Llevado a su extremo, la causa misma desaparece. La doctrina oficial niega la realidad de un conflicto armado, de fondo social y político, ligado a una cultura de resistencias campesinas y populares de carácter histórico, y a los cambios y reajustes en la hegemonía global que informan las prioridades geopolíticas de los Estados Unidos en la región. Si el conflicto no existe y la realidad se reduce a una “amenaza terrorista”, que se extiende a losterritorios soberanos de los países vecinos, la interpretación jurídica de la defensa del Estado termina adaptándose a la “doctrina Bush” de “perseguir el terrorismo donde esté”, de la “guerra preventiva” y la “guerra infinita”. El Estado se muestra como víctima agredida. Se desdibuja su responsabilidad en las causas reales, socio-históricas del conflicto. Los dueños del poder: los terratenientes, los capitalistas vinculados al modelo de transnacionalización, los aparatos paramilitares ligados a la estrategia de baja intensidad y, simultáneamente, al control clientelista local y regional; la legislación antiterrorista y/o represiva; las acciones de la “guerra virtual”, o sea, de la polarización extrema de la comunicación y la información, y la definición funcional de los medios masivos para ese propósito; se cobijan bajo el ropaje de la legitimidad.
El conflicto colombiano tiene las características de la guerra civil tal como la vislumbraba Marx en el Manifiesto Comunista. No, una querella de intereses cualquiera. Si, en el fondo, una confrontación de intereses de clase. La negación del conflicto real se une a la idea de que se trata de una guerra de la sociedad en su conjunto contra unos desviados terroristas. Se niega, por ejemplo, un problema central de la historia social y de la vida de la sociedad: el monopolio de la propiedad de la tierra en manos de poderosos terratenientes, que no obedecen al viejo estilo, sino a la novedosa economía transnacionalizada, desde la agricultura de los transgénicos hasta el atesoramiento, en tierras, de la acumulación proveniente de la producción y tráfico de drogas.
La fracción de la gran burguesía, que se ha entretejido con los intereses de la globalización capitalista y el negocio capitalista de la droga, se alineó con la vía de la salida militar del conflicto. Asume una mentalidad militarista. Se alía con el imperialismo en el objetivo perverso de usar a Colombia como plataforma de amenaza y de desestabilización de Venezuela. Desde arriba, desde el poder, se conforma una estrategia. El estado comunitario, como régimen político, se impone desde lo alto. La seguridad es su eje. La incorporación de la sociedad en el conflicto es su desarrollo. Toda la política “social” se articula y subordina a la política de la guerra. Allí también converge la economía.
Desde inicios de 2007 gobierno y los asesores del Comando Sur elaboraron el Nuevo plan de guerra, incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, 2006 – 2010. No está compuesto solo de actos militares. Un conjunto de medidas lo acompañan. La guerra sicológica envenena los medios masivos y deviene en el centro de la guerra virtual. Se mueve en torno de una idea de victoria sangrienta a cualquier precio, de júbilo ante cada operativo exitoso como celebración de la gran tarea ganada. La campaña publicitaria hacia la marcha del 4 de febrero puso como eje la noción de marcha “contra las Farc”. No en vano los jefes paramilitares la respaldaron, desde sus presidios. Su punto de continuación lógica es la recolección de firmas para la segunda reelección de Uribe. Los escándalos de la narcoparapolítica, que pasaron a segundo plano durante la crisis ganaron un respiro, de la mano de la Fiscalía. Por su lado, los grandes acumuladores de capital se sintieron aliviados tras los abrazos de los presidentes. En el fondo se dibuja la noción de un “partido de la guerra” y la reelección, como convergencia de las fuerzas uribistas de diversa laya. En su refuerzo, acuden las encuestas destinadas a mostrar la creciente popularidad presidencial.
La izquierda en la batalla de ideas.
Para este monstruoso montaje algunos sectores de la izquierda reclaman el “monopolio legítimo” de las armas. Esta idea tiene nexo directo con la afirmación de que las Farc constituyen el sujeto de la violencia, supuestamente desde la percepción de la gente. Se nubla así el papel del militarismo y el terrorismo de Estado y, por ahí mismo, la responsabilidad del Estado colombiano y de Washington en el desenvolvimiento del conflicto armado de los últimos cincuenta años. La visión de un único sujeto oculta la realidad de la contradicción social, política, cultural en cuyo seno se ha desarrollado, históricamente la lucha armada. Una cosa es la crítica a la lucha armada en sus desviaciones y excesos, otra el ángulo unívoco que solo enfoca y lee la maldad “terrorista”. Desde el intento de exterminio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, hasta los actuales bombardeos sobre regiones agrarias de colonización, en el marco de las operaciones de cerco y aniquilamiento inscritas en el Nuevo plan de guerra, nada puede justificar el invisibilizar la guerra como política de Estado en lo que es: una colosal deformación y negación del sistema republicano y de las libertades ciudadanas. Pensar que un gobierno de la izquierda buscaría, simple y llanamente, proseguir hasta su fin la guerra contrainsurgente del Estado, de carácter narcocapitalista-terrateniente e inscrita en los intereses del globalismo imperial, es colocarse del lado contrario en una coyuntura de confrontación entre el fascismo en marcha o la opción de una salida democrática. Ni siquiera la teoría de la llamada “asfixia democrática” justificaría tal conducta. En la realidad, la “asfixia” parte del presupuesto que desconoce el carácter político-militar de la insurgencia y subestima sus objetivos en relación con la democratización del país, la reforma agraria y la nueva cultura democrática para la convivencia.
En la medida en que el “estado comunitario” se erige como un poder autoritario y unipersonal, se acentúa la llamada desinstitucionalización del país. Se refuerza el monopolio de las grandes corporaciones capitalistas, inmobiliarias y agroexportadoras, sobre la tierra urbana y rural, que corresponde al “país de propietarios” proclamado por Uribe en su primer mandato. El “país sin sindicatos” lo corrobora la informalización laboral, los empleos temporales y el empleo precario, frutos de la legislación patronalista, especialmente de la ley 789 de 2002 de flexibilización laboral, ratificada en su exequibilidad por la Corte en marzo de 2008.
El derecho a la organización propia de los trabajadores ha ido desapareciendo. De hecho, los movimientos huelguísticos de los últimos meses han sido protagonizados principalmente por trabajadores dependientes de contratistas, muchos de ellos no sindicalizados, con salarios inferiores al mínimo y condiciones de trabajo de las épocas del peonaje. La resistencia de clase, por fuera de institucionalidad, ha sido evidente en la huelga de trabajadores del níquel, en Cerromatoso, departamento de Córdoba, cuna del narcoparamilitarismo; de los trabajadores y colonos campesinos de El Centro, departamento de Santander; de los trabajadores de palma africana, en Puerto Wilches, Magdalena medio santandereano; de los corteros de caña, en el Valle del Cauca y el Cauca.
La deriva de las posiciones de sectores de la izquierda representa un obstáculo para la acción práctica y la lucha conjunta de las fuerzas populares en resistencia. En particular, afecta el norte de la lucha política el menosprecio frente al tema de la paz o la guerra, si se le considera como un asunto menor, aún en las actuales condiciones, al cual debe hacérsele un esguince, tanto como el desenfoque de unilateralismo frente a las Farc. Pero no menos grave es la inconsecuencia de las posiciones frente al gobierno y el Estado. El respeto a ultranza de la institucionalidad, sin ver que está siendo cambiada y que hay una estrategia en curso para demoler las libertades y derechos esenciales, representa un error mayor. Peor aún, si se sobrevaloran las opciones de establecer acuerdos con Uribe, cuando es evidente que el régimen solo admite adhesiones a su línea guerrera. Para bien del proceso, la dirección nacional del PDA, en sus sesiones del 28, 29 de febrero y 1 de marzo de 2008, rectificó varios de los graves equívocos suscitados en las discrepancias entre algunos de sus principales dirigentes. La decisión de no suscribir ningún acuerdo con el gobierno de Uribe determinó que el gobierno no pudiera lograr crear un frente contra el terrorismo, inmediatamente después de la violación de la soberanía de Ecuador y del rompimiento temporal de relaciones por Ecuador, Venezuela y Nicaragua.
Toda idea de que es posible unirse al régimen es destructiva para el Polo. Su propuesta implica una vía distinta a la de la lucha armada, pero no contrapuesta a los objetivos de cambio democrático, nuevo poder popular y reformas profundas en las relaciones de propiedad agraria y urbana, en la superación de las causas de fondo del empobrecimiento de las mayorías y en el logro de nuevos medios de intervención popular decisoria en la vida pública. El que se inscriba en una vía de lucha política y de masas no significa que rebaje la profundidad de sus objetivos. Además, todo lo democrático, todo lo avanzado y progresista que ha sido planteado desde la insurgencia debería poderse integrar, con la participación de los sectores sociales concernidos, en la plataforma programática que la izquierda, en proceso de acercamiento y unidad política, propone al conjunto de la sociedad. La batalla de ideas está en desarrollo. Es saludable que todos sus términos se pongan sobre la mesa.
¿Será que ahora las aguas vuelven a su curso y aquí no ha pasado nada? Las sacudidas sociales, por breves que parezcan en el tiempo, traducen los movimientos que se están produciendo en las placas tectónicas de la sociedad. La crisis en el campo internacional pone de presente la consolidación de una posición explicita y nueva de un grupo de países decisivos en el hemisferio: el tema de la paz o la guerra en Colombia no es más un asunto parroquial que la oligarquía criolla maneja a solas con los Estados Unidos. En el vecindario inmediato, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Brasil vigilan con celo que el Estado colombiano no devenga en el instrumento de la desestabilización de los gobiernos que Washington llama “populismos radicales” y ubica como amenazas a su “seguridad nacional”. El presidente Chávez, blanco principal del odio uribista y santista, es, sin duda, un referente obligatorio para los acuerdos humanitarios. Y el Grupo de Río prefigura, de hecho, el Contadora 2 para acercar el diálogo y la negociación hacia una salida política del conflicto armado.
Jaime Caycedo
Bogotá, marzo 26 de 2008
Bogotá, marzo 26 de 2008
